Escribe Adolfo Santos

“El gobierno libanés se ha visto obligado a suspender el pago de una emisión de eurobonos por 1.200 millones de dólares que vence el 9 de marzo porque necesita esos fondos [...] Ese dinero debe ser utilizado para asegurar las necesidades básicas de los libaneses”, declaró el nuevo primer ministro Hasan Diab ante la presión de las movilizaciones populares. Es un enorme logro que ese pueblo le haya impuesto al gobierno el no pago de una deuda usurera. Lo mismo aconteció en Argentina en 2001 por presión de la rebelión popular que fue el Argentinazo, obligando a que se deje de pagar la deuda por varios años usándose esa plata para planes sociales de emergencia que aliviaron el hambre de entonces.
Esta situación genera un debate: ¿Qué hacer con la deuda en Argentina? ¿Se puede imitar el ejemplo de El Libano? ¿O hay que renegociar porque no queda otra como dice el gobierno? Claro que se puede dejar de pagar. Para ello hay que tomar una decisión política en ese sentido, no lo que está haciendo Alberto Fernández.

Sectores del peronismo y de la “izquierda” que apoyan al gobierno dicen que en Argentina no se podría imponer esa medida que logró el pueblo libanés porque “la relación de fuerza no es favorable”. ¿Esto es así? Consideramos que no.
El FMI y la deuda son ampliamente repudiados por el pueblo argentino. Hasta lo dicen las encuestas. Se asocia con razón al FMI como sinónimo de explotación, hambre y ajuste. El peronismo kirchnerista, por ejemplo, ha hecho actos muy grandes cuando gobernaba Macri con la consigna “No al FMI” diciendo “La Patria está en peligro”. Y ahora al propio presidente se lo escucha decir que “la deuda es con el pueblo”. ¿Entonces por qué se va a pagar? El debate en todo caso debe partir sobre si es necesario o no tomar esa medida. Y si lo es, ver si además de la razón nos dan las fuerzas.

Pero lamentablemente estos sectores que defienden al gobierno si bien critican al FMI y a la deuda, terminan diciendo que hay que renegociarla, que no queda otra y que podría haber una renegociación favorable. Pero eso significa mantener el pacto firmado por Macri y el FMI y pagar. Sin embargo, países muchos más pequeños y con menos recursos que Argentina, como Líbano, lo han logrado.

Argentina es un país mucho más grande, fuerte y autosuficiente para enfrentar a los usureros internacionales. La relación de fuerzas, si hubiera una clara disposición política para imponerla, se podría conquistar ganando a los trabajadores y al pueblo explicando que esa deuda es ilegítima e impagable, que esa plata fue para la bicicleta financiera y que si no rompemos con el FMI estamos condenados a más pobreza y saqueo. Explicando que en Latinoamérica el pueblo de Ecuador ya se rebeló contra un gasolinazo ordenado por el FMI y logró hacerlo retroceder. Que Chile está rebelada con movilizaciones de millones contra Piñera. Hay paros en Colombia y que Puerto Rico tiró abajo a un gobernador por contraer una deuda sideral. Y que con un frente de países deudores se podría enfrentar con más fuerza a los saqueadores, lo que permitiría usar esos enormes recursos para reactivar la economía inmediatamente. No es eso lo que quiere el gobierno. Por eso cuando nos dicen que no se podría dejar de pagar porque “la fuerza no da”, les decimos que Líbano y Latinoamérica lo desmienten. Y que ese argumento oficia de excusa para pagar y someterse a los dictados del FMI con un falso discurso de que de esa forma se va a gobernar para los más vulnerables.

Siempre, los gobiernos justifican los aumentos de combustibles por el aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, cuando el precio del crudo baja, como acontece en estos momentos, los combustibles no acompañan esa oscilación. Conclusión: las petroleras siempre ganan y los consumidores nunca se benefician. Hay que cambiar esta lógica.

Escribe Adolfo Santos

Sin dudas, en política petrolera existe una continuidad entre los gobiernos de Kirchner, Macri y ahora de Alberto Fernández. Todos ellos se han subordinado a los intereses de las multinacionales del petróleo. Inclusive los que presentaron el proyecto: “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, de expropiación de YPF, y acabaron pagando a Repsol más de lo que valía la empresa.

Gobierno tras gobierno, la historia se repite. Siempre ganan las petroleras. Ahora que el precio mundial del petróleo está por el piso, en vez de bajar los combustibles y así reducir los costos de fletes para dar un alivio al bolsillo del pueblo trabajador, el debate en el gobierno es con cuanto subsidiar a las petroleras “para que no pierdan”. Como dijo Darío Martínez, diputado  del Frente de Todos por Neuquén: “hay que buscar urgente un precio (por encima del costo mundial) para el ´barril criollo´”. O sea la preocupación no es bajar los precios de los combustibles para favorecer a los más vulnerables, sino subsidiar a las multinacionales y a YPF para mantener sus ganancias. Claro que eso lo pagarán los consumidores cuando lleguen al surtidor.

Con Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo, algunos querían hacernos creer que se resolverían todos los problemas. Según especialistas, tiene reservas de gas por 200 años y de petróleo para varias décadas. Las patronales y los gobiernos se relamían con esa riqueza enterrada a miles de metros de profundidad. Pero una vez más, esa riqueza, no estaría al servicio del pueblo trabajador. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó un acuerdo con la multinacional Chevron en condiciones de entrega total. El convenio firmado tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones y a la responsabilidad del gobierno de garantizar las ganancias en caso de caída de los precios, superando los precios internacionales.

El gobierno de Macri le dio continuidad a ese proceso. Firmó una nueva “adenda Petrolera” que consistió en un acuerdo con el sindicato dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por entonces senador nacional, con el respaldo del gobierno provincial y las multinacionales en el que se impuso la más brutal flexibilización laboral. Se perdieron numerosas conquistas obreras a cambio de, supuestamente, garantizar puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un alto costo humano, ya  que ocho obreros perdieron la vida desde esa fecha hasta ahora por los ritmos y condiciones de trabajo. Una vez más, ganaban las petroleras y perdían los trabajadores.
En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, decidió entregar subsidios a las empresas que hicieran inversiones con el sistema de fracking, la explotación no convencional de gas y petróleo, con graves impactos ambientales. Esa resolución, estableció el precio del gas en 7,50 dólares por millón de BTU para luego caer a 7 en 2019, 6,50 en 2020 y 6 dólares en 2021. Un subsidio extraordinario para garantizar las ganancias de las grandes empresas petroleras y gasíferas. A pesar de esos subsidios, 1.800 de los 20.000 obreros petroleros, fueron enviados a sus casas con reducción salarial.

El gobierno de Alberto Fernández no actúa diferente.  De entrada, mientras le sacaba 100.000 millones de pesos a los jubilados, rebajaba del 12 al 8% las retenciones a la actividad petrolera y prometía una serie de beneficios a las multinacionales. Era una clara señal para que inviertan sabiendo que tendrían sus lucros asegurados. Sin embargo, el coronavirus le puede complicar las cosas al gobierno. La pandemia ha generado una caída mundial del precio del petróleo y Vaca Muerta se hace inviable si no es con fuertes subsidios del estado.

Esta situación nos coloca ante una tarea importante: exigir la rebaja de los combustibles e impedir que el gobierno continúe subsidiando las transnacionales del sector (Chevron, Shell, Total, Pan American Energy, Tecnopetrol y otras) y destine ese dinero para la emergencia que estamos viviendo. Mientras tanto, desde Izquierda Socialista y el FIT, continuaremos luchando por retomar el control de las riquezas del subsuelo para colocarlas al servicio de la población trabajadora. Por una YPF 100% estatal dirigida por sus trabajadores y técnicos que tomen en sus manos toda la exploración, producción y comercialización del petróleo.

Conversamos con Montserrat “Tata” Gayone, docente y activista en la lucha por la defensa del ambiente en Bahía Blanca. Desde la CTA se ha sumado a la organización de la Primera Marcha Plurinacional por el agua para los pueblos.

-¿Cuáles son los reclamos en Bahía Blanca en relación al problema del agua?

-Desde hace décadas hay escasez  de agua potable y no llega a los hogares, las escuelas y hospitales en condiciones de salubridad. El mantenimiento de las redes está tercerizado y casi no se ha extendido el servicio a los nuevos barrios. La última obra realizada, el Dique Paso de las Piedras, se hizo hace 50 años. En ese período la población creció de 160.000 a 301.000 habitantes. Lo grave, es que las plantas del Polo Petroquímico, que usan el agua como refrigerante,  tienen prioridad para el abastecimiento. La privatización del Puerto de Ingeniero White, el ferrocarril, la concesión de tierras para la ampliación del parque industrial, la extensión del dragado  y los nuevos muelles, ha puesto en peligro también al estuario de Bahía Blanca y las especies que crecen y se reproducen en el humedal.

Los cortes de ruta y del acceso al puerto por parte del pueblo de Ingeniero White ante los escapes de Cloro (Solvay Indupa) y Amoníaco (Profertil) en agosto del 2000, la protesta de los Pescadores Artesanales, por causa de la contaminación y la pueblada de General Cerri  la instalación de nuevos muelles son los hitos más importantes de las últimas dos décadas, en defensa del agua, el aire, la tierra  y la vida y contra la depredación del modelo extractivista apoyada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

-¿Qué más nos podés contar de esta lucha?

-Las organizaciones de La Marcha Plurinacional por el agua para los pueblos, con la participación de movimientos ambientalistas, comunidades originarias y jóvenes contra el cambio climático, entre otros, nos ha posibilitado romper  con el cerco provincial y nacional. Los ríos, los acuíferos y glaciares, no son provinciales, como establece hoy la ley, sino continentales. Y nos unimos para defenderlos sumando experiencias de lucha, compartiendo la información que los gobiernos y la prensa oficial ocultan, socializando conocimientos ancestrales que han sido silenciados por las sucesivas oleadas colonizadoras. Si bien finalmente la marcha no va a realizarse en la CABA por la pandemia del coronavirus, el 22 M estaremos haciendo pública en todo el país la denuncia  al saqueo y la contaminación y  difundiendo  las voces de las víctimas del sistema  a través de los medios y redes sociales en cada localidad. Los invitamos a sumarse.

En varias ciudades del mundo el reclamo por la igualdad entre los géneros se instaló con fuerza y millones se movilizaron entre el 8 y 9M. En algunos países se conmemoró el día internacional de la mujer trabajadora con acciones, movilizaciones y en algunos casos con una parcial huelga feminista. Sin dudas, la oleada de luchas feministas continúa contra la violencia machista y los crímenes de odio, contra la desigualdad económica y por el derecho a decidir.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires. Izquierda Socialista/FIT

“La verdadera pandemia es el machismo” decían algunos carteles que portaron las mujeres en Europa. En varios países las movilizaciones fueron suspendidas por el coronavirus como en Italia, pero el día internacional de la mujer trabajadora no pasó desapercibido. Decenas de miles en Barcelona y cientos de miles en Madrid se movilizaron masivamente este 8M  de 2020. Uno de los reclamos más sentidos fue el de la igualdad de derechos para las migrantes a quienes el gobierno de Pedro Sánchez les niega el acceso a la salud.  

En Turquía miles de activistas se movilizaron contra el gobierno represivo de Erdogan en reclamo de libertades y contra la violencia patriarcal. Se destacaron los mensajes contra el matrimonio con niñas, por la distribución de las tareas domésticas y también en solidaridad con las migrantes. Una vez más, al igual que en 2019, la marcha fue duramente reprimida y quienes se manifestaban no pudieron llegar a la emblemática plaza Taskim.  
En Pakistán, bajo el lema “mi cuerpo, mi elección”  y a pesar de las amenazas contra la manifestación del 8M, las mujeres salieron a las calles. Allí  tuvieron que enfrentar no solo la represión policial sino también a un grupo de islamistas que fueron a impedir la marcha con la consigna “el cuerpo es de Alá, la decisión es de Alá”.

“América Latina va a ser toda feminista”

Con este popular cántico, se colmaron las calles de Lima, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y la ciudad de México, entre otras ciudades. Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más afectadas por la desigualdad entre los géneros. Y al unísono, se expresaron voces contra la violencia machista, por la igualdad de oportunidades y por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
En Chile, la movilización del 8M fue histórica y la consigna central fue contra el gobierno de Piñera. En Santiago arriba de dos millones y medio de mujeres llegaron a la Plaza Dignidad, enfrentándose a los “pacos”. La marcha que unió las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar fue de cinco kilómetros. La rebelión del pueblo chileno continúa desde hace meses, y en esta oportunidad las feministas volvieron a  denunciar la violencia político-sexual que se manifiesta en violaciones  y todo tipo de vejámenes a las mujeres cuando son detenidas.

En México fueron dos días de movilizaciones muy masivas. El 8M la plaza central de la capital del país se tiñó de violeta contra la impunidad de los femicidios y se denunció que por día, son diez las mujeres asesinadas por el odio a su  género. El lunes 9M, se convocó a un paro nacional de mujeres contra la brecha salarial que llega al 34%.
En Perú la jornada se anticipó al 7M y cerca de 10.000 personas se manifestaron en Lima bajo la lema “Trabajadoras, sí; explotadas y violentadas, no.” En el país andino, el reclamo central fue el fin de los femicidios y la exigencia al presidente Martín Vizcarra que declare la emergencia en violencia de género.

En Argentina, al momento de la movilización se habían contado más femicidios que días. Por eso, en el país del #NiUnaMenos, el reclamo por presupuesto para combatir la violencia de género continúa más vigente que nunca. La marcha en Buenos Aires, se convocó  bajo la consigna: “La deuda es con nosotres, ni con el FMI, ni con las iglesias” y denunció el pago de la deuda externa. A su vez, el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito fue la demanda central de la movilización del lunes 9M. Por eso, frente al Congreso, decenas de miles de mujeres levantaron en alto el pañuelo verde exigiendo que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto que tiene estado parlamentario y que fue construido por el movimiento feminista.

En síntesis, las acciones tanto del 8M como del 9M dejaron en claro que las mujeres junto a las disidencias sexuales estamos en las calles y luchando por cada uno de nuestros derechos. Convencidas de que solo con la fuerza de la movilización, vamos a conquistarlos.

Escribe Malena Zetkin

Como ya se ha resaltado públicamente desde el ascenso de la “marea verde” en 2018, los abortos clandestinos en Argentina ascienden a las cifras de entre 370 y 520 mil al año y constituyen la principal causa de muerte de mujeres y personas con capacidad de gestar. La necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo no es un asunto menor, sino que resulta uno de los principales problemas de salud de las mujeres que puede tener una solución eficaz, tal como se ha demostrado en más de la mitad de los países del mundo en donde el aborto es legal.

Sin embargo, en 2018 el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar del apoyo de millones en las calles, quedó sepultado tras la negativa de los senadores que eligieron el bando de la Iglesia Católica en contra de las mujeres. Pero la “marea verde” siguió viva y en las calles insistiendo con la aprobación del proyecto de ley. Por ello la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto volvió a presentarlo en 2019 en el Congreso y el pañuelo verde siguió siendo bandera en todas las movilizaciones feministas hasta la actualidad. En este marco, el nuevo gobierno de Alberto Fernández no dudó en subirse a la ola y anunciar que el presidente enviaría al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto, aunque diferente del discutido en las calles y en los cientos de actividades en las que se formó la comisión redactora del mismo.

El nuevo gobierno del peronismo, a diferencia de sus predecesores, debió enseguida anunciar que apoya el aborto legal. Pero pronto comenzaron a surgir rumores acerca de la letra del proyecto de ley. Tras reuniones con el Vaticano y diferentes referentes de la Iglesia Católica, el gobierno dejó entrever que su proyecto tendría una propuesta de objeción de conciencia. Es decir, le daría vía libre a los médicos e instituciones religiosas para que se nieguen a realizar la práctica de salud excusados en sus creencias, tal como ya ocurre en nuestro país con los casos de las niñas obligadas a parir y las mujeres maltratadas, torturadas y hasta criminalizadas, aunque estén contempladas en los casos de abortos no punibles. Por eso, en el pañuelazo del 19F y en las acciones y movilizaciones del 8 y 9M centenares de miles en todo el país, salimos a dejar bien claro que nuestro proyecto está en las calles. Y que seguimos reclamando la separación de la iglesia y el Estado, por lo tanto, la queremos fuera de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

Mientras  se esparcen rumores acerca del proyecto de ley del gobierno, lo cierto igualmente es que éste sigue sin aparecer. El tiempo pasa y debajo de la pila de especulaciones sobre qué presentará el presidente en el Congreso quedan las mujeres muertas, mutiladas o criminalizadas por la clandestinidad. Por eso reafirmamos que al proyecto de ley ya lo tenemos. Es el de la Campaña. Está en las calles. Basta de dilaciones y especulaciones con nuestros derechos. Queremos el aborto legal ya.