Escriben Diversidad Izquierda Socialista

 El 15 de julio de 2020 se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario,  como  resultado de años de lucha de la diversidad, que año a año fue creciendo y peleando contra la discriminación y los crímenes de odio. El proyecto de ley del Matrimonio Igualitario es una adaptación del trabajo realizado por Carlos Jáuregui, un importante activista que impulsó las luchas de la comunidad diversa durante las décadas del 80’ y 90’, dando el puntapié para que el movimiento crezca y se organice por sus derechos.

Dentro de la comunidad de la diversidad hay un fuerte debate sobre esta cuestión: muchas organizaciones fueron, en esos años, cooptadas por el kirchnerismo y su doble discurso; desde allí surgió que esas conquistas no habían sido fruto de nuestra organización y lucha, sino “gracias a Cristina”. Es mentira, el peronismo kirchnerista votó tan dividido como los demás bloques patronales en la aprobación de ambas leyes. Sólo la izquierda apoyó plenamente, en las calles y en su programa, todas y cada una de las reivindicaciones de la diversidad, a pesar de no tener bancas en el Congreso. Esta conquista fue gracias a la lucha en la calles, contra los movimientos reaccionarios orquestados por la Iglesia y Bergoglio (actual Papa Francisco); lucha que más tarde conquistaría la ley de identidad de género.

Ley de Identidad de Género, una lucha que sigue

En 2012 se aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género. La ley fue un hecho histórico que abrió la puerta a otras conquistas como el cupo laboral travesti-trans en varias provincias, y la figura legal de travesticidio y transfemicidio en los crímenes de odio. Entre otras cosas, la misma permite el correcto registro de nombres e identidad de género en el DNI pero también en otros registros sin la necesidad de esa modificación. Sin embargo, prácticamente ninguna institución nos permite inscribirnos con nuestro nombre si no hicimos la rectificación en el DNI, y no podemos ver reflejada nuestra identidad por fuera del binarismo “M/F” dentro de los documentos.

Quienes logramos acceder al sistema educativo sufrimos las consecuencias de esto.Hay estudiantes que son desregularizades por no coincidir los registros internos de la facultad con su identidad, y la rectificación de estos datos nos es negada, sobre todo cuando no está hecha previamente en el DNI. Esto es un reflejo más del marco social expulsivo que sufrimos constantemente: muches no cuentan con la posibilidad de terminar los estudios, habiendo sido echades de sus casas en la adolescencia, viven en condiciones precarias, no tienen acceso al sistema de salud, y no consiguen laburo; la expectativa de vida de la comunidad travesti-trans es de 33 años, y más del 80% de elles está en situación de prostitución (sin la posibilidad de elegir una salida laboral), y los travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio van en aumento.

En este marco, el año pasado redactamos un proyecto que fue presentado en el Consejo Superior de la UBA, para que se efectúen los trámites de rectificación de la identidad de género de acuerdo a lo expresado en la ley en todas las facultades; pero sabemos que con eso no alcanza, y por eso llamamos a todes a organizarnos en todos los espacios educativos y de trabajo para dar la pelea contra la violencia heterocispatriarcal que nos oprime cotidianamente, y exigir que de una vez por todas las instituciones cumplan con la Ley de Identidad de Género.

Continúa la pelea

A pesar de las conquistas, la lucha por nuestras reivindicaciones sigue.  El  ajuste sistemático que se viene desarrollando hace años en el sistema de salud afecta directamente a la comunidad diversa. Si bien cargamos con el estigma de ser portadores de HIV, mientras son las personas heterosexuales quienes encabezan los ranking de ser seropositivos, somos nosotres les que nos vemos en la pelea diaria de poder tener una vida más digna. Tanto quienes somos visibles y quienes no de nuestro estado serológico, sufrimos los ajustes. En el gobierno de Macri, la degradación del Ministerio  de  Salud  representó  el  ajuste en los tratamientos retrovirales y reactivos para test en todo el sistema público, dejándonos a la merced de los negocios de las prepagas y sistema privado de salud, poniendo en riesgo la calidad de vida de miles de personas.

Con el cambio de gobierno y el retorno del Ministerio de Salud, esto no ha cambiado. La crisis sanitaria se sigue profundizando con Alberto Fernandez. Los faltantes en los hospitales siguen y se profundiza más en las zonas más alejadas del interior del país. Mientras, el gobierno destina miles de millones de pesos al pago de la deuda externa y se niega a implementar un impuesto a las grandes fortunas. Necesitamos urgente presupuesto para el sistema de salud y para los tratamientos retrovirales para mejorar nuestra calidad de vida.

La diversidad y las dos pandemias

Con la cuarentena la limitación de la circulación de personas produjo el cese de una gran cantidad de actividades y empleos en el sector informal, que representa alrededor de un 40% de les trabajadoris, dejando sin sustento a miles. Esta situación afecta particularmente a la comunidad diversa, ya que la mayoría vivimos de changas, trabajos informales, oficios mal remunerados o un 80% de compañeras travestis y trans se encuentran en situación de prostitución.  Sumado a la  discriminación  laboral que sufrimos por nuestras orientaciones sexuales e identidades de género, somos les primeres en ser echades como variable de ajuste ante la crisis. Esto provoca que nos veamos afectades en nuestra calidad de vida, miles quedaron en la calle por no poder pagar alquileres, o tuvieron que volver a la casa de sus familias donde son violentades constantemente. Incluso muches fueron desalojades violentamente por los arrendatarios y la policía.

Para hacerle frente al hambre, se comenzaron a hacer colectas y repartir bolsones de alimentos por parte de algunas organizaciones diversas. La escala de violencia a aumentado desde el inicio de la pandemia, alcanzando 21 travesticidios y transfemicidios, hasta abril. Esto no se aguanta más, tanto les trabajadoris, los sectores populares, las mujeres y la comunidad diversa, merecemos pasar una cuarentena bajo techo, sin represión ni violencia, y con acceso a la salud.

El pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) dejó a fuera a una gran cantidad de compañeres diverses, de la misma forma que las ayudas alimentarias y programas de trabajo ejecutados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, son manejados por el sistema punteril característico del peronismo, dejando a fuera a muches que necesitan de un sustento económico real.

Hoy más que nunca debemos poner en pie el movimiento de la diversidad sexogenérica, elaborar un plan de lucha amplio que empalme con la lucha de les trabajadoris para exigir una cuarentena sin hambre, con dinero para salud y trabajo y no para salvar a las ganancias capitalistas.

Necesitamos de manera urgente que se deje de pagar la deuda externa y se cree el impuesto a las grandes fortunas, para que toda esa plata vaya para trabajo, salarios, salud y a combatir la pandemia. Garantizar el acceso a la salud a todes, para tratamientos hormonales, reactivos y retrovirales para combatir el HIV, la inclusión laboral travestitrans y la legalización del aborto para personas gestantes.

Escriben Lautaro Tochi, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista de la UNC procesado por luchar y Judith Barbona, Estudiante de Derecho UNLZ

No puedo respirar” fue la última frase que se escuchó de George Floyd.  La presión ejercida sobre su cuello, de parte del ahora ex policía Derek Chauvin, expresa la permanente opresión que padecen millones de negros, migrantes y pobres en todo mundo.

El asesinato racista pudo dejar sin aire a Floyd pero retumbó como un grito de guerra desencadenando un enorme movimiento que oxigenó las calles de Minneapolis, al punto tal de prender en llamas la ciudad, la comisaría y cuánto auto de la policía se ponía por delante de la movilización. Pero no terminó allí, la furia antirracista encabezada por el movimiento Black Lives Matter provocó movilizaciones en más de 600 ciudades de EEUU, enfrentando a la policía, desafiando y tirando abajo los toques de queda.

Se trata de las movilizaciones más grandes desde las marchas contra la guerra de Vietnam o del asesinato de Martin Luther King en la década del ’60. Trump amenazó con movilizar al ejército y no solo dio luz verde a una represión brutal sino que también dio vía libre para actuar a grupos paramilitares neonazis y supremacistas blancos. Con el acuerdo de los gobernadores y alcaldes (muchos de ellos de la oposición demócrata) declaró el estado de sitio y desplegó la guardia nacional en las principales ciudades del país. Pero las movilizaciones se siguieron desarrollando. Lxs trabajadorxs y jóvenes del mundo expresan su solidaridad con la rebelión popular yanqui contra su gobierno y su régimen político racista.

Este crimen atroz volvió a poner en escena el carácter racista del régimen de la mayor potencia imperialista del mundo, así como la farsa sobre la que se monta la democracia burguesa. Un tercio de lxs niñxs negrxs viven en la pobreza, el ingreso per cápita de lxs negrxs es diez veces menor que el de lxs blancxs. El desempleo, de más del 10% en la población negra, es más del doble que entre lxs blancxs. La probabilidad de que un hombre negro de bajos ingresos sea encarcelado es mayor al 50%. En 2016 la tasa de asesinatos a manos de los cuerpos represivos fue de 10,13 por millón entre la población indígena, 6,6 por millón entre lxs negrxs, 3,23 entre lxs latinxs, 2,9 entre lxs blancxs.

El racismo es una lacra inherente al capitalismo, el tráfico de esclavos fue uno de los mecanismos de la acumulación originaria. En el marco de las relaciones de explotación capitalista el odio racista es impulsado por las burguesías para dividir a la clase trabajadora y perpetuar la superexplotación de los sectores más marginados y oprimidos, los negros, indígenas e inmigrantes. De ahí la importancia de tomar la lucha contra el racismo como parte de la lucha del conjunto de la clase trabajadora mundial y como una manifestación anti capitalista.

Racismo y represión en la Argentina

En Argentina Alberto Fernández asumió como presidente haciendo gala de un discurso en favor de los sectores populares. De hecho, su primer acción como presidente electo fue la de recibir a Brian, un pibe de barrio que, siendo presidente de mesa en una escuela de Moreno, fue discriminado y estigmatizado por su vestimenta. “Todos somos Brian” dijo Alberto al tiempo que se ponía la gorra del joven. Gestos como estos pueden caer bien y generan entusiasmo en comparación a las atrocidades que vivimos bajo el gobierno de Cambiemos. Es una realidad que con Macri y la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich se avanzó en medidas represivas para pasar el ajuste. Pero, ¿el gobierno del Frente de Todos plantea una salida superadora? Llamamos a ver la realidad tal cual se nos presenta.

Lamentablemente,  el  gobierno  peronista no tiene nada que envidiar de este accionar represivo. Para muestra basta un botón: días después del asesinato de Floyd la policía tucumana, que dirige el gobernador Manzur (conocido como el “armador político” de Alberto), actuó como un calco de la de Minneapolis. Persiguieron al trabajador Walter Nadal por sospecha de robo y terminaron reduciéndolo en el piso poniendo la rodilla sobre su cuello. “Me falta el aire”, repetía Nadal, el policía le gritaba “no seas cagón”. La autopsia reveló muerte por asfixia.

Pero no se trata de un hecho aislado. Las fuerzas policiales son parte de un sistema de disciplinamiento que va desde el abuso de autoridad hasta la muerte. Por más gorra que se ponga Alberto Fernández, la realidad sigue mostrando que la persecución y las muertes por gatillo fácil son cosa de todos los días en los barrios humildes. Tal es el caso de Facundo Scalzo, un pibe de 17 años baleado por la gendarmería en barrio Rivadavia; o la desaparición  de  Facundo  Asturdillo Castro que al día de cerrar esta nota lleva 75 días desaparecido luego de haber sido detenido por un patrullero de la maldita bonaerense; o la desaparición forzada seguida de muerte del jornalero Luis Espinoza que “por violar  la  cuarentena”  fue  asesinado por la policía tucumana que ocultó su cadáver bajo el silencio cómplice del gobierno nacional; o la detención ilegal y tortura a una familia Qom en la provincia del también peronista Capitanich, que es parte de una violencia sistemática contra los pobres y los pueblos originarios.

Nada distinto de la violencia racista y clasista de la policía estadounidense que se ensaña con negros, pobres y luchadores.

Durante la cuarentena se viralizaron múltiples escenas de abuso policial donde efectivos humillaban y forzaban a personas demoradas a hacer flexiones y repetir frases como en los tiempos del servicio militar; y de repartidorxs siendo detenidxs por la policía en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En contraposición Gustavo Nardelli, directivo de la fraudulenta Vicentín, fue demorado por romper la cuarentena para pasear en su yate sin recibir ningún agravio policial.

Las fuerzas represivas no nos cuidan, actúan siempre defendiendo intereses de clase.

De ahí que ante los despidos en el frigorífico Penta, en vez de hacer cumplir el decreto “antidespidos”, el gobierno de Kicillof mandó a los efectivos del represor Berni a repartir balas de gomas sobre los obreros que reclamaban por recuperar su trabajo.

De ahí que en vez de destinar plata para so- lucionar la miseria estructural que se vive en los barrios populares, el gobierno nacional los militariza mandando al ejército “hijo de la democracia” para sostener el control y persecución sobre los sectores más vulnerables.

De ahí que en vez de garantizar la autonomía sobre los territorios de los pueblos originarios, la policía de Capitanich hostigue, persiga y torture desde hace años a las comunidades Qom de Chaco.

De ahí que en vez de intervenir para que los mineros de Andacollo cobren los salarios adeudados y recuperen su fuente laboral, Alberto Fernández y la Ministra de seguridad Sabina Frederic intervinieron instrumentando, por medio de la Gendarmería, el espionaje ilegal a través de escuchas en los celulares de los trabajadores.

De ahí  que  esta  nueva  ministra,  por  más que sea antropóloga y no militar o policía, actúa igual reprimiendo y hostigando las luchas obreras y populares.

Por ello es fundamental intervenir de forma independiente de los gobiernos, siendo capaces, como decía el Che Guevara, “de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo” pero también –agregamos– ante cualquier gobierno.

Por el desmantelamiento del aparato represivo

La única justificación de la represión es el hecho de que estos gobiernos responden a los intereses de los grandes empresarios, multinacionales, terratenientes y banqueros.

Desde Estados Unidos a Chaco, pasando por los carabineros de Chile disparando a los ojos de quienes protestan en ese país, todos los gobiernos capitalistas utilizan la represión para poder imponer planes de ajuste y sometiendo a la clase trabajadora a mayor explotación y opresión.

Cuando las condiciones de vida de las grandes mayorías se tornan inaguantables se producen enormes movilizaciones que hacen temblar gobiernos y regímenes, que en última instancia se sostienen por el rol de las fuerzas represivas. Prepararnos para enfrentarlas es parte de nuestra tarea militante.

Esta brutalidad que recorre todo el planeta es la brutalidad de un régimen que necesita de la fuerza, las armas, la represión y el control para poder sostener a una ínfima minoría controlando todas las riquezas producidas por los laburantes.

Tenemos que tomar el impulso de las movilizaciones que surgieron en Minneapolis y que se propagaron por distintas ciudades del mundo para enfrentar el ajuste y la represión. En lo inmediato, exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Peleamos por terminar con los abusos policiales en los barrios populares. Exigimos cárcel a los responsables materiales y políticos de los casos de gatillo fácil y represión, como así también el cese de la persecución a luchadorxs y el cierre de las causas iniciadas. Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste; y pelear por un gobierno de trabajadorxs que otorgue seguridad, no con mano dura, sino planificando la economía al servicio de las necesidades más urgentes como el hambre, el trabajo, la salud, educación y vivienda.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (radicales), la justicia federal y el peronismo de la provincia, buscan avanzar incluso en el marco de la pandemia con la causa armada contra 27 estudiantes de esa casa de estudios.

Se trata de un intento de criminalizar la rebelión estudiantil que sacudió al país en 2018. Rechazamos estos procesamiento y exigimos al conjunto de las conducciones del movimiento estudiantil que se pongan al servicio de la pelea por el cierre de estas causas.

El Nuevo MÁS-YA BASTA no tiene límites en Filosofía y Letras: Después de patotear hace dos semanas a  compañeras del PO y romperles su mesa en la puerta de Puán, y después de dividir a la izquierda en toda la UBA haciéndole el juego al kirchnerismo y el radicalismo, ahora nuevamente fueron a violentar a la militancia del Frente de Izquierda UNIDAD en esa Facultad.

Desde el lunes se dedicaron a romper todos los carteles que pedían por la Libertad de Jaru, repudiaban el pacto con el FMI, y el conjunto de las reivindicaciones de la izquierda. Ocuparon espacios de las agrupaciones del FITU, no de la Franja Morada, no de La Cámpora ni de Patria Grande. Un ataque faccioso de una organización dedicada a apuntar contra la izquierda que se une.

El FITU le propuso a la conducción del CEFyL, el Colectivo, hacer una Comisión Directiva para discutir la situación y frenar las agresiones, pero las agrupaciones del kirchnerismo se negaron. Son, junto a las autoridades de la Facultad, cómplices de las agresiones que dejaron correr para luego hacer campaña contra la Lista que estuvo a 85 votos de ganarles las elecciones para el CEFyL.

Repudiamos los métodos patoteriles de la agrupación de Manuela Castiñeira. ¡Basta de ataques del NMAS! Rechazamos las amenazas de sanciones del del vicedecano Manetti. Volvemos a insistir en la convocatoria de una Comisión Directiva del CEFyL, basta de complicidad del Colectivo con las agresiones del NMAS

Por Organizaciones sociales y políticas diversas

A Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba;
A Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba;
A Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba;

Al pueblo cubano y la izquierda internacional

En Cuba se manifiesta una crisis estructural profunda. Dicha crisis, en medio de una marcada precarización de la vida, condujo a una parte de la ciudadanía a las calles, los días 11 y 12 de julio de 2021. Las hostiles sanciones estadounidenses, en el marco de una política de agresión y bloqueo que cumple ya 60 años, la incapacidad de la administración del país para solventar las más básicas necesidades del pueblo y la desatención a reclamos sociales, políticos y económicos de la sociedad civil, contribuyeron a la agudización de esta situación y generaron una creciente pérdida de confianza en el discurso gubernamental.

La decisión de comercializar en el mercado interno bienes fundamentales en divisas, ajenas a las posibilidades de acceso de las mayorías, y los efectos de la pandemia, exacerbaron con razón la inconformidad de sectores atravesados por la pobreza y la marginación, relacionadas con el lugar de residencia, el color de la piel, el género y otras categorías de exclusión. La crisis económica y política que padece el país se expresa también en el paulatino deterioro de indicadores sociales de salud, educación, deporte y cultura. Esta decadencia precipita el éxodo masivo de jóvenes, con las consecuencias que ello provoca en las familias cubanas y en la economía en general.

En las protestas sociales de julio, las mayores después de 1959, hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes. Mientras estos últimos han sido sometidos a la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas, como claras medidas ejemplarizantes para prevenir escenarios similares futuros, los sectores simpatizantes del gobierno, las fuerzas del orden y los funcionarios responsables de la represión y los excesos de violencia desde el estado permanecen impunes.

En el mes de marzo se llevaron a cabo dos juicios por las protestas. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo con penas de hasta 30 años —1.916 años en total— a 127 personas, ocho de ellas con edades entre 16 y 17 años. El segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

Destaca entre estas últimas, los seis años de prisión para Yoan de la Cruz Cruz, uno de los primeros jóvenes que retransmitió en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que «transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones».

Según la Fiscalía General de la República, fueron procesadas en total 790 personas, incluyendo 55 entre 16 y 17 años.

Al mismo tiempo, diversos sectores y activismos de la sociedad civil son objeto de acoso constante por parte de las autoridades. Esta persecución y vigilancia toma forma en los aparatos de seguridad policial, que se caracterizan por actuar al margen de la legalidad constitucional y atentar contra la dignidad de las personas. Todo sucede en un escenario de absoluta impunidad, ante la falta de garantías legales para el ejercicio de la asociación libre, entre las personas y grupos ciudadanos con inquietudes de participación en el espacio público. El ciclo de represión se completa con el empleo de los medios de comunicación para desacreditar reputaciones, tildar a todo disenso de mercenarismo y deslegitimar a toda persona u organización que se cuestione la realidad. La derecha respaldada por Estados Unidos y partidaria de sus ataques existe, aquí no hablamos de esa derecha.

Frente a este contexto las personas, colectivos y organizaciones que suscribimos el presente documento, tanto de Cuba como internacionales:

• Hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las y los manifestantes injustamente condenados.
• Solicitamos una Ley de Amnistía para las personas injustamente condenadas, como paso necesario que abra las puertas a un socialismo realmente democrático y de iguales.

Para adherir aquí

Primeras adhesiones: