Escribe Guido Poletti

La batería de medidas económicas lanzadas por el gobierno de Fernández esta semana tiene ganadores concretos, las grandes patronales. Repasemos.

El anuncio de subsidios a la producción de gas, aceptando pagarle a los pulpos del gas y el petróleo un precio por millón de BTU (medida universal) muy superior no solo al costo de extracción, sino también al valor internacional, es un negocio redondo para Tecpetrol (Grupo Techint), la Total francesa y Panamerican Energy (Grupo Bulgheroni), en el que también se beneficiarán todas las otras empresas que participan en Vaca Muerta (Chevron, Petronas, etcétera).

El aumento de las tarifas, además de beneficiar a las gasíferas (las arriba mencionadas), también significará millones de dólares para las privatizadas eléctricas. Ahí juegan fuerte Marcelo Mindlin, en Edenor, y la italiana ENEL, en Edesur.

También se informaron beneficios para las empresas que integran lo que se denomina la “economía del conocimiento”. Los principales agraciados serán Marcos Galperín (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) y Roberto Souviron (Despegar), entre otros.

Finalmente, tenemos las medidas que benefician directamente a los especuladores financieros al liberarlos de ciertas restricciones que les permitirán acelerar la fuga de divisas. Los favorecidos serán los fondos especulativos internacionales Templeton y Pimco.

Escribe Adolfo Santos

En medio de una miseria creciente, con millones de desocupados y subocupados y una inflación por las nubes, se acaba de anunciar un ajuste para el salario mínimo que es una vergüenza. En la Comisión Técnica del Salario Mínimo Vital y Móvil los miembros de la CGT y de la CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28% para el ingreso mínimo. Un índice muy distante del 40% de inflación calculada para este año.

Pero como lo que es malo puede quedar peor, los burócratas sindicales pactaron que ese reajuste insuficiente sea pagado en cuotas. En octubre será de 12%, en diciembre, 10%, y en marzo de 2021, 6 por ciento. Un reajuste a la baja. Los actuales 16.875 pesos alcanzarán los 21.600 recién el año próximo. Cínicamente, tanto Yasky como Daer criticaron a Macri durante el encuentro señalando que el dirigente de PRO había bajado el costo laboral porque el salario había perdido con la inflación. Con el gobierno peronista de Alberto Fernández pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que ahora lo hace con el apoyo de los dirigentes sindicales.

No es casual que el gobierno haya salido feliz de la reunión, creía que iba a ser trabajosa, ya que las centrales sindicales habían expresado la necesidad de elevar el mínimo al costo de la canasta básica familiar, de 46.000 pesos, lo que implicaba un aumento de más de 200%, pero como otras veces solo se trataba del doble discurso peronista. El 28% se acordó sin ningún trauma. Los empresarios ofrecieron 23%, la CGT de Daer y la CTA de Yasky, sin ninguna consulta a las bases, solicitaron 30% y, en nombre del gobierno, el ministro de Trabajo Claudio Moroni bajó el martillo cerrando en 28%… en tres veces.

Contra el acuerdo social y por la independencia de las direcciones

Este acuerdo del mínimo, que rechazamos, contrario a los intereses de los trabajadores y los jubilados, es parte del acuerdo social entre el gobierno, la burocracia sindical y los sectores patronales. Los convenios salariales por debajo de la inflación que vienen cerrando algunos gremios, incluso con sumas fijas, así como este mínimo miserable que no cubre la canasta básica, son parte del ajuste que le están haciendo pagar a la clase trabajadora. Por eso nos oponemos al pacto social, cuyo objetivo es disciplinar a los trabajadores tras un proyecto patronal peronista que se arrodilla ante el FMI y los usureros de la deuda externa.

Denunciamos esta nueva traición de la burocracia sindical que va a contribuir con el aumento de la miseria. Es inadmisible que en medio de esta situación de emergencia los dirigentes de la CGT y la CTA centren sus actividades en apoyar al gobierno patronal de Alberto Fernández, como hicieron con el acto virtual del 17 de octubre, o aceptando mansamente firmar este acuerdo rebajado sobre el salario mínimo. Con esa política, los burócratas tienen como objetivos mantener sus privilegios para perpetuarse en sus cargos, recibir jugosas partidas de las obras sociales y continuar haciendo negocios con las patronales.

Rechazamos este sindicalismo. Necesitamos construir una alternativa democrática, de lucha y autónoma de la patronal y los gobiernos, como propone el Plenario del Sindicalismo Combativo. El crecimiento de la pobreza, la indigencia, el desempleo, los bajos salarios y las medidas de flexibilización laboral colocan en el orden del día organizar la lucha para impedir que continúen aplicando los planes de ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares. Además, tenemos que debatir cuáles son las medidas para poder elevar el salario mínimo al nivel de la canasta familiar. Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad proponemos romper con el FMI y los usureros de la deuda, suspender los pagos e instrumentar un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis la paguen los ricos, no los trabajadores.

Escribe Adolfo Santos

El caradurismo del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, no tiene límites. Durante los días previos a la reunión para definir el salario mínimo se la pasó amenazando con que iba a dar la pelea por un buen aumento. “El salario mínimo vital y móvil es de 16.875 pesos. Llevarlo a la canasta básica alimentaria implicaría un aumento de 200%, por lo cual los sindicalistas trataremos de acercarnos a esa cifra todo lo posible”, dijo en declaraciones radiales. Y agregó: “Vamos a tratar de acercarnos a la canasta básica, que es de 46.000 pesos. Queremos recuperar la pérdida del salario”.

Y no paró ahí. Criticó hasta una posible oferta del sector privado: “En la negociación, los empresarios van a plantear cifras por debajo de 35 por ciento”. Por eso alertó: “Es muy probable que no haya acuerdo, sino un laudo por parte del Ministerio de Trabajo”. Sin embargo, el día de la reunión, tanto el “combativo” Yasky como los burócratas de la CGT se comportaron como corderitos y, sin dar pelea, aceptaron el vergonzoso 28 por ciento. No solo quedaron a años luz de la promesa de acercarse a la canasta básica familiar, sino que propusieron un ajuste de 30%, ¡menos de lo que suponían que iban a ofrecer las patronales!

Estos dirigentes son una vergüenza. Simples funcionarios de un gobierno patronal al que apoyan incondicionalmente. En diálogo con C5N, Yasky aseguró: “Los salarios no bajaron en estos siete meses de cuarentena, sino que solo lo hicieron durante la presidencia de Mauricio Macri”. Nadie duda que Macri atacó duramente a los trabajadores, pero negar que este gobierno hace lo mismo es pura hipocresía. Solo con la inflación las pérdidas han sido inmensas, pero además la dirigencia sindical, la UIA y el gobierno acordaron una rebaja de 25% para millones de trabajadores y las paritarias siguen congeladas.

Después de firmar ese ajuste de hambre, Yasky declaró: “Se logró un paso importante” […] “Se llegó a un arreglo porque, del otro lado, no se encuentra un gobierno que quiere que el salario caiga” […] “Y se reincorporaron los empresarios pymes que Macri había echado. Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas apoyaron nuestra propuesta porque saben que el trabajador les comprará, ellos se enfocan en el mercado interno”. Y cerró: “Se logró recuperar algo”. Repudiamos el papel nefasto de estos dirigentes burocráticos que traicionan los intereses de los trabajadores. Llamamos a continuar luchando por una nueva dirección sindical combativa, democrática y autónoma de los gobiernos patronales.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Esta semana nuestro país llegó al millón de contagiados por el nuevo coronavirus, alcanzando el sexto lugar después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. La Nación, del 19 de octubre, se hace eco de un segundo récord argentino, somos “desde hace un mes el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho”. Mientras en la Argentina la pandemia continúa extendiéndose, en Europa se vive una segunda ola de Covid-19 de cuya gravedad dan cuenta las severas medidas de aislamiento tomadas en España y el insólito toque de queda en Francia.

 Europa, un sistema público de salud devastado

Las dos oleadas de la pandemia han hecho visible cómo se han ido destruyendo el sistema público de salud y las políticas de seguridad social, preciadas conquistas de los trabajadores europeos en la posguerra. Suecia, que representa en el imaginario popular lo más avanzado en el terreno de las políticas sociales, nos brinda un ejemplo de la descomposición que la dinámica mercantil ha impuesto al sistema de salud.

Attendo es una empresa privada que cotiza en Bolsa, con ganancias superiores a los 1.300 millones de dólares anuales. Es el mayor operador de residencias de ancianos en Suecia desde que el gobierno comenzó a privatizar su sistema de salud. En los establecimientos de su propiedad y gestión rige, como en cualquier empresa comercial, el principio del lucro. Por lo tanto, en los turnos nocturnos y los fines de semana hay una sola enfermera, sobrecargada de obligaciones y con el lógico deterioro en la calidad del servicio. La sed de ganancias de los accionistas de Attendo hace que los trabajadores de la salud de la empresa carezcan de los elementos de protección personal adecuados en cantidad y calidad. La empresa les proveía “máscaras de cartón como las de los pintores de casas” (Clarín, 9/10).

Las directivas generales vigentes en Estocolmo, cuando comenzó la pandemia, orientaban a los médicos a indicar cuidados paliativos a los pacientes geriátricos sin examinarlos ni pedir estudios. Se renunciaba de antemano a salvarles la vida, pero se preservaban las ganancias de las empresas prestadoras de servicios de salud. Durante lo peor del brote inicial, se negó el acceso a los hospitales a los ancianos que provenían de residencias geriátricas. Es que en las dos últimas décadas Suecia ha reducido sustancialmente su capacidad hospitalaria y la pandemia puso al rojo vivo este desmantelamiento. El resultado ha sido que entre las casi seis mil muertes vinculadas al coronavirus en Suecia más de 45% corresponden a los ciudadanos más vulnerables del país, los que viven en asilos. Una verdadera tragedia humanitaria en aras de la sacrosanta ganancia capitalista.

Política sanitaria o ganancias de las empresas

Es tan evidente la situación de desigualdad social que los observadores más lúcidos de la profesión médica llaman la atención sobre ella. Richard Horton, editor jefe de la prestigiosa revista médica británica The Lancet, escribe en el ejemplar del 26 de septiembre que el Covid-19 interactúa con otras enfermedades no contagiosas en un contexto social y ambiental caracterizado por una profunda inequidad social. Agrega que la vulnerabilidad de los ancianos, los miembros de minorías étnicas y trabajadores esenciales que comúnmente son mal pagos y con deficientes servicios sociales muestran que “por más efectiva que pueda ser una medida epidemiológica de protección o una vacuna, una solución puramente biomédica fracasará”. Los gobiernos deben desarrollar políticas y programas que reviertan esas profundas disparidades “si no nuestras vidas nunca estarán seguras frente al Covid-19”.

Nosotros agregamos, como venimos diciendo desde El Socialista, que no se puede avanzar en la lucha contra la pandemia sin tocar las ganancias del capital. El aislamiento preventivo, sea o no intermitente, sea parcial o total como aconsejen los expertos, no se puede garantizar sin un sueldo de 40.000 pesos para los afectados. Para testear y rastrear la circulación del virus se debe disponer de tecnología, reactivos y recursos humanos que hay que pagar. Para proteger al personal de salud con los equipos necesarios y pagar un sueldo digno que permita eliminar el poliempleo hay que aumentar el presupuesto para la salud.

Por eso venimos planteando que, para contar con la financiación, es imprescindible crear un fondo de emergencia a partir de un impuesto a las grandes fortunas y no pagar la deuda externa, como propone el FIT Unidad.

El jueves 15, a la medianoche, el doctor Alejandro Vega regresaba con la ambulancia al hospital cuando fue atacado por una persona que intentó matarlo tras efectuar tres disparos. El agresor, según el fiscal, es familiar de un fallecido por Covid-19. El Socialista entrevistó al doctor Fabián Torres, compañero de trabajo de Vega.

ES–¿El ataque al doctor Vega fue provocado por familiares de un paciente que falleció de Covid-19?

F.T.–Sí, eso es lo que determinó la investigación del fiscal. En menos de cuarenta y ocho horas, gracias a la movilización, se detuvo a un joven que fue acusado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. Estamos tristes, preocupados, porque puede volver a suceder. Necesitamos que la Justicia actúe con celeridad y que dicte una condena ejemplar. No podemos creer que alguien encargado de cuidar la vida de los pacientes, en estado de pandemia, ponga en riesgo su vida no tan solo con el Covid-19, sino porque aumentó la violencia desde que se inició la pandemia.

ES–¿Cómo está la situación sanitaria en la provincia?

F.T.–Río Negro es la sexta provincia del país con más contagios y la primera en la Patagonia, con casi cinco mil casos activos. Desde agosto que venimos con el sistema de salud colapsado en la zona del Alto Valle, con terapias colmadas en los hospitales de mayor complejidad por Covid, las situaciones más graves se resuelven con derivaciones. Hubo casos en que se debieron trasladar pacientes a Viedma, a más de 500 kilómetros de distancia, y a Buenos Aires por no encontrar camas en las ciudades cercanas ni en la capital neuquina.

ES–¿En qué condiciones laborales y sanitarias están afrontando la atención de las distintas enfermedades y, específicamente, el Covid?

F.T.–Nuestro hospital es de complejidad II y está equipado para urgencias y emergencias y realizamos derivaciones de casos críticos. Actualmente somos tres profesionales médicos que realizamos guardias activas de veinticuatro horas y dos especialistas que solo realizan consultorios. Enfermería se vio afectada por licencias por enfermedades preexistentes y por contagios de Covid. Tuvimos una semana sin servicio de mucamas y también se vio resentido el personal de choferes y administrativos por el Covid. Desde marzo venimos trabajando sin descanso con escasos recursos humanos, con insumos insuficientes e infraestructura inadecuada para este nuevo escenario de la pandemia. Y ahora se suma la falta de seguridad, que expone doblemente nuestras vidas en la búsqueda de algún culpable del coronavirus. Los culpables son los gobiernos que beneficiaron a los grandes sectores empresariales y no destinaron el presupuesto necesario para salud para enfrentar el Covid.

ES–¿Qué lograron después de la asamblea?

F.T.– Nos organizamos rápidamente horas después de este hecho repudiable y en asamblea exigimos la presencia de las autoridades municipales y provinciales para conseguir justicia por el colega atacado, seguridad para nuestro hospital, mayor personal, insumos y una dirección visible, al haber fallecido por Covid la directora. Conseguimos con nuestra unidad, y el apoyo de la comunidad, la seguridad para el hospital y para nuestro compañero Alejandro, que ya se encuentra en su casa, la detención del agresor y el nombramiento de una directora. Aún nos quedan demandas no satisfechas que hacen a nuestros derechos como trabajadores, ya que seguimos batallando solos y sin el apoyo de las autoridades provinciales y nacionales. Por lo menos en estos días algo cambió, ya que permanecemos en estado de alerta y asamblea y apostamos a que con la lucha y la unidad conseguiremos nuestros derechos.