Histórico paso por el derecho a decidir; mujeres podrán atenderse en cualquier institución del sistema de salud público

Un momento histórico en la lucha por los derechos reproductivos se ha materializado en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso trascendental al resolver la eliminación del delito de aborto del Código Penal Federal, marcando un hito en México y un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El veredicto provino de la Primera Sala de la SCJN, que declaró inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal. Este pronunciamiento se fundamentó en la premisa de que prohibir el aborto viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Esta decisión se suma a una serie de fallos anteriores de la SCJN, incluyendo su declaración en septiembre de 2021 de la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales estatales. Con ello las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en el IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución federal de salud y el personal médico no podrá ser criminalizado.

Aguascalientes se suma a la despenalización

La decisión de la SCJN llegó después de que el estado de Aguascalientes también aprobara la despenalización del aborto. En agosto de 2023, la SCJN determinó que, sin importar la etapa del embarazo y con el consentimiento de la mujer o persona gestante, penalizar el aborto era inconstitucional y su aplicación constituía un delito. Con Aguascalientes, son ya 12 de los 32 estados de México que han despenalizado el aborto, un avance significativo en la igualdad de acceso a los derechos reproductivos.

Acceso efectivo a la salud

Uno de los fundamentos de la decisión de la SCJN es que penalizar el aborto representa un obstáculo para el acceso efectivo y oportuno a la atención médica necesaria. El derecho a la salud exige que las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a la atención médica integral, y esta medida es un avance significativo en la protección de estos derechos.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) celebró esta histórica decisión en un comunicado, destacando que “todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a abortos en instituciones federales de salud”. GIRE ha sido una voz influyente en la lucha por los derechos reproductivos en México y ha desempeñado un papel crucial en la promoción de esta causa.

Las Consecuencias de la despenalización

La despenalización del aborto es un paso crucial en la lucha por los derechos reproductivos en México. Durante décadas, el aborto clandestino ha sido una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en el país. Las complicaciones y muertes por aborto son evitables y representan un alto costo para las personas, sus familias y el sistema de salud.

A nivel mundial, se estima que el costo anual del tratamiento de las complicaciones por aborto practicado en condiciones inseguras es de 533 millones de dólares. La implementación de leyes permisivas y servicios de salud accesibles, con personal capacitado y los insumos adecuados, podría prevenir una gran proporción de los costos derivados de las complicaciones por abortos practicados en condiciones de inseguridad.

Protección de los derechos reproductivos

Este histórico fallo de la SCJN es un hito en la protección de los derechos reproductivos y la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar en México. Además, es un recordatorio de la importancia de la justicia y la igualdad en una sociedad democrática. La lucha por los derechos reproductivos ha alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento en México, y este paso adelante es un avance para todos los ciudadanos comprometidos con la igualdad y la justicia.

La pulverización de los salarios, las jubilaciones, los montos de los planes sociales y las partidas dedicadas a salud y educación es total. Se calcula que la inflación de agosto se moverá entre el 11 y el 14%. Encima, el FMI dio a conocer las nuevas exigencias aceptadas por el gobierno peronista: nuevos tarifazos, salarios y jubilaciones a la baja y posibles nuevas devaluaciones

El ministro Massa venía anunciando que, después de todas estas “malas noticias”, vendrían las “buenas”, las compensaciones para las y los trabajadores y otros sectores populares. Finalmente, en la tarde del domingo y por medio de Instagram, el ministro candidato dio a conocer dichas medidas.

Son tan magras que ni siquiera da para que las llamemos “paliativos”. Massa presentó un conjunto de bonos y sumas fijas que serían, según dijo, para “cuidar a las familias” y “compensar” la devaluación y consecuente inflación.  

Por supuesto que más de una compañera o compañero puede argumentar que, ante la pobreza creciente y la brutal inflación, aún un bono insuficiente puede ser una ayuda. Pero lo que sí se trata de una gran mentira es la afirmación del gobierno peronista de que con ello se está “atendiendo a los más vulnerables”. Porque son medidas electoralistas que nada tienen que ver con “compensar” los males sociales. Tanto que incluso cuentan con el aval del FMI. Como dijo un jubilado al conocer el bono de 37.000 pesos: “esto ya me lo comió la inflación”.

Es que dicho bono es solo para las jubiladas y jubilados que perciben la mínima, no para el resto, que también viene perdiendo, y mucho. Massa afirma que así se llevará el monto mínimo a 124.000 pesos, pero la realidad es que el bono no se incorpora a la jubilación básica que va a quedar en 87.000 pesos (y por lo tanto sobre ese monto se aplicará el próximo reajuste de diciembre), y ni siquiera se computará para el aguinaldo. Todo esto mientras la canasta para la Tercera Edad está en 250.000 pesos. Nos encontramos entonces ante un nuevo robo que se suma al que se viene aplicando con la movilidad jubilatoria a la baja votada por el gobierno a pedido del FMI en 2919, con el apoyo de la oposición patronal y la única oposición del Frente de Izquierda Unidad.

Sigamos con las medidas “paliativas” anunciadas por Massa. La suba de 10.000 pesos en la Tarjeta Alimentar para una madre con una hija o hijo apenas alcanza para tres kilos de carne. Lo mismo se puede decir de los 10.000 pesos para septiembre y octubre en los Planes Potenciar Trabajo. Y ni que hablar de la exención del descuento del componente tributario para las  los monotributistas. Millones de jóvenes que están sometidos a trabajar bajo ese régimen recibirán un “beneficio” de 500 pesos. ¡Menos que lo que vale una gaseosa chica!

La suma fija de 30.000 pesos en dos meses para trabajadoras y trabajadores en blanco de menores ingresos (a cuenta de las paritarias) es directamente una burla. Recordemos que cuando se empezó a hablar de suma fija, algunos pensaban en un monto de 100.000 pesos; después se suponía que terminaría en 50.000. La realidad es que fue de 30.000, solo en septiembre y octubre, no se toma en cuenta para el aguinaldo y encima en muchos gremios ni siquiera se va a pagar, ya que se va a argumentar que lo “absorbe” la negociación paritaria. Con respecto a los estatales, será sólo para los nacionales, pudiendo quedar afuera los trabajadores de las provincias y municipios. En concreto se termina legitimando un nuevo zarpazo al salario, tal como viene sucediendo sistemáticamente desde hace siete años. Y cínicamente, se le ofrece tanto a asalariados, como jubilados o monotributistas, distintas líneas de crédito: ¡se les propone que se endeuden para poder comer o pagar las tarifas!
Hay que comparar estas medidas con la realidad, teniendo en cuenta que antes de la devaluación ya la canasta para una familia tipo fijada por las y los trabajadores ATE Indec estaba en 386.000 pesos y la canasta de pobreza en 248.000. Esto quiere decir que, aún con los “paliativos” anunciados, millones ni siquiera van a poder cubrir la canasta de indigencia que con los nuevos aumentazos va a superar los 130.000 pesos.

Como contrapartida a todo esto, el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa también anunció premios para las patronales, eximiéndolas de impuestos y sacándoles las retenciones. Y fijó los próximos acuerdos de precios con una suba del 5% mensual (que encima los empresarios se niegan a cumplir, exigiendo más), lo que agravará la situación, mientras está aumentando la luz, el gas y el agua se viene con más del 200%.

Todas estas medidas han tenido el vergonzoso aval de la CGT, la CTA Yasky y el resto de la burocracia sindical. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda rechazamos el brutal ajuste que viene aplicando el gobierno y llamamos a defender en cada lugar de trabajo el salario y las jubilaciones, exigiendo un aumento de emergencia inmediato, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, indexado mensualmente. Señalamos también que detrás de todo esto está el acuerdo con el Fondo Monetario que avalan tanto Massa como el ultraderechista Milei y Patricia Bullrich. Reclamando a la CGT y las CTA que rompan el pacto con el gobierno y llamen a un paro y plan de lucha para enfrentar el ajuste.

Solo el Frente de Izquierda con la fórmula presidencial encabezada por Myriam Bregman y Del Caño, el “Pollo” Sobrero a gobernador en la Provincia de Buenos Aires y el resto de las candidatas y candidatos en el todo el país, dice que hay que dejar de pagar ya mismo la deuda externa y romper todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI, como medida básica para terminar con la pobreza y la miseria, implementando un plan económico de emergencia, obrero y popular, al servicio del pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Encima que el bono a las y los trabajadores de menores ingresos es apenas de 30.000 pesos por dos meses, sin calcularse para el aguinaldo, ahora resulta que varias provincias se niegan a abonarlo, aduciendo que “no tienen plata”, algunas, o usando la excusa que le sirvió en bandeja el propio gobierno nacional al dar los anuncios: que el bono ya está absorbido por el aumento paritario.

Córdoba, Neuquén, Jujuy, Tucumán, Santa Fé, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, Misiones y la ciudad de Buenos Aires ya avisaron que no harán efectivo el pago. Salta plantea dudas. Río Negro dijo que “no hay posición tomada”, dejando abierto si lo pagarán o no. Los gobiernos de Formosa, San Juan y Corrientes anunciaron por su parte que “lo evaluarán”.

En la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, éste ya anunció que no hará ninguna transferencia a los municipios para que se pague a los trabajadores de los mismos. Por lo que se viene una catarata de municipios que comenzarán a decir que no pueden hacerlo efectivo por falta de fondos.

Muchos de los gobernadores que anuncian no pagarlo pertenecen al propio peronismo. Todo esto es, sin duda, parte de la propia crisis política de Unión por la Patria y de dirigentes que ya se despegan por anticipado de los coletazos de una eventual derrota electoral en las elecciones de octubre. Pero en lo que realmente importa, el bolsillo del trabajador, los estatales provinciales y municipales van a camino a ser el pato de la boda: ni siquiera percibirán la miserable suma anunciada por el ministro y candidato Sergio Massa. Esto se suma a que muchas entidades patronales, entre ellas la propia Unión Industrial Argentina, CAME y la Cámara Argentina de Comercio, también rechazan el bono, abriendo el paraguas ante la realidad de que muchas empresas no lo pagarán.
Como vemos, las famosas medidas “paliativas” anunciadas por Massa hacen agua por todos lados.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

Los saqueos que vimos en los últimos días en el conurbano bonaerense y varias provincias, si bien no tuvieron las mismas características de los de las crisis de 1989 y 2001, sí dejaron al desnundo la degradación social, el avance de la marginación y la pobreza y el ajuste cada día mayor que se sigue descargando sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Más allá de las intencionalidades políticas, y del debate sobre si fueron coordinados o no y quienes podrían haberlos hecho, las escenas son escalofriantes: pobres contra pobres, grupos de jóvenes, que son los mismos que vemos, sin futuro, en las esquinas de los barrios, presa fácil de las bandas narcos o de caer en el paco, contra otros vecinos que los enfrentan, defendiendo pequeños comercios o kioscos.

¿Quién es el responsable? ¿Se trata simplemente de un problema de “seguridad”, como agitan algunos medios de comunicación? ¿O de “poner orden”, como dice demagógicamente Patricia Bullrich?
Estamos frente a la consecuencia de décadas de ajuste, abandono, y marginación social para millones. Es el resultado de casi treinta años, dos y a veces tres generaciones, que perdieron sus trabajos allá a comienzos de los años ‘90 y nunca volvieron a tener una ocupación digna. De una miseria que ya se hizo costumbre. Y que, en los últimos años, se fue agudizando para peor. Tenemos que poner nombre y apellido a los responsables. Fue culpa de Menem y Cavallo, las privatizaciones y la convertibilidad, que hizo desaparecer millones de puestos de trabajo (hay que remarcarlo porque ahora, con Milei, increíblemente vuelven las mismas recetas y hasta varios de los mismos personajes). Del desastre del gobierno de la Alianza. De los doce años de peronismo kirchnerista que, a pesar del doble discurso, mantuvo a millones en la pobreza y la marginación, sometiéndolos a sus redes clientelares, y a la desidia de gobernadores e intendentes. En el Gran Buenos Aires, por citar el ejemplo más dramático, hay municipios donde el peronismo gobierna ininterrumpidamente desde 1983, con barrios pobres donde nunca llegó ni el asfalto, ni el gas, ni los colectivos, viviéndose en la mayor marginación, cercana al sálvese quién pueda. Y, por supuesto, la responsabilidad mayor, por cercanía en el tiempo, de los dos últimos gobiernos, el de Macri con su ajuste salvaje y el de Alberto, Cristina y Massa, que supuestamente venía a “llenar la heladera”, “terminar con las políticas macristas” y terminó hundiendo a los sectores populares con más planes de ajuste, inflación y hambre.

Hoy es una realidad que el hambre y la miseria crecen. Como un movimiento de pinzas vemos más y más familias que recurren a los comedores populares. Ya no sólo va el desocupado, o quien que hace changas de vez en cuando. Incluso trabajadoras y trabajadores con salarios formales se ven obligados a recurrir al comedor popular, sencillamente porque no les alcanza. Pero por el otro lado de esta situación dramática, tenemos la denuncia de quiénes coordinan dichos comedores: “cada día llega más gente, pero cada vez nos entregan menos comida”. Sí, es verdad, el gobierno, en su ajuste para cumplir con el FMI, llega a achicar hasta la comida para los más pobres.

El achicamiento de las partidas sociales

Miremos algunos números de cómo fue empeorando año a año esta situación. Tomemos la Asignación Universal por Hijo (AUH), que perciben 4,3 millones de menores de 18 años y 2,5 millones de mayores. Cuando se creó en 2009, su monto cubría el 80% del valor de la canasta básica de alimentos. Durante el macrismo ya perdió la mitad de su valor, llegando a cubrir aproximadamente el 40%. Pero ahora cayó más aún: con ella se puede comprar apenas el 26% de dichos alimentos básicos (estudio de la consultora Analytica).
 
Otro caso dramático es el de las jubilaciones y pensiones. Desde diciembre de 2017 hasta hoy, tomando las dos últimas reformas de cálculo de movilidad jubilatoria (la macrista de ese momento y la del gobierno de Alberto Fernández de diciembre de 2019), las jubiladas y jubilados que perciben hasta dos mìnimas (el 90% del total), perdieron en términos reales el 50% de su haber. Para los que perciben un poco más (muchos de ellos apenas 150.000 pesos) la caída ya es catastrófica, del 100% (o sea que ganan la mitad que hace 8 años).

Por todo esto no es una sorpresa que la pobreza siga creciendo. La última medición oficial del Indec es del segundo semestre de 2022, y señalaba un 39,2%. Es obvio que desde entonces a ahora, ha crecido, y mucho. Es muy probable que cuando conozcamos los nuevos datos, se supere el pico de 42% alcanzado en la pandemia. E incluso se acerque  a la mayor marca desde que se lleva registro, del 44% en el primer semestre de 2004, cuando todavía se sentían las consecuencias de la crisis de 2001.

Sobre llovido, mojado: el actual ajuste

Encima de esta realidad dramática se produjo el brutal ajuste de este año exigido por el FMI y cumplido a rajatabla por el gobierno peronista del ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria). Según datos de la Oficina del presupuesto del Congreso, en la comparación interanual de enero-julio de este año con respecto al 2022, las partidas jubilatorias se achicaron en un 3,8%, la AUH 9,4%, las asignaciones familiares 35,2%, los otros programas sociales 21,3%, los subsidios a la energía un 22,9% (con la contrapartida que para “compensar” a las empresas privatizadas se produjeron los tarifazos) y las transferencias a las provincias 28% (impactando en la reducción de las partidas de educación y salud, que dependen de estas). Mientras se produce este ajustazo y vemos todos estos números a la baja, lo único que sube es la partida de pagos de intereses de deuda externa, que crece un 21,2%.

Este es el escenario sobre el que se produjo la devaluación del 22% del día posterior a las PASO, que generó la suba automática de todos los precios, empeorando catastróficamente todo lo que venimos relatando.

El gobernante Massa, el ultraderechista Milei y Patricia Bullrich sólo prometen seguir y profundizar el sendero del FMI y los pagos de deuda. O sea profundizar más aún el ajuste y esta dramática situación. De todas las opciones existentes para las elecciones presidenciales de octubre, sólo el Frente de Izquierda Unidad, con Myriam Bregman, Nicolás del Caño, el Pollo Sobrero y las demás candidatas y candidatos plantea una salida diferente, opuesta por el vértice: un plan alternativo, obrero y popular, que arranca por terminar con el ajuste, romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

Inmediatamente a la devaluación del 22% realizada por el ministro y candidato Sergio Massa a pedido del FMI, el conjunto de las patronales procedieron a remarcar sus precios, incluso mucho más allá de la real incidencia de dicha devaluación en sus costos. Salieron a preservar y, si se podía, a río revuelto a incluso ampliar sus ganancias.

En los días siguientes incluso avisaron mediante las cámaras respectivas, que no estan dispuestos a acatar el margen de aumento del 5% del que hablaba el gobierno. Por último, incluso protestaron ante el miserable bono de 30.000 pesos por dos meses para las categorías más bajas de asalariados, amenazando con trasladarlos inmediatamente a precios.

Los aumentos, que llegan hasta el 30% en los productos alimenticios y de primera necesidad, son llevados adelante por las grandes cadenas, que siguen registrando superganancias Así Arcor, empresa oligopólica en golosinas, enlatados y otros rubros viene de ganar más de 25.000 millones de pesos en la primera mitad del año. La otra gran alimenticia, Molinos Río de la Plata también registra ganancias por 9.000 millones, en el mismo período. Y no se trata sólo de este semestre. En 2022 la firma de los Pagani (Arcor) tuvo ganancias netas por 35.380 millones de pesos, un 7 % más que en 2021. Molinos Río de la Plata, perteneciente a los Pérez Compac, registró en 2022 un resultado positivo por 8.197 millones, un aumento de casi el 50 %, respecto al año previo.

Números muy parecidos muestra el resto de las empresas que monopolizan el 75% de lo que se vende en las góndolas: Unilever, Mastellone, Coca Cola, Sancor, Danone, Procter & Gamble, Pepsico Co, Mondelez, Nestlé, Bagley S.A., Molino Cañuelas, Ledesma.

Por si todo esto fuera poco, la cadena de comercialización también está concentrada en unas pocas cadenas de hiper y supermercados: Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea), Coto, Walmart (Changomás) y La Anónima, que también remarcaron desaforadamente en los últimos días para llevarse su porción.

Hay que terminar con estos abusos y salir a defender el bolsillo popular, retrotrayendo estos aumentos, congelando los productos de la canasta familiar y estableciendo un estricto control de precios con las sanciones que establece la ley de Abastecimiento.