Escribe Guillermo Sánchez Porta 

Este martes 10 de noviembre se realizó la jornada nacional de lucha impulsada por el Encuentro Nacional de sindicatos, seccionales, directivos y agrupaciones docentes.

El gobierno nacional de Fernández, a través de su ministro de educación Trotta y el Consejo Federal de Educación decidió, finalmente, que todas las provincias del país pueden regresar a clases presenciales cuando lo decidan. Sobre la base de un “semáforo” del Covid-19, definen que en las provincias o ciudades con estado “amarillo” o “verde”, van a regresar a la presencialidad.

Lo que antes sólo decían Larreta y su ministra Acuña de CABA, ahora ya es unánime entre Trotta, Kicillof y todos los gobernadores del país. Anuncian que desde estas semanas van a volver a clases todos los chicos del país, que ya regresamos, gradualmente, a la normalidad. 

¿Qué hay de cierto en esto? Todo es una enorme irresponsabilidad y una campaña política. Por un lado, quieren hacer creer a la población que las clases regresan y se termina el último rincón de la cuarentena sanitaria. Esto dejaría a docentes, estudiantes y sus familias con el enorme riesgo de contagio y la posibilidad de una nueva explosión de la pandemia. No hay ninguna posibilidad de retomar clases presenciales, sin este riesgo. Y el gobierno lo sabe. Por eso lo que van a tratar de hacer es que grupos de 8 a 10 estudiantes se reúnan con un docente en “burbujas” educativas, vayan a la escuela por dos horas a realizar actividades recreativas. Una o dos veces por semana. ¡Esto no tiene nada que ver con “normalidad” ni regreso a clases! Esto es arriesgar la salud, para “hacer como si tuvieran clases”.

Pero, ¿por qué hacen esto el presidente y los gobernadores? Por un lado, quieren instalar que ya está todo bajo “normalidad”. Que las madres y padres que no pueden ir a trabajar presencialmente porque los hijos no van a la escuela, ya no sean excusados y tengan que ir o serán despedidos. Quieren que las escuelas privadas justifiquen el cobro de las cuotas, entonces que los alumnos al menos vayan un mes, unos días. Y, sobre todo, quieren que quede instalado que en febrero, pase lo que pase con la pandemia, todos van a volver a la escuela.

Son tan absurdos los decretos que sacaron de regreso, que Trotta deja en mano de los gobernadores la decisión. Estos en manos de los intendentes. Y estos en manos de las directoras de escuela, quienes ya informaron que sólo será voluntario para docentes y alumnos. Todos saben que las escuelas no están en condiciones de infraestructura ni sanitarias para el regreso.

Por eso, lo que estamos exigiendo es que el gobierno invierta urgentemente dinero para que se garantice la educación pública virtual, con conectividad gratuita y entrega de computadoras a alumnos y docentes. Y se arreglen ya las escuelas. Mientras, seguimos diciendo que con pandemia, no volvemos a la presencialidad.

Por otro lado, la docencia está sufriendo salarios de pobreza, falta de trabajo de miles de docentes que no fueron nombrados en todo el 2020 y súper explotación de los que sí están trabajando, a toda hora, con internet, con muchísimos más alumnos que los que corresponden, etcétera.

Ante todo esto, la burocracia sindical de Alesso y Baradel de Ctera y las listas Celeste de todo el país, cuestionan la falta de condiciones para el regreso a clases, pero dejan correr los aprietes a docentes para presentarse. Y, sobre todo, avalan la política de ajuste salarial y laboral de Fernández y los gobernadores, acordando las paritarias con ellos y no llamando a la lucha.

Por eso, los sindicatos opositores encabezados por Ademys CABA, Suteba Multicolores bonaerenses, Amsafe Rosario, Adosac Santa Cruz, Sute Mendoza, AGD Formosa y directivos de las minorías de ATEN Neuquén o Agmer Entre Ríos, han empezado a coordinar declaraciones y acciones, como la importante jornada del 10/11. Con paros, actos, caravanas, radios abiertas, en cada provincia se protestó contra la política del gobierno y se exigió plata para educación pública, no para el FMI. Además, que Ctera y los sindicatos provinciales, salgan a la lucha.

El acto más importante fue una fuerte caravana de Ademys y los Suteba Multicolores,  en CABA que culminó en el Ministerio de Educación de la Nación.

Llamamos a darle continuidad a esta coordinación y a apoyarnos en los directivos, estudiantes secundarios y familias, para que juntos rechacemos la irresponsabilidad de Fernández y los gobernadores.

Escribe Martín Fú

El hallazgo, en septiembre, de un libro con más de quinientas fichas con fotos de personas perseguidas por la dictadura en un armario de la Agencia Federal de Investigaciones, ex Side, muestra nuevamente la necesidad de seguir luchando y exigiendo la apertura de todos los archivos producidos entre 1976 y 1983. El libro, con el logo del estado mayor y su infame jefatura de inteligencia, de la que dependía el Batallón 601, es un fiel dossier de cómo se organizaba, a través de tareas de inteligencia e infiltración, la “cacería” de activistas políticos, sindicales y estudiantiles. 

“El presente álbum tiene como finalidad servir para la detección, identificación y posterior neutralización de personal y material utilizado con fines subversivos”, señala el libro en sus primeras páginas.

Pasaron treinta y siete años del final de aquellos años de plomo, todos y cada uno de los gobiernos “democráticos” que se alternaron en el poder han sido fieles y celosos custodios de estos documentos. Ninguno accedió a que esos archivos fueran entregados a organismos de derechos humanos. Y garantizaron, pese a quien le pese, la impunidad para miles de genocidas. A modo de ejemplo, el responsable de la elaboración de este álbum, el general Carlos Alberto Martínez, miembro de la Jefatura de Inteligencia II entre 1976 y 1978, fue nombrado durante la gestión de Raúl Alfonsín director de la Escuela de Inteligencia de la SIDE, cargo que ocupó durante casi tres décadas sin llegar a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos exigido la apertura de todos y cada uno de los archivos en poder de las diversas reparticiones estatales bajo responsabilidad directa de cada uno de los gobiernos, sumándonos al pedido generalizado de quienes permanentemente nos encontramos movilizados y acompañando la lucha por la verdad y contra la impunidad. Lo hicimos durante el kirchnerismo y lo hacemos ahora. Los archivos de la dictadura militar constituyen un documento decisivo sobre el destino de las 30.000 personas detenidas desaparecidas, los nietos por recuperar y para saber quiénes han sido y son los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Por eso nos sumamos a la campaña de “Apertura ya de los archivos de la dictadura”, iniciativa lanzada por el Encuentro Militante Cachito Fukman junto con otras organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas. Una campaña de alcance internacional para que, de una vez por todas, se hagan públicos todos los archivos que aún ocultan los gobiernos.

Invitamos a los militantes y a nuestros amigos a sumarse, acercando su adhesión a info@encuentromilitantecachitofukman.org, preparando la jornada de lucha con movilización para el próximo 10 de diciembre.

Escribe Martín Fú

El martes 10 de noviembre nuestra compañera Ana María Martínez habría cumplido 70 años. Secuestrada y asesinada por la dictadura militar en febrero de 1982, Ana María militó en el Partido Socialista de los Trabajadores (antecesor de Izquierda Socialista) en la zona norte del Gran Buenos Aires. Obrera fabril, militante feminista y de los derechos humanos, llevó su compromiso revolucionario y socialista hasta las últimas consecuencias. La recordamos junto con la comisión de familiares, amigos y compañeros en un acto virtual en el que estuvieron presentes familiares de Ana María, ex compañeros de militancia del PST, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata; Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga; Susana y Nora Zaldúa, de la Comisión de Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, entre otros. Enviaron su saludo nuestro compañero Juan Carlos Giordano, en nombre Izquierda Socialista, y Silvia Fernández, secretaria de Organización de Suteba Tigre. Junto con compañeros de la regional Norte recordamos y honramos su memoria, reforzando el compromiso a fuerza de militancia y llevando bien en alto las mismas banderas que levantamos con el PST y que continuamos hasta el día de hoy con Izquierda Socialista. Por el socialismo y un gobierno de los trabajadores. ¡Ana María Martínez presente, ahora y siempre!

Escribe Pablo Montenegro, cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento

Tras la firma del acuerdo salarial de 7% más una suma fija de 10.000 pesos por única vez por parte de la directiva Verde de Sasia junto al resto de las conducciones de los gremios ferroviarios, la bronca de los trabajadores no se hizo esperar y se expresó en el acto unitario,  convocado por el cuerpo de delegados y la comisión ejecutiva Bordó de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, realizado el jueves 5 en la base Castelar. Allí se dio una respuesta contundente de repudio al miserable acuerdo y se resolvió coordinar un plan de acción. El acto no solo contó con la participación de la combativa base del Sarmiento, también se sumaron importantes delegaciones de las líneas Mitre, Belgrano Norte, Roca y, por primera vez, se hicieron presentes compañeros del San Martín.

Con el constante sonar de los bocinazos de los trenes que pasaban mostrando la simpatía y acompañamiento de los conductores del gremio de La Fraternidad, y la mirada a la distancia de trabajadores jerárquicos de Apdfa, el acto de los ferroviarios se desarrolló con mucha fuerza y euforia.

También quedó de manifiesto la necesidad profunda de unir a todos los trabajadores y trabajadoras de las distintas líneas para poder torcer el rumbo de esta paritaria firmada por la Verde y el resto de las conducciones burocráticas. Acompañados por bombos, bengalas y el flamear de las banderas de la Bordó, no se paraba de corear “más que un aumento es una reducción salarial”. En ese sentido, también se señaló lo perjudicial que resulta realizar acciones alejadas del acompañamiento de los ferroviarios que, más que luchar por el salario y otras reivindicaciones, solo buscan posicionarse de cara a las elecciones del próximo año.

En la mayoría de las intervenciones se resaltó la importancia de dirigir el reclamo al “dueño de la billetera”, el gobierno peronista nacional. Gobierno que impuso, junto con la burocracia sindical, el mismo miserable porcentaje de 7% a todos los trabajadores del Estado para mostrarle al FMI que la reducción de 4 puntos del déficit fiscal para el año próximo ya se empieza a hacer carne.

Las intervenciones de los compañeros de las distintas líneas pusieron en valor la importancia significativa de contar con una conducción combativa y democrática, como la de la Bordó del Sarmiento, que llama a la más amplia unidad y coordinación para enfrentar el ajuste en acciones como la que realizamos en Castelar. Y que se pone a la cabeza de las demandas y necesidades de los compañeros garantizando, por ejemplo, que se cumplan los protocolos por el Covid-19 en los lugares de trabajo, o que cuenten con estabilidad laboral y que no pasen ajustes como los del gobierno de Macri, que arrancó diciendo en 2016 que de cada tres ferroviarios sobraban dos y que implicó el despido de casi ocho mil trabajadores en todo el país, incluyendo el cierre de ramales. Una conducción que repudia las persecuciones que hace la Verde junto con la patronal, como sucede en el Roca, el Mitre, el Belgrano Norte y el San Martín. En el Sarmiento, la Bordó viene garantizando desde hace años que todos los compañeros puedan opinar libremente en las multitudinarias asambleas.

El acto finalizó con la intervención de Rubén “Pollo” Sobrero, que llamó a darle continuidad al plan de acción con una caravana al Ministerio de Transporte el próximo viernes 20 a las 15 para exigir 40% de aumento, con su correspondiente retroactivo, y a reclamarle a la conducción nacional de la Unión Ferroviaria de Sasia que llame a asambleas generales por línea donde se elijan paritarios y se elabore un plan de lucha nacional por un verdadero aumento de salarios, como reclamamos desde el Sarmiento.

Escribe Marcela Martin, delegada Hospital Colonia Santa María- Punilla

El paro con asistencia a los lugares de trabajo convocado por la Multisectorial de la Salud, se dio con dispar acatamiento entre los distintos hospitales públicos de toda la provincia, pero en general fue bueno, reflejando la bronca del sector salud, ya que ATSA y el SEP (empleados públicos) no llamaron a parar y por eso en el sector privado fue más débil. Los trabajadores utilizaron la jornada para hacer carteles y para reforzar la convocatoria en las redes. Por la tarde esto se reflejó en las caravanas de varias ciudades del interior y principalmente en las calles de la ciudad de Córdoba donde arrancó con 400 autos. A su paso se fueron sumando más vehículos que llegaron a cubrir unas 20 cuadras en doble fila, mientras los integrantes del equipo de salud recibíamos la solidaridad y los aplausos de los transeúntes desde veredas y balcones. Izquierda Socialista sumó su solidaridad acompañando a Salud en Marcha. Luego de recorrer casi 50 cuadras realizamos un acto frente al “Panal” (Casa de Gobierno) allí los oradores denunciamos a Schiaretti y a su ministro de salud Diego Cardozo, se reclamó una salud pública, gratuita y de calidad, un salario básico de 50 mil pesos, la incorporación de personal, el pase a planta permanente de los precarizados, el cese de persecuciones, aprietes, y que se nos provea de todos los elementos de protección en cantidad y calidad suficiente, entre otras reivindicaciones. Al finalizar, la frase mejor recibida fue aquella con la que cerré el acto: Si no hay respuestas, el 20 de noviembre acompañando la jornada nacional  de lucha, lo repetimos con más fuerza.

Desde salud, le hemos dicho basta al gobierno nacional, al provincial y a los municipales que prefieren pagarles a los usureros sus deudas externas, antes que resolver la pandemia, el salario y la protección de los trabajadores. Fue un buen paro y una mejor caravana, pero si no hay respuestas favorables y nos obligan a volver a salir, debemos garantizar asambleas en hospitales, clínicas y demás dependencias, para que la medida sea contundente.

La multisectorial tiene el gran desafío de mantener su unidad ante los intentos, hasta ahora fallidos, del gobierno por romper esta coordinación, haciendo propuestas a las agrupaciones o sindicatos para dividirnos. Debemos concretar un plan de lucha para lograr, que esta crisis no la continuemos pagando los trabajadores.