Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Termina 2022 marcado por el tercer año de gobierno peronista del Frente de Todos, con índices sociales alarmantes, saqueo y entrega al FMI. Un año en el que, además del atentado contra la vicepresidenta, se dieron los triunfos en las huelgas del Sutna y los residentes de Salud por salario, a pesar de la traición de la CGT y las CTA. Para lo que resta del año y en vistas al 2023, Izquierda Socialista llama a redoblar los esfuerzos para postular al Frente de Izquierda Unidad, en las luchas y en las futuras elecciones, como parte de la pelea estratégica por lograr un gobierno de las y los trabajadores y de la izquierda y una Argentina socialista, contra este sistema capitalista que defienden tanto el peronismo, como Juntos por el Cambio y Milei. Levantamos desde ahora la fórmula presidencial unitaria Bregman-Solano para no ir divididos a las PASO.

Este 10 de diciembre se cumplieron tres años de gobierno peronista del Frente de Todos y treinta y nueve años de lo que se denomina “la recuperación de la  democracia”. El año que viene será fecha redonda, cuarenta años desde aquel 1983 en que se votó por primera vez tras la sangrienta dictadura militar. Es un buen disparador para mirar cómo está hoy la Argentina y el pueblo trabajador.

Hay un mensaje común entre los políticos patronales. Dicen que en estos años se lograron avances pero que sigue habiendo muchas “deudas de la democracia”. Una democracia, como se ve, al servicio de los ricos y grandes capitalistas.

Empecemos por señalar que la caída de la dictadura y la conquista de las libertades democráticas se dieron por la lucha de la clase trabajadora y sectores populares, no por Alfonsín ni el peronismo. A casi cuatro décadas de ello, solo se puede observar más pobreza e indigencia, marginalidad social y dependencia con el FMI.

¿Cómo puede ser que a un país rico lo hayan dejado ante semejante desastre y postración? Esto ocurrió por culpa de todos los gobiernos, sean radicales, peronistas con sus distintas alas, el macrismo, los denominados de centroizquierda, centroderecha o nacionales y populares. Eufemismos que tratan de diferenciarlos y no unirlos por lo esencial, nada más y nada menos que por gobernar manteniendo los pilares de este sistema capitalista generador de más ajuste, saqueo y destrucción ambiental, obligando a  millones a vivir con ingresos miserables ante una inflación del 100%.

Con el ejemplo del Sutna y los residentes

El hambre y el robo salarial fruto de las actuales políticas incentivan las luchas. Muchas de ellas han triunfado, generando un gran aliciente. Hace semanas las y los residentes de CABA, con una verdadera “marea blanca” de autoconvocados rebelados, lograron un gran triunfo salarial. Esta lucha sigue en el Garrahan, el Posadas y otros sectores. Personal de salud a quienes tanto Alberto Fernández y Larreta los consideraban imprescindibles y esenciales en la pandemia, ahora son descartables, víctimas de salarios miserables y pluriempleo explotador.

Este año también se dio la heroica lucha de los trabajadores del neumático nucleados en el Sutna, que con una tremenda fuerza desde abajo y una conducción combativa derrotaron a las políticas de las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, logrando un gran triunfo y avance salarial. Esto demuestra que las luchas se pueden ganar, augurando como perspectiva para el año que viene que la pelea por el salario y contra la brutal inflación será una constante, más allá del rol traidor de las conducciones sindicales burocráticas. El triunfo del sindicalismo combativo y unitario en el gremio Ademys, y la amplia campaña de solidaridad contra el desafuero de su dirigente Jorge Adaro, demuestran que hay que seguir fortaleciéndolo para coordinar las luchas y fundamentalmente para dar pasos en una nueva dirección combativa y democrática para el movimiento obrero.
 
Indigencia para millones, grandes ganancias para una minoría

El informe conocido la semana pasada por parte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) arrojó datos escalofriantes. La pobreza ascendió al 43% y la indigencia al 8%, porcentajes que si se les descontara la asistencia social llegarían al 50% y al 20% respectivamente.

Lo inédito es que el registro devela que los nuevos pobres no son solo quienes no tienen nada, sino las y los trabajadores formales, de sectores populares y medios. Los ocupados pobres crecieron al doble desde 2017. Estas cifras son más alarmantes cuando se mide el impacto sobre las mujeres, niñas y niños. Otro tanto pasa con las y los jubilados, sumergidos en una mínima de 50.000 pesos, por debajo de la canasta de indigencia que está en 62.000 pesos.

La canasta de pobreza alcanzó los 139.000 pesos y según los cálculos de ATE Indec se necesitan 217.000 pesos como piso mínimo para que una familia tipo pueda acceder a lo esencial. Ante ello el gobierno profundiza el ajuste, con la baja de 20.000 planes Potenciar Trabajo, y la reducción de las partidas en Salud, Educación, Discapacidad y Vivienda, entre otras, plasmadas en el Presupuesto 2023 votado por el peronismo y Juntos por el Cambio.

Por otro lado, lo que creció en estos años del gobierno peronista del Frente de Todos fue la regresión en la distribución del ingreso, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Esto no es casual. Se debae a que el gobierno, mientras vende que los males son por la pandemia y la guerra en Ucrania, deja en la impunidad a los formadores de precios para que los aumenten sideralmente; decreta el dólar soja a 230 pesos para los oligarcas del campo, pooles de siembra y multinacionales agroexportadoras; fija retenciones cero para las automotrices extranjeras; otorga más beneficios para las petroleras, megamineras y saqueadoras del litio; incentiva con un blanqueo a los que se fugaron millonadas al exterior; y pagó más de 12.000 millones de dólares de deuda externa a los usureros internacionales, mientras se vienen vencimientos superiores en monto desde el 2024 en adelante. Esta es la pura realidad.

La renuncia de Cristina a ser candidata provoca más crisis en el gobierno y el peronismo

Día tras día se sigue expresando la enorme crisis política del gobierno y del conjunto del peronismo. La condena a Cristina por enormes hechos de corrupción bajo su anterior gobierno ha provocado un tembladeral en sus filas. Si bien era una condena esperada, llevó a que Cristina renunciara a ser candidata, y a que se puedan reabrir otras causas que involucran a Máximo Kirchner.

“No voy a estar en ninguna boleta electoral”, dijo. Cristina graficó que sería un karma para ella y el peronismo ir a una campaña electoral en esas condiciones. Era la noticia que no hubiera querido recibir Axel Kicillof, quien se jugaba a no perder la estratégica provincia de Buenos Aires prendido a Cristina candidata. Tampoco el burócrata kirchnerista Roberto Baradel, de quien en el reciente congreso de Suteba lo único que se escuchó fueron arengas para su tropa por “Cristina 2023”.

Si bien puede haber un operativo clamor para revertir la decisión (Larroque y La Cámpora dicen que es definitiva), el desconcierto y desazón de sus seguidores ya está. Ante un Alberto Fernández que ha quedado en modo decorativo y un Massa echado a su suerte aplicando un brutal ajuste, diciéndole a su familia que aceptar ser ministro sería su último acto en la vida pública, quien quedaba era Cristina. ¿Y ahora? ¿Alguien puede creer que los nombres que se barajan en la sucesión como Wado De Pedro, Manzur y Capitanich van a generar pasión y entusiasmo?

El trasfondo de la decisión de Cristina hay que buscarlo en la crisis profunda del gobierno y del peronismo, perdiendo por todos lados. El año que viene seguirá el mayor ajuste, y las encuestas le daban que si bien tiene un 25% de núcleo duro, su imagen negativa llega a casi el 70%, lo que llevaría a que pierda en una segunda vuelta. Millones la ven preocupada solo por sus causas judiciales, no por la inflación o los bajos salarios, de lo cual no habla tras su claro apoyo a Massa y su alineamiento más decidido a Estados Unidos, como lo prueba su entrevista con el embajador norteamericano.
Su frase “me quieren muerta o presa”, o que la quieren proscribir porque no la bancan los poderosos, es la muletilla que vienen esgrimiendo desde el gobierno para salvar a un peronismo que lejos de ser una amenaza para los grupos concentrados, solo puede exhibir más ajuste, inflación y dependencia con el FMI.
 
La salida es la izquierda

El gobierno y la oposición patronal de Juntos por el Cambio hacen todo mirando las elecciones del año que viene. Se pelean por el manejo de los jueces (hubo una sesión escandalosa en Diputados) pero coinciden en el ajuste y el sometimiento al FMI.

Si el peronismo está en crisis, ni hablemos de Juntos por el Cambio. Están en una crisis brutal, tanto PRO como la UCR. Pidieron que se mantengan las PASO para evitar rupturas internas y canalizar por esa vía sus peleas salvajes con varias candidaturas presidenciales, mientras Macri sigue en Qatar a fuerza de papelonazos tipo “Alemania es peligrosa porque representa la raza superior”.

Larreta, para oxigenarse, se fue a Estados Unidos para mostrarse como presidenciable. Patricia Bullrich, su contrincante, también viaja en estos días a ese país donde disertará sobre “corrupción y narcos”, mientras en el imperialismo yanqui donde nunca se condena a ningún capo de la droga y es el principal paraíso fiscal del mundo.

Milei, por su parte, viene creciendo con un peligroso discurso de ultraderecha, postulando sus políticas fundamentalistas de capitalismo salvaje, anti obreras y represivas. Reivindica al gobierno entregador de Carlos Menem y al Cavallo ajustador que estuvo con la dictadura, el peronismo y el radical De la Rúa. Milei siempre deja claro que podría ir a las elecciones en un pacto con la ajustadora y represora Patricia Bullrich. Por eso cuando las encuestas dan un gran porcentaje de electores que dicen que quieren “algo nuevo”, les decimos que todos ellos ya gobernaron y que lo único distinto es el FIT Unidad.

Decimos categóricamente que la salida es la izquierda. Lo único distinto y necesario para el pueblo trabajador es la unidad de la izquierda conquistada con el Frente de Izquierda Unidad, que nunca gobernó y viene enfrentando a todos los gobiernos capitalistas desde su conformación en 2011.

A las y los luchadores y a la extendida vanguardia sindical, del movimiento de mujeres y disidencias, de la lucha ambiental y juvenil, les decimos que den el paso de abandonar a los viejos partidos y políticos capitalistas y se decidan por fortalecer al FIT Unidad, en las luchas y para las elecciones.

El Frente de Izquierda viene creciendo en estos años con sus propuestas de fondo, acompañando los reclamos obreros y populares, siendo parte del sindicalismo combativo y denunciando a todos los políticos del sistema. Esta coherencia y trayectoria que llevó a que hiciera una gran elección el año pasado, logrando la mayor cantidad de bancas al Congreso Nacional, bancas en las legislaturas e incluso concejales en el conurbano donde se decía que nunca lo iba a lograr. Lamentablemente el FIT Unidad no se siguió postulando en los últimos meses por culpa de las políticas auto proclamatorias del PO y el PTS, las cuales venimos combatiendo y llamando a cambiar.

El FIT Unidad no puede ir dividido el año que viene a las PASO. Por eso desde Izquierda Socialista estamos proponiendo una fórmula única presidencial, con Bregman-Solano, para ir unidos con toda nuestra militancia frentista a dar la pelea electoral con una política unitaria contra los candidatos patronales. Se deben respetar los acuerdos y equilibrios entre las distintas fuerzas que conformamos el Frente, en base a los resultados de las últimas elecciones, manteniendo la rotación de las bancas. Para ello ponemos a disposición a nuestras figuras y candidaturas (ver "Ponemos a disposición nuestras principales candidaturas").

Apoyar las luchas y al sindicalismo combativo, y batallar por una salida de fondo postulando en los reclamos cotidianos y en las elecciones al FIT Unidad, es la mejor forma de sortear positivamente los próximos desafíos.

Escribe José Castillo

La pobreza sigue aumentando en nuestro país. Lo mismo la indigencia. Ya no basta con tener trabajo, tres de cada diez personas con empleo también son pobres. Es el resultado de años de planes de ajuste, ejecutados por todos los gobiernos al servicio de las ganancias empresarias y el saqueo de la deuda externa.

Se conocieron los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA del tercer bimestre del año. Los números son aterradores. La pobreza creció al 43,1% (17 millones de personas). Con estos valores se encuentra en los máximos niveles desde 2010, con la única excepción del comienzo de la pandemia.

Se trata de 17 millones de personas. La mitad de ellos, 8,5 millones, tienen además elementos de pobreza estructural (falta de cloacas, sanitarios, educación, problemas de hacinamiento).Tres de diez tienen tres o más carencias. El 9,4% se encuentra en “insuficiencia alimentaria severa”. El  9,9% no tiene acceso a agua corriente y dos de cada diez viven cerca de basurales.
Menos de dos de cada diez pobres acceden a un empleo pleno.

De estos 17 millones de pobres, 8,5 millones son directamente indigentes, no llegando a poder adquirir mensualmente la canasta básica de alimentos. Si no existiera la asistencia social la pobreza ya superaría el 50 y la indigencia el 20%, respectivamente. Sin embargo, como explicamos en otra nota más abajo, los montos de esa ayuda cada vez son más insuficientes.

La pobreza afecta no solo a los desocupados. De los que trabajan 29,8% no llegan a la canasta básica total (ver "Trabajadoras y trabajadores cada vez más pobres").

La pobreza crece al compás de los pagos de deuda externa

El crecimiento de la pobreza no es nuevo. En los últimos cuarenta años vivimos sometidos a los planes del FMI y pagamos miles de millones de dólares en concepto de una deuda externa ilegal, inmoral y usuraria, contraída por la dictadura y reconocida y pagada por todos los gobiernos posteriores. Mientras que en 1974 teníamos 4% de pobres, durante la década del ‘80 esto creció al 20%, pasó al 30% durante la convertibilidad y ahora está arriba del 40%. Agustín Salvia, director del Observatorio Social, lo grafica así:  “hay dos generaciones de pobres y una tercera en gestación”. En este siglo, un 7% de la población que antes podía ser considerada “clase media” cayó bajo la línea de pobreza y nunca más pudo recuperarse.  

La contrapartida de todo es que las patronales nacionales y extranjeras hicieron y siguen haciendo superganancias. Así, el reparto de la torta distributiva es cada vez más desigual. En el gobierno del Frente de Todos en particular, estamos viendo los privilegios que perciben los monopolios exportadores de soja, las multinacionales automotrices, petroleras y de la megaminería, o las grandes alimenticias e hipermercados, a los que se les brinda acceso a dólares a valores diferenciados, mientras se ajusta al pueblo trabajador. Y también, como siempre, la continuidad de los pagos de deuda externa a los pulpos especuladores y el FMI.

Se necesita un plan económico de emergencia

Terminar con la pobreza y la indigencia es la prioridad número uno. Para eso es necesario poner en marcha un programa de emergencia, obrero y popular. Que comience con suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper con el FMI, para poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares: un aumento salarial para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 217.000 pesos), que luego actualice mensualmente por inflación; un incremento jubilatorio para llevar la mínima al valor de la canasta de la tercera  edad (151.478 pesos); un plan de viviendas populares que genere los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan para terminar con el desempleo; y plata para educación y salud de calidad.

Escribe José Castillo

Un hogar de familia tipo que percibía en julio pasado el Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar, alcanzaba en julio a cubrir el 97% de la canasta básica alimentaria. Hoy, apenas si llega al 87%. Eso implica que en apenas cuatro meses, perdió el 10% del poder adquisitivo. Hoy esa familia percibe 27.725 pesos por el Potenciar Trabajo (medio salario mínimo, vital y móvil), dos AUH (13.553 pesos) y la tarjeta Alimentar (13.500 pesos). Un total de 54.328 pesos, mientras que la línea de indigencia está en 62.106 pesos.

Sobre esta dramática realidad, el gobierno habla de ajustar más, reduciendo planes o “desenganchando” el Potenciar Trabajo del salario mínimo, vital y móvil, para que ni siquiera llegue al 50%. Una auténtica vergüenza, al servicio de que cierren los números del ajuste que ordena el FMI. Exigimos, tal como proponen los movimientos sociales combativos, un incremento urgente del valor de los planes, que no haya bajas ni congelamiento de los mismos y, sobre todo, que se lleve adelante un plan de obras públicas en base al no pago de la deuda para generar trabajo genuino.

Escribe José Castillo

En nuestro país cada vez más personas con trabajo no escapan al flagelo de la pobreza. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA el 29,8% de los ocupados (un tercio) son pobres. En 2017 ese número era el 15,5%. O sea que los ocupados pobres crecieron al doble desde 2017. El gobierno del Frente de Todos no solo no recuperó los salarios hundidos por el macrismo, sino que los empeoró.
Los que tienen un empleo de tiempo completo no escapan a este fenómeno. En 2017 apenas el 4,7% de ellos eran pobres. Hoy, este número asciende al 13,9%. Por supuesto, mucho peor la pasan las y los precarizados: en 2017 ya el 15,5% cobraban salarios que los dejaban debajo de la línea de pobreza. Ahora están en esa situación el 31% (uno de cada tres).

¿Qué reflejan estos números? Que la “recuperación” económica post pandemia de la que se jacta el gobierno del Frente de Todos se hizo a costa de nuevos puestos de trabajo con salarios de miseria. Los miles de puestos de trabajo formales perdidos en 2020 fueron canjeados por puestos super-precarizados, que sumen a las y los trabajadores en la pobreza. Los que están en blanco también caen, reflejando que los aumentos paritarios no llegan ni de lejos a cubrir la pérdida inflacionaria.

Hoy abundan trabajos precarios que pagan 70.000, 60.000 e incluso 50.000 pesos, totalmente por debajo del nivel de indigencia. La media de las y los asalariados no llega a los 150.000 pesos, cuando una familia tipo necesita, según los cálculos de los trabajadores de ATE Indec, al menos 217.000 pesos para vivir.

Esta es la realidad que dejan correr la burocracia sindical de la CGT y las CTA, por medio de su pacto con el gobierno. Las y los trabajadores no pueden ser más la variable de ajuste. Se necesita un aumento de emergencia que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar citada más arriba. Que a partir de allí se reabran todas las paritarias y se otorguen los aumentos proporcionales a cada escala. Y que todo se reajuste mensualmente mientras siga esta inflación desaforada. Hay que exigir un paro general y plan de lucha a las centrales para luchar por estas reivindicaciones y parar el ajuste.

Escribe José Castillo

El acuerdo firmado en marzo con el FMI obligó al gobierno peronista del Frente de Todos a realizar un gran ajuste en este 2022 que está culminando. En concreto, se achicaron todas las partidas (en la inmensa mayoría de los casos por el simple expediente de no indexarlas por la inflación correspondiente) para alcanzar un déficit fiscal de 2,5% del PBI. Lo vienen sufriendo en estos meses todos los trabajadores del estado (sean administrativos, docentes o trabajadores de la salud), así como los que perciben planes sociales y el conjunto del pueblo trabajador que vive cotidianamente el deterioro de los servicios de educación, salud, vivienda, etcétera.

La contrapartida de este ajuste fue que el Fondo envió dinero para cubrir los vencimientos con el propio organismo. El año próximo esto no sucederá: será mucho más lo que hay que pagarle a este organismo que los desembolsos que llegarán. En concreto, tendremos que pagarle en efectivo al FMI 3.500 millones de dólares, que deberán salir de nuestras propias reservas. Al mismo tiempo, el ajuste que se debe realizar, según lo acordado en la firma del acuerdo, será mucho mayor: tendrá que llegar a un déficit fiscal de 1,9% del PBI. En síntesis, más hambre y más entrega. Esa es la perspectiva del acuerdo con el Fondo para el 2023. Motivos más que de sobra para plantear romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa.