Escribe Guido Poletti
Todos los días nos cruzamos con compañeras y compañeros en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, que se preguntan si el peronismo, que de hecho es la principal fuerza numérica de oposición patronal, puede realmente ser la alternativa a este gobierno ultraderechista y a su feroz plan de ajuste. Categóricamente creemos que no.
Primero, por lo mismo por lo que hoy todavía Javier Milei conserva cierta fortaleza: el recuerdo del desastre para el pueblo trabajador que fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, descargando sobre las espaldas de las y los trabajadores un ajuste hecho a medida del acuerdo con el FMI. Segundo, por las escandalosas revelaciones de los repudiables hechos de violencia de género llevados adelante por el ex presidente contra su pareja Fabiola Yáñez.
El peronismo está sumido en una fuerte crisis y cruzado por diversas internas. ¿Acaso de acá saldrá una “renovación” con alguna política favorable hacia el pueblo trabajador?
Lamentablemente el peronismo no garantiza ni siquiera cumplir su rol de partido patronal opositor. De entrada, ya se fugaron hacia el oficialismo de Milei el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y todo su bloque de diputados. Amagaron, en un ida y vuelta aún sin definición, los peronistas de Catamarca encabezados por su gobernador Raúl Jalil.
De los que quedaron claramente como opositores, poco se puede esperar. Uno de los que se postulan como jefe nacional del peronismo es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el mismo que le está pagando a sus propios trabajadores con bonos provinciales.
Otro que tiene exposición mediática es Guillermo Moreno, que se presenta como “peronista ortodoxo”. De qué se trata esto realmente es una incógnita, ya que hace un mes atrás realizó una convocatoria en la que invitó a todos, incluyendo al peronismo cordobés y hasta a Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, ahora reconvertido en jefe de un bloque “dialoguista” con Milei, y uno de los que consiguió los votos para que aprueben la Ley Ómnibus. En los últimos días, Moreno al igual que otros dirigentes peronistas como Sergio Berni o el senador José Mayans, realizaron escandalosas declaraciones elogiando a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin que se les caiga la cara de vergüenza, sostuvieron que la defensora de genocidas y reivindicadora de la dictadura militar podía ser considerada “casi peronista”, por su supuesta raigambre “nacionalista”. Sin recordar que, hace menos de dos meses, desempató en el Senado para aprobar la Ley Ómnibus.
¿Qué pasa con el peronismo kirchnerista?
Cristina salió a responder diciendo que los que ven “peronismo” en Villarruel “están para el psiquiátrico”. Lo que no dice es que todos ellos hoy son referentes porque fueron colocados por su propio gobierno en cargos importantes. Moreno truchando las estadísticas del Indec y atacando a los trabajadores del organismo con su patota. Berni jugando de “rambo” y jactándose de reprimir a trabajadoras y trabajadores en lucha en la Panamericana.
Pero también hay que analizar en qué anda el propio peronismo kirchnerista, más allá de sus propias internas. La figura más expectable, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, habla de ampliar alianzas, nada menos que con Maximiliano Pullaro (el gobernador que ajusta a sus propios trabajadores y propone una reforma jubilatoria confiscatoria para docentes y el resto de los estatales de su provincia) e Ignacio Torres, el gobernador del PRO de Chubut. Al mismo tiempo, apaña al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de violencia sexual. La otra figura de ese sector es Wado de Pedro, la cabeza de las negociaciones con La Libertad Avanza en torno a la aprobación del pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.
La CGT debe romper la tregua
Después de este recorrido por el peronismo político nos queda recordar que las direcciones sindicales, tanto de la CGT como de las CTA, también responden a distintos sectores de esta fuerza. Y son ellos los que le están dando oxígeno al gobierno, en medio de la bronca popular creciente. Luego del segundo paro nacional del 9 de mayo, la burocracia de la CGT le dio virtualmente una tregua al gobierno, adoptando una política “dialoguista”, en medio de la continuidad de los ataques al pueblo trabajador, reforma laboral incluida, dejando aisladas las distintas luchas que se están dando por sector. Alineados con la estrategia más general de todo el peronismo, priorizan las declaraciones opositoras por sobre salir a enfrentar el ajuste, apostando a que el desgaste del gobierno les vuelva a dar chances electorales en 2027.
Ahora, ante la escandalosa represión y veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, parte del sindicalismo ha llamado a una marcha al Congreso. El Frente Sindical (Pablo Moyano), la Corriente Federal (Sergio Palazzo), las CTA y la UTEP encabezan ese llamado. No hay posibilidad de tregua con un gobierno que, apoyado en la represión, aplica un brutal plan de ajuste contra las y los trabajadores y las y los jubilados. La CGT de conjunto debe sumarse a esta movilización y llamar a un paro y plan de lucha para derrotar el plan motosierra.
Fortalecer el Frente de Izquierda Unidad
A esta altura, se impone una conclusión: el peronismo no sirve para enfrentar el ajuste de Milei ni es alternativa política a la ultraderecha. Por eso es necesario fortalecer una opción, distinta, opuesta a la que ofrece el peronismo en sus distintas variantes. Es la que venimos construyendo desde el Frente de Izquierda. Apoyando, en la calle y desde las bancas, todas las luchas que se dan contra el ajuste. Formando parte del sindicalismo combativo, que pelea por una nueva dirección sindical combativa y democrática para la clase trabajadora. Y, por sobre todo, postulando un programa de emergencia alternativo al ajuste y la motosierra de Milei. Que arranca por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para dar prioridad a la resolución de las más urgentes necesidades populares. Programa que sólo puede llevar adelante un gobierno de los que nunca gobernaron: las y los trabajadores y la izquierda, iniciando el camino hacia una Argentina socialista.
Escribe Guido Poletti
En estos días se está discutiendo en la comisión de Acuerdos del Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo de Lijo es escandaloso. Juntó un récord de 328 impugnaciones de todo tipo y color. Tiene denuncias por mal desempeño en su cargo actual de juez ante el Consejo de la Magistratura, e incluso fue acusado penalmente de asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. Milei lo dijo explícitamente: es el juez que necesita en la Corte para garantizar que todas sus medidas de ajuste, aún las más flagrantemente anti constitucionales, pasen sin chistar.
De García Mansilla directamente lo que se puede decir es que es un dinosaurio de ultraderecha, líder de los “pañuelos celestes” y explícitamente en contra de cualquier política de garantía de derechos para mujeres y disidencias sexuales.
Sin embargo, el peronismo mantiene un cuidadoso silencio frente a estas nominaciones. Que responde a algo muy concreto: son quienes ya negociaron con La Libertad Avanza darle los votos para que salgan estas nominaciones.
En el caso de Lijo, el acuerdo ya es explícito. El negociador con el asesor todo-terreno de Milei Santiago Caputo es nada más ni nada menos que el propio Wado de Pedro, con el obvio visto bueno de Cristina Fernández. Una vergüenza absoluta.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
Alguien me preguntó hace poco ¿te acordás del caso Insaurralde? ¿en qué quedó? Hacía referencia al escándalo protagonizado por Martín Insaurralde al ser fotografiado en septiembre del año pasado tomando champagne en un yate de lujo en Marbella junto a la modelo Sofía Clérici en momentos que se daba una cifra escalofriante del aumento de la pobreza bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández. No se trataba de un repugnante ultraderechista o de Macri, sino de un delfín de Cristina Kirchner.
Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 y 2021, Jefe de Gabinete de Axel Kicillof, luego diputado nacional y quien comandaba el Instituto Provincial de Loterías y Casinos bonaerense. Como dijo el “Pollo” Sobrero cuando ocurrió el hecho: “Insaurralde se patinaba en un día setenta salarios mínimos en un yate de lujo.”
Ahora reapareció para compartir un asado VIP en Palermo con intendentes peronistas del conurbano, Máximo Kirchner y Wado de Pedro, es decir, kirchnerismo puro.
Insaurralde tiene una causa abierta por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El fiscal comprobó numerosos viajes al exterior durante cinco años, el pago del alquiler del yate “Bandido” por más de 50 mil euros, la compra de un country que fue hecho por una constructora proveedora del municipio, hasta se sabe que una concesionaria de Lomas le pagó algunos de sus viajes a Estados Unidos. ¿Y este personaje sigue libre?
Por su parte Clérici declaró que los “regalos” recibidos los compró con fondos propios, cuando está registrada como monotributista. Se trata de carteras Louis Vuitton, un Rolex de 17.000 dólares y un anillo Bulgari de 100.000 euros.
Muchas veces se dice “los políticos son todos iguales”. Los políticos patronales sí. Pero los de izquierda no. Comparemos el patrimonio de Insaurralde con nuestra diputada de Izquierda Socialista la ferroviaria Mónica Schlotthauer quien percibe el mismo ingreso que el que tenía en su lugar de trabajo y cuando deje la banca volverá a trabajar en el sector limpieza en la estación Once del ferrocarril Sarmiento.
Además de gobernar para los de arriba, el peronismo es corrupción. Izquierda Socialista y el FIT Unidad son todo lo contrario.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad
Mientras crece el repudio por la visita de un grupo de diputados de la La Libertad Avanza (LLA) a genocidas sentenciados de la última dictadura militar, y en el medio del recrudecimiento de la interna con Javier Milei, Victoria Villarruel realizó un acto en el Senado en “homenaje a las víctimas del terrorismo” y llamó a la justicia “a meter presos a todos los montoneros”. La interna del gobierno se reaviva al calor de su crisis política y los reveses en el Congreso Nacional.
Día tras día va quedando cada vez más claro que la visita de las y los diputados de LLA a Ezeiza es parte de un plan del gobierno y una política negacionista para lograr el privilegio de la prisión domiciliaria y los indultos a los genocidas. Mientras en la Cámara de Diputados se discute la conformación de una comisión investigadora para sancionar a los Libertarios que fueron parte, la vicepresidenta decidió subir la apuesta y montó una provocación a quienes venimos peleando para que este hecho no quede impune y en memoria de las y los 30.000. Realizó un acto en el Senado, donde adelantó que el gobierno ordenará a la Justicia revisar todos los casos de víctimas durante los años ‘70, y dijo que “todos los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”. Una reedición de la “teoría de los dos demonios” que busca armar causas contra los militantes de los ´70 con el fin de garantizar la impunidad de personas como Astiz u otros genocidas sentenciados por desaparecer, torturar, abusar sexualmente y por apropiación de bebés, entre otros hechos aberrantes. Pero esta avanzada no es, ni más ni menos, que hecha por la propia vicepresidenta y por ende tenemos que marcar el peligro que representa.
El acto tuvo un doble objetivo: redoblar la agenda propia de Villarruel y hacer crecer su influencia en medio del enfrentamiento contra el presidente Milei, también llamado por ella “jamoncito”. La diputada Lilia Lemoine, ante el acto del Senado, salió a cruzar a Villarruel y la criticó por no cumplir los roles que le corresponden, y preguntó irónicamente si incluso metería presa a Bullrich (por su pasado como militante montonera). Al mismo tiempo, la acusó de “lavarse las manos” ante la visita de las y los diputados de su partido a Ezeiza.
Escándalos y expulsiones en LLA
Las expulsiones y escándalos dentro del bloque de la LLA son noticia de todos los días que muestran la debilidad de un armado electoral que es un verdadero rejunte de lo más rancio de la política nacional. La primera fue Lourdes Arrieta, que a los gritos con Martín Menem y Nicolás Mayoraz, fue expulsada por orden de Karina Milei. El nuevo episodio llegó este domingo tras la salida forzada del senador Francisco Paoltroni por diferencias con el presidente Milei. Los senadores de LLA pidieron su expulsión, tras sus críticas a la postulación del juez Ariel Lijo, candidato presidencial para la Corte Suprema, a lo que sumó su posición disidente sobre el decreto que le otorgó un presupuesto de 100.000 millones a la SIDE. El senador dijo: “Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel y ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado, y que me brindaba su apoyo y acompañamiento” (Clarín, 31 de agosto de 2024). Es que detrás de su desplazamiento del bloque se vislumbra la interna que enfrenta a Milei y Villarruel, agudizada por las figuras de la hermana del presidente y el asesor Santiago Caputo.
En la cúpula de la Casa Rosada, ambos integran junto al presidente lo que se dio en llamar el “triángulo de hierro” del poder político nacional. Círculo que deja por fuera a Villarruel, quien opta por jugar junto con el ex presidente Mauricio Macri, que se ha acercado a Milei en las últimas semanas como una especie de consejero político pero que todavía guarda sus distancias y hace su propio juego de cara a las elecciones del 2025.
La interna entre Milei y Villarruel se volvió a mostrar cuando fue público el aumento a 9 millones de pesos de la dieta de los senadores. Los seguidores de Milei incriminan a Villarruel y la señalaron como “casta”, generando un enorme repudio popular en un país con 55% de pobreza y donde uno de cada tres niñas y niños se van a dormir sin cenar. Finalmente el Senado tuvo que frenar el aumento.
Las derrotas del gobierno en el Congreso Nacional
Esta interna recrudece la crisis política y la debilidad de un gobierno de ultraderecha que parece tener cada vez menos aliados; mientras, crece el mal humor social. Primero fue el revés del rechazo en diputados del DNU que le otorgaba 100.000 millones de dólares de gastos reservados a la nueva SIDE (es decir para inteligencia y represión) donde hasta sectores dialoguistas criticaron que mientras no hay plata para los jubilados sí para la inteligencia, y votaron en contra. En segundo lugar, la votación en el Senado del cambio en la movilidad jubilatoria puso sobre la cuerdas al gobierno, que finalmente reprimió a las y los jubilados y vetó el miserable aumento. Ahora, frente a la posible sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, hay que convocar una gran movilización educativa y volver a las calles.
Más que nunca, está claro que a este gobierno de ultraderecha, que es negacionista del genocidio de Estado, que ataca derechos conquistados y nos lleva a la pobreza creciente, hay que enfrentarlo. Necesitamos retomar las calles y por eso exigimos que la CGT y las CTA rompan la tregua con el gobierno para tirar abajo el veto de Milei sobre las jubilaciones, y conquistar el presupuesto que necesitamos para las universidades, atacar el hambre, frenar los despidos y por un plan económico alternativo y la ruptura con el FMI.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad
La diputada Lourdes Arrieta, conocida por usar “patitos” amarillos en su cabeza, confirmó su propio bloque llamado “Fuerzas del Cielo Espacio Liberal” luego de difundir un extenso hilo en X, dónde mostró los detalles de la visita realizada el 11 de julio pasado a los genocidas, junto a diputados libertarios como Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. Arrieta también divulgó un proyecto del padre Olivera Ravasi que buscaba beneficiar a estos represores con prisión domiciliaria. En medio de este escándalo, la secretaria General de la Presidencia, “el jefe” Karina Milei, decidió expulsar a Arrieta de la bancada oficialista. Mientras en la Cámara de Diputados se rechazaba el DNU que le otorgaba 100.000 millones de pesos a la SIDE, el bloque libertario hizo crujir los pasillos del Congreso con aprietas, acusaciones y gritos donde Arrieta denunció a Martín Menen de no protegerla y dijo estar siendo amenazada de muerte, mientras algunos de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) la acusaron de no estar en sus cabales. Arrieta dijo que “la echaron como a un perro” y que su primer proyecto “va a ser pedir la ampliación de la investigación de la visita al penal de Ezeiza. Que se investigue también al sacerdote Olivera Ravasi y cuáles son sus conexiones con sociedades off shore en los Estados Unidos”.
Está claro que semejante hecho no puede quedar en la impunidad y menos aún podemos dejar pasar el acto negacionista y provocador de Villarruel en el Senado. Desde Izquierda Socialista con el Frente de Izquierda-Unidad y junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas estamos dando la pelea por la conformación en el Congreso Nacional de una comisión investigadora para develar la clara vinculación entre estas visitas y los proyectos de prisión domiciliaria e indultos a los genocidas, y para que se castigue a las y los diputados que fueron parte. Está claro que este no puede quedar en la impunidad. Estamos enfrentando a un gobierno de ultraderecha que busca modificar la Ley de Seguridad Nacional y volver a poner a las Fuerzas Armadas en las calles, que avanza en ciberpatrullaje al servicio de la persecución a las y los luchadores y que aplica el protocolo antipiquetes como lo hizo días atrás a las y los jubilados. Por eso, la pelea es por derrotar el plan de ajuste, represión y saqueo de Milei.