Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Nuestro país está hoy entre los primeros del mundo en cantidad de contagios y muertes. El sistema sanitario está saturado y faltan camas en varias provincias. Una verdadera catástrofe que va a continuar mientras no se avance con una campaña de vacunación masiva. Mientras, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguimos en la primera línea de combate al virus y luchando desde el inicio de la pandemia por salario, condiciones de trabajo y presupuesto.

Todos los días, desde el inicio de la pandemia, en los medios se habla del nivel de ocupación de camas y el peligro de colapso del sistema sanitario. Ahora se insiste con el número de vacunados y los plazos para la llegada de nuevas partidas. Datos estadísticos que solo muestran la punta del iceberg de la crisis del sistema porque, de fondo, no reflejan el principal problema que existe en los hospitales y las clínicas privadas, que es el total abandono del recurso más importante, las trabajadoras y los trabajadores. A más de un año de iniciada la pandemia, seguimos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, recurriendo al pluriempleo para llegar a fin de mes, sobreexigidos por la falta de personal e impedidos de gozar un mínimo descanso. Más los despidos por los cierres de clínicas, la persecución gremial y las presiones para terminar con las licencias de los grupos de riesgo. Así no se puede seguir.

Por eso, en medio de la segunda ola, en dieciocho provincias hay conflictos en el sector de la salud por reclamos salariales y se multiplican las luchas en todo el país. La política sistemática de desinversión y ataque a la salud pública, por un lado, y la voracidad de los dueños de clínicas y sanatorios privados, por el otro, continúan y se profundizan mientras luchamos contra el Covid. Y la única respuesta de Alberto Fernández es un bono de 6.500 pesos que aún no se cobró. Al igual que Larreta, de Cambiemos, y todos los gobernadores de distinto signo político que insisten en amedrentar al personal de la salud cuando sale a reclamar. Así fue el caso de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, que metió presos a enfermeros que acampaban frente a la casa de gobierno, una barbaridad. En Córdoba, Schiaretti despidió a setenta compañeras y compañeros que trabajaban precarizados. El reclamo por su reincorporación continúa. Mientras, los sueldos de enfermeros y médicos de esa provincia rondan los 35.000 pesos, una locura. En el Larcade siguen de paro y enfrentando la persecución, una lucha heroica. En La Matanza se mantienen las medidas contra el acuerdo salarial de los municipales. En Neuquén, luego del triunfo de la histórica huelga de sesenta días y la conquista del 53% de aumento salarial, rechazan los sumarios del gobernador Omar Gutiérrez, del MPN, y exigen que les paguen los días caídos. ¡Enfrentamos al virus y a los gobiernos!

El acuerdo entre el gobierno nacional y la burocracia de ATE y UPCN, de cerrar una paritaria de 35% en cuotas, es un nuevo capítulo del ataque que venimos sufriendo. Intentan usarlo como caso testigo para imponerlo en todas las provincias, consolidando salarios de pobreza. A pesar de estar transcurriendo la segunda ola de contagios, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguiremos luchando por una verdadera recomposición salarial y en defensa del sistema público de salud. En estos días, en Cicop, estamos convocando asambleas en todos los hospitales y centros de salud de cara a un nuevo congreso de delegados. El acuerdo salarial del año pasado ya se licuó por la tremenda inflación y debemos salir nuevamente a las calles. Así como lo impusieron los elefantes neuquinos, la organización y la lucha son el único camino.

Desde principios de mes, trabajadores de la UPA 12 y el Hospital Modular 5 vienen reclamando, con cortes en la ruta 24, ollas populares y asambleas, que les paguen sus salarios. Son más de cien trabajadores contratados de manera muy precaria. Están trabajando desde enero sin saber siquiera cuál es su salario (beca). En esta condición están todos, enfermeras y enfermeros, trabajadores de limpieza, administración, cocina y camilleros.

Fruto de la lucha, y de sacar el conflicto a la calle, lograron que las autoridades de salud se comprometieron a pagar el 19 de mayo, pero ese día solo depositaron parte de lo adeudado a la mitad de los trabajadores. Ante el incumplimiento del pago a todos los trabajadores, el jueves 20 se realizó una asamblea y se resolvió un nuevo corte. En esas circunstancias, los trabajadores fueron convocados a una reunión con el director del hospital Luciano y Mariano de la Vega, del cual dependen, donde les informaron que iban a cobrar mediante “ticketeras” que ya estaban disponibles.

Aun así, los trabajadores expusieron otros reclamos, especialmente el pase a planta permanente, por los cuales seguirán luchando.

Desde Izquierda Socialista y Salud en Marcha seguiremos acompañando y solidarizándonos con los trabajadores para que triunfen en sus reclamos.

Corresponsal

Escribe Guido Poletti

Ya es un secreto a voces. El gobierno de Alberto Fernández está reduciendo en términos reales el gasto público por debajo, no solo de 2020, sino incluso de 2019, cuando aún gobernaba el macrismo. Esta es una de las exigencias básicas del FMI para firmar el acuerdo que busca el Frente de Todos. De hecho, esa reducción del gasto, y del déficit fiscal, es mostrada orgullosamente en cuanta reunión se hace con funcionarios del organismo.

Esta es la forma concreta con que el gobierno está cumpliendo el reclamo principal del FMI apenas se iniciaron las negociaciones en septiembre del año pasado, reducir el déficit fiscal desde 8% a 4,5% tal como se votó en el presupuesto 2020.

De hecho, en los primeros cuatro meses de 2021 el gasto solo subió 14% con respecto a igual período del año pasado. Solo para compensar la inflación tenía que haberse incrementado 42 por ciento. Con respecto al gasto social, los números apenas reflejan una parte del ajuste, ya que el gasto en subsidios a empresas privatizadas siguió creciendo, lo mismo que el pago de intereses de deuda. Por lo tanto, todo el peso de la reducción real del gasto se debe al ajuste que se ha realizado sobre las jubilaciones, con incrementos bien por debajo de la inflación, y con la directa desaparición de programas para atender las consecuencias sociales de la pandemia, como el IFE y el ATP.

Esta tendencia no se modifica con los nuevos anuncios del gobierno, que contemplan la suba de los montos de la tarjeta Alimentar, en las asignaciones universales por hijo (AUH) y en los montos de los Repro, que en realidad es un subsidio a empresas, ya que abonan una parte del salario de los trabajadores de las empresas involucradas. El gobierno miente cuando dice que con todo esto se aumentará el gasto en ayuda social al Covid en 480.000, 1,3% del PBI. Incluye en ese monto partidas anteriores, e incluso los costos de compra de vacunas.

La realidad del ajuste es visible. En lo que va de 2021, los alimentos básicos subieron 20% más que los salarios del sector público y las jubilaciones, que ya venían perdiendo desaforadamente contra la inflación en períodos previos. El gobierno incluso demoró todo lo que pudo la reglamentación de la ya votada ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos (y así hacer que menos trabajadores lo paguen). Y cuando lo hizo, informó que la devolución de lo ya retenido este año será devuelto en cinco cuotas mensuales, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. ¡Así el ministro Guzmán logra sumar números del ajuste a su favor y hacer méritos ante el FMI!

Hoy, en medio de la segunda ola de la pandemia, es urgente terminar con este ajuste y revertirlo. Hay que poner todos los recursos necesarios para atender la pandemia sanitaria y también la social. Hay que otorgar un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, otorgar un IFE de 40.000 pesos para el que lo necesite y ayuda para los pequeños comerciantes. ¡Plata para atender la pandemia, no para el FMI!

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández viene insistiendo con que el acuerdo que se está negociando con el FMI terminará siendo “progresista” y que “nos permitirá crecer y redistribuir la riqueza”.

Nada más alejado de la realidad. Ya el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo que reconocer que firmar un acuerdo a veinte años, que era lo que planteaban los sectores cercanos al kirchnerismo, será imposible, porque el Fondo no habilita acuerdos a más de diez años. Por lo tanto, ya en 2025 se deberán empezar a pagar montos cercanos a los 10.000 millones de dólares anuales.

En su reciente visita a Europa, el presidente Fernández dejó trascender que el FMI sí aceptaría bajar la sobretasa de interés que pagaba la Argentina por haber pedido un préstamo de tamaño gigante en los años del macrismo. Así, dijo el gobierno la semana pasada, al menos nos ahorraríamos 960 millones de dólares.

Pero ni eso sucederá. El que se encargó de desmentirlo fue Gerry Rice, director de Comunicaciones del Fondo: “La sobretasa es una parte importante de la administración de los préstamos del organismo”. Traducido, a pagar, y hasta el último centavo.

Lo dijimos una y mil veces y lo volvemos a repetir, todo acuerdo con el FMI es más ajuste, hambre y entrega. Hay que romper ya mismo los lazos políticos y económicos con ese organismo y dejar inmediatamente de pagar la deuda externa para volcar todos esos recursos a atender las más urgentes necesidades populares.

Escribe Claudio Funes

El gobierno peronista de Alberto Fernández dispuso que no paguen impuesto al salario aquellos trabajadores que ganen hasta 150.000 pesos en bruto, sin dudas una medida que tiene que ver con el calendario electoral. Por este motivo, se les devolverán en cinco cuotas las retenciones efectuadas a partir del 1° de enero de 2021.

La disposición beneficiará, transitoriamente, a 1.267.000 trabajadores. Decimos “transitoriamente” porque, a medida que se incrementen los ingresos, muchos trabajadores comenzarán a tributar nuevamente, ya que el piso de 150.000 pesos no se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ya sabemos que la inflación siempre le gana a los aumentos salariales.

La devolución en cinco cuotas es otra muestra más de que al gobierno “nacional y popular” no le importan los trabajadores en absoluto. Cinco meses para restituir los que nos quitaron es un robo al robo, pues las sumas no serán actualizadas por inflación. Un simple ejemplo, 1.000 pesos en enero hoy son algo más de 800 pesos. Y así seguiremos perdiendo hasta cobrar la última cuota.

Esta política hacia los trabajadores contrasta notablemente con el tratamiento benigno que el gobierno le está dando al impuesto a las ganancias de las empresas.

La reforma de Ganancias para sociedades incorpora una escala de alícuotas variable según el excedente de utilidades de las sociedades: 25% de alícuota hasta 5 millones de pesos, 30% hasta 20 millones, y la alícuota máxima, 35%, para ganancias superiores a 50 millones de pesos. “Esos 50 millones establecidos como tope de esa escala reemplazaron a los 20 millones que figuraban en el texto original para que más empresas se vean beneficiadas por una menor alícuota”, expresó Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.  

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que, a partir del nuevo esquema propuesto, solamente 10% de las empresas pagarán la alícuota mayor de 35%, ¡la misma que pagaba en enero un trabajador que ganaba 86.043,52 pesos en adelante!

Con el pretexto de beneficiar a la pequeña y mediana empresa agitan la medida como progresista, cuando sabemos que muchas de ellas pertenecen a multinacionales.

El gobierno de Alberto Fernández sigue considerando al salario como ganancia, igual que Macri, por lo tanto la medida que toma es insuficiente ya que quedan por fuera del “beneficio” 800.000 trabajadores que continuarán pagando.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo, seguimos reclamando que el salario no es ganancia, por ello ningún trabajador lo debe pagar.