Escribe Viviana Carranza, ex comisión directiva Foetra Buenos Aires por la minoría, Lista Roja

El viernes 21 el presidente Alberto Fernández anunció que se declaran servicios públicos a la telefonía celular, internet y el cable para “garantizar el acceso a todas y todos”. El decreto invoca “la continuidad, universalidad y accesibilidad” de estos servicios y la intención de promover planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria. Al mismo tiempo, dispone el congelamiento de tarifas hasta fin de año.

Miles de usuarios ven con alivio y simpatía estos anuncios, sobre todo en los sectores populares donde se sufre el impacto de las tarifas exorbitantes de estos servicios, indispensables en la cuarentena para trabajar, estudiar, estar conectados con familiares, y donde se nota la gran diferencia entre quienes pueden pagarlos y quiénes no.

No faltan las críticas y “cacareos” de las multinacionales y del macrismo hablando de la libertad de mercado, amenazando con que “caerán las inversiones”, etcétera. Así defienden y ocultan las inmensas ganancias de Telefónica-Movistar, Telecom-Cablevisión y Claro. Hacia fines de 2019 ya habían aumentado sus tarifas 10 puntos por encima de la inflación, según el Indec, y en abril aplicaron nuevos aumentos de hasta 35 por ciento. Como si fuera poco, se triplicó el consumo de internet, celulares y cable por la cuarentena. Lejos de ser afectadas por la crisis económica, las empresas saldrán de esta pandemia multiplicando sus ganancias.

Muchos esperan que, tras el anuncio, haya un cambio en las reglas de juego. Lamentablemente eso no sucederá. Nos encontramos frente, otra vez, al doble discurso del gobierno de Fernández. 

El decreto, en lo esencial, vuelve a darle al Estado el poder de controlar las tarifas, que ya se habían regulado en 2015 con la Ley Argentina Digital. Sin embargo, tampoco esa ley del gobierno de Cristina garantizó en su momento tarifas accesibles y un mejor servicio.

Ahora el único anuncio concreto es la prórroga del congelamiento tarifario hasta diciembre, con la postergación del aumento previsto en septiembre, de 15 por ciento. Se “patea  para adelante” el tema tarifario en medio de una posible aceleración inflacionaria con el avance de la crisis económica.

Desde la escandalosa privatización de Entel, las multinacionales no han dejado de multiplicar ganancias con la ayuda, también, de los distintos gobiernos peronistas. No solo el del nefasto Menem, que regaló la Entel estatal a cambio de papeles de la deuda externa. También, mientras se promulgaba la famosa “Ley de Medios” (2009), y bajo los furiosos discursos peronistas kirchneristas “anti-Clarín”, se les abrió la puerta a las telefónicas para “agrandar” su negocio con internet y el cable, y además se quedaron con el 4G.

Pero ahora, si alguien tenía dudas sobre la intención del gobierno de Alberto Fernández, Claudio Ambrosini, titular del Enacom, organismo que regula los servicios de estas compañías, se apuró a aclarar: “La idea no es que las empresas pierdan plata… ni estatizarlas, ni nada de eso”. Por eso ni siquiera se piensa en aumentar el miserable 1% de las ganancias de las empresas que recauda el organismo.

Mientras tanto, con el título rimbombante Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicios TIC para Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia Covid-19, se entregarán 18.000 tarjetas telefónicas cargadas… con 250 pesos, una medida que no resuelve la falta de inversión de las empresas en los sectores menos rentables. En los barrios populares de Capital y el conurbano, y en innumerables zonas del interior del país, se multiplican los problemas de señal, incomunicación o servicios totalmente deficientes, como ya quedó demostrado con el fracaso del intento de la “educación virtual”.

¿Cuál es la solución?

El acceso a la conectividad, con servicios de calidad en internet, telefonía y cable con tarifas accesibles, es cada vez más necesario y se vuelve imprescindible, como queda demostrado en la cuarentena. Las multinacionales Telefónica-Movistar, Telecom-Cablevisión y Claro, que tienen en la mira solo sus ganancias y de acuerdo a ellas invierten o no, o directamente se llevan la plata fuera del país, no resolverán el problema de millones de argentinos.Tampoco la postergación de un aumento tarifario ni los discursos del gobierno.

Hay que garantizar el derecho al acceso real a las telecomunicaciones y a la información, otorgando un triple play (telefonía fija y celular, cable e internet) accesible y universal, con tarifas populares. Eso obviamente nunca se logrará mientras el negocio lo sigan manejando pulpos transnacionales como Telefónica, Telecom o Claro, o grupos locales como Clarín. 

Solo una empresa estatal única, que centralice la expansión de las redes, la infraestructura y las inversiones necesarias respondiendo a un plan nacional al servicio de la mayoría de los trabajadores y sectores populares, que esté orientada al desarrollo económico y social y no a las ganancias, puede ofrecer un verdadero servicio público y de calidad con tarifas accesibles. Para esto, la única salida real es la reestatización de las empresas de telecomunicaciones y su puesta en funcionamiento controladas por trabajadores y usuarios.

Escribe Martín Fú

Luego de más de cien días de haber desaparecido, y ante el hallazgo de un cuerpo que podría ser el de Facundo Castro Astudillo, somos muchos los que nos preguntamos qué pasó y qué hicieron con Facundo. Es lógico, porque desde un primer momento su desaparición estuvo atravesada por hechos, declaraciones y noticias que a cualquier persona la llenan de incertidumbre e interrogantes. Hasta hoy sabemos que la policía bonaerense dilató el trámite de la denuncia de su desaparición, como lo ha dicho su madre. Pasaron 41 días hasta que fue aceptada. También sabemos que la fiscalía orientó su trabajo en hipótesis muy alejadas de lo que probablemente ocurrió con Facundo, siguiendo pistas y testigos plantados por la policía y hasta una “pista” que busca relacionar la causa con el narcotráfico, alentada por el intendente de Villariño. Berni, responsable político de la bonaerense, sólo ha tratado desde un primer momento de encubrir a la policía y recientemente hizo repudiables declaraciones en las que afirma que “no es una desaparición forzada” y que “se ha montado un show con el caso Facundo”.

En la desaparición de Facundo no hay “grieta” y, como sucedió en la era Macri, en este caso se ha sellado un pacto entre el gobierno, el ministro Berni, la fiscalía –la familia pidió en dos oportunidades la recusación del fiscal– y el juzgado, que busca encubrir a la policía y apunta a que nunca sepamos realmente qué pasó. Son visibles los puntos en común con la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en 2017, el rol del gobierno de Macri con la ministra Bullrich encubriendo el accionar de Gendarmería y la Justicia acompañando el encubrimiento.

El lunes, Cristina Castro y sus abogados fueron recibidos en Olivos por el presidente Alberto Fernández, y por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. A la salida de la reunión, los abogados repitieron que el cuerpo fue plantado “torpemente” en el lugar donde se lo encontró y que seguirán buscando respuestas para todas sus preguntas. Cristina Castro declaró que “quería tener un cara a cara con Berni” y que le ratificó al presidente que la responsable de la desaparición de Facundo es la policía. El reclamo de la remoción de Berni tampoco fue tomado por el Ejecutivo nacional ni por el provincial.
La madre de Facundo, horas antes de su encuentro en Olivos, afirmó que “si sos joven y pobre, para la bonaerense sos un peligro a exterminar”.
El martes 25 comenzó en la ex ESMA la postergada autopsia, muchos dudarán y se preguntarán si podemos confiar. Si la causa no está influenciada por el gobierno y la policía buscando eludir responsabilidades. Ya de por sí, los peritos convocados por la familia de Facundo dicen que el tratamiento de la escena donde se encontró el cuerpo pisoteó todos los protocolos previstos. Conocemos la calidad del trabajo del Equipo de Antropología Forense, pero creemos que sumar una comisión investigadora independiente es la mejor forma de garantizar que se llegue a la verdad. Una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, profesionales idóneos, organizaciones sociales y políticas, junto con personalidades destacadas e intachables para saber qué hicieron con Facundo.

 Es fundamental y necesario seguir movilizados y denunciando, frente a este ataque a las libertades democráticas tan esenciales, como es la desaparición forzada de personas, a los gobiernos, en este caso el nacional de Alberto Fernández, y el de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. En los últimos meses se han multiplicado los casos de gatillo fácil, violencia institucional y desapariciones, algo que no podemos ni vamos a permitir.

Los avances en la investigación se deben principalmente a la lucha y la garra que le han puesto Cristina Castro, madre de Facundo, sus abogados, acompañados desde un primer momento por miles que replicamos, movilizados, el pedido de aparición con vida de Facundo. Esto fue poniéndonos del lado de la familia, acompañando sus reclamos y participando de las marchas y actividades.
Así lo hacemos desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y en el interior del país confluyendo con diferentes organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de izquierda. Hay un gran sector de la población que abraza a Cristina y su lucha. Esto se plasmó el pasado jueves 20 de agosto en una jornada nacional en CABA, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otras ciudades, donde Izquierda Socialista fue parte importante de las marchas. En CABA, participando de una movilización desde Plaza de Mayo hasta la Casa de la Provincia junto con el EMVJ. En una marcha convocada por el FIT Unidad, en Córdoba habló la legisladora electa por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Noelia Agüero, sumándose otras organizaciones sociales y políticas. En Neuquén, en una marcha de la Multisectorial, donde por nuestro partido Angélica Lagunas y Gastón Rivero dieron su saludo y pidieron por Facundo, denunciando al gobierno y la bonaerense, exigiendo juicio y castigo a los responsables frente a la casa de gobierno.

Las actividades continuarán esta semana, el 27 en Plaza de Mayo. El EMVJ se declaró en estado de alerta y movilización ante cualquier noticia que surja de las pericias y la investigación para salir a las calles inmediatamente, de ser necesario.

Esto es imprescindible para conocer toda la verdad sobre lo que sucedió con Facundo Castro Astudillo y castigar a todos los implicados en su desaparición.

Queremos saber qué pasó con Facundo. ¡El gobierno y la bonaerense son responsables!

Escribe Adolfo Santos

La desaparición de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca, coloca bajo sospecha a la policía bonaerense. No es casual que haya sido separada de la investigación del caso, ahora a cargo de la Policía Federal. A pesar de eso, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, respaldado por el gobernador peronista Axel Kicillof, continúa defendiendo su actuación: “Se han dicho muchas cosas, pero la jueza nunca ha determinado ningún vínculo de la desaparición de Facundo con la policía” (Clarín, 16/8).  

Lejos de actuar con transparencia, Berni protege un cuerpo policial plagado de denuncias y que está estrechamente relacionado con los hechos, ya que detuvo a Facundo dos veces aquel día, aparece fotografiado por celulares policiales y se encontraron elementos personales del desaparecido en una dependencia policial. Con absoluta razón, Cristina Castro, la madre del joven, denunció: “A mi hijo lo desaparecieron”, y pidió la renuncia de Berni.

En el mismo sentido, los abogados de la familia, que han mostrado una serie de contradicciones en el procedimiento policial, acusan al ministro de Seguridad de ser responsable de movimientos irregulares para encubrir a agentes de las fuerzas de seguridad sospechados como autores materiales de la desaparición. En vez de responder a las acusaciones con argumentos, Berni contraataca usando su estilo “mano dura” para tratar de intimidar: “El abogado de la familia va a tener que responder por cada una de las barbaridades que dijo en estos días”. En las actuales circunstancias, quienes deberían responder son las autoridades de la provincia, comenzando por su gobernador, Axel Kicillof, responsable político de una policía con una historia de atrocidades que no ha sido capaz de desmantelar.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad nacional, salió a defender a su colega bonaerense: “No podemos decir que Facundo sea el Maldonado de Berni. Las circunstancias fueron distintas”, expresó, tratando de bajar un cambio. No explica cuáles serían las circunstancias distintas, ni por qué fue separada la policía bonaerense del caso, lo que indica un claro indicio de la responsabilidad de esa fuerza en la desaparición de Facundo, tal como denuncia la madre. Si se comprueba que el cadáver hallado por pescadores en un cangrejal corresponde al de Astudillo Castro, en vez de diferencias comenzaremos a encontrar semejanzas con Santiago Maldonado, plantado por Gendarmería en el río Chubut.

La violencia institucional es patrimonio de todos los gobiernos

Diferente de lo que afirma Federic, que “estos casos de violencia vienen por inercia del gobierno anterior”, para nosotros son parte de un sistema de seguridad cuyo eje es la represión. La desaparición forzada de personas no es patrimonio exclusivo del gobierno Macri, ha estado presente en todos los gobiernos patronales. En su informe de 2015, la Correpi denunciaba que las desapariciones forzadas, que tienen como símbolos a Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano, acontecidas durante gobiernos peronistas kirchneristas, ya sumaban doscientas desde la vuelta de la “democracia” en 1983. Y acontecen en todos los gobiernos patronales, sin distinción de partido político, porque todos mantienen intactos los aparatos represivos, una estructura que solo se justifica cuando la concepción de seguridad se asienta en el autoritarismo y la represión.

Por eso Facundo Astudillo no es la única víctima de “violencia institucional” durante este gobierno. En mayo, Mauro Coronel, un joven santiagueño de 22 años, fue detenido por la policía del radical kirchnerista Gerardo Zamora, del Frente Cívico, y acabó muriendo en el Hospital Regional “Ramón Carrillo” como consecuencia de la brutal tortura sufrida. Este domingo 23, Franco Daniel Martínez, de 21 años, que estaba desaparecido desde el 23 de julio en Lomas de Zamora, fue encontrado ahorcado en la Reserva Ecológica. Frente a la prisa demostrada por la fiscal para cerrar el caso y cremar el cuerpo, caratulando el hecho como suicidio, los familiares se opusieron denunciando falta de investigación por parte de la policía bonaerense y exigen una investigación rigurosa.

No basta hacer declaraciones manifestando preocupación, como hace el presidente Alberto Fernández, es necesario adoptar medidas para desmantelar el aparato represivo y acabar con esta aberración que viene desde la dictadura. Exigimos la renuncia de Sergio Berni, como solicita la familia de Facundo, y la separación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por “displicencia bordeando la actitud dolosa” por parte de los abogados de la defensa. Es necesaria la prisión preventiva de los policías envueltos en la detención de Facundo para evitar la destrucción de pruebas y abrir una investigación independiente para examinar la actuación de la policía bonaerense en el caso Facundo Astudillo.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Desde que comenzó la cuarentena, y con ella un reforzamiento del accionar de las fuerzas represivas a escala nacional, un debate cruza a la izquierda y los espacios de articulación de la lucha por los derechos humanos. El decreto presidencial 297/20 dio luz verde a una catarata de atropellos del conjunto de las fuerzas, que ya se cobró alrededor de un centenar de vidas, incluyendo desapariciones forzadas, gatillo fácil y “suicidios” en situaciones de detención. Ante este marco, desde Izquierda Socialista, en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hemos insistido una y otra vez en que no podía dejar de señalarse la responsabilidad del gobierno nacional en la escalada represiva que estamos atravesando.

En concreto, manifestamos que es equivocado que al nivel de las consignas, que son el mensaje que masivamente buscamos instalar a la hora de desarrollar la movilización, se omita señalar la responsabilidad de los gobiernos. Algo que lamentablemente viene pasando, tanto en el EMVJ como en buena parte de las intervenciones, incluso, de nuestros compañeros del FIT Unidad.

Se rompe así con el accionar que teníamos de conjunto durante el gobierno de Macri, donde jamás dudamos en decir ante el caso de Santiago Maldonado y cada hecho represivo “el gobierno es responsable”. Creemos que levantar esa consigna cuando gobiernan macristas, y bajarla cuando gobiernan peronistas, es algo equivocado, y que, en definitiva, va a terminar minando la propia autoridad política ganada por espacios como el EMVJ.

¿El Estado y no el gobierno?

Para nosotros tiene una importancia clave combatir tanto la idea de que los efectivos de las fuerzas de seguridad, como el propio aparato del Estado, son una fuerza inerte y autónoma que hace lo que quiere sin participación del Poder Ejecutivo, del gobierno. En concreto, fue en este caso un decreto presidencial el que empoderó a las fuerzas represivas a escala nacional. Los gobiernos provinciales ejecutaron ese mandato con indicaciones particulares a las fuerzas locales. Por ende, son responsables.

Sumemos. En el caso de Facundo, Cristina Castro, su madre, insistió en la necesidad de remover al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un personaje con prontuario de colaboración con genocidas y que quedó a cargo de la investigación oficial del caso, colaborando permanentemente con la bonaerense y obstruyendo los pedidos de los abogados. ¿Acaso alguien niega que el apoyo del gobierno nacional al reclamo de remoción no hubiese logrado ya que se lo separe? El gobierno guarda acá también su responsabilidad política al no intervenir. Como la tiene también al sostener a Sergio Berni en su cargo.

Por último, pero no menos importante, las fuerzas de seguridad de nuestro país fueron forjadas en el período post dictadura a imagen, semejanza y necesidades de los partidos patronales. Nadie puede negar que en el ADN de la bonaerense está el PJ. A esta altura del partido está claro que las fuerzas de seguridad son cómplices de las redes de narcotráfico y de trata, de los desarmaderos de autos, de todo un volumen enorme de dinero “en negro”, y que ese universo no podría existir sin la connivencia del poder político, que incluso una y otra vez es denunciado de financiarse en ese circuito. Es lo que señalan los abogados en el caso de Facundo. La protección a ultranza del poder político local a la bonaerense no puede verse de forma escindida de los negocios turbios que hace tiempo se denuncian en torno del puerto de Bahía Blanca.

Por todo esto es que creemos un error no señalar con firmeza las responsabilidades políticas ante la escalada represiva y la desaparición de Facundo Castro. Desde nuestro lugar de defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas debemos tomar como estratégico poder colaborar para que el pueblo trabajador saque la conclusión de que estos gobiernos patronales siempre operan de la mano de un apuntalamiento del poder represivo, y más en momentos de graves crisis como la actual.

El PTS, en este debate en la última reunión plenaria del EMVJ, argumentó que decir “el gobierno es responsable” en el caso de Facundo, implicaría decir “fuera Kicillof”. Esto es falso, e incluso no se condice con la propia acción del PTS, que levantó “el gobierno es responsable” en 2017 sin jamás impulsar el “fuera Macri”. Señalar la responsabilidad política es una forma de exigir respuestas a quién puede darlas, y al mismo tiempo una denuncia. Esa es la potencia y el sentido de la consigna. Al servicio de eso planteamos utilizarla.

La unidad de acción

En algunos debates en el EMVJ, algunas organizaciones nos responden que podemos tener razón con nuestra denuncia, pero que se trata de una consigna que podría dificultar la unidad de acción con el otro espacio de organismos de derechos humanos, vinculados hoy al oficialismo. A esto, nosotros respondimos, y propusimos incluso, que es completamente válido y necesario, como lo hicimos ante la desaparición de Santiago, hacer convocatorias comunes para hacer masiva la movilización, así sea con un único punto de acuerdo. Pero, por otro lado, eso debe combinarse, como hicimos en 2017, con que los materiales propios del EMVJ sostengan nuestro planteo de conjunto. Acto seguido, señalamos que veíamos poco probable que el otro sector quiera movilizarse por su nueva ubicación política y porque viene ejerciendo incluso una denuncia contra quienes se movilizan. Ante esto, la resolución del EMVJ no fue una cosa ni la otra, no se hizo una propuesta de movilización en común al otro espacio (para así clarificar quién rechaza la unidad y la movilización), ni se levantó la consigna que propusimos “el Estado y el gobierno son responsables”.

Convocar a la movilización llamando a las cosas por su nombre

Creemos que es necesario que, en primer lugar, nuestros compañeros del FIT Unidad revean su posición, y podamos, de conjunto, intervenir para que la movilización antirrepresiva en nuestro país parta de llamar a las cosas por su nombre y, con ello, a la denuncia concreta a los responsables materiales y políticos de cada crimen de las fuerzas represivas del Estado. De esa forma podremos impulsar una movilización que no se limite únicamente a reaccionar ante cada hecho, sino que también ayude a que se saquen las conclusiones necesarias de a dónde hay que apuntar para terminar con la represión. El desmantelamiento del aparato represivo del Estado y sus organismos de espionaje, conseguir justicia para cada una de sus víctimas, son tareas irresolubles mientras gobiernen los mismos ajustadores y represores de siempre.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Las llamas arrasan una enorme extensión de la provincia de Córdoba en los departamentos de Punilla, Colón e Ischilín. Es el incendio más grande en doce años. Miles de hectáreas de bosque nativo con todas las especies vegetales y animales que allí viven quedan reducidas a cenizas. Daños materiales irreparables, familias evacuadas, la vida de los bomberos y de los habitantes en juego son su consecuencia.

Como todos los años, los emprendedores inmobiliarios y agropecuarios aprovechan la sequía para provocar incendios. No es casual que el fuego haya comenzado en Ischilín, donde se dio la discusión del desmonte con rolado para la cría de ganado, y continuado en Punilla, donde inmobiliarias y mineras han puesto su mira.

Pero, al parecer, ningún costo, ambiental, material o de vidas humanas, es importante frente a los negocios de los especuladores inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, nos han llevado a este tremendo desastre.

El gobierno peronista de Schiaretti es el gran responsable de este crimen contra nuestro medioambiente. Nunca se cumplieron los presupuestos mínimos de la ley 26.331, ni la actualización que debe realizarse cada cinco años con participación de las y los cordobeses. Y hoy, de la manera más cínica, Schiaretti sale a hacer declaraciones diciendo que se otorgará una ayuda a las familias por las pérdidas ocasionadas por los incendios.

Durante años el gobierno estafó a la población con el “impuesto al fuego” recaudando millones que casi nunca llegaban a los cuarteles de bomberos, quienes en muchas localidades incluso son voluntarios y no cobran sueldo. La provincia compró tres pequeños aviones hidrantes que no alcanzan para cubrir toda la superficie, es como ir a apagar los incendios con un balde de agua. ¡Plata hay!, pero la usan para pagar la deuda externa provincial, tomada para construir obras enormes que sirvieron para juntar votos pero no para resolver las más urgentes necesidades de la población, como la construcción de puentes y caminos en lugares en los que son sumamente necesarios. Ese es el caso de Casa Bamba, barrio en las afueras de La Calera, donde hoy los vecinos están atrapados entre el fuego y un río que está crecido porque abrieron las compuertas del dique San Roque. ¿Buscan que Casa Bamba, un lugar muy codiciado, desaparezca junto con sus habitantes? Hace dos años allí hay un puente peatonal que nunca fue puesto y se está herrumbrando, mientras la minera Camarassa, que pretende explotar la reserva hídrica, colocó un portón en el camino que impide el libre tránsito.

Debemos exigir que se investigue a fondo para descubrir y castigar a los responsables de esta masacre ambiental. Que respondan con sus patrimonios y se indemnice a todas las familias afectadas por la catástrofe.

Hoy es fundamental que se declare la emergencia ambiental en toda la provincia, que parta de la prohibición de la instalación de todo emprendimiento inmobiliario y minero para preservar lo poco que queda de monte nativo y remediar lo destruido.

Se hace evidente que necesitamos una nueva ley de bosques, discutida por las poblaciones y asambleas zonales donde están las personas más interesadas en preservar nuestro ambiente.

Es urgente un cambio de raíz en el sistema de producción que, en lugar de priorizar las ganancias millonarias de unos pocos vía la destrucción y saqueo de nuestros recursos, planifique la economía democráticamente sobre la base de las necesidades de la clase trabajadora y los pueblos y que combata el cambio climático y la destrucción ambiental.