Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
 
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, expresó el 10 de abril en su cuenta de X que “el ‘trabajo no remunerado’ dentro del hogar no existe” y lo justificó afirmando: “Tenemos que estar advertidas de que sostener que la vida en nuestra propia casa implica el reconocimiento económico es una infección de la ideología de género en el hogar”.

Subida a la ola reaccionaria de la ultraderecha conservadora, la presidenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no solo niega el trabajo dentro del hogar (y el tiempo dedicado a él), sino también las consecuencias que se desprenden para quienes lo realizan, mayoritariamente mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) del Indec, las mujeres en Argentina dedican, en promedio, seis horas y media diarias a las tareas de cuidado y limpieza dentro del hogar, mientras que los varones dedican aproximadamente la mitad, tres horas y media. La primera consecuencia es que las mujeres cuentan con tres horas menos al día para estudiar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar. Es decir, tienen menos tiempo libre. Esta falta de tiempo explica, en parte, por qué acceden a trabajos más precarios y peor remunerados, lo que contribuye a la feminización de la pobreza y a una brecha salarial del 25%.

En segundo lugar, las mujeres realizan un trabajo que demanda, en promedio, seis horas diarias sin recibir remuneración. De acuerdo con el último informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020), en nuestro país el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del Producto Bruto Interno, es decir, de todo lo que produce la economía nacional en un año. Se trata del sector de mayor aporte dentro de la economía, incluso por encima de la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).

¿Por qué no se remunera este trabajo? En gran medida, porque vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal que busca obtener ganancias de casi todas las actividades. En ese marco, los gobiernos utilizan diversas instituciones (como las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema educativo) para inculcar, desde edades tempranas, la idea de que estas tareas deben ser realizadas por las mujeres por amor y no a cambio de un salario.

Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista

La aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares reconfiguró el escenario político y social en torno a la defensa del agua. Desde el movimiento socioambiental venimos señalando que no se trata de un hecho aislado, sino de un punto de inflexión dentro de una disputa más amplia contra la avanzada extractivista que impulsan todos los gobiernos.

En el Congreso, el resultado expuso un consenso que atravesó distintas fuerzas políticas. La Libertad Avanza logró imponer su orientación, pero lo hizo en articulación con gobernadores y bloques que habilitaron la reforma. En contraposición, el Frente de Izquierda Unidad fue el único espacio que sostuvo el rechazo con la totalidad de sus bancas.

También es necesario señalar responsabilidades concretas, como la del senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, y la del diputado Nicolás Massot, quien, tras reunirse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aportó un voto clave para avanzar con esta modificación. Esto refleja una convergencia política que excede por mucho a la ultraderecha libertaria.

Al mismo tiempo, creemos que es fundamental entender que la pelea por la Ley de Glaciares no empezó ahora ni terminará con esta votación. Es parte de una lucha histórica en defensa del agua y los territorios, con avances y retrocesos. Hoy tiene un nuevo hito en la jornada plurinacional de lucha del 8 de abril, realizada ante la sesión en Diputados. Hubo 70 puntos de convocatoria en todo el país, con una extensión territorial sin antecedentes. Frente al Congreso, con un verdurazo, movilización y festival, miles de personas protagonizaron la movilización socioambiental más grande realizada en la capital del país.

Desde el Frente de Izquierda Unidad y las organizaciones que impulsamos, como Ambiente en Lucha, sostenemos que la respuesta no puede quedar solo en el plano institucional. La historia reciente demuestra que cada conquista se defendió en las calles y con organización. Allí conquistamos la ley, y en ese mismo terreno la haremos valer, más allá de lo que ocurrió en el Congreso.

Desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares NO se toca” impulsamos una semana de acciones en todo el país y acompañamos iniciativas judiciales promovidas por organizaciones ambientalistas. Cerca de un millón de personas ya manifestaron querer ser parte de la demanda judicial más grande de la historia, que señala la inconstitucionalidad de la modificación aprobada por el Congreso. También buscamos articular con otros conflictos, como el universitario, con clases públicas y acciones en defensa del agua.

A su vez, advertimos que la ofensiva no se agota en la Ley de Glaciares. El gobierno ya anticipó avances sobre la Ley de Bosques y el cambio de uso del suelo en territorios incendiados. Por eso, entendemos que estamos ante un proceso abierto que exige más organización, más lucha y más unidad para defender nuestros recursos.

Foto de portada: Ilustración de La revuelta de Haymarket, protesta obrera en Chicago el 4 de mayo de 1886 que terminó en enfrentamiento entre trabajadores y policías y marcó un hito en la lucha por la jornada laboral de ocho horas

Escribe Federico Novo Foti
 
El 1° de mayo de 1886, una huelga por la jornada de 8 horas en Chicago terminó con represión, asesinatos y la ejecución de dirigentes obreros, luego recordados como los mártires de Chicago. En 1889, la Internacional Socialista convirtió esa fecha en un símbolo de lucha obrera internacional.

Desde finales del siglo XVIII se produjo un avance arrollador de la industria capitalista. Las cuantiosas ganancias que la burguesía industrial comenzó a obtener se basaban en la brutal explotación de obreras y obreros, incluso niñas y niños. Debían realizar jornadas de trabajo de doce horas en promedio, con bajos salarios y en condiciones de vida miserables. Pero, a mediados del siglo XIX, comenzaron a fortalecerse las luchas obreras que exigían mejoras en las condiciones laborales. Uno de los reclamos más sentidos fue la jornada laboral de ocho horas.

Los mártires de Chicago

En Estados Unidos, en 1881, tras años de luchas reivindicativas, se constituyó la American Federation of Labor (Federación Norteamericana del Trabajo). Desde su nacimiento, la AFL exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Pero las dilaciones y negativas patronales la llevaron a anunciar en 1884 que, si para el 1° de mayo de 1886 no se había implementado en todos los lugares de trabajo, comenzaría la huelga.

La fecha llegó sin respuestas por parte de las patronales y del gobierno, y la huelga estalló, a pesar de las dudas de muchos dirigentes sindicales. Nunca antes el país había vivido un levantamiento obrero de esas dimensiones. Más de cinco mil fábricas pararon y 340 mil obreros y obreras salieron a las calles y plazas a manifestar sus reclamos: “¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!”. Ese mismo día, unos 125 mil obreros conquistaron la jornada laboral de ocho horas. A fin de mes, otros 200 mil. Para fin de año, un millón ya lo había logrado.

Pero en Chicago, uno de los grandes centros comerciales e industriales del país, el conflicto recrudeció. Las y los obreros allí vivían en peores condiciones. Muchos trabajaban todavía catorce horas diarias. Numerosas familias vivían hacinadas en condiciones precarias. Por eso, el 2 de mayo la huelga continuó. Ese mismo día, la policía dispersó violentamente una concentración de 50 mil trabajadoras y trabajadores en el centro de la ciudad. Al día siguiente, la policía volvió a reprimir y asesinó a seis obreros que se encontraban en una protesta frente a la fábrica de maquinaria agrícola McCormick. El 4 de mayo, al finalizar un acto en la plaza Haymarket convocado para denunciar esos asesinatos, la policía volvió a cargar contra la multitud. Murieron treinta y ocho obreros. Durante la noche, el gobierno decretó el estado de sitio, estableció el toque de queda, los militares ocuparon los barrios obreros y realizaron violentos allanamientos en locales sindicales y hogares de dirigentes.

El gobierno culpó a anarquistas y socialistas por lo sucedido. Los dirigentes y activistas August Spies, Albert Parsons, Samuel Fielden, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg y Oscar Neebe fueron llevados a un juicio sin pruebas, orquestado para escarmentar a los huelguistas, en el que se les impuso a cinco de ellos la pena de muerte. Así lo reconocía el fiscal Julius Grinnell en su alegato final: “Estos hombres han sido seleccionados porque fueron líderes. No fueron más culpables que los millares de sus adeptos. Señores del jurado: ¡declarad culpables a estos hombres, haced escarmiento con ellos, ahorcadles y salvaréis a nuestras instituciones, a nuestra sociedad!”.¹ Los sentenciados a la pena capital fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887 como parte de la violenta reacción patronal y gubernamental contra aquella huelga y sus dirigentes. Su crimen había sido exigir un límite a la explotación laboral. Pasarían a la historia como “los mártires de Chicago”.

Una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista

En 1889, cuando se fundó la Internacional Socialista (Segunda Internacional), se resolvió impulsar la jornada del 1° de mayo para unificar las luchas obreras en todos los países. El congreso reunido en París denunció que el avance de la producción capitalista “implica la explotación creciente de la clase obrera por la burguesía […] y tiene por consecuencia la opresión política de la clase obrera, su servidumbre económica y su degeneración física y moral”. Por ello, establecía que las y los trabajadores de todos los países tenían “el deber de luchar por todos los medios a su alcance contra una organización social que les aplasta y, al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvimiento de la humanidad”.²

Al año siguiente, por primera vez, marcharon miles de obreros y obreras en decenas de ciudades del mundo en homenaje a los mártires de Chicago, por la jornada de ocho horas y otros reclamos, y por el socialismo. Así, de la mano del socialismo revolucionario, nació la tradición del 1° de mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.

Hoy, en pleno siglo XXI, el capitalismo imperialista sigue demostrando que solo puede ofrecer guerras, explotación, opresión y pobreza para la clase trabajadora y los pueblos del mundo. Es el camino que vienen impulsando gobiernos ultraderechistas, como el de Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en nuestro país.

Frente a ellos, las y los socialistas revolucionarios seguimos conmemorando el 1° de mayo como una jornada de lucha. Es un día para honrar a los mártires de la clase obrera y reivindicar todas las luchas, en la perspectiva de lograr gobiernos de trabajadoras y trabajadores que terminen con la explotación capitalista. 

1. Citado en Ricardo Mella. Los mártires de Chicago. Omegalfa, 2019.
2. AAVV. Llamamiento a la clase obrera. Primer Congreso de la II Internacional, París, 1889.

Escribe Federico Novo Foti

El 1° de mayo de 1890 se reunieron unos tres mil trabajadores y trabajadoras en el Prado Español, en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Los presentes eran mayoritariamente inmigrantes que daban los primeros pasos del movimiento obrero en la Argentina. Desde aquella primera jornada, el Día Internacional de las y los trabajadores vivió las alternativas de la lucha de clases y de la política de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero en nuestro país.

El 1° de mayo de 1909, un acto anarquista en Plaza Lorea (hoy parte de Plaza Congreso) fue reprimido por orden del jefe de Policía, Ramón Falcón. La muerte de ocho obreros desencadenó una huelga general que exigió su renuncia. Seis meses después, el joven obrero anarquista Simón Radowitzky hizo justicia por mano propia y asesinó a Falcón. Esa noche se desató otra brutal represión bajo el estado de sitio, con cientos de detenidos, torturados y deportados por la Ley de Residencia.

En las décadas de 1920 y 1930, el avance de las direcciones reformistas en el movimiento obrero, primero los sindicalistas y socialdemócratas del Partido Socialista y después los estalinistas del Partido Comunista, fue transformando el 1° de mayo en una jornada “democrática”, de apoyo a gobiernos o sectores patronales considerados “progresistas”.

Finalmente, en 1947, Juan Domingo Perón impuso la “Fiesta del Trabajo”, un día de festejo, bailes, desfiles y hasta la elección de la “reina del trabajo”. Así buscó transformar la jornada del 1° de mayo en un día festivo o de descanso.

Pero las históricas banderas de lucha del 1° de mayo siguen vigentes. El plan motosierra de Javier Milei y el FMI, que cuenta con la complicidad del peronismo, busca profundizar el saqueo, la precarización y la explotación laboral, liquidando conquistas históricas. Sin embargo, el movimiento obrero no ha sido derrotado y sigue dando pelea, como lo muestran las luchas de las y los trabajadores de FATE, la docencia y el Hospital Garrahan.

Este 1° de mayo, en el acto unitario de Plaza de Mayo y en todo el país, volveremos a gritar: abajo el plan motosierra de Milei y el FMI; plata para salario, jubilaciones y trabajo, no para el FMI; que la crisis la paguen los capitalistas; por un gobierno de trabajadores y trabajadoras; por el socialismo mundial.

Foto de portada: 1. Festejos en las calles de Budapest, Hungria ante la derrota electoral de Orbán  2. Orbán y Milei, marzo 2026

Escribe Miguel Lamas

En las recientes elecciones en Hungría, después de 16 años de gobierno, fue aplastante la derrota que sufrió el representante de la extrema derecha, el facho Viktor Orbán.  

Orbán contó con el apoyo internacional de Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamín Netanyahu y referentes de la ultraderecha europea, como Santiago Abascal (Vox), Giorgia Meloni, que gobierna Italia, Marine Le Pen en Francia y sectores neonazis de Alemania, además de Javier Milei. Su derrota es una derrota para todos ellos y tiene repercusión internacional.

Poco después de publicado el escrutinio, las calles de Budapest y de otras ciudades se llenaron de gente, sobre todo de jóvenes. Decenas de miles celebraron con entusiasmo el fin del régimen de Orbán. Medios independientes hablaron del “fin del gobierno arbitrario” y del “derrocamiento del orden de Orbán”.

Tras 16 años en el poder, Fidesz, el partido de Orbán, fue arrasado. La oposición, encabezada por Tisza, obtuvo una mayoría de dos tercios. Hubo una participación muy alta para la tradición electoral húngara, cercana al 80%. Se expresó un “voto castigo” contra Orbán, más allá de que muchos votantes no tengan claro qué hará el nuevo gobierno.

Repercusión internacional

El gobierno húngaro de Orbán apoyó públicamente los ataques a Gaza por parte de Israel y Estados Unidos, así como las agresiones contra Irán y el Líbano. También manifestó su respaldo a la invasión de Rusia a Ucrania. Orbán fue el único representante de países europeos que visitó a Netanyahu después de que la Corte Penal Internacional emitiera, el 21 de noviembre de 2024, órdenes de arresto por sus crímenes en Gaza.

El presidente Donald Trump hizo todo lo posible para ayudar a su aliado Orbán. Incluso envió a su vicepresidente a Budapest, la capital de Hungría, en plena campaña electoral. Pero esto terminó jugando en su contra. El rechazo a Trump en ese país contribuyó a profundizar la derrota de Orbán. Un verdadero boomerang.

Repudio popular nacional

La política económica implementada por Orbán favoreció al gran capital nacional e imperialista, como las automotrices alemanas, y a su base en la clase media alta. En cambio, la mayoría de la población húngara empeoró en los últimos años. A la alta inflación se sumaron el deterioro de la infraestructura pública, de la sanidad y de la educación, así como un descontento generalizado por la corrupción y los casos de enriquecimiento ilícito, donde “el 75% de los contratos gubernamentales fue a compañías asociadas a los amigos de Orbán” (Clarín, 13/4).

Durante 16 años, el primer ministro aplicó además políticas xenófobas y racistas contra extranjeros y minorías nacionales, especialmente los romaníes, comunidades originarias de la India que habitan en Hungría y Europa oriental desde hace generaciones. También impulsó políticas machistas, misóginas y anti LGBT, represión contra opositores de izquierda y ataques a los derechos sindicales. Todo esto generó un fuerte perjuicio para las mayorías populares y un creciente repudio electoral.

A prepararse para enfrentar al que ganó

El nuevo primer ministro, Péter Magyar, logró imponerse como principal opositor de Orbán, a pesar de haber formado parte de su entorno hasta hace dos años. Magyar proviene de una familia burguesa de Budapest y se define como “conservador”. Su victoria se explica, en gran parte, por la retirada de otros partidos opositores. Su objetivo es alinearse más con el imperialismo de la Unión Europea y menos con Trump y Putin.

Se produjo un recambio burgués liberal. Desde la izquierda, no se le da apoyo político al nuevo gobierno. Por el contrario, el pueblo trabajador y la juventud deberán enfrentarlo para conquistar cambios sociales y económicos reales. Esto no niega que la derrota de la ultraderecha en Hungría y de sus aliados sea un hecho positivo para las y los trabajadores del mundo. 

Millones celebraron el resultado en distintos países. Si a esto se suma la caída de la popularidad de Trump en Estados Unidos, de Milei en Argentina o de José Antonio Kast en Chile, queda claro que los pueblos están dispuestos a pasarle factura a estos personajes ultraderechistas.