India. ¡Doscientos millones de huelguistas!

El 28 de noviembre, doscientos millones de trabajadores salieron a la huelga en India, convocada por los principales sindicatos, incluyendo a la construcción, bancarios, manufactura y servicios, y el apoyo de más de trescientas organizaciones campesinas. La protesta exige que deroguen cuatro códigos laborales que privan a los trabajadores de conquistas básicas, como la jornada laboral de ocho horas (¡obligan a trabajar horas extras gratis!). Exigen también un salario mínimo de 280 dólares y jubilación de 133 dólares, 10 kilos de cereales para las familias necesitadas y el fortalecimiento del sistema de distribución pública, además del fin del proceso de recortes en las empresas del sector público.

Reclaman, junto con las organizaciones, anular leyes agrícolas que quitan garantías sobre el precio mínimo de apoyo y que desmantelan el Comité de Comercialización de Productos Agrícolas, lo que conduce al dominio de la agricultura por las grandes empresas.

Cuba. Artistas exigen derecho a expresión y disenso

Más de doscientos artistas, intelectuales y activistas se plantaron el viernes 29 de noviembre en protesta frente al Ministerio de Cultura de Cuba, un día después de que la policía desalojó por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Entre los manifestantes estuvieron el director de cine Fernando Pérez (La vida es silbar, Suite Habana) y el actor Jorge Perugorría (actuó en Fresa y chocolate). Los manifestantes se movilizaron a través de las redes sociales en solidaridad con los miembros del llamado Movimiento San Isidro (MSI), que fueron expulsados de su sede y apresados temporalmente tras iniciar la huelga para exigir la liberación de uno de sus integrantes, el rapero Denis Solís.

La prensa oficial de Cuba dijo que Solís tenía “vínculos con terroristas” en Florida y tildó a la huelga de hambre de “show orquestado desde Estados Unidos”.

Un comunicado publicado por redes sociales señala: “Los artistas e intelectuales cubanos repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”.

Francia. Macron retrocedió con su “ley de seguridad” ante el repudio masivo

El presidente francés criticó públicamente a su ministro de Interior por “haberlo puesto en una situación evitable” y anunció que el artículo 24, sobre la difusión en redes sociales de imágenes de la policía, será “reescrito”. La Ley de Seguridad Global que prohíbe tomar imágenes o videos de la policía estaba en discusión cuando cuatro policías franceses fueron imputados y dos de ellos encarcelados, por dar una paliza a un hombre negro. Esto se difundió precisamente por filmaciones en las redes sociales.

La masiva movilización de repudio, con centenares de miles en las calles y graves enfrentamientos con la policía, terminó con heridos y detenidos.

Colombia. ¡Camarada Edgar Ospina, hasta el socialismo siempre!

El Colectivo Unidos (UIT-CI) expresa sus sentidas condolencias a los familiares, compañeros de militancia revolucionaria y a los miles de trabajadores colombianos y de otros países que conocieron al compañero Edgar Ospina como militante socialista y abogado laboralista al servicio de lxs trabajadorxs. Ospina militó en su juventud en el PST de Colombia y en la construcción de nuestra corriente internacional trotskista morenista, junto con Nahuel Moreno y el equipo internacional que tenía su centro en Bogotá. Desde la Argentina nos unimos al homenaje a Edgar y enviamos nuestras condolencias a familiares y compañeros y compañeras de militancia.

El gobierno peronista de Alberto Fernández hace malabares alrededor de una palabra, ajuste. “Ajuste era el de Macri, lo nuestro es privilegiar a los postergados”, se escuchaba no hace mucho. “Lo que hacemos no es ajuste, sino correcciones”, dijeron después. Finalmente, la semana pasada el presidente se sinceró: “Hay un ajuste, pero no lo van a pagar los más necesitados”. A este doble discurso del “ajuste que no es ajuste” abonan también periodistas, como Alfredo Zaiat, que en Página/12 “explicó” increíblemente que reducir el déficit fiscal de 8% a 4,5% del PBI “no es ajuste” (22/11). O a la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, mintiendo alevosamente afirmando que “los jubilados le ganaron a la inflación” mientras anuncia un aumento que no llega a 30 pesos por día.

Vamos a la realidad que vive el pueblo trabajador. El gobierno eliminó la cuarta cuota del IFE y anunció que nunca más se pagará, como si la pandemia y sus consecuencias sociales se hubieran terminado. El gobierno dice que lo va a reemplazar por nuevos programas sociales, pero no los van a cobrar los nueve millones que percibían el IFE, sino muchos menos. Los jubilados, por su parte, terminarán el año cobrando mucho menos, en todas las categorías, que lo que les hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula vigente en diciembre pasado. Además, los aumentos jubilatorios por decreto de este año terminarán siendo inferiores a la inflación. Y, sobre llovido mojado, la nueva fórmula de reajuste previsional no tendrá en cuenta la evolución de los precios.

Sigamos. A los aumentos casi continuos de los combustibles se les va a agregar el año próximo el descongelamiento de las tarifas, con incrementos de entre 30% y 60% para el gas y la luz. Se liberan los precios máximos, que se sumarán a una inflación creciente, pegando en particular sobre los productos de la canasta familiar. Los salarios siguen a la baja con paritarias que, congeladas por meses, ahora quieren ser arregladas con aumentos muy inferiores a lo perdido. Podríamos sintetizar todo esto preguntando ¿si esto no es ajuste, qué es?

Este es el famoso “programa económico” del Frente de Todos. Ni reactivación, ni prioridad para los más postergados. Más de un compañero se preguntará ¿por qué el gobierno peronista de los Fernández no cumplió con “llenar la heladera” o “priorizar a los jubilados antes que a los banqueros”, como prometía hace poco más de un año en la campaña electoral? La respuesta es simple, porque tiene que cumplir con los compromisos que se están negociando con el FMI. Aquí están las primeras consecuencias del plan que se está terminando de cerrar con el Fondo. Y todo este ajuste (insistimos con la palabra, aunque el gobierno quiera esconderla) tiene un destino claro, cumplir con los pulpos acreedores de la deuda externa.

Veníamos del ajuste de Macri. A lo largo de este año, mientras se desarrollaba la pandemia del coronavirus, se profundizó a través de lo que llamamos la “pandemia social”, se perdieron tres millones de puestos de trabajo, aumentó exponencialmente la pobreza, decenas de miles perdieron hasta los lugares donde vivían por no poder seguir pagando los alquileres, crecieron el hambre y la marginación social. Ahora, con el acuerdo con el Fondo, se plantea profundizar más aún el ajuste. Mientras, no nos olvidemos, la pandemia del Covid-19 todavía no se terminó, los contagios siguen siendo muchos y lo de la eventual vacuna todavía está en veremos. Frente a este panorama, lógicamente, la pregunta que surge en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios populares es ¿qué hacer? En muchos sectores se salió a pelear. Así lo están haciendo, casi desde el primer día de la pandemia, los trabajadores de la salud. O los que han perdido sus puestos de trabajo, como los aeronáuticos de Latam, los docentes de muchas provincias y tantos otros.

Si el ajuste viene pasando en muchos lugares, es por la traición de las burocracias sindicales de la CGT y las CTA, que siguen jugadas al pacto con el gobierno. Sin embargo, esta semana, la impactante caravana y marcha convocada por el cuerpo de delegados de los ferroviarios del Sarmiento, de Once a Plaza de Mayo,demostró que, cuando a la cabeza hay una conducción combativa y  democrática como la de la Bordó, la base responde y sale masivamente a luchar. Este es el camino para dar la pelea contra el ajuste, tal como lo venimos planteando desde el sindicalismo combativo.

En las próximas semanas también se dirimirá en las calles si efectivamente logramos imponer, de una vez por todas, el aborto legal, seguro y gratuito. La lucha por que se apruebe dependerá, otra vez, de que se ponga nuevamente en marcha la “ola verde” que conmocionó al país en 2018. Desde Isadora e Izquierda Socialista ya estamos ahí, convocando a acciones masivas para que el grito de “aborto legal en el hospital” resuene por millones.

Se acerca el fin de año. Tenemos que dar todas estas peleas. Pero además tenemos que plantear una perspectiva, distinta del plan que nos quieren imponer el gobierno y el FMI. Por eso decimos que es necesario postular un programa económico alternativo, obrero y popular, que priorice las necesidades del pueblo trabajador por sobre las de las patronales y los banqueros. El primer paso para llevarlo adelante pasa justamente por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, imponer un auténtico impuesto a las grandes fortunas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Porque de ahí saldrá la plata para que haya trabajo, salario igual a la canasta familiar, un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite y presupuesto para salud, vivienda y educación. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad trabajamos por una alternativa política que lleve adelante este programa.

Escribe Claudio Funes

A partir de diciembre los haberes de los jubilados y pensionados del sistema nacional que gestiona la Anses subirán 5 por ciento. Fue anunciado el miércoles 18 en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. De esta manera, la jubilación mínima ascenderá a 19.035 pesos, un incremento de apenas 906 pesos. Un chiste de mal gusto.

El porcentaje otorgado es inferior al aumento de la canasta básica de alimentos -parte muy importante en los gastos de los jubilados-, que en octubre subió 6 por ciento.

En 2017, en medio de una feroz represión, el gobierno de Macri impuso una nueva movilidad jubilatoria. Significó el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados. Durante el gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo de los haberes se depreció 19,5 por ciento. Con Alberto Fernández continúa el ajuste al servicio del FMI. Con las subas por decreto, decididas de manera discrecional, el gobierno ejecutó un ajuste anual en el gasto de seguridad social de, por lo menos, 72.000 millones de pesos, el equivalente a más de 2.6 millones de jubilaciones de 27.193 pesos, una mínima y media.

De haberse mantenido la suspendida ley, todos los ingresos jubilatorios habrían aumentado durante el presente año 42 por ciento. En cambio, con el 5% que se aumentará en diciembre, los haberes acumularán un incremento de entre 24,3% y 35,3% dependiendo del nivel de ingresos (el porcentaje más alto corresponde al haber mínimo).

Por su parte, la inflación desde enero a octubre trepó a 26,9%, con una expectativa anual de 36,9%, según se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central en septiembre. Con los aumentos de noviembre y diciembre la inflación acumulada de todo 2020 puede superar 37 por ciento.

Estas cifras contradicen la afirmación que hizo Santiago Cafiero, quien manifestó que ​“el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación y estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde 2018 y 2019, pérdidas reales con la fórmula del gobierno anterior”.

Con este aumento, las jubilaciones y pensiones más bajas no solo no recortan sino que acrecientan la pérdida de 2018 y 2019, que fue de 19,5% y que afectó a todos los beneficios, mientras las medianas y más altas retroceden aún más (Clarín, 18/11/2020).

Horas antes del anuncio, el presidente Alberto Fernández, en declaraciones radiales, expresó: “No queremos que los haberes queden debajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y lo voy a cumplir”.

La realidad es muy distinta. De las 6,64 millones de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que paga la Anses, 63,1% corresponde al haber mínimo, según los datos al mes de septiembre de la Secretaría de Seguridad Social. Estamos hablando de 18.129 pesos, cuando la canasta básica de los jubilados ya alcanza los 49.614 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. 

La totalidad de los jubilados ya no solo quedan por debajo de la inflación, sino que en su gran mayoría están por debajo de la línea de pobreza. Alberto Fernández es doble discurso.

El paupérrimo 5% representa el valor de su compromiso con los más vulnerables, a la vez que reafirma que nada bueno se puede esperar de la nueva movilidad jubilatoria, que no incluye actualización por inflación. El 5% es ajuste, no aumento.

“Si la Argentina no crece, no hay fórmula de movilidad, ni fórmula de la Coca-Cola que pueda favorecer a nadie. Nuestro gobierno vino a hacer crecer a la Argentina. Esta fórmula es la que permitió que cuando creció la Argentina los jubilados también crecieron”, manifestó la camporista Fernanda Raverta.

Lamentablemente, las perspectivas serán otras. Solo crecerán la pobreza y la desocupación, porque el gobierno ya eligió pagar miles de millones de dólares a los acreedores de la deuda externa y al FMI.

La economía de los jubilados no mejorará en 2021. Se continuará por ley con el ajuste que hoy se impone por decretos. Con la fórmula de Macri los jubilados perdieron. Con la nueva también perderán. Se consolidará así el robo a los jubilados. Porque no se puede estar con ambos. ¡Se está con los jubilados, o con el FMI! 

Desde Izquierda Socialista repudiamos el miserable 5% de aumento y la nueva fórmula de movilidad peronista. Por ello proponemos luchar por las siguientes medidas:

• Un aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta del jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad, 49.614 pesos.
• Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
• Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan de acuerdo a la inflación mensual.
• Aplicar el 82% móvil del salario en actividad.

¿Esto es posible? Sí. Requiere que se suspendan los pagos de la deuda externa y se rompa la sumisión al Fondo Monetario Internacional.

Escribe Claudio Funes

Claudio Lozano se refirió críticamente al proyecto de ley de movilidad jubilatoria que impulsa el gobierno del que forma parte como miembro del directorio del Banco Nación.

Manifestó, entre otros conceptos, que “resulta insólito que en una economía inflacionaria como la de la Argentina no se incluya en una fórmula de movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales la cuestión central, un piso equivalente al aumento de la inflación”. Y agregó: “El objetivo de la fórmula de movilidad por lo menos debe ser mantener el poder adquisitivo de los haberes, máxime cuando los jubilados perdieron un 23% en el período del gobierno de Mauricio Macri y no han recuperado ese deterioro desde la asunción del nuevo gobierno”. Lozano, entre otras críticas, también afirmó: “la propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio. Es más, en contextos de recesión y caída de la recaudación los haberes jubilatorios perderían, al tiempo que su deterioro no haría más que profundizar la recesión”.

La conclusión de Lozano es clara: “estamos frente a una fórmula que privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI antes que en función de las necesidades que hoy exhiben la mayoría de nuestros jubilados”.

El interrogante que no responde Lozano es el de su lugar como miembro del gobierno de Alberto Fernández. Es que Claudio Lozano es uno de los principales dirigentes de Unidad Popular, un partido de centroizquierda que es parte del Frente de Todos. 

Su intención es mostrarse “distinto” dentro de un gobierno que ajusta al servicio del FMI. Que pagó, apenas asumió, 4.500 millones de dólares y que se entregó a los fondos buitres.

Lozano y Unidad Popular alientan la falsa expectativa de que dentro del peronismo hay alternativas progresistas, intentando de este modo evitar rupturas con el gobierno de franjas de trabajadores, sectores populares, juventud y, evidentemente, de jubilados. Enfrentar de verdad  la reforma jubilatoria requiere salir a luchar contra ella, y oponer un programa alternativo, donde los jubilados no queden sacrificados en manos del ajuste al servicio del FMI y los pulpos acreedores de la deuda externa.

Escribe Javier Leonforte

Contra la nueva reforma previsional que promueve el gobierno nacional de Alberto Fernández junto con el FMI, la mesa nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT Unidad) y la mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) han resuelto, en el mismo sentido, impulsar una gran movilización amplia y unitaria al Congreso Nacional el día que se trate la ley de movilidad jubilatoria. 

Retomamos así el camino de las históricas movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre de 2017, cuando miles de trabajadores enfrentamos la represión policial de Macri, que impuso una reforma previsional que atacaba a los jubilados. Pero, frente al repudio popular y al alto costo político que tuvo que pagar por atacar a los jubilados, debió retirar el proyecto de reforma laboral. 

Ahora es un gobierno peronista, de la mano del FMI, el que vuelve a atacar a millones de jubilados que cobran una miseria. Tenemos que ser miles repudiando. Hasta la CGT emitió una tibia declaración rechazando esta ley de ajuste, pero se queda de brazos cruzados. Impulsemos asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para reclamar el paro nacional a la CGT y las CTA y resolvamos movilizarnos masivamente el día que quieran aprobar la nueva ley jubilatoria.