Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Un zócalo del canal progobierno C5N sorprendió el día que se trataba el impuesto a la riqueza con un texto que afirmaba: “El macrismo y la izquierda, socios en defensa de las grandes fortunas” (ver imagen). Esa mentira formó parte de una furibunda y grosera campaña del oficialismo contra los diputados del Frente de Izquierda que hacían valer su propio proyecto, que disponía gravar de verdad a la riqueza y que habría recaudado 20.000 millones de dólares y no 2.000 millones como el que se terminó votando. El proyecto del FIT, por supuesto, nada tiene que ver con el macrismo que, como se sabe, tanto Macri, como Patricia Bullrich, Larreta, la UCR y todos los representantes de Juntos por el Cambio, cuando fueron gobierno se dedicaron a salvar las ganancias capitalistas y ahora, con sus banderazos albicelestes, defienden la propiedad privada de Vicentin. ¿Alguien puede en su sano juicio decir que la izquierda coincide con Macri? Nadie. Sin embargo, el gobierno hace esta campaña burda para decir que la única alternativa sensata, “progre”, que “combate a los ricos” y está a favor de los vulnerables sería la del peronismo y el Frente de Todos.

A nuestros lectores, trabajadores y jóvenes que les llegó la campaña del gobierno o que se pudieron hacer eco de esta operación, les decimos que, lejos de “combatir a las grandes fortunas” el gobierno viene aplicando políticas para salvarlas. Por ejemplo, con la ley de emergencia de diciembre de 2019 les perdonó y les quitó impuestos y retenciones a las petroleras y las mineras. Luego, con la UIA, les robó el 25% de los salarios a los trabajadores. Firmó un acuerdo con China para transformar a la Argentina en una fábrica de cerdos en beneficio del agronegocio contaminante que, en buena hora, fue frenado por la movilización ambiental. Y el gobierno simula estar contra los ricos, y defender a los más vulnerables, diciendo que va a beneficiar a la “salud”, cuando solo destinará un insuficiente 20% de lo recaudado para ello, mientras se dispone a pagar 50.000 millones de dólares al FMI. ¿Se imaginan nuestras lectoras y lectores cuántos respiradores, barbijos o camas se podrían adquirir, cuánto mejorarían los salarios de los profesionales de la salud y enfermeros con este monto sideral? Aun así, el gobierno hace la campaña.  

Tal vez algunos no se enteraron, o repararon, de que el denominado “aporte solidario” del gobierno no toca precisamente la riqueza de los bancos ni de los grandes empresarios. Sería bueno que el gobierno, en vez de hacer campaña contra el Frente de Izquierda, explique por qué solo impuso un ínfimo porcentaje a personas físicas y no a las ganancias capitalistas. Como decimos en nuestro proyecto de ley, los bancos privados obtuvieron una ganancia de 319.000 millones de pesos en 2019 y las quinientas empresas que más venden en el país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias entre 2016 y 2018, pero no se los toca. ¿No debería explicar el gobierno por qué los deja exentos en vez de atacar a la izquierda?

¿Cuál es el trasfondo de la campaña del gobierno contra el Frente de Izquierda? Son tres las razones centrales. Primero, porque quiere desacreditar la salida de fondo que proponemos para combatir de verdad a los de arriba, cosa que no hace el gobierno. Solo el FIT Unidad propone un verdadero impuesto a las ganancias de las grandes patronales, bancos y multinacionales; la reestatización de las privatizadas para terminar con el negocio de los servicios públicos. Solo la izquierda dice que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para atacar la riqueza obscena de los bancos o Cargill y propone el no pago de la deuda y el repudio al FMI. Esto es atacar de raíz a los de arriba.

Segundo, el gobierno hace campaña contra el Frente de Izquierda porque le duele que, junto con el sindicalismo combativo, está en todos los reclamos obreros y populares. Y, ¡ojo!, el gobierno hace campaña contra la izquierda para tirar de ese modo contra los que luchan. Por ejemplo, el gobierno atacó a la izquierda en Guernica a través de Larroque, Kicillof y Berni diciendo que “hacía política” y que boicoteaba un acuerdo para justificar el violento desalojo de miles de familias necesitadas.

Esta campaña contra la izquierda también la hizo el macrismo, tildándola de violenta por enfrentar dignamente el robo jubilatorio frente al Congreso a fines de 2017, o diciendo que, por culpa de la izquierda, se cerraban fábricas, como Pepsico. Yendo más atrás en el tiempo, el peronismo kirchnerista metió preso al Pollo Sobrero acusándolo falsamente de quemar trenes.

Tercero, la campaña del gobierno es un intento por retener en el Frente de Todos a parte de su base social que lo está criticando por el ajuste en curso para impedir que se vaya a la izquierda. Recordemos cuando Néstor Kirchner aspiraba a que hubiera solo dos expresiones políticas, su “gobierno popular” y una “derecha democrática” que se alternaran en el poder. Y agregaba: “A la izquierda del kirchnerismo está la pared”. Pero en 2011 surgió el Frente de Izquierda sobre la base de la mayor unidad de la izquierda que se logró en el país. Desde ese momento, el FIT vino avanzando con más inserción en el movimiento obrero con el sindicalismo combativo peleando contra la nefasta burocracia sindical peronista, en el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental y en la vida política del país, postulando una salida de fondo para combatir los males capitalistas a los que nos llevaron todos los gobiernos patronales. Esto es lo que le molesta al gobierno y al peronismo, por eso apela a campañas mentirosas.

En todo este tiempo hemos sabido desenmascararlas y clarificarlas a pesar de la confusión que generan, logrando que cientos de miles de luchadores abracen un programa alternativo, de izquierda, por una salida obrera y socialista. Mientras hacemos estos debates, desde Izquierda Socialista nos dirigimos a las nuevas generaciones de luchadoras y luchadores que se suman a la pelea política para que no se dejen llevar por falsas campañas y, en cambio, luchemos juntos por una salida de fondo para el país.

Escribe José Castillo

Los compañeros de la junta interna de ATE Indec han dado ha conocer el nuevo valor mínimo que debe alcanzar toda familia trabajadora tipo (pareja con dos hijos en edad escolar) para no caer en la pobreza, al mes de octubre. El monto asciende a 76.507,50 pesos. Se compone de 25.729 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y 50.778,50 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Tenemos que destacar este auténtico aporte al conjunto de la clase trabajadora que hace años vienen realizando los compañeros del Indec. Para entender su importancia tenemos que compararlo con los datos oficiales de lo que se conoce como “línea de pobreza”. Según este indicador, que es el que periódicamente dan a conocer las autoridades del Indec, llamado “canasta básica total”, una familia tipo no sería pobre si percibe 49.912 pesos al mes.

¿Por qué ambos cálculos dan números distintos? Fundamentalmente porque la canasta de consumos mínimos construida y seguida mes a mes por los compañeros de la junta interna de ATE Indec responde mucho mejor a la realidad de las necesidades de consumo de una familia trabajadora. El dato donde se observa la mayor diferencia está en que en la medición oficial no se incluye el pago por alquiler de vivienda. Se supone, entonces, que esa familia “tipo” es propietaria. Más aún, que no tiene deudas relacionadas con su vivienda (no está pagando cuotas de una hipoteca, por ejemplo). La realidad del pueblo trabajador es muy distinta. Millones de compañeras y compañeros no tienen vivienda propia y se ven obligados a alquilar. Acá está la diferencia fundamental. ATE Indec dice, blanco sobre negro, que una familia trabajadora necesita por mes al menos 76.507,50 pesos, contando dentro de ello el monto que debe separar para el pago mensual de la vivienda que habita.

La mayoría de los trabajadores, por debajo de la línea de pobreza

Frente a estos números, la inmensa mayoría de los asalariados de nuestro país son pobres. Midiendo solamente a la franja de trabajadores en blanco, con convenios colectivos de trabajo y paritarias, 57,7% está por debajo de la línea de pobreza del Indec (cobran menos de 50.000 pesos). Mucho peor es la situación de los tercerizados, que suelen percibir en promedio ingresos 30% inferiores. Y ni qué hablar de los que figuran en negro, como no registrados.

Para estos últimos, el indicador clave es el salario mínimo, vital y móvil, que hoy está fijado en 16.875 pesos. Este monto se encuentra  incluso por debajo de la línea de indigencia oficial, que es de 20.710,20 pesos. Como vemos, no es “vital” ni “móvil”. Recordemos que este monto se toma como referencia para pagarle a una enorme cantidad de asalariados en negro. Dato no menor, casi 40% del total de los trabajadores está en esa categoría, cínicamente denominada “informal”.

El poder adquisitivo, en el tobogán

La clase trabajadora ha perdido entre 20% y 25% del poder de compra de sus salarios en los años del macrismo. Alberto Fernández subió prometiendo “llenar la heladera” y “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Nada de eso sucedió, en 2020 las paritarias han sido a la baja, en muchos casos luego de estar virtualmente suspendidas durante todo el año.

La tendencia es a que el salario se siga deteriorando. El fin del programa de “precios máximos”, las nuevas subas de los combustibles, de la medicina prepaga y el anuncio de nuevos tarifazos a partir de 2021 van a seguir echando leña al fuego a una inflación que, de lejos, le siga ganando la carrera a los salarios.

Tenemos que exigir un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar calculada por ATE Indec. Al mismo tiempo, se impone la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin techo ni ningún tipo de limitaciones, con paritarios electos por la base de cada gremio, para así romper el pacto de la burocracia sindical de la CGT y las CTA con las patronales y el gobierno, que es lo que está haciendo pasar este ajuste.

Escribe José Castillo

Hoy un trabajador casado con dos hijos empieza a sufrir descuentos por el impuesto “a las ganancias” a partir de los 73.102 pesos. Recordemos que la canasta básica para no ser pobre calculada por la junta interna de ATE Indec es de 76.507,50. ¡A trabajadores que ni siquiera han alcanzado ese monto ya les empiezan a descontar por impuesto a las ganancias! Se trata de una auténtica vergüenza.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández se llena la boca hablando de cobrarle a los que más tienen. Ahora lo hace con el debate sobre el llamado impuesto a la riqueza, que no le hace ni cosquillas a los grandes millonarios, muchos de los cuales ya se pusieron a cubierto trasladando su domicilio legal al extranjero, además de que no lo pagan las empresas y, escandalosamente, parte importante de lo que se recaude incluso “volverá” a manos de los grandes capitalistas, como es el caso de los monopolios del gas y el petróleo. Del mismo modo que todo el pueblo trabajador paga cotidianamente un IVA con una tasa escandalosa de 21%, una de las más altas del mundo. En síntesis, la estructura tributaria argentina es tremendamente regresiva, armada bajo el principio de que “los que menos tienen, más paguen”.

Lo dijimos una y mil veces, ¡el salario no es ganancia! Hay que terminar con ese escandaloso tributo. También hay que eliminar el IVA a todos los artículos de la canasta familiar. A la vez que instaurar un verdadero impuesto a las grandes riquezas y fortunas, tal como el propuesto por el Frente de Izquierda Unidad. Solo así se empezará a hacer realidad el principio de que, realmente, los impuestos los paguen los ricos y las grandes patronales con sus superganancias y no el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández anunció que no pagará la cuarta cuota del IFE, dando fin a este programa. Así, nueve millones de familias que recibieron 10.000 pesos en las tres ocasiones en que se pagó este subsidio ya no lo cobrarán. Seamos claros, siempre dijimos que era un monto absolutamente insuficiente y, peor aún, que ni siquiera se pagaba todos los meses, por lo que terminaba siendo menos de 5.000 pesos mensuales por familia. Pero ahora el gobierno empeora la situación, millones no recibirán siquiera esta limosna. ¿Por qué? La respuesta es simple y sencilla por más que se la quiera esconder con discursos retorcidos: es parte de las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que el IFE será reemplazado por los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Inclusión Joven. Se trata de una auténtica cortina de humo. La realidad es que el Potenciar Trabajo es para personas que ya están incluidas en programas anteriores, como “hacemos futuro” y “proyectos productivos comunitarios”. Los beneficiarios están cobrando hoy 9.450 pesos, con el aumento de diciembre llegarán a apenas 10.293. Por su parte, el Potenciar Inclusión Joven sólo estará disponible para personas de entre 18 y 29 años, que cobrarán durante doce meses 8.500 pesos a cambio de una contraprestación laboral. Lo decimos con todas las letras, se trata de trabajo precario, con un sueldo miserable que alcanzará apenas a una porción menor de los que cobraban el IFE.

La pandemia del coronavirus no terminó, sanitariamente ni en sus consecuencias sociales. Por eso, todos aquellos que se han quedado sin ingresos deben acceder a un subsidio de 40.000 pesos por mes. En medio de la emergencia, es escandaloso que prime el programa de ajuste exigido por el FMI. Necesitamos otro plan económico, obrero y popular, que resuelva las más urgentes necesidades populares. Dejando de pagar la deuda externa, rompiendo con el Fondo e implementando un auténtico impuesto a las grandes riquezas alcanzaría y sobraría para financiar todos los programas que permitan atender las consecuencias del Covid-19. 

Escribe Adolfo Santos

La caída de un helicóptero en Salta, que provocó la muerte de sus dos ocupantes, causó gran repercusión. No era para menos, uno era Jorge Horacio Brito, uno de los hombres más ricos de nuestro país, dueño del banco Macro, de negocios inmobiliarios, energéticos y emprendimientos agropecuarios. 

Junto con su cuñado, Delfín Carballo, construyó su poderío económico a partir de una compañía financiera que comenzó a funcionar en los años ’70, durante la dictadura. Se asociaron con una empresa de José María Dagnino Pastore (ministro de Economía de Onganía) y los dirigentes radicales Mario Brodersohn, Alieto Guadagni y Alfredo Concepción. En 1976 fundaron el banco Macro. Durante el Proceso hicieron fortunas favorecidos por la reforma financiera de 1977, que otorgó facilidades a los bancos y al capital especulativo.

En febrero de 1989, previo a que el Banco Central liberara el mercado cambiario disparando el proceso de hiperinflación, el banco Macro hizo un gran negocio comprando una enorme cantidad de dólares. Fueron los años de Brito ligado al gobierno de Raúl Alfonsín y su hombre fuerte, Enrique “Coty” Nosiglia. Esa maniobra de comprar millones de dólares antes de una devaluación usando información privilegiada no es novedosa. En 2008 Néstor Kirchner compró 2 millones de dólares durante el gobierno de su esposa, Cristina Fernández, en plena crisis económica internacional.

Después vinieron los años del Brito peronista. Durante la era privatista de Menem y el efecto Tequila comenzó a adquirir bancos provinciales. En 1996 se apoderó de los bancos de Salta, Misiones y del Noroeste, en 1998 del Banco de Jujuy y en 1999 del banco Mayo. Después de la crisis de 2001, entre 2002 y 2010, compró Bansud, parte del Scotiabank Argentina, el Nuevo Banco Suquía, el Banco Empresario de Tucumán, el Nuevo Banco Bisel, el de Tucumán y el Banco Privado de Inversiones. Actualmente, el holding del Macro está formado por Macro Bank Limited con sucursal en las Bahamas, territorio de la corona británica que ofrece secreto financiero y corporativo, un lugar perfecto para lavar dinero. En todo ese tiempo dejaron a miles de trabajadores en la calle.

Brito, además, era dueño de la inmobiliaria Vizora, que actúa en Latinoamérica y tiene propiedades en Puerto Madero. Posee 90.000 hectáreas de campos en Salta, con miles de cabezas de ganado. En esta provincia fue denunciado por destruir cientos de hectáreas de flora nativa. Era dueño de empresas de energía eólica. La Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social denunció penalmente al ex titular de la Anses Emilio Basavilbaso (PRO) por fraude en la compra de deuda de la empresa energética de Jorge Brito con dinero de los fondos de jubilados. Durante el kirchnerismo se lo vinculó al financiamiento de la compra de la empresa Ciccone a través del fondo Old Fund, por lo que fue procesado junto con el ex vicepresidente Amado Boudou.

Esa relación con los políticos patronales de turno, a los que les devolvía favores con generosos aportes para sus campañas, es lo que explica tanta congoja ante su muerte. Boudou fue el primero que lo despidió, pero Alberto Fernández, Sergio Massa, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz (con quien acababa de almorzar antes del accidente) y Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur de Tucumán y Gerardo Morales de Jujuy, entre otros, también lo elogiaron. De nuestra parte, nos limitamos a contar hechos de su historia para que nadie piense que es posible “crear un imperio financiero desde la nada”.