El 4 de febrero decenas de personas comenzaron a llegar a distintos hospitales de municipios del Gran Buenos Aires sin poder respirar, en estado de coma o ya fallecidos. Horas después los médicos descubrieron que estaban envenenados por cocaína adulterada.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, Izquierda Socialista/FIT Unidad

En menos de 24 horas habían fallecido por esta masacre narco más de 20 personas, casi 100 estaban internadas y muchas en terapia intensiva. Más allá de todas las operaciones mediáticas del gobierno, la policía, los ministros de seguridad de la nación (Aníbal Fernández) y de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni), para desviar y confundir sobre las verdaderas causas de esta masacre, se supo que se estaba vendiendo cocaína adulterada, causando una parálisis respiratoria y coronaria casi inmediata.

Aparentemente se habría hecho correr la voz de que se estaba vendiendo muy barato el sobre de dos (2) gramos de cocaína en un búnker de Puerta 8, Hurlingham, que se suele vender en Gran Buenos Aires a $6.000. La cocaína adulterada rápidamente llegó a más de 8 municipios, donde se registraron muertes e internados. No se sabe cuántas dosis de esta cocaína se repartieron ni hasta dónde llegó. Por eso no se pueden descartar nuevos casos.

Esta masacre, en sectores populares y pobres, ha desnudado de manera dramática la magnitud y la gravedad de las adicciones en nuestra sociedad y el impresionante negocio capitalista del narcotráfico en Argentina y en el mundo. Este negocio entrelaza las mafias integradas por funcionarios, policías, jueces, empresarios criminales; el abandono de los gobiernos patronales a los adictos y a sus familias, y la política cómplice de los gobernantes con el narcotráfico.

El propio Berni declaró que diariamente, sólo en el Gran Buenos Aires, se reparten 200.000 dosis de cocaína que, a 6 mil pesos cada una, generan 1.200 millones de pesos por día. Ese es el tremendo negocio narco del que son parte y defienden policías, funcionarios y jueces.

Estos números muestran que millones de personas de todos los niveles sociales consumen y que son los más pobres los que más riesgo corren, ya que mientras más adulterada y “cortada” está la cocaína, más barata se vende. Consumen una porquería que, en su máxima expresión, representa el “paco”, que se hace con los restos de toda la cocaína cocinada y adulterada y tiene un poder de destrucción física indescriptible.

Más allá de los verdaderos motivos por lo que se haya vendido esta cocaína adulterada, lo cierto es que unos asesinos han jugado con la vida de millones de consumidores, causando una masacre que debe ser investigada y castigados todos los responsables, de todos los niveles. Y en la investigación deben participar sectores independientes de los jueces y la policía (muchos sospechados de estar comprometidos con el narcotráfico), como los familiares de los muertos.

Berni y Aníbal Fernández tratan de tirar la pelota para otro lado, peleándose por si hay que aconsejar “tomar de la buena” (Fernández) o “legalizar el consumo” (Berni), tratando que la investigación de esta masacre pase al olvido y no haya clarificación ni castigos. O atrapando al tal “Paisa”, responsabilizándolo de todo y, encima, “expulsándolo a Paraguay”, como parte de un pacto de silencio. Mientras los dirigentes macristas de Juntos como Vidal o Bullrich, tratan de sacar rédito de esta masacre queriéndonos hacer creer que “ellos sí combatieron a los narcos” ¡Caraduras!

A ninguno de ellos les interesa desmantelar estas mafias de narcos que generan fabulosas ganancias, millones de consumidores y adictos, empujan a la marginalidad y a la delincuencia a jóvenes, muchos desesperados por volver a consumir. Ni les interesan las familias que destruyen sus vidas por las adicciones de algunos de sus integrantes.

Todos escuchamos a la madre que tenía su hijo internado denunciando que desde los 14 años era adicto, que ahora tiene 41 años y que nunca tuvo apoyo de los gobiernos para curarlo. Que no hay lugares para internar y tratar la adicción para superarla. Que la policía le decía que, si delinquía, robaba o agredía, ahí sí lo podían detener y ver si lo enviaban a algún sitio para delincuentes adictos. ¡Una barbaridad!

Hay lugares para internarse y superar las adicciones, pero son privados y carísimos. Palito Ortega le financió a Charly García su internación, de donde salió luego haber entrado casi muerto. O el músico Chano, que se trata en un centro de adictos privado y carísimo.

Las adicciones son enfermedades terribles, pero pueden ser superadas. Para eso hay que exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández que sean consideradas como enfermedades públicas. Por eso debe haber lugares de internación gratuitos en manos del Estado que sean parte del sistema de salud pública. Hay que hacer verdaderas campañas de prevención, de clarificación y ayuda para evitar entrar a las adicciones, sobre todo para los jóvenes y sectores populares, principal centro de captación de los narcos.

Con la ilegalidad de la venta y distribución de drogas, no hay estadísticas públicas y oficiales sobre las personas que consumen y adictos y no se puede hacer un plan de salud pública científico para curarlas. Dejando claro que combatimos que jóvenes o trabajadores caigan en cualquier tipo de adicciones, sostenemos que la legalización sería un paso muy importante para ayudar a superarlas y desmontar el negocio de las mafias de narcos, policías, funcionarios, jueces, que viven de la ilegalidad y la convierten en uno de los mayores negocios del capitalismo, a un enorme costo en muertes y penurias sociales.

Llamamos a todos a apoyar a las familias víctimas de esta nueva masacre narco y exigir la clarificación, investigación y castigo de todos los responsables.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las escalofriantes muertes por consumir droga envenenada en el conurbano o los crímenes diarios en Rosario a manos del narcotráfico, reabrieron el debate sobre cómo combatir de fondo a este flagelo que hace estragos. Sabemos que cuando se habla de narcotráfico y drogas incluye varias aristas, desde el negocio capitalista que implica, la criminalización y el tema salud pública. Desde Izquierda Socialista lo abordamos globalmente. Por eso es que, además de repudiar la complicidad con los narcos de los gobiernos de turno como el peronista actual y el anterior macrista, las fuerzas represivas y los jueces; exigir que vayan a la cárcel los capos y no los perejiles, y que se aborden las adicciones desde el ángulo de la salud pública, decimos que la legalización de las drogas permitiría combatir el problema de fondo, terminar con las mafias y abrir el camino para tratar las adicciones desde el hospital y no desde la cárcel, algo que no ocurre.

Sabemos que la propuesta de legalización puede para ser rara o crear confusión de que podría “fomentar el consumo”. Pero busca lo opuesto. Lo único cierto es que lo que muestra tanto lo que pasa en Argentina como en el mundo, es que el prohibicionismo viene causando estragos, salvando a las mafias criminales y provocando masacres como la que estamos viendo.

La legalización de todas las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, sacándoles el gran negocio capitalista que hacen con la ilegalidad, y a su vez reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles y venenosas, genera violencia, inseguridad y muertes.

El hijo del capo del cartel de Medellín colombiano Pablo Escobar, asesinado en 1993, dijo recientemente que su padre pudo tener el poder que tuvo y hacer lo que hizo por los beneficios de la ilegalidad. Es que el prohibicionismo y la ilegalidad, además de asegurar grandes ganancias a las mafias y grandes empresarios que lucran con el narcotráfico, ha llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a los perejiles y consumidores, no a los capos narcos. Solo el 1% de las causas federales en Argentina apuntan contra algún narco.

Una prueba extrema de lo que apareja la prohibición ocurrió en Estados Unidos cuando en 1920 impusieron la “ley seca”, que prohibía las bebidas alcohólicas. Esto posibilitó el tráfico ilegal y las bandas criminales, como se ve en las películas de la época. El consumo de alcohol, por el contrario, ascendió, con el agravante de que las mafias lo fabricaban adulterado y altamente tóxico. El mercado negro creció, encareció su precio y se incrementó la demanda de drogas. Las mafias (como la del famoso Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino. Pero a pesar del fracaso de la Ley Seca (la cual se terminó anulando en 1933) se siguieron utilizando como hasta ahora los mismos argumentos para justificar la prohibición de las drogas. Precisamente porque muchos capitalistas sustentan sus descomunales ganancias con el “valor agregado” que otorga la clandestinidad, siendo el narcotráfico después del tráfico de armas el negocio capitalista más rentable del mundo, encabezado por Estados Unidos, los cuales usan sus enormes fondos además del lavado de dinero en paraísos fiscales para comprar gobiernos, jueces y policías. Porque cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un negocio capitalista mundial muy lucrativo. Y la ilegalidad es la forma en que se cobija.

¿Qué sería legalizar las drogas? Que toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo pase a ser legal. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica que paguen fuertes impuestos, su sometimiento a controles de salud pública, que tengan trabajadores en blanco y con derecho a sindicalizarse. Como se ve, no significa para nada fomentar el consumo de drogas (como tampoco los socialistas fomentamos el consumo de cocaína o cualquier otra droga, ni de tabaco o alcohol) como a veces se quiere hacer creer.

No solo lo decimos nosotros. Sectores conservadores del pensamiento económico que nada tienen que ver con la izquierda, han dado argumentos contundentes sobre los beneficios de la legalización. El Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio declarado ilegal son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería.”

La legalización no sólo desplazaría a las mafias. También haría que las drogas pasen a ser un problema de salud pública. Exigiendo a los gobiernos que hagan campaña permanente educando sobre los riesgos de consumir y tratar plenamente las adicciones, poniendo plata y presupuesto suficiente a tal fin. A su vez, exigimos desarrollar políticas preventivas para evitar abusos, rehabilitar a los adictos, reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, generando consumos responsables. Las obras sociales deberían incluir el tratamiento contra las adicciones bajo un estricto control estatal.

La regulación de la producción y distribución por parte del Estado permitiría además determinar qué es lo que se consume y que no, y que aquellos que sufren adicciones reciban tratamiento adecuado en el sistema de salud pública, no dejar librado a que hoy la juventud caiga en manos de los narcos como consumidores o soldaditos del narcomenudeo.

Hoy millones son empujados a consumir compulsivamente, en especial jóvenes hundidos en la pobreza y marginalidad sin futuro, como si fuera la única manera de sobrellevar la tremenda frustración que les impone este sistema capitalista depredador. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos capitalistas y sus planes económicos de hambre y pobreza empujan a que miles sean víctimas del negocio de la droga, como dealer de los verdaderos narcos, a quienes les pagan miseria, los que terminan en la cárcel mientras los capos siguen en la impunidad. Cosa que si hubiera empleo y buenos salarios, esto no ocurriría, ya que se les sacaría esa mano de obra barata a los verdaderamente narcotraficantes.

La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.

La diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista,  y la bancada del Frente de Izquierda Unidad presentamos un proyecto de declaración para que la Legislatura Bonaerense rechace el acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
                                                            
El pasado 28 de enero el Presidente Alberto Fernandez anunció un nuevo acuerdo con el FMI que estipula un durisimo ajuste hacia el pueblo y admite una intromisión directa de los funcionarios del organismo de crédito en las decisiones del país. Como ya se ha visto en estas últimas semanas, con los aumentos de un 20% en luz y gas y un 32% en agua, el acuerdo clarifica que habrá más tarifazos en los servicios básicos, como también habilitación subas en los Ingresos Brutos, lo que impacta directamente en los precios de los productos de consumo masivo.   
El gobierno del Frente de Todos se queja del endeudamiento del macrismo, pero lejos de un accionar diferente, avala la deuda con el FMI y abre la puerta a un endeudamiento mayor, que deja atada a la Argentina de pie y manos a los requerimientos del fondo.       
     
Es urgente una ruptura con el FMI y los acreedores, que se deje de pagar la deuda ilegítima y usurera, y que todos esos fondos se destinen a educación, salud y vivienda.

Contacto:
Graciela Calderón: 11 3149-9049   
IG: @gracielacladeron.dip    
Twitter: dipgcalderon
Prensa Calderón 2352488329

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 3 de Febrero de 2022.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA
-Su oposición y rechazo al acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, que traerá un mayor endeudamiento y un mayor ajuste contra el pueblo argentino, y que implica una intromisión directa del FMI en la política económica nacional.

FUNDAMENTOS
El pasado 28 de enero, el presidente Alberto Fernández anunció que el ejecutivo nacional arribó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo estipula un duro ajuste contra el pueblo y admite una intromisión directa de los funcionarios del organismo de crédito en el país, con un régimen de monitoreo trimestral sobre el conjunto de la política económica.
Como ha sucedido con los anteriores 21 acuerdos que el estado nacional suscribió con el FMI desde el año 1956, estamos frente a un pacto que coloca a nuestro país en una posición colonial.
De acuerdo con lo informado por el ejecutivo, queda claro que entramos en un período de gran ajuste. El déficit fiscal primario que estaba previsto en 3,3% del PBI en 2022 pasará a 2,5% este año, a 1,9% en 2023 y a un 0,9% en 2024. Para ejemplificar, si volviera a ponerse en debate el Presupuesto 2022, rechazado en el Congreso Nacional, esta nueva “meta” respecto al déficit significaría que el gobierno nacional debería presentar un proyecto con un recorte de 400.000 millones de pesos (a valor actual).
El texto que difundió el directorio fondomonetarista sobre el acuerdo clarifica que habrá nuevos “tarifazos” en los servicios básicos, como la luz, el gas y el agua. Justamente, uno de los requerimientos para lograr el descenso del déficit fiscal es avanzar en fuertes recortes a los subsidios, lo que se trasladará a las boletas de los usuarios. Así lo estamos viendo en estas últimas semanas con los aumentos del 20% en la luz y el gas, y un 32% en el agua (Aysa).
Además, el presidente y su ministro de economía hablan de una “mayor recaudación impositiva” como la clave para el éxito de este acuerdo. Sin embargo, el sentido del “Consenso fiscal” que pretenden tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional es habilitar subas en Ingresos Brutos, lo que impacta directamente en los precios de los productos de consumo masivo. Es decir que la cuenta del acuerdo rubricado la pagarán los trabajadores y el pueblo argentino en general.
En términos del desarrollo económico nacional, el acuerdo implicará un nuevo escollo para cualquier tipo de repunte productivo. La reducción del déficit fiscal, con los recortes del gasto estatal y aumentos como el de ingresos brutos, repercutirán en la baja del consumo popular y en un descenso de la obra pública. Los tarifazos a la energía, por su parte, también aumentarán los costos de la industria. 
El objetivo fijado de contar con reservas internacionales por 5.000 millones de dólares para fin del 2022 también es recesivo. Para garantizarlo, requerirá de mayores trabas a las importaciones como forma de evitar la salida de divisas. Más aún cuando todos los pronósticos, por diversos motivos, apuntan a una fuerte caída de los niveles de exportación, que el año pasado fueron récord.
Sumado a todo esto, el acuerdo presentado no implica de ninguna manera una caída del endeudamiento, sino que significará todo lo contrario. Nos llevará, con seguridad, a nuevas crisis de deuda, estirando indefinidamente la tutela del Fondo y del imperialismo sobre la economía argentina. Gracias al acuerdo, esta tutela tomará una forma de “co-gobierno” durante los próximos años, debido al monitoreo directo del directorio del FMI sobre toda la política económica nacional.
En torno al endeudamiento, la política monetaria que establece este acuerdo (financiamiento vía emisión de pesos limitado al 1% del PBI) ya anticipa que el gobierno deberá tomar deuda por nada menos que 10.000 millones de dólares para que las cuentas públicas cierren en 2022 con el déficit fiscal propuesto y los pagos de intereses a los bonistas y al propio FMI. Advertimos que la Casa Rosada ya se encuentra gestionando nuevos préstamos de otros organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial con ese objetivo, lo cual refuerza la subordinación del país a los mismos.
A fin de cuentas, el gobierno del Frente de Todos, que despotricaba contra el “endeudamiento” del macrismo y decía que lo iba a “investigar”, ahora avala y honra esa deuda con este pacto con el FMI, y abre la puerta a un mayor endeudamiento y dependencia de los organismos de crédito internacionales que responden al imperialismo.
En los hechos, puede afirmarse, los requerimientos del Fondo Monetario Internacional son cumplidos desde antes del acuerdo por el gobierno de Alberto Fernández. Podemos verlo en el ajuste a las jubilaciones, cuya representación en el PBI perdió más de 1% el último año. También en la caída de los salarios, y en el crecimiento de la precarización laboral, como parte de una “reforma laboral” de hecho que se quiere imponer contra los trabajadores.
Rubricado a espaldas del pueblo argentino, incluso sin haber pasado aún por el Congreso Nacional, el acuerdo debe ser repudiado por su contenido. No habrá crecimiento nacional ni salida a los reclamos populares de la mano del Fondo Monetario Internacional.
Para abrir paso a un desarrollo nacional es necesaria la ruptura con el FMI y los “acreedores”, y el repudio de la deuda externa usuraria e ilegítima, que es un instrumento de saqueo de los recursos nacionales por parte del imperialismo. Es necesario destinar esos recursos a impulsar una reorganización social bajo el mando de un gobierno de los trabajadores. En ese sentido, el impulso a la movilización popular para repudiar este acuerdo resulta fundamental, y en eso nos empeñamos desde el Frente de Izquierda Unidad.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Declaración.

Alberto Fernández anunció el acuerdo con el FMI diciendo que es una “solución” para el país y que no hubo exigencias de ajuste. Que sería beneficioso para el pueblo trabajador. Nada más alejado de la realidad.

El gobierno vuelve a un discurso mentiroso para justificar el reconocimiento de la sideral deuda que contrajo Macri por 45.000 millones de dólares. Esa plata fue a la bicicleta financiera y ahora se la están haciendo pagar a los trabajadores, jubilados y a la juventud. No se trata de una “deuda”, es un nuevo acto de usura como toda la deuda externa ilegítima y fraudulenta que viene desde la dictadura militar.

No hay ni habrá nada bueno para los trabajadores y el pueblo acordando con el FMI. Además de que va a seguir la inflación y los bajos salarios y jubilaciones si no lo enfrentamos, crecerá el ajuste, la entrega de nuestros recursos naturales, el sometimiento y la dependencia. A tal punto que ni bien se anunció el acuerdo el gobierno pagó otros 1.100 millones de dólares al FMI, plata que debería haber ido a aumentar los salarios y jubilaciones, a los hospitales, no a los usureros internacionales.

Fernández se comprometió recortar 13.000 millones de dólares en los próximos dos años y medio. Y en los próximos años se tendrán que pagar vencimientos anuales de 15.000 millones de dólares promedio. Esto se lo harán pagar al pueblo trabajador, si no le paramos la mano al gobierno. Alberto Fernández dice que ahora hay que “crecer para pagar”, lo que significará una mayor súper explotación de los trabajadores en beneficio de las grandes patronales y el FMI.

Ya hay un ajuste con la enorme pérdida jubilatoria y salarial, la quita del IFE y de los fondos que se habían destinado a la pandemia. Y en estos años el gobierno peronista destinó más plata para pagar la deuda que a Salud, Educación o Vivienda. Ahora se vienen nuevos tarifazos.

Macri nos volvió a endeudar y el gobierno peronista paga. Esa es la pura realidad. ¡Pero había otro camino! El camino que proponen los luchadores y la izquierda. El de suspender los pagos para combatir el hambre y la pobreza, construyendo 500.000 viviendas populares para dar trabajo genuino.

Máximo Kirchner salió a criticar el acuerdo. Pero el kirchnerismo vino apoyando las negociaciones y todos los pagos al FMI desde que asumió el Frente de Todos. Máximo votó la movilidad jubilatoria a la baja y apoyó toda la política del Frente de Todos: salarios a la baja, la inflación del 50%, despidos y trabajo precarizado. Ahora dice que había que haber negociado de otra forma. Pero sigue reconociendo que hay que pagar la deuda de Macri y apoyando el conjunto de la política oficial. Lo mismo hizo Cristina cuando publicó una carta después de las PASO criticando al gobierno para no quedar pegada a la derrota electoral. Máximo no quiere perder parte de su base social que critica la vuelta del FMI. Pero no propone ninguna salida alternativa ni llama a movilizar en repudio. No hay que dejarse engañar.

El acuerdo tiene el beneplácito del imperialismo yanqui, los grandes empresarios, el macrismo de Juntos, la CGT, CTA y los movimientos sociales que apoyan al gobierno. También Milei y Espert, aunque exigen más ajuste y despidos. El Frente de Izquierda Unidad, en cambio, junto a más de cien organizaciones y el sindicalismo combativo ya llenó la Plaza de Mayo contra el FMI el 11 de diciembre pasado. Ahora llama a movilizar en contra de este acuerdo el próximo martes 8 de febrero a Plaza de Mayo y en las distintas provincias del país.

Tenemos que seguir con un plan de lucha nacional repudiando este acuerdo en camino de impulsar un movimiento nacional unitario que luche para que la plata vaya a salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para el FMI y los usureros internacionales.

Las consignas de la marcha del 8 son claras: No al pacto del gobierno con el FMI, Ni ajuste ni tarifazos, No al pago de la deuda externa, Las estafas no se pagan. Sumate.

Concentramos a partir de las 17 hs en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar desde las 18 a Plaza de Mayo. Sumate a las columnas de Izquierda Socialista en el FIT Unidad. Te esperamos.
IS- FIT Unidad (2/2/22)

Primeras firmas de la convocatoria:

APEL, CADHU, CEPRODH, Encuentro Militante Cachito Fukman, SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina), AGD-UBA, Ademys, SITRAREPA, FETERA, Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Asociación Gremial Interdisciplinaria, AMSAFE Rosario, Hospital Moyano (AGIHM), Cuerpo de delegados y CD del SOEAIL, CTA Autónoma de Gral Rodríguez, CD ATE Almirante Brown - Presidente Perón, ATE Sur Lomas de Zamora, CTA Autónoma de Lomas de Zamora, Suteba Ensenada, Suteba Matanza, Suteba Gral Madariaga, STMVL (Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López), JI ATE Hospital Garraham, JI ATE INDEC, JI ATE INTI, Comisión Interna Morvillo, Comisión Interna Lustramax, Comisión Interna Hospital Italiano, Comisión Interna de GPS, Comisión Interna Apuba Facultad de Ciencias Sociales, Madygraf bajo gestión obrera, PSC (Plenario del Sindicalismo Combativo), Trabajadores del Banco de Desarrollo de Jujuy en lucha contra los despidos, Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto, Luz y Fuerza La Pampa, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (ANCLA), Coordinadora Sindical Clasista (CSC), Corriente Sindical 18 de Diciembre, Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), Corriente político Sindical 1ero de Mayo, Corriente Sindical Jorge Weisz, Agrupación Víctor Choque de ATE, Centro de estudiantes de Historia UNLU, Centro de estudiantes de Geografía UNLU, Centro de Estudiantes Terciario del IES Juan B justo, Centro de Estudiantes de Veterinaria (UBA), Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica (UBA), Centro de Estudiantes Ciencia y Tecnología (UNSAM), Centro de Estudiantes del IFDS 39 de Vicente López, Centro de Estudiantes IFDS número 9, Centro de Estudiantes del  ISEF N1 Romero Brest, Centro de Estudiantes Terciario del Lenguas Vivas JRF, Centro de Estudiantes del IFDS 113, Centro de Estudiantes IFDS 103, Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Juventud ambientalista, Red Ecosocialista, Ambiente en Lucha, Tribuna Ambiental, Vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol en Virrey del Pino,  Asamblea Permanente de Guernica por Vivienda y Trabajo, Asamblea Permanente por vivienda y trabajo genuino Tigre/San  Fernando, Asamblea Permanente de Desocupadxs de Noroeste,  Asamblea Todo Fuego es Político (Campana), Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, EDI (Economistas de Izquierda), Barrios de Pie,  Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re., Armando Conciencias,  O.T.L.), ESPERANZA Revolucionaria y Socialista, Frente de Trabajadores (Coordinadora Clasista Anticapitalista), Frente de Organizaciones en Lucha, Frente de la Resistencia, Fdu, Mdt, MST Teresa Vive, MTR 12 de abril, MTR histórico, Movimiento 8 de octubre Quitilipi Chaco, Polo Obrero, Red de Trabajadores Desocupados, Informales y Precarizadxs, Rebeldía, William Cooke, Arte en Resistencia Cultural de Neuquén y el Alto Valle, Biblioteca popular Eduardo Martedi, Editorial Marat, Hilo Rojo Colectivx Militante, Locomoción Tv, Partido de los Poetas, Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia, Defensorías de géneros zona sur, Isadora, Juntas y a la izquierda, Mumala, Las Rojas, Pan y Rosas, Plenario de Trabajadoras, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, Convergencia Socialista, Convocatoria segunda independencia, Coordinadora por el Cambio Social (FOL Frente de Organizaciones en Lucha / FPDS Corriente Plurinacional / MULCS / ILS / Movimiento 8 de Abril / Igualdad Social / FOB Autónoma / FAR y COPA en Marabunta / OLP Resistir y Luchar), Corriente Social y Política Marabunta, Corriente Política de Izquierda, Emancipación Sur, FAR, Fogoneros ONLyS, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (P.O.), Izquierda Socialista (IS), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, Nuevo Movimiento al Socialismo (NMAS), Movimiento de los Pueblos: por un socialismo feminista desde abajo, Opinión Socialista, Partido Comunista de los Trabajadores, Partido Socialismo y Libertad, PRSA, Política Obrera, Partido Marxista Libertario, PL-Partido de la Liberación, PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), Rebelión Popular, Tendencia guevarista, Tendencia Marxista Revolucionaria, Venceremos-Partido de Trabajadorxs. PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), MTL-Rebelde, PRC (Partido por la Revolución y el Socialismo), MTR (VL), Votamos Luchar, Federación Juvenil Comunista y Partido Comunista (CABA y Morón), FOL (Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, MRP, MTR Por la democracia directa, FOB (Frente de Organizaciones de Base-La Libertaria), La Chile, Desde el Pie (La Pampa), ATTAC-CADTM (Comité por la absolución de las deudas del Tercer Mundo, Argentina), Emancipación Sur, FPDS (Frente Popular Darío Santillán), Colectivo Reagrupando, PPC (Partido por el Comunismo), Frente de Trabajadores por el Socialismo (FTS), PRML, Juventud Revolucionaria Che, CUBA-MTR, ILPS Argentina, TUN 29 de Mayo, Organización 17 de Noviembre (M.D.L-Mujeres en Lucha, HIJAS La Plata-Ensenada, Resistencia Popular, Movimiento Ana María Villarreal, Mov 19 y 20 de diciembre, Mov 24 de Marzo, Marabunta - Corriente Social y Política, Asamblea de Villa Pueyrredón de Caba,

En las últimas horas, la noticia de al menos 17 muertes en la Provincia de Buenos Aires por consumo de drogas adulteradas generó gran preocupación y mucho debate. Se habla de una guerra narco y cocaína adulterada con veneno, aún con muchas dudas y el consejo hipócrita del ministro de seguridad de Kicillof Sergio Berni que llama a “descartar” la droga recién comprada.

Esta terrible noticia y la preocupación que genera demuestra el poder y extensión que tiene el narcotráfico en nuestro país. Un poder y extensión que solo es posible en complicidad con la policía, la justicia y los gobiernos. Todos los días tenemos noticias de policías y políticos que forman parte de esas redes que cuestan la vida de pibis en paralelo a una persecución y estigmatización de les consumidores.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista tenemos una salida de fondo al narcotráfico. La legalización de las drogas y una verdadera política de información sobre riesgos y atención del sistema de salud para aquellos que sufren de problemas de consumo y adicción es lo único que lograría desmantelar las redes narcos y sus consecuencias en los barrios. No solo aquellas sobre la salud, sino las que implican el control de bandas criminales sobre barrios e incluso ciudades.

Algunos sectores del “progresismo” dirían que están a favor de la despenalización, pero esto no resuelve el problema del control sobre drogas adulteradas o la información responsable sobre el consumo.

El gobierno de Alberto Fernández no quiere resolver el problema del narcotráfico, el negocio que este genera y del que forman parte, menos aún aumentar los presupuestos de salud destinados a la atención de quienes la necesitan, porque su prioridad es ajustar para pagarle al FMI.

Para evitar más muertes es necesario que se acabe con la persecución y criminalización y se informe sobre riesgos, de la mano de presupuesto para salud en base al no pago de la deuda externa

Juventud de Izquierda Socialista

#berni #juventud #legalizacion