Foto de portada: Marcha de la UEPC Capital por aumento salarial

Escribe Federico Wagner, secretario gremial UEPC Capital
 
Luego de más de 70 días de una gran lucha docente, el gobierno de Martín Llaryora, en connivencia con la burocracia Celeste de Roberto Cristalli, logró imponer mediante fraude una oferta salarial que las escuelas habían rechazado. 

La última asamblea departamental docente quedará en los anales de la historia como una de las mayores traiciones cometidas por la conducción Celeste de Cristalli. Ante la imposibilidad de quebrar la lucha y tras cuatro propuestas rechazadas, recurrieron al fraude de manera burda, a la manipulación de votos y a la represión policial para intimidar e impedir la participación de delegados opositores -cosa que no lograron-, llegando incluso a la detención policial de un compañero.

El viernes previo, las asambleas de delegadas y delegados habían definido que el 70% de la docencia rechazaba la propuesta. La asamblea provincial debía ratificar ese mandato. Sin embargo, la Celeste, junto a los medios de comunicación ensobrados, inició una campaña sosteniendo que los mandatos eran “orientadores” y que, de aparecer alguna mejora, las y los delegados podían cambiar su voto. Bajo este argumento antidemocrático, el fraude se puso en marcha.

Al gobierno provincial le urgía cerrar un conflicto que desde hacía dos meses lo tenía en vilo y que se encaminaba a prolongarse. Por eso terminó sacrificando el discurso de que no había más plata y, en la asamblea provincial, apareció esa “quinta” oferta que mejoraba mínimamente la anterior: IPC mensual, 20 mil pesos para jubiladas y jubilados y devolución de un día de paro. De esta manera, dio lugar a la burocracia para aplicar el fraude. El gobierno, fiel aliado de Javier Milei en su política antiobrera, ajusta a las y los trabajadores y les garantiza exorbitantes ganancias con reducciones impositivas a los grandes grupos económicos.

Sin embargo, esta aceptación es, para el gobierno y la burocracia, pan para hoy y hambre para mañana. La Celeste ha entrado en un desprestigio irreversible frente a una docencia que la señala como traidora y exige masivamente su renuncia. El gobierno logra cerrar un conflicto a costa de destruir a su aliada fundamental para hacer pasar el ajuste. Pero, sobre todo, porque de este proceso sale fortalecida la docencia que lucha y el frente Unidad desde las Escuelas, que donde está crece y donde no empieza a desarrollarse, como en San Justo y Río Primero, entre otros. Y, centralmente, se consolida la UEPC Capital como dirección combativa y referencia de toda la docencia provincial.

En este camino, mientras seguimos denunciando el fraude y defendiendo los mandatos de las escuelas, es importante sacar las mejores conclusiones que ayuden a profundizar la organización en las escuelas para enfrentar los permanentes ataques a las condiciones laborales, el salario y la escuela pública.

Esta lucha deja enseñanzas clave y posiciona a UEPC Capital y a Unidad desde las Escuelas como la única alternativa capaz de conducir el conflicto. También es necesario analizar posiciones que debilitan esta pelea. Como dirección combativa, nuestra fuerza reside en la base. No separarse de ella es central. El gobierno y la burocracia lo saben y operan para desarticularnos mediante conciliaciones, levantando paros o usando el estatuto burocrático como un corsé para frenar la lucha.

El último paro en el que se expresó a fondo la base fue el 18 de marzo, hace más de un mes. Romper ese aislamiento es el desafío urgente para derrotar el ajuste. Por eso insistimos en la asamblea general para fortalecernos en la base, enfrentar los ataques y encaminar la lucha sin quedar supeditados a las maniobras estatutarias que impiden luchar en la magnitud necesaria para poder triunfar.

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac 

El gobierno de Claudio Vidal se encuentra ante una enorme crisis de la cual pretende salir cumpliendo las exigencias del gobierno nacional y aplicando un ajuste feroz. Este incluye el congelamiento salarial, un proyecto de ley de emergencia económica, el vaciamiento de la salud y la escuela públicas, la reforma de la Caja de Previsión Social, despidos y la criminalización de la protesta. A este cuadro se suma la suspensión de la obra social de los estatales, la Caja de Servicios Sociales, lo que complica el abastecimiento de medicación oncológica en toda la provincia.

El retiro de YPF de las áreas petroleras convencionales, alentado por el propio Vidal, convirtió a la zona norte de la provincia en pueblos abandonados, con un gran número de desocupados y altos niveles de migración.

Hoy ha perdido parte de su base de apoyo, el sindicato petrolero, y también a gran parte de quienes lo votaron con la esperanza de superar los años de doble discurso y corrupción del kirchnerismo.

En este contexto se consolida el Frente Sindical de Santa Cruz, que desde diciembre del año pasado lleva adelante, en unidad, paros y movilizaciones contra el RIGI, la reforma laboral y, actualmente, contra el proyecto de ley de emergencia económica y en reclamo de paritarias salariales. En la actualidad, la gran mayoría de los sindicatos estatales forman parte de este frente: Adosac, Ate, Vialidad, Amet, Judiciales, Bancarios, Universidad, Tribunal de Cuentas, municipales y Salud. Este frente tiene su mayor desarrollo en Río Gallegos, pero se ha extendido a toda la provincia.

Adosac impulsa la unidad de acción del frente sindical para enfrentar el ajuste y los cuatro meses de congelamiento salarial, que implican una pérdida cercana al 12% en el caso de la docencia. Lo hace semanalmente en asambleas y en su Congreso. La última acción fue la marcha de antorchas y la instalación de la carpa docente frente a la Casa de Gobierno durante 36 horas, con el acompañamiento de los demás sectores.

En Educación, a la falta de paritarias se suman las decisiones unilaterales que toma el Consejo Provincial de Educación, que quita derechos adquiridos y achica la escuela pública, sin otorgar recursos para insumos ni para infraestructura.
El domingo pasado, el Congreso de Adosac votó 72 horas de paro para el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril, coincidiendo con varios de los sindicatos del frente. Se prepara una nueva semana de lucha en unidad.  

Escribe Laura Eggers, secretaria de prensa de Aten Capital y dirigenta de Izquierda Socialista 

Con una masiva movilización de varias cuadras se desarrolló el paro y la jornada de lucha convocados por una asamblea de cerca de 2.500 docentes en la combativa seccional Capital de Aten. También participaron otras seccionales combativas, como Plottier y Senillosa. A su vez, se sumaron sectores de la salud pública, que salieron bajo la cobertura legal de la CTA Autónoma.

El reclamo central fue la reapertura de la mesa salarial, una demanda pendiente desde que la conducción provincial TEP, de orientación kirchnerista, aceptó mediante maniobras y fraude un acuerdo que no recuperaba lo perdido a lo largo de 2024 y 2025. La caída del poder adquisitivo en la provincia de Vaca Muerta se siente mes a mes, ya que los precios en Neuquén siguen el ritmo del petróleo y el gas. La producción hidrocarburífera crece aceleradamente y, con ello, las exportaciones y el ingreso por regalías al gobierno de Rolando Figueroa. Sin embargo, Figueroa, que respalda la política nacional de Javier Milei, aplica su motosierra. Por eso los ingresos crecientes no se transforman en mejores salarios, ni en viviendas, ni en mejoras en la salud y la educación públicas.

La burocracia provincial, el día previo al paro, salió en los medios a decir que la medida era ilegal, alentando a la comunidad educativa a hostigar a la docencia en lucha. La ministra de Educación respaldó esa declaración. Un combo perfecto entre burócratas y gobernantes que no alcanzó para debilitar la jornada, que fue masiva, con un acatamiento cercano al 90% en las escuelas de la capital neuquina.

Los cantos también apuntaron a la Ctera, a la que se le exigió que rompa su acuerdo con el gobierno y convoque a un plan de lucha nacional, en un contexto de conflictos que ya atraviesan a numerosas provincias.

Escribe Atilio Salusso

El martes 14 de abril, las y los trabajadores de FATE protagonizaron una importante marcha a Plaza de Mayo. Ese día se enteraron de un fallo judicial muy importante. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó un embargo a la patronal, del grupo Madanes Quintanilla, por 3 mil millones de pesos para que se paguen los salarios adeudados desde que se produjo el lockout (cierre de la planta) de manera intempestiva.

Este logro es un triunfo de una lucha sostenida por sus trabajadores desde hace casi dos meses, con la ocupación pacífica de la planta, ubicada en la provincia de Buenos Aires, además de marchas, movilizaciones, festivales y fondo de huelga. En la marcha participaron distintas organizaciones en apoyo: el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el dirigente Rubén “Pollo” Sobrero; la secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera; la CTA, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy; internas combativas, partidos de izquierda y nuestro diputado nacional electo, Juan Carlos Giordano, quien estuvo en la cabecera de la movilización.

Esta lucha es contra la patronal de FATE y contra el gobierno de Javier Milei, que se jacta del cierre de empresas. Pero también es contra el gobernador peronista Axel Kicillof. Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, denunció en el acto que Kicillof no los recibió, a pesar de que hace 15 días solicitaron una audiencia. Además, en la Legislatura provincial se presentó un proyecto para que se cumpla con una ley que faculta al Poder Ejecutivo a declarar la ocupación temporaria de la fábrica, ponerla en funcionamiento y garantizar los puestos de trabajo. Kicillof, que viene diciendo que “hay que ponerle un límite a Milei”, se niega a implementar esa medida en la emergencia, lo que demuestra que su discurso es para la tribuna. Hay cientos de despidos en fábricas en la provincia de Buenos Aires, ante los cuales no se da ninguna respuesta.

Una vez más, le damos todo el apoyo a las y los trabajadores de FATE en la pelea por la reapertura de la planta, la única que produce cubiertas para camiones y colectivos, tan necesarias. Esta lucha estará representada en el acto unitario del 1° de Mayo en Plaza de Mayo.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las denuncias falsas por motivos de género representan menos del 1% a nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, de acuerdo con datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas y estarían vinculadas principalmente a delitos económicos. La idea que el gobierno pretende instalar acerca de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas no solo es reaccionaria, sino también engañosa.

A continuación, se presentan algunas conclusiones de un documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto de ley S-0228/2025, el cual propone aumentar las penas para quienes denuncien falsamente situaciones de violencia de género o abusos. Entre las firmantes se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres por Mujeres y Ni Una Menos, entre otras.

“Este problema no se soluciona con medidas que incrementen las barreras para las víctimas y que, en la práctica, podrían fortalecer la impunidad de los agresores. En todo caso, el principal problema que debe resolverse para abordar de manera eficiente el fenómeno que hoy se señala como ‘denuncias falsas’ es la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales en general, y de los penales en particular.

No todo hecho que no haya podido acreditarse responde a una ‘falsa denuncia’. Existen numerosos casos en los que los propios fiscales presentan acusaciones que no logran probarse en juicio, y no por ello se presume que las fiscalías actúen guiadas por ‘falsas denuncias’. En ocasiones, lo que sucede es que no se ha logrado reunir la prueba necesaria, en el marco del debido respeto de las garantías del proceso penal, para alcanzar una condena. En todo caso, lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se lleve adelante de un modo que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”.