Escribe Isadora Tucumán

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, expresó Lucía, una nena de 11 años, al ingresar el 23 de enero al sistema público de salud con 16 semanas de gestación, solicitando que le practiquen una interrupción legal del embarazo (ILE).

La niña, la menor de tres hermanas, fue violada y quedó embarazada por la pareja de su abuela, que tenía su guarda. La mamá la había perdido cuando un novio suyo abusó de sus dos hermanas mayores.

“El 31 de enero la derivaron al Hospital Eva Perón. Ingresó por ‘autolesiones’: tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de la violencia sufrida (Página 12, 21/2/19)”. La historia de Lucía es la que viven muchas niñas de zonas rurales y villas de emergencia en Tucumán.

A partir de allí el caso se hace público y, ante la presión del movimiento feminista, el secretario de Salud Vigliocco declaró que el ministerio le había pedido a la Justicia la autorización para la ILE. Claramente una mentira: el ministerio tiene la competencia de practicar el protocolo de aborto no punible sin pedir autorización a ningún organismo. Este protocolo establece los lineamientos del “fallo Fal”, es decir, el derecho de interrumpir el embarazo en casos de violación o cuando corra riesgo la vida de la gestante sin autorización judicial.

Las maniobras y dilaciones del Ministerio de Salud y la intromisión judicial, con la presión de la Iglesia Católica y el gobernador peronista Manzur, provocaron que el embarazo llegue a la semana 23, cuando se le terminó practicando a la niña una cesárea, marcándola de por vida. La intervención médica la realiza el marido de una reconocida ginecóloga del ámbito privado que se declaró a favor del aborto y por eso recibió amenazas de todo tipo. Públicamente expuso la violencia institucional que la niña sufrió: estaba presa en el hospital, como un envase sin derechos.

Tucumán es la provincia de Marita Verón, de Paulina Lebbos, que hace poco llegó a juicio luego de trece años de impunidad. La provincia de Belén, presa por un aborto espontáneo. La provincia “pro-vida” que Francisco premió, condecorando al arzobispo Carlos Sánchez, el mismo que reveló la identidad de Lucía y llamó a movilizarse para “salvar las dos vidas”.

Desde Isadora e Izquierda Socialista nos solidarizamos con Lucía y su familia. Exigimos la renuncia de Manzur, de la ministra de Salud, el secretario y de la directora del hospital por violar la ley. Este 8M seguimos en las calles gritando más fuerte que nunca educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

¿Quién es Manzur?

El gobernador de la provincia de Tucumán, el peronista Manzur, fue ministro de Salud durante el gobierno de Cristina Fernández. Es un declarado antiderechos de las mujeres. Nunca estuvo a favor del derecho a la salud de las mujeres y está en contra de la legalización del aborto. Tucumán sigue siendo la única provincia que no adhirió al programa de salud sexual y procreación responsable. Y siguiendo la línea del Vaticano y del papa Francisco, declaró a la provincia como “provida”. Es el responsable número uno de torturar a Lucía, niña de 11 años violada, a la que le negó su derecho a la interrupción legal del embarazo. Por este prontuario, decimos con fuerza ¡fuera Manzur!

Escribe Mónica Schlotthauer, Diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT y delegada ferroviaria

En el Sarmiento realizamos la asamblea de mujeres ferroviarias en la Seccional de Haedo para organizar nuestra participación en la jornada del 8M. Empezamos votando un repudio a la jefatura de tráfico que no permitió que las compañeras banderilleras, las más exigidas en sus condiciones laborales, participaran atacando sus derechos gremiales. El 8M marchamos contra los despidos y las consecuencias del brutal ajuste de Macri y los gobernadores. Repudiamos los femicidios, travesticidios y violaciones que sufrimos a diario. Denunciamos la falta de presupuesto para la ley 26.485, de erradicación de la violencia hacia las mujeres, y que se aplique la ley de educación sexual. Larreta, en Ciudad de Buenos Aires, y Verónica Magario, en La Matanza, dejaron de invertir en el suministro de tobilleras electrónicas que evitan que el agresor tenga contacto con la víctima. También reclamamos que se le deje de pagar al FMI.

Solicitamos a la directiva nacional de la Unión Ferroviaria (UF) que convoque y avale el paro. Decidimos llamar a las compañeras y compañeros de la línea a que le exijan a la directiva nacional de nuestro gremio y a la gerencia de Trenes Argentinos que modifiquen los puntos 22, 23 y 24 del convenio colectivo ya que vulneran el derecho a cuidar de nuestros hijos cuando se enferman y cumplir con el reposo. Llevamos en nuestras banderas el grito ¡basta de violencia en el servicio médico laboral! Cada compañera que marcha lleva en su pecho el reclamo de todas.

Participamos de este 8M orgullosas de los pasos logrados en la lucha por que se aplique la ley 26.485 que incluye la licencia por violencia de género, la asistencia psicológica gratuita a las compañeras violentadas, un programa de charlas en todas las áreas contra la violencia y un protocolo de actuación. Marchamos fortalecidas en nuestra convicción gracias a las compañeras del ferrocarril Mitre que construyeron este año “Mujer bonita es la que lucha”, para que intervengamos juntas y solidariamente las ferroviarias de todas las líneas.

Reclamamos por Carmen, ferroviaria de la línea San Martín, que fue brutalmente asesinada. Exigimos justicia para ella y cárcel para su femicida.
#NiUnaMenos #VivasNosQueremos

Escribe Jorge Adaro, Secretario general de Ademys

Otro año donde Macri y los gobernadores empujan a la docencia a no iniciar las clases. Desde Menem, y continuado por De la Rúa, Néstor, Cristina y Macri, el Estado nacional abandonó el sostenimiento salarial y de infraestructura de las escuelas públicas, pasándoselo a las provincias. Miseria salarial, ataque a los derechos laborales y desatención de las escuelas públicas, principales causas de la lucha docente.

Todos los años el inicio de clases cruza el mismo debate. El gobierno miente descaradamente con frases altisonantes, que se preocupa por la educación de los pibes; que los docentes nos merecemos el mejor salario y que hace todo el esfuerzo posible, pero no hay plata; que ha invertido millones en arreglar miles de escuelas. Después ataca a los dirigentes sindicales docentes como Baradel, Yasky o Alesso, que son bastante repudiados por los docentes y la población en general, y acusa que los paros “son políticos”. Para, finalmente, denunciar que a los docentes no nos interesan los alumnos ni la educación pública, que quienes hagamos paro sufriremos descuentos y sanciones, aclarando que, igualmente “ningún docente va a sumarse a los paros”. ¿Cuál es la verdad?  

Los salarios y la escuela pública se caen a pedazos. ¡Plata para educación, no para el FMI!

Como denunciamos en la reunión nacional de sindicatos docentes combativos que organizamos desde la directiva del sindicato Ademys de CABA, “la educación pública y el salario docente están atravesando un ajuste de características históricas. El salario está en su peor nivel, siendo catalogado entre los peores del mundo, con grandes diferencias entre las provincias y deteriorado producto de una inflación creciente, que alimentan los tarifazos, la devaluación de la moneda y la crisis económica, que el gobierno de Macri, los gobernadores y el FMI descargan sobre los trabajadores. A nivel nacional pérdidas  superiores al 15%, con diferencias provinciales, con cláusulas que consolidan un salario de pobreza se presentan como una provocación que debemos responder”. “La crisis en la infraestructura escolar, el avance sobre ramas enteras de la educación, las reformas contenidas en el Plan Maestr@, la secundaria 2030, los ataques a la formación docente terciaria, completan el cuadro de ataque que en cada provincia se aplican de forma ininterrumpida”.

En síntesis, Macri y los gobernadores, para cumplir el ajuste del FMI, recortan salarios e inversión en la escuela pública. Atacan derechos laborales y dejan caer los edificios escolares, mientras mantienen subsidios a escuelas privadas y privatizan servicios y funciones educativas que son responsabilidad del Estado, como los cursos de formación docente, el mantenimiento, etcétera. Además, atacan las jubilaciones y las obras sociales y cierran escuelas de adultos, profesorados y cursos y aulas de escuelas públicas.

Persiguen y sancionan a directores y docentes que luchan por defender la escuela pública. Esto lo hacen Macri y todos los gobernadores, sin distinción de partidos políticos, Vidal, Larreta, el “socialista” Lifschitz de Santa Fe, los radicales Morales o Cornejo, los peronistas Urtubey (que reprimió docentes), Schiaretti, Bertone o Alicia Kirchner. Y todos le mienten a la gente. Plata hay. Que se suspendan los pagos de la deuda externa al FMI, se apliquen fuertes impuestos a las multinacionales y se anulen los subsidios a la educación privada. Así habrá fondos para salarios y educación pública.

Reclamamos continuidad y plan de lucha

En la reunión en Ademys, donde participaron la mayoría de los sindicatos y agrupaciones opositoras del país (dirigentes de Ademys, Suteba Multicolores, SUTE Mendoza, Adosac Santa Cruz, GDA Formosa, etcétera) definimos que “la dirección Celeste de la Ctera actúa… como parte de la tregua que el conjunto de las centrales sindicales le han otorgado al gobierno… Las provincias luchan aisladas enfrentando represión, como en Salta, o boicots y repudios como en Santa Cruz”.

“Desde los sindicatos, seccionales y agrupaciones combativas impulsamos el no inicio de clases con paro el 6, 7 y 8M –en el marco del paro internacional de la mujer trabajadora– y la continuidad del plan de lucha para derrotar el ajuste. Con exigencia a la Ctera de organizar paros con continuidad y un verdadero plan de lucha definido en asambleas con mandato de escuelas. En esta perspectiva nos encontraremos el próximo 6 de marzo, para darle impulso a las medidas y concretar una agenda de lucha común”.

Aunque el gobierno diga lo contrario, el 6, 7 y 8M los paros y movilizaciones serán masivos. Ya lo muestran los docentes de Santa Cruz que iniciaron con paros y tomas suspendiendo los ofrecimientos de cargos con padrones truchos. En Córdoba, rechazando masivamente la propuesta que habían acordado Schiaretti y la burocracia de Monserrat e imponiendo el paro de 72 horas. Lo mismo ocurrirá en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y el grueso de las provincias, que aún no firmaron acuerdos paritarios.

No podemos confiar en las conducciones burocráticas kirchneristas de Baradel, Yasky, Alesso, Monserrat y demás de la Celeste. Ellos, como declaró Yasky, solo buscan posicionarse electoralmente para ayudar a un triunfo de Cristina en octubre, sin importarles frenar ya el ajuste. Por eso es clave que la docencia tome la lucha en sus manos, con asambleas donde se decida la continuidad, como impulsamos en Ademys o los Suteba Multicolores.

Llamamos a los trabajadores y estudiantes a apoyar nuestra lucha, porque somos los docentes los únicos interesados en defender la escuela pública para los hijos de los trabajadores, los salarios, la infraestructura escolar y los derechos laborales.

El 12 de abril hay elecciones en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba. Como hace cuatro años, otra vez presentamos nuestra Lista 4 Bordó impulsada por nuestra Agrupación 15 de Marzo. A pesar de que habrá tres listas seremos la única oposición a la Blanca de Pihen, actual secretario general del SEP y también de una de las dos CGT en la que se divide la burocracia peronista en la provincia. La Lista Celeste y Blanca, que se autotitula “opositora” y solo propone mejorar el funcionamiento del sindicato, lleva como secretario general a quien todavía hoy es congresal de la Blanca de Pihen.

La tarea no fue fácil. En quince días tuvimos que buscar 120 candidatos de 26 localidades distintas, en medio de los aprietes y persecuciones contra nuestros postulantes, sobre todo en el interior, por parte del sindicato y hasta de la propia junta electoral.

Nuestra lista, encabezada por el compañero Marcelo Benavídez, acompañado por delegados y activistas de reparticiones de capital y el interior, quiere un sindicato distinto, al servicio de los trabajadores y no de los privilegios de los dirigentes. Que luche de verdad por salarios dignos y no como el actual, que hace años acuerda aumentos por debajo de la inflación, sin consultar a la base. Por eso la mayoría de los estatales está por debajo de la línea de pobreza.

Queremos un sindicato con democracia sindical. Hay que modificar el estatuto para recuperar la asamblea general de afiliados como órgano máximo de decisión, en lugar del burocrático plenario de delegados actual, que sesiona sin mandatos de base.

Necesitamos un sindicato que se movilice contra el estado provincial negrero, que mantiene por años, como contratados, becarios, pasantes y monotributistas, a miles de compañeros pagándoles miseria y con la amenaza permanente de la extinción de la relación. Por todo esto el 12 de abril llamamos a votar la Lista 4 Bordó, a anotarse como fiscal para cuidar nuestros votos, sobre todo por las decenas de urnas volantes que preparan.

El martes 26 de febrero los docentes de Lomas de Zamora nos movilizamos a un año de la muerte de nuestra compañera Gabriela Ciuffarella, paciente oncológica que IOMA abandonó. Exigimos justicia. Basta de abandono. Vidal es responsable.