Jul 30, 2024 Last Updated 5:39 PM, Jul 29, 2024

Izquierda Socialista

Reproducimos a continuación una declaración posterior a la elección del domingo 25 de nuestros compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores (sección de la UIT-CI y partido hermano de Izquierda Socialista). En él se analizan los resultados del plebiscito y los desafíos planteados hacia la elección de convencionales constitucionales fijada para el 11 de abril del año próximo.

Lo que la votación de ayer expresó fue una ruptura radical y masiva con el pasado. En ese sentido fue una continuación directa de la gran movilización iniciada el 18 de octubre del año pasado contra las alzas, la miseria, el régimen corrupto y el gobierno de Piñera.

Es un triunfo del conjunto del pueblo que salió a la calle y soportó asesinatos, mutilaciones, cárcel, en suma, la represión violenta de un gobierno sostenido por los políticos y el Parlamento.

La votación del “apruebo”, con 78% del total, ha dejado en claro el masivo repudio a la Constitución de Pinochet. La misma Constitución a la que se aferra Piñera y la derecha para mantenerse en el poder a pesar del profundo repudio de la población.

Contra lo que esperaba la derecha y la falsa oposición, la política de los acuerdos fue derrotada. Ellos esperaban una importante votación al rechazo, para evitar cualquier cambio importante a la actual constitución. Necesitaban que la derecha tuviera una buena votación, para justificar los vetos e impedimentos a los cambios. Sin embargo, la derecha y el gobierno resultaron derrotados con un escuálido 20% de apoyo.

Por eso decimos que el otro gran derrotado es el gobierno de Piñera, y de quienes lo sostienen. El 20% del rechazo expresó, de nuevo, la total ausencia de una base social fuerte de apoyo al gobierno, pero esta vez incluye, incluso, a los sectores más de derecha que venían criticando a Piñera. ¡Todos juntos, fueron incapaces de construir una base de apoyo fuerte!

Las celebraciones por la noche, estuvieron totalmente teñidas de gritos y pancartas contra Piñera. Millones votaron contra el gobierno, y lo hicieron saber en las calles. Lejos del discurso de unidad que dieron en la Moneda, Piñera debió cambiar su local de votación a un colegio en un barrio rico del país, votó muy temprano y con escolta policial, situación que no dejó indiferente a nadie. “Cambios para evitar protestas”, debieron reconocer en La Moneda.

La contundencia del triunfo dejó, además, heridos de muerte a los viejos partidos políticos que por 30 años defendieron los privilegios de los grandes grupos económicos, el capital extranjero y a las fuerzas represivas bajo las turbias aguas de la política de los acuerdos y la corrupción.

De nuevo, las celebraciones en la noche expresaron esta realidad innegable. La Concertación celebró escondidos en un local partidario. El PC y el Frente Amplio se debieron conformar con ir a una plaza absolutamente secundaria de la capital, sumándose a las actividades llamadas por asambleas. ¡Ningún sector de la oposición pudo hacer un acto público reivindicándose el triunfo! ¡Ninguno pudo aparecer en Plaza Dignidad!

La Constitución quedó herida de muerte tras el rechazo masivo del pueblo y los trabajadores en el plebiscito, pero aún no muere.

¿Y si Piñera, el régimen y sus partidos fueron derrotados que ganó el pueblo?

No debemos engañarnos, si bien se ha conseguido una votación histórica contra la constitución de Pinochet y el gobierno, se ha hecho en el marco de un proceso impuesto por el corrupto Acuerdo por la Paz. Por eso este triunfo expresa, también, un proceso contradictorio.

Nos están guiando a la trampa de las maniobras y las mentiras de la ley 21.200, que regula la convención constitucional. La que le da 2/3 de quórum a la derecha y la ex Concertación para defender el legado de Pinochet, que impide cambiar acuerdos con las multinacionales, que evita que la convención sea libre y soberana. Sobre todo, va a poner la convención en manos de los partidos de los 30 años, dejando fuera a las y los independientes.

Por eso, debemos seguir denunciando esta trampa, pero interviniendo con todo en la Convención sin dejar las calles, y sin dejar de exigir la salida de Piñera ahora. Debemos impedir que se salgan con la suya y que utilicen este triunfo popular contra la voluntad del pueblo con una versión 2.0 de la corrupta política de los acuerdos.

A pesar de lo difícil que será, debemos intervenir con candidatos surgidos de los sindicatos, organizaciones feministas, de las asambleas territoriales y las movilizaciones. Debemos seguir usando el instrumento poderoso de la movilización ya que fue él quien verdaderamente posibilitó este triunfo.

Piñera se debe ir ahora

Las y los presos de la lucha deben salir de las cárceles y sus procesos o condenas deben ser anuladas.

Que se ponga fin al toque de queda y la intervención de los militares en labores represivas.

Disolución ahora de Carabineros y creación de una nueva fuerza policial elegida de abajo arriba con un sólo escalafón y bajo control de los vecinos y los trabajadores.

El pueblo no se debe desmovilizar ahora bajo pena de perderlo todo.

Deben los trabajadores, sectores barriales y populares, nuestros pueblos originarios, las mujeres y la disidencia construir una nueva dirección política de la clase trabajadora y el pueblo, anticapitalista, democrática y de lucha, barriendo con los burócratas y dirigentes que impiden su lucha. Debemos luchar por un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo, que es la única garantía de que podremos resolver las demandas más sentidas. Y para defender esta propuesta y llevarla a todos los rincones de nuestro país, debemos construir juntos un nuevo referente político para seguir luchando.

Por esto, te invitamos a unirte al MST (sección chilena de la UIT-CI). Participa de nuestros talleres y charlas, legalicemos candidatos de lucha y garanticemos el verdadero triunfo obrero y popular: El socialismo organizado democráticamente por el pueblo y los trabajadores.

Polacas a las calles tras una sentencia contra el aborto

El Tribunal Constitucional, ante una demanda del partido gobernante de ultraderecha, ha sentenciado que la interrupción del embarazo por malformaciones fetales graves, como enfermedad o discapacidad, es contrario a la Constitución. El arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, ha expresado el “aprecio por el coraje y la integridad” de los jueces.

La oposición, por su parte, ha criticado que “han terminado los derechos de las mujeres en Polonia”. Varios miembros del Parlamento han tildado el fallo de “crimen contra la humanidad”. Polonia es uno de los países más restrictivos de la Unión Europea respecto del derecho al aborto. El fallo judicial lleva ahora a una prohibición absoluta.

Las movilizaciones masivas de mujeres y hombres en contra de la sentencia se extendieron a más de sesenta ciudades.


Nigeria. Rebelión juvenil contra la represión y por trabajo

El país más poblado de África (206 millones de habitantes), lleva dos semanas de plena agitación social con miles de jóvenes protestando en las calles contra la violencia policial y militar, que ya causó más de treinta y ocho muertos, y por la falta de empleo.

Autoconvocados por redes sociales, le exigieron al gobierno que disuelva la unidad de la policía federal SARS, acusada de cientos de asesinatos.

Contra las cuerdas, el presidente Muhammadu Buhari –general que lideró una junta militar que gobernó Nigeria a principios de los años ’80, pero que luego fue elegido en 2015 y reelecto en 2019– aceptó disolver esa fuerza. Pero las manifestaciones no cesaron, ahora exigen empleo. El 63% de los nigerianos de menos de 30 años está ahora sin trabajo o con poca ocupación.

Aunque Nigeria es uno de los mayores productores mundiales de petróleo, la corrupción y la dependencia de multinacionales imperialistas, como Shell y Exxon, que se llevan las principales ganancias, dejan poco a su pueblo. Y el impacto económico del Covid-19 empeoró la situación por la caída de precios de los combustibles.


Estado español. Médicos en huelga

Jornadas de trabajo interminables con sueldos precarios y falta de descanso han puesto en pie de guerra al colectivo de Médicos Internos Residentes (MIR), unos 28.000 en todo el país. En algunas comunidades autónomas se lograron acuerdos parciales después de semanas de huelga por el respeto a sus condiciones laborales, pero el conflicto continúa.

Los médicos residentes se manifiestan con carteles con leyendas como “llevo 24 horas trabajando, ¿te atiendo?”, o “sin descanso mi error puedes ser tú”, entre otros.

Denuncian que no se respetan los descansos de 36 horas y los sueldos base –unos 1.000 euros en el primer año–, que no se actualizan desde 2006.

Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos convocó a una huelga nacional el martes 27 de octubre y denunció que el gobierno está “desmantelando el sistema de salud”.


Ecuador. Trabajadores y estudiantes rechazan el nuevo acuerdo con el FMI

Varios miles de manifestantes acudieron a la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Trabajadores y estudiantes marcharon para protestar contra el desempleo que ha provocado la crisis económica y rechazar las condiciones pactadas recientemente por el presidente Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que sólo agravarán la crisis de la economía popular.

Los manifestantes recorrieron el centro colonial de Quito hasta que fueron reprimidos con gases por la policía en la plaza Santo Domingo. También hubo manifestaciones en Guayaquil y Cuenca.

Hay una situación desesperante para millones. Crecen la miseria y el hambre. Sigue aumentado el precio de los alimentos, corriendo de atrás a la devaluación y la creciente “brecha” del dólar. Todo es más caro, la leche, el aceite, las frutas, las verduras. Los propios datos oficiales del Indec reconocen un fuerte aumento de 3,8% en la canasta básica. Miremos por donde miremos, la realidad es que a los ya golpeadísimos salarios y jubilaciones les está cayendo un nuevo zarpazo. 

Sumémosle a esto que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en la misma semana en que se anunció el lanzamiento de los tarifazos de gas y electricidad a partir de 2021, admitió muy suelto de cuerpo que en el verano “van a haber muchos cortes de luz”. Increíblemente, se adelanta a echarle la culpa a “la gente que por la pandemia se va a quedar en su casa, y eso aumentará la demanda”. ¡El gobierno le lava la cara a las empresas privatizadas que no invirtieron nada en infraestructura a pesar de seguir recibiendo millonadas en subsidios! Como dijimos siempre desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, la salida no está en los subsidios ni en los tarifazos, sino en reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios, exactamente lo opuesto que han hecho todos los gobiernos desde Menem hasta hoy.

Los 3.750.000 puestos de trabajo perdidos durante la pandemia amenazan con ser muchos más. Un gran número de patronales anuncian despidos y algunas, incluso, cierres. Varias transnacionales ya se fueron dejando un tendal, como es el caso de Latam. Ahora tenemos el anuncio del cierre de Danone, con cinco mil puestos de trabajo en juego, y la multinacional fabricante de celulares Brightstar, con otros quinientos trabajadores que podrían quedarse sin empleo. Todo esto sucede mientras el gobierno peronista del Frente de Todos “deja hacer” a pesar de que existe un DNU que prohíbe los despidos. Medida que, como venimos insistiendo, se tendría que obligar a cumplir expropiando toda fábrica que cierre, despida o suspenda, para ponerla a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

¿Qué hace Alberto Fernández mientras tanto? Trata de seducir a los empresarios, como se volvió a ver esta vez en el Coloquio de IDEA, otorgando, con el conjunto de medidas lanzadas por el ministro de Economía Martín Guzmán, todo un conjunto de beneficios. Hace un par de semanas le tocó a los monopolios agroexportadores y a las megamineras, ahora a los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, a los Galperín (Mercado Libre) de la “economía del conocimiento” e, inclusive, a los propios pulpos especuladores financieros, a los que liberó de una serie de limitaciones para que accedan más fácilmente a dólares y los sigan fugando. Todas medidas, en síntesis, al servicio de las grandes patronales. Tanto, que se ganaron una felicitación especial de la directora general del FMI, Kristalina Georgieva.

La burocracia sindical, por su parte, sigue sosteniendo el ajuste. Ahora, con el finalmente convocado Consejo Económico y Social, los dirigentes de la CGT y las CTA se sentaron con las centrales empresarias y el gobierno. Obviamente, no se mencionó la necesidad de aumentos salariales. No nos debe extrañar, es la repetición de la escena que vimos la semana pasada cuando en el Consejo del Salario Mínimo tanto la CGT como la CTA de Yasky avalaron un “aumento” vergonzoso para el pomposamente llamado “salario mínimo vital y móvil” que ya hace mucho no tiene nada de “vital” ni mucho menos de “móvil”.

El gobierno trata de esconder esta realidad polarizando con el desastroso gobierno de Macri y Juntos por el Cambio o las “marchas de la derecha”. Hay compañeros de trabajo, de estudio o vecinos en los barrios que, frente a esto, siguen manteniendo las expectativas en el gobierno, abonadas por frases de algunos dirigentes que prometen la reactivación “para después de la pandemia”. Pero de promesas no se come. Ya van diez meses de un gobierno que suma medidas a favor de las patronales y ninguna para los trabajadores. Hasta el tantas veces postergado impuesto a la riqueza sigue en veremos. Por eso no nos llaman la atención el malestar creciente, la bronca y la decepción que recorren cada vez más al pueblo trabajador. Incluso a muchos que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste de Macri” con la promesa de “llenar los bolsillos”, y que ahora ven que esa realidad está cada día más lejos. Todo eso se reflejó en el poco fervor que se vio en el acto del 17 de octubre en un evento que fue presentado previamente como del peronismo unido y el “gran relanzamiento” del gobierno de Alberto, donde la gran ausente fue Cristina Fernández. Jornada que terminó con denuncias cruzadas sobre quién fue el responsable de que se “cayera” la aplicación del acto virtual. Toda una expresión del desgaste y la crisis política que hoy recorre a la coalición gobernante, y sus distintos componentes, por no dar respuestas a los problemas de los trabajadores.

Mientras tanto, esta semana nuestro país alcanzó el millón de contagiados por coronavirus. El sexto lugar mundial, después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. Siguen sonando las alarmas por el colapso del sistema de salud en montones de lugares, pero cualquiera que recorra las calles ve cómo el gobierno peronista nacional y los provinciales de todos los signos políticos ya hicieron que se abriera todo. Millones de trabajadores van y vienen a sus trabajos o a sus changas con el consiguiente riesgo de que aumenten los contagios.

La pandemia social, por su parte, sigue mostrándonos su llaga más profunda en Guernica. El gobierno, en vez de resolver el problema, tuvo como objetivo el desalojo y acusa a la izquierda de alentar la continuidad de la toma, cuando fueron los propios vecinos quienes lograron, con su organización, movilización y la solidaridad que los rodea, parar en varias ocasiones la orden de desalojo inminente. Ahora se ha abierto una instancia de negociación. Respetaremos lo que decidan los vecinos. Pero, mientras tanto, desde Izquierda Socialista sostenemos que tenemos que seguir impulsando las actividades de solidaridad y apoyo, porque de la fortaleza de la toma depende que se alcance una auténtica solución, con viviendas para todos.

Es un hecho que las patronales y el gobierno, más allá de roces circunstanciales, acuerdan en que el plan fundamental es el que están pactando con el Fondo Monetario Internacional, y que se puede resumir en una frase: hacer que la crisis la pague el pueblo trabajador. Esto es lo que se verá en las próximas semanas con la votación del presupuesto de ajuste para 2021.

Frente a esta realidad, tenemos que decir ¡basta de despidos!, ¡basta de robo salarial!, ¡basta de hambre y miseria! Hay que exigir aumentos salariales de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias. Pero, sobre todo, necesitamos plantear un programa económico alternativo, obrero y popular, para que la crisis la paguen quienes la provocaron y a la vez se siguen beneficiando con ella, los capitalistas. Tenemos que dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner un verdadero impuesto a las grandes riquezas. Terminar con la especulación del dólar nacionalizando la banca y el comercio exterior. Ese es el camino para tener los fondos necesarios para volcarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, salud y educación.

 

 

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Escribe Diego Martínez

Hubo tres actos. El más importante fue convocado por la CGT. Contó con la presencia de gobernadores, intendentes del conurbano y dirigentes sindicales de la CGT y la CTA, donde Alberto Fernández fue el único orador. La gran ausente fue Cristina. Hasta último momento se especuló sobre su presencia pero finalmente no fue de la partida, aunque sí estuvo Máximo Kirchner. Moyano, por su parte, no quiso quedar pegado a la desgastada conducción cegetista que viene dejando pasar el ajuste y realizó un evento propio en el que, sin embargo, se deshizo en elogios hacia Fernández y Cristina y llamó a los trabajadores a apoyar al gobierno. En otro plano, Barrionuevo y Acuña se juntaron con Guillermo Moreno y Duhalde, quien dijo que “el peronismo no tiene futuro”. Lejos de seguir la vieja máxima peronista de “unidos y organizados”, el 17 de octubre mostró un peronismo fraccionado, división que se expresó incluso entre los convocantes al acto “oficial”. La cúpula de la CGT le pasó factura a La Cámpora, encargada de la organización virtual del evento, por el fracaso del sistema informático mediante el cual, supuestamente, millones de personas podrían haber participado del acto. Moyano, por su parte, echó leña al fuego con sus declaraciones: “Hubiera sido importantísima la presencia de Cristina, a lo mejor tiene algún motivo” (Clarín, 19/10).

Tampoco se expresó un entusiasmo desbordante entre los trabajadores y los sectores populares. El peronismo convocó a este acto buscando el “relanzamiento” de su gestión y generar una “inyección de apoyo” hacia su gobierno. Pero no fue así, fundamentalmente por el descontento que existe en muchos sectores ante el crecimiento de las dos pandemias, la del Covid-19 y la social, por la cual millones de argentinos caen en la pobreza. 

¿Es el peronismo una solución a los problemas de los trabajadores?

Dijo Fernández, parafraseando al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto: “Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento” (Página/12, 18/10). En el discurso del presidente abundaron las referencias a la crisis existente, él mismo afirmó que será recordado como “el presidente de la pandemia”.  

Sabemos que amplios sectores del pueblo trabajador siguen teniendo expectativas en el gobierno, sobre todo porque lo comparan con Macri, pero también porque creen que el gobierno no pudo llevar adelante su verdadera política por la pandemia. No compartimos estas posiciones.

En una situación como esta es cuando más quedan claras las prioridades de un gobierno. Si prioriza a los de arriba o a los de abajo. En su discurso, Alberto, citando al papa Francisco, sostuvo que para él y su gobierno están “primero los últimos”. A juzgar por lo que vimos estos meses tenemos que decir que, más allá de su doble discurso, en la realidad concreta para Fernández “primero están los primeros”. Durante la cuarentena acordó con las patronales y la CGT recortes salariales y dejó pasar suspensiones, cierres y despidos, les otorgó subsidios a las patronales para que mantengan sus ganancias, negoció con los bonistas y le pagó 4.500 millones de dólares al FMI. Mientras los empresarios reciben todo tipo de beneficios para mantener sus ganancias, o al menos aminorar sus pérdidas, la situación de los trabajadores es cada vez más angustiante y el gobierno no toma medidas para revertirla. Con este gobierno peronista se llegó a 13,8% de desocupación, aumentó la pobreza a 40,8% y se calcula que a fin de año van a haber 750.000 pobres más (datos Unicef), millones se quedaron sin trabajo y otros vieron reducir drásticamente sus ingresos.

En el discurso del sábado hubo muchas referencias al viejo peronismo, pero lejos está el gobierno de Alberto de llevar adelante las tres banderas justicialistas: soberanía política, independencia económica y justicia social.

Por una verdadera alternativa política de los trabajadores

Alberto Fernández abundó con las referencias a las conquistas obtenidas por los trabajadores y el pueblo. El gobierno utiliza el recuerdo del primer peronismo, que quedó grabado en “las retinas” de millones y se transmitió de generación en generación, para buscar el apoyo de los trabajadores. Pero lo cierto es que no existe más el peronismo de las conquistas obreras y populares. Hace décadas que gobierna al servicio de las patronales y garantiza el saqueo imperialista. 

El peronismo siempre inculcó la concepción de que hay que apostar a la unidad entre trabajadores y patrones. Esto lo sostuvo Alberto Fernández en su discurso cuando dijo que hay que apostar a la “reconstrucción” de la Argentina sobre la base de la unidad con los patrones. Sin embargo, confiar en esta unidad, como marca la experiencia histórica, produjo que desde hace décadas vayamos perdiendo conquista tras conquista.

Por eso decimos que no es salida para los trabajadores. Hoy es la izquierda la que defiende las históricas conquistas que obtuvimos los trabajadores a lo largo de las décadas frente a los ataques de los gobiernos patronales. Por eso, acompañamos e impulsamos todas las luchas por salario, jubilación, defensa de la salud, de la educación y el derecho a la vivienda, entre otras reivindicaciones. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que romper con el imperialismo y el FMI, dejar de pagar la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las empresas privatizadas.

Llamamos a aquellos compañeros que se reivindican peronistas pero sufren las consecuencias de las políticas implementadas por este ajuste a enfrentarlo juntos en las calles, los lugares de trabajo y los barrios. Invitamos a los compañeros a debatir sobre estas conclusiones. Nosotros, por nuestra parte, seguimos construyendo Izquierda Socialista, convencidos que la salida es la lucha por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, única solución definitiva a los problemas de nuestro pueblo.

 

 

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Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos estuvo presente en el Coloquio de IDEA. El presidente Alberto Fernández asistió a la apertura y el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en el panel del último día. Recordemos que se trata de la reunión anual de lo más granado del empresariado concentrado nacional y extranjero, un auténtico “foro” donde el establishment económico da a conocer sus posiciones y exigencias frente a los gobiernos. Como dato de color, Néstor y Cristina Kirchner nunca asistieron. Más aún, la “excusa” que usó Néstor Kirchner para echar en 2005 a su entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue por su participación en este coloquio.

Alberto Fernández ya venía reuniéndose sistemáticamente con los principales patrones de la Argentina. Su presencia en IDEA “coronó” esta serie de actividades. Su discurso fue toda una serie de elogios y promesas al empresariado. Periodistas del diario Perfil descubrieron una perlita: sus palabras parecen casi calcadas del discurso que dio ante el mismo coloquio el entonces presidente Macri en 2016.

Sin embargo, todas las “señales amigables” que da el gobierno del Frente de Todos no parece alcanzarles a las principales patronales argentinas. Siguen exigiendo más. “Un plan”, dicen, que traducido es “más ajuste aún”. O medidas más claras para que vuelva la “confianza”. Nuevamente, traducido, más concesiones a las empresas, los bancos y el establishment económico. Sus economistas y periodistas insisten: la “dirección” de las medidas está bien, pero se necesitan “más”. Y, por supuesto, coronan todo esto con un dólar que sigue subiendo y brechas entre el oficial, el blue, los “contados con liqui” y MEP (dólares que usan los grandes especuladores para fugar).

¿Cómo viene respondiendo el gobierno a todo esto? Como en toda la cuarentena. No es cierto lo que sostienen algunos periodistas amigos del oficialismo de que Alberto Fernández está “resistiendo”. Al contrario.

La realidad es que se sigue profundizando el ajuste contra el pueblo trabajador. Las paritarias siguen congeladas, o acordadas con sumas fijas totalmente por debajo de la inflación. Las jubilaciones recibieron tres aumentos por decreto, donde el 100% de los trabajadores, incluyendo los de la mínima, terminaron recibiendo menos que lo que les habría correspondido si se hubiera aplicado la cláusula de reajuste suspendida por el Frente de Todos apenas asumió en diciembre. Ahora se está por aprobar una nueva fórmula de reajuste jubilatorio a aplicar a partir de 2021, se hará según la variación de los salarios y no de la inflación. O sea, con los datos de este año los jubilados volverán a perder más aún el año próximo. 

A esto sumémosle que se perdieron 3.750.000 puestos de trabajo, con sus consecuencias en términos de crecimiento astronómico del desempleo y la pobreza.

Y del otro lado hay una ya larga serie de medidas, que se profundizan día a día, de concesiones a las grandes empresas. A las que ya se vienen tomando desde que comenzó la pandemia (rebajas de salarios de 25%, ATP con el gobierno pagándole a las patronales hasta 50% de los salarios de montones de empresas, despidos, suspensiones y cierres de empresas dejados pasar sin sanciones) se suman las medidas del último mes. Veamos.

Se rebajaron las retenciones a los monopolios exportadores del agro y la megaminería. Ahora se sumaron subsidios a las petroleras y las gasíferas. Se anunció que, a partir del año próximo, se descongelan las tarifas de gas y electricidad. Se le brindaron nuevas concesiones a las grandes patronales de la llamada “economía del conocimiento”. Se anunció que el Estado se va a hacer cargo de pagar salarios de empresas que deban reestructurar sus deudas. Finalmente, en el propio Coloquio de IDEA, el ministro Guzmán dio a conocer toda una batería de medidas que benefician directamente a los especuladores financieros. Les rebajará los impuestos a las ganancias y bienes personales. Se eliminarán incluso las escasas medidas que existían para que les resultara menos fácil fugar vía el “contado con liqui”: se reducen los días que llevaba la operación, con el riesgo consiguiente, y se vuelve a permitir operar en ese mercado especulativo incluso a los fondos de inversión extranjeros. Hasta los diarios más cercanos al oficialismo dicen que esta medida tiene por objeto facilitar que puedan salir (léase “fugar”) fondos usureros internacionales como Templeton y Pimco, a los que hasta se les pondrá a disposición 750 millones de dólares de las casi inexistentes reservas del Banco Central.

Todo esto es para transitar el tiempo que lleva alcanzar el “premio mayor”, acordar el ajuste con el Fondo Monetario Internacional.

Así, sin dudas, no hay salida para el pueblo trabajador. El camino es exactamente el opuesto. Por eso insistimos en que es necesario otro plan económico, obrero y popular, que comience con dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y, en vez de cederle todos los días algo nuevo a las grandes patronales, cobrarles un impuesto de verdad a las grandes riquezas. Para así, con todo ese dinero, volcarlo a resolver las más urgentes necesidades populares generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social. 

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