Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista /FIT Unidad

El gobierno de Alberto Fernández acaba de realizar un nuevo pago en efectivo al FMI. Fue por la suma de 1.900 millones de dólares (340.000 millones de pesos). En medio de la crisis, la desocupación y la miseria, se sigue priorizando el pago de la deuda.

Mientras el gobierno del Frente de Todos sigue declamando que la deuda tomada por el macrismo con el FMI, por casi 50.000 millones de dólares, fue un auténtico fraude y utilizada en su totalidad para la fuga de capitales, sin embargo sigue abonándola sin chistar.

En este caso, la anécdota llega a niveles de escándalo. A comienzos de año el FMI anunció la entrega a cada país del mundo de un monto de dinero, en lo que se denomina “derechos especiales de giro” para aplicarlo a las necesidades de la pandemia. Tengamos en claro que no se trata de ninguna “beneficencia” por parte de Fondo: la inmensa mayoría de ese dinero fue, obviamente, a los propios países imperialistas. Pero a la Argentina le tocaron 4.500 millones de dólares. Lo indignante es que el gobierno, en vez de aplicarlos a resolver las más urgentes necesidades sanitarias o sociales, decidió usar ese dinero para pagarle...al propio FMI, por los vencimientos de las cuotas del fraudulento préstamo tomado por Macri. O sea la plata entró por una puerta y salió por la otra. Lo mismo se hará con la próxima cuota que vence con el Fondo, por un monto similar en el mes de diciembre. Totalmente opuesto a lo que varios referentes kirchneristas habían planteado el 25 de mayo. Y, por contrapartida, exactamente igual a como lo planteó la propia vicepresidenta Cristina Fernández en el acto de lanzamiento de la campaña del Frente de Todos.

El gobierno dijo que “tomó nota” de los resultados electorales. Y que, ahora sí, se le pondrá plata en el bolsillo a la gente. Pero hizo todo lo contrario: la plata que se le entrega al FMI es mucho más que todos los anuncios que se hicieron, que no alcanzan el nivel de una aspirina, en comparación con lo que requiere el drama popular.

¿Qué se podría haber hecho con esa plata?

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad somos tajantes: con los 1.900 millones de dólares que se pagaron al Fondo se podrían haber construido 60.000 viviendas populares, dando trabajo a 250.000 desocupados. ¡Eso sí que hubiera sido “ponerle plata en el bolsillo a la gente”!

Y todo esto no es lo peor. El gobierno del Frente de Todos, con el acuerdo de Juntos por el Cambio e incluso de los libertarios de Milei y Espert, se apresta a firmar un nuevo acuerdo con el FMI, que significará más ajuste, miseria para el pueblo trabajador y saqueo de nuestras riquezas.

Es inconcebible que el gobierno peronista del Frente de Todos siga pagando una deuda usurera y fraudulenta en plena pandemia. Ya el año pasado se nos vendió que, después del acuerdo con los acreedores privados, “ahora sí” se comenzaba el crecimiento y la redistribución de la riqueza. Nada de eso pasó. Por el contrario, se comenzó la larga negociación de la otra fase de la deuda externa, la que se le debe al FMI.

Así no hay salida, ni para reactivar la economía, ni para redistribuir la riqueza. Se repite la historia, más pagamos, más debemos. Y nos seguimos sometiendo a los dictados de ajuste del FMI. Solo el Frente de Izquierda Unidad tiene una propuesta alternativa frente a los “pagadores seriales de la deuda”: hay que suspender inmediatamente todos los pagos, romper los lazos políticos y económicos que nos sujetan al Fondo y lanzar un plan económico de emergencia, obrero y popular que atienda las urgencias de salario,  trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista /FIT Unidad

El presidente Alberto Fernández dijo haber escuchado “el mensaje de las urnas”, y que se iba a hacer todo lo necesario para poner plata en los bolsillos populares y así reactivar la economía. Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas no mueven el amperímetro. Son apenas migajas que no modifican la realidad: los salarios y las jubilaciones siguen pulverizadas por la inflación.

Un salario mínimo que no es ni “vital” ni “móvil”

Leamos la ley de contrato de trabajo. Su definición de lo que es el salario mínimo parece una burla frente a la realidad actual. Establece que este “es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida”.

El “gran anuncio del gobierno” es subirlo de 29.000 a 32.000 pesos a diciembre. Por lo que seguirá estando lejísimo de alcanzar la línea de pobreza, y apenas superando el límite de indigencia. Ni que hablar de garantizar los rubros que establece la ley que citamos en el párrafo anterior. Recordemos que la canasta de pobreza oficial está en 68.359 pesos. Y los trabajadores de ATE Indec la calculan en 108.660 pesos. A años luz del valor del valor del actual incremento.
Y en cuanto a “ajustarse periódicamente”, basta decir que en los últimos seis años, aún después de este aumento, el salario mínimo lleva perdido el 30% de su valor frente a la inflación. Si simplemente se hubiera ajustado el salario mínimo de 2015 (que ya era bajo) por la inflación hasta hoy, debería estar en 44.700 pesos.

Los jubilados siguen siendo el pato de la boda

Estaría “en estudio” un posible nuevo bono a los jubilados que cobran la mínima, de alrededor de 6.000 pesos. Nuevamente, ni con eso se cubrirá el escandaloso robo jubilatorio que se viene llevando adelante desde fines de 2019, cuando se eliminó la anterior movilidad jubilatoria. Los haberes previsionales siguen acumulando pérdidas comparados con la inflación y lo que cobran el 90% de los jubilados está en la mitad de la canasta de la Tercera Edad.
La continuidad del impuesto al salario

El gobierno del Frente de Todos también anunció un incremento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Lo dijimos una y mil veces: el salario no es ganancia, y por lo tanto no debe pagar ese impuesto. El promocionado aumento del mínimo no imponible es una medida que ya se anunció varias veces, pero que se pospuso en su aplicación, haciendo que cada vez más categorías de trabajadores queden alcanzados por dicho tributo. De hecho, al no habérselo reglamentado hasta ahora, hace que los trabajadores seguirán teniendo descuentos hasta el mes de noviembre. O sea, por el simple hecho de posponer el aumento, el gobierno ya le robó 10 meses de enormes descuentos sobre los salarios en este concepto.

Hace falta un verdadero plan de emergencia

Así no se resuelve absolutamente nada. Empezar a atacar la pobreza, el desempleo y la marginación social, requiere de otras medidas: otorgar un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy en 108.000 pesos; aumentar las jubilaciones hasta llegar a la canasta de la tercera edad (62.000 pesos) y desde ahí aplicar el 82% móvil;  implementar un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite; y poner en marcha un plan de construcción de viviendas populares para crear trabajo genuino. Todo financiado con los fondos que se ahorrarían de suspender el pago de la deuda externa y romper con el FMI. Esta es la propuesta del Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Claudio Funes

El miserable incremento del salario mínimo vital y móvil fue respaldado por la burocracia sindical de la CGT y las CTA. Esta nueva traición no debe caer en la indiferencia. ¿Por qué?
Porque con este salario tienen que vivir más de 700 mil trabajadores bajo convenio. Porque el salario mínimo es tomado como referencia para el sueldo mínimo de algunos sectores de docentes. Porque la jubilación mínima, programas sociales como el Potenciar Trabajo, becas Progresar, Acompañar y otros están atados al valor del salario mínimo. Porque también es referencia para las remuneraciones del muy castigado sector informal (trabajadores no registrados) que, según datos del Indec, suman 5.078.000 trabajadores.

Por otro lado, en base a datos del Ministerio de Trabajo, existen casi 3,5 millones de cuentapropistas informales.

Si se suman estas cantidades, se puede estimar que la fuerza laboral del sector informal llega a más de 8,5 millones de trabajadores. De ahí la importancia que tiene la evolución del salario mínimo vital y móvil para la economía de millones de jubilados, trabajadores y sectores populares.

Por todo esto resulta vergonzoso el incremento del salario mínimo, hijo del pacto entre el gobierno peronista de Alberto Fernández y la burocracia sindical que apoya el ajuste.

Escribe Pablo Almeida, legislador CABA y delegado general ATE Ministerio de Economía
 
Martin Lousteau, senador radical e integrante de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley que intenta avanzar con uno de los puntos centrales de la reforma laboral: el empleador no será más responsable de pagar las indemnizaciones por despido. Según los autores se crearía más empleo registrado. Una nueva mentira para avanzar sobre los derechos laborales de millones de trabajadores prometiendo supuestos beneficios que la historia demuestra que nunca llegan.

El pasado 2 de septiembre, diez días antes de las PASO, el senador Lousteau presentó en nombre de las fuerzas de Juntos por el Cambio un proyecto que corrige parcialmente el que presentaron semanas atrás diputados y diputadas de esta fuerza en la cámara correspondiente. Pero las supuestas correcciones introducidas no cambian la esencia del proyecto que de aprobarse terminaría con la conquista de que sean las patronales quienes tengan que afrontar los costos de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores y trabajadoras. El proyecto de Juntos por el Cambio en el Senado “se basa en un aporte mensual del empleador para crear un fondo nacional de cese laboral, del cual el trabajador al momento del cese de la relación laboral cobrará un seguro equivalente a un sueldo por año trabajado. Desconocería así el derecho a todos los adicionales, los establecidos por la ley de contrato de trabajo o por convenios de actividad. Por otra parte, el proyecto de Lousteau (a diferencia del anterior, en Diputados) tiene alcance sobre el total de los trabajadores en relación de dependencia, para los nuevos contratos y los vigentes.” (Pagina 12, 15 de septiembre de 2021).

Este proyecto ha tomado mucha fuerza en las semanas previas a las PASO e incluso fue impulsado por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta.  Vuelven a la carga con un caballito de batalla de las cámaras empresarias, sus lobbistas mediáticos y numerosos sectores de los políticos patronales: en nuestro país no se crean más puestos de trabajo formal o registrado porque existen costos laborales muy altos. Dicho en otras palabras, que no contratan más trabajadores porque luego les resulta muy caro despedirlos. Y que por eso no lo hacen o lo hacen con modalidades de contratación precarias o directamente ilegales. Absolutamente falso.

Abundan los estudios que muestran que en los sectores, como por ejemplo el de la construcción, donde existen mecanismos de “fondos solidarios” a través de los cuales el propio trabajador va a aportando a su futura indemnización el trabajo no registrado tiene niveles de los más altos en nuestro país. Y que es de los primeros sectores que sufren despidos cuando se reducen los niveles de actividad.

 Desde Izquierda Socialista, como parte del sindicalismo combativo,  llamamos a organizarnos desde cada sector de trabajo para rechazar un nuevo atropello a los derechos laborales. No nos comemos el verso de la burocracia sindical de la CGT y las CTA que hoy hablan contra el proyecto flexibilizador de Lousteau y Juntos por el Cambio y luego se alinean con el gobierno patronal y ajustador del peronismo.  Tenemos que tomar esta pelea en nuestras manos, pero además aprovechar la próxima elección para votar contra estos partidos patronales responsables de la miseria y la pérdida de derechos y fortalecer la alternativa de izquierda presentada por el FIT Unidad para enfrentar al FMI, única salida para comenzar a superar la crisis del pueblo trabajador.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, candidata a legisladora CABA, por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
La designación de Juan Manzur como Jefe de Gabinete que realizó Alberto Fernández a pedido de Cristina fue una verdadera provocación a la #mareaverde con la que conquistamos el aborto legal a fin del año pasado. Por eso varios colectivos feministas han hecho público su rechazo. Desde Isadora y con el Frente de Izquierda - Unidad nos sumamos al reclamo: #ManzurNO
 
Manzur es un reconocido enemigo de las luchas feministas. Declaró a la provincia de Tucumán pro-vida contra el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y disidencias. Un lobbista indiscutido contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue el responsable político de detener a “Belén” en 2014 quien estuvo presa durante tres años por un aborto espontáneo. Es quien torturó a niñas violadas al obligarlas a parir como a “Lucía” de once años en 2019. Por este caso Manzur fue denunciado penalmente por la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y por Cecilia Merchán quien ocupaba el cargo de Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de ese ministerio pero renunció la semana pasada tras conocerse la designación del nuevo Jefe de Gabinete.

Manzur fue un hombre clave para la gobernabilidad de los cuatro años de Macri y fue quien le garantizó los votos para que se aprobara la reforma previsional del macrismo en 2017 que afectó mayoritariamente a jubiladas y pensionadas. Es un confeso miembro del Opus Dei, facción de derecha de la Iglesia Católica que integran dirigentes, millonarios y políticos. Desde este lugar coincide con seguir beneficiando a la Iglesia Católica con todo tipo de subsidios estatales que en su mayoría provienen de los Decretos firmados en la última dictadura militar. Su mentor político en Tucumán fue José Alperovich, el actual senador peronista que conserva los fueros parlamentarios para evitar ser condenado frente a la denuncia que tiene en su contra por abuso sexual.

Un hombre siniestro que supo tejer lazos con el poder

Manzur comenzó su carrera política de la mano del ex ministro de Salud, Ginés González García, a quien recordamos por el escándalo del vacunatorio VIP. Fue en los años ´90 y por su recomendación que llegó a San Luis para asumir como viceministro de Salud de la provincia, cargo otorgado por Alberto Rodríguez Saá. Estuvo allí hasta 1999 cuando fue a ocuparse del área sanitaria del municipio de La Matanza de la mano del peronista Alberto Balestrini. En 2003 regresó a su provincia natal de la mano de Alperovich (ver recuerdo).

En 2007 ocupó el cargo de vicegobernador durante dos años hasta que fue convocado por Cristina Kirchner para el cargo de Ministro de Salud de la Nación. Fue allí que tejió relaciones estratégicas con varios empresarios como Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y del laboratorio mAbxience, que produce la vacuna AstraZeneca en la localidad bonaerense de Garín sin dejar ninguna dosis en el país. Manzur a la vez, tiene una estrecha relación con el Estado sionista de Israel y en 2019 siendo gobernador de la provincia de Tucumán, firmó un acuerdo para comprar armas directamente al Estado de Israel por nueve millones de dólares que fue denunciado por irregularidades y sobreprecios.
Al gobierno de Alberto Fernández se le cayó la careta al nombrar como jefe de los ministros a un personaje tan siniestro como Manzur. De cara a las elecciones del 14 de noviembre te invitamos a fortalecer al Frente de Izquierda-Unidad contra el ajuste del gobierno peronista y de todos sus ministros.