Por: Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional

El decrépito dictador nicaragüense ha relanzado una serie de farsas judiciales para imponer largas sentencias contra más de una decena de disidentes, en base a acusaciones falsas, violando todos los protocolos legales y el derecho a la defensa. Los juicios, realizados en la propia cárcel de El Chipote, duran pocas horas; los únicos testigos son policías y agentes gubernamentales.

De esta forma han sido condenados los jóvenes izquierdistas Yader Parajón y Muhamar Vado, y las dirigentes del partido Unamos (ex Movimiento de Renovación Sandinista) Ana María Vijil y Dora María Téllez (destacada comandante guerrillera en la lucha contra la dictadura de Somoza condenada a 15 años de cárcel). También fue condenado el dirigente estudiantil Léster Alemán. (…) La rebelión popular en el 2018 contra el ajuste a la seguridad social pactado por el régimen con el Fondo Monetario Internacional, fue aplastada por una represión que dejó a más de 400 personas asesinadas. Son sistemáticos los encierros con aislamiento y desatención médica durante meses, lo cual constituye una forma de tortura a más de 170 personas bajo prisión política en las cárceles de la dictadura.

Daniel Ortega, el “Somoza del siglo XXI”, no tiene ya nada de antiimperialista ni de socialista. Gobierna desde 2007 luego de volver al poder de la mano de connotados derechistas. En enero asumió un nuevo período, luego de la elección fraudulenta en la que hizo encarcelar a opositores.

Desde la UIT-CI exigimos la inmediata liberación de todas las personas encarceladas por razones políticas. Oponerse a la violación de las libertades democráticas por parte de la dictadura burguesa de Ortega y Murillo no es un crimen, es el deber de todo el pueblo trabajador nicaragüense. Llamamos a toda la militancia de izquierda, socialista, democrática, de Latinoamérica y el mundo, a rechazar las farsas judiciales ante las embajadas y consulados de la dictadura orteguista. Exijamos la ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura y organicemos la solidaridad con la clase trabajadora nicaragüense, cuya liberación depende de su propia movilización y organización políticamente independiente.

¡Libertad ya para Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Léster Alemán, Muhamar Vado y todas las personas encarceladas y sometidas a torturas por disentir de la dictadura!

(ver declaración completa en www.uit-ci.org)

En las recientes elecciones en Portugal triunfó el Partido Socialista logrando mayoría absoluta en el parlamento. El PS portugués que ya venía gobernando es un partido socialdemócrata, similar a los PS de otros países europeos, totalmente integrados al orden capitalista. Si logró ganar y aumentar su votación en el contexto de crisis la capitalista, fue ante posible triunfo de la derecha rechazada popularmente. En la izquierda reformista bajaron su votación a la mitad los partidos más fuertes, el Partido Comunista Portugués y el Bloque de Izquierda por apoyar durante años al gobierno y al ajuste del PS.

Es de destacar el crecimiento de la izquierda revolucionaria del Movimiento Alternativa Socialista que duplicó los votos de la elección anterior de 2019 (ver nota en www.uit-ci.org).

El 31 de enero marcharon centenares de mujeres en El Alto y las principales ciudades expresando la indignación ante el caso del feminicida Richard Choque, recientemente encarcelado por violar y asesinar a varias mujeres. Choque había sido condenado a 30 años de cárcel en 2018 por otro feminicidio y liberado meses después por la justicia corrupta y patriarcal. En Bolivia es asesinada una mujer cada 3 días y la mayoría de esos crímenes quedan impunes. Las marchas de mujeres y la organización Mujeres Creando exigieron justicia y que se forme comisión con participación de organizaciones feministas, con poderes legales y presupuesto para investigar feminicidios y violaciones.

La respetada ONG de derechos humanos denunció que los palestinos son tratados “como un grupo racial inferior”. Amnistía Internacional (AI) calificó de “apartheid” la política de Israel hacia los palestinos. En un exhaustivo informe publicado el 1 de febrero,  se documenta desde 2017 “homicidios ilegítimos”, confiscaciones masivas y desplazamiento forzoso de familias palestinas.

Escribe Martín Fú

El 4 de febrero de 1982 una patota de civil secuestraba a la compañera Ana María Martínez, militante de nuestra corriente predecesora, el Partido Socialista de Trabajadores (PST), orientado por Nahuel Moreno. Esto ocurrió luego de meses de persecución por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Dipba) y el Destacamento de Inteligencia del Ejército 201 de Campo de Mayo.

Poco se sabe que pasó luego de esa tarde en Villa de Mayo, cuando desconocidos de civil se la llevaron en un Ford Falcon. Días después, su cuerpo acribillado a balazos, era encontrado por niños en un descampado cercano a Punta Querandí, en el partido de Tigre.

Ana María tenía 32 años y estaba embarazada. La noticia fue de alto impacto nacional e internacional. Su crimen fue de los últimos llevados a cabo por la dictadura cívico militar inaugurada en 1976, que provocó el genocidio más grande y sangriento del país en el último siglo.

Ana María Martínez había llegado a Buenos Aires procedente de Mar del Plata, en donde ya tenía un largo recorrido militando en el PST como obrera fabril: de Havanna a Sylvania, las autopartistas Dunit y Dea, ya en la zona norte del Gran Buenos Aires, fueron algunas de las fábricas donde trabajó y llevo las ideas del socialismo a pesar de la dictadura reinante.

Con la Comisión Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez formada en 2012 por iniciativa de la entrañable Carmen Metrovich, cuñada de Ana María, recientemente fallecida, venimos luchando hace una década a fuerza de organización y movilización. Recabando testimonios, contactando a ex compañeros, aportando pruebas y llevando adelante diversas iniciativas para dar a conocer el caso de Ana María. En diciembre de 2018 tuvimos una victoria muy importante, la condena a prisión perpetua de dos altos mandos del Ejército, Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y Pascual Muñoz, jefe del Grupo 1 del Estado Mayor que tuviera asiento en Campo de Mayo. Una condena más arrancada con lucha luego de décadas de oscuridad e impunidad.

Este año sin la presencia física de Carmen Metrovich, pieza fundamental en la conformación de la Comisión, seguimos peleando contra esa misma impunidad. Hay que castigar a todos los culpables. El actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, integró el grupo policial que hizo inteligencia sobre el PST en zona norte y es una muestra de cómo desde 1983 hasta la fecha cada uno de todos los gobiernos patronales se han ocupado de garantizar impunidad para los milicos genocidas y sus cómplices civiles. Radicales, peronistas, aliancistas, kirchneristas y macristas han coincidido en mirar para otro lado, no abriendo los archivos de la dictadura y permitiendo que muchos milicos estén con prisiones domiciliarias o se mueran de viejos en la tranquilidad de sus hogares.

Obrera, feminista, socialista y activista por los derechos humanos, Ana María Martínez llevó su compromiso revolucionario hasta las últimas consecuencias. Hace cuarenta años se la llevaron y como tantos otros compañeros perseguidos, torturados y desaparecidos, nos ha dejado un legado y ejemplo de militancia, un compromiso que como revolucionarios renovamos día a día.

Desde Izquierda Socialista volvemos a rendirle homenaje. ¡Querida compañera Ana María Martínez presente, ahora y siempre! ¡Hasta el socialismo siempre!