El jueves 15, a la medianoche, el doctor Alejandro Vega regresaba con la ambulancia al hospital cuando fue atacado por una persona que intentó matarlo tras efectuar tres disparos. El agresor, según el fiscal, es familiar de un fallecido por Covid-19. El Socialista entrevistó al doctor Fabián Torres, compañero de trabajo de Vega.

ES–¿El ataque al doctor Vega fue provocado por familiares de un paciente que falleció de Covid-19?

F.T.–Sí, eso es lo que determinó la investigación del fiscal. En menos de cuarenta y ocho horas, gracias a la movilización, se detuvo a un joven que fue acusado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. Estamos tristes, preocupados, porque puede volver a suceder. Necesitamos que la Justicia actúe con celeridad y que dicte una condena ejemplar. No podemos creer que alguien encargado de cuidar la vida de los pacientes, en estado de pandemia, ponga en riesgo su vida no tan solo con el Covid-19, sino porque aumentó la violencia desde que se inició la pandemia.

ES–¿Cómo está la situación sanitaria en la provincia?

F.T.–Río Negro es la sexta provincia del país con más contagios y la primera en la Patagonia, con casi cinco mil casos activos. Desde agosto que venimos con el sistema de salud colapsado en la zona del Alto Valle, con terapias colmadas en los hospitales de mayor complejidad por Covid, las situaciones más graves se resuelven con derivaciones. Hubo casos en que se debieron trasladar pacientes a Viedma, a más de 500 kilómetros de distancia, y a Buenos Aires por no encontrar camas en las ciudades cercanas ni en la capital neuquina.

ES–¿En qué condiciones laborales y sanitarias están afrontando la atención de las distintas enfermedades y, específicamente, el Covid?

F.T.–Nuestro hospital es de complejidad II y está equipado para urgencias y emergencias y realizamos derivaciones de casos críticos. Actualmente somos tres profesionales médicos que realizamos guardias activas de veinticuatro horas y dos especialistas que solo realizan consultorios. Enfermería se vio afectada por licencias por enfermedades preexistentes y por contagios de Covid. Tuvimos una semana sin servicio de mucamas y también se vio resentido el personal de choferes y administrativos por el Covid. Desde marzo venimos trabajando sin descanso con escasos recursos humanos, con insumos insuficientes e infraestructura inadecuada para este nuevo escenario de la pandemia. Y ahora se suma la falta de seguridad, que expone doblemente nuestras vidas en la búsqueda de algún culpable del coronavirus. Los culpables son los gobiernos que beneficiaron a los grandes sectores empresariales y no destinaron el presupuesto necesario para salud para enfrentar el Covid.

ES–¿Qué lograron después de la asamblea?

F.T.– Nos organizamos rápidamente horas después de este hecho repudiable y en asamblea exigimos la presencia de las autoridades municipales y provinciales para conseguir justicia por el colega atacado, seguridad para nuestro hospital, mayor personal, insumos y una dirección visible, al haber fallecido por Covid la directora. Conseguimos con nuestra unidad, y el apoyo de la comunidad, la seguridad para el hospital y para nuestro compañero Alejandro, que ya se encuentra en su casa, la detención del agresor y el nombramiento de una directora. Aún nos quedan demandas no satisfechas que hacen a nuestros derechos como trabajadores, ya que seguimos batallando solos y sin el apoyo de las autoridades provinciales y nacionales. Por lo menos en estos días algo cambió, ya que permanecemos en estado de alerta y asamblea y apostamos a que con la lucha y la unidad conseguiremos nuestros derechos.

Escribe Adolfo Santos

Insensible, el gobierno peronista de Axel Kicillof insiste en la tesis de desalojar por la fuerza a las familias que intentan resolver el problema de la falta de viviendas en Guernica. Después de meses de haber ocupado terrenos baldíos, más de mil humildes familias continúan sin recibir una solución por parte de las autoridades provinciales. En vez de eso, todo este tiempo el gobierno ha preferido maltratarlas con amenazas de desalojo y represión, como si la cuestión de la vivienda fuera un tema policial y no un grave problema social que afecta profundamente a los sectores más vulnerables.

Pero gracias a la firme voluntad de los ocupantes, al papel solidario de varias organizaciones sociales y de derechos humanos y a los partidos de izquierda, como los que integramos el FIT-Unidad, la toma se viene manteniendo. Esa firmeza ha obligado al gobierno a tener que sentarse a negociar soluciones, aunque lo ha hecho con propuestas parciales e insuficientes. Mientras tanto, continúa con una campaña de descrédito contra la ocupación alegando que la mayoría ya se retiró y que las que quedan no son más de doscientas familias fogoneadas por la izquierda.

No es esa la realidad. Un censo interno realizado el viernes 16 por los propios vecinos constató la existencia de 1.350 familias en el lugar. El gobierno sabe de eso y lo que significa semejante volumen de gente, por eso ha comenzado a hacer ofrecimientos en diversos asentamientos. En la reunión del jueves 15 ofreció 2,5 hectáreas, un poco más de dos manzanas, para que tomaran posesión definitiva ochenta familias, aunque no indicaron dónde están esos terrenos, y el resto de los ocupantes serían derivados a diferentes predios de forma provisoria. La propuesta fue analizada en una reunión el sábado 17 y rechazada por insuficiente.

Frente a esa postura, el gobierno se vio obligado a mejorar su ofrecimiento y a las 2,5 hectáreas le agregaron 5 hectáreas más, aunque de forma provisoria, no definitiva, para que acampen unas doscientas cincuenta familias en pequeños espacios de 7x7 metros y así abandonen la toma de Guernica. Este asentamiento provisorio sería por unos seis meses, mientras buscan otra solución. Pero ese ofrecimiento, además de no dar seguridad de una futura regularización, deja afuera a más de mil familias, por lo que tampoco significa una solución.

Por eso la situación continúa indefinida en medio de un prolongado sufrimiento de grupos integrados por niños y niñas viviendo en condiciones infrahumanas y que, sacados de ahí, no tienen adónde ir. Este fin de semana organismos de derechos humanos, como el CELS, Serpaj y sectores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, iniciaron un nuevo censo para establecer la verdadera población existente en el lugar. El lunes 19 la fuerte lluvia y el mal tiempo impidieron la continuidad del mismo, sin embargo, hasta ese momento se llevaban registradas ochocientas familias y aún quedaban muchos sectores por recorrer.

Exigimos que el gobierno peronista ponga fin a las amenazas de desalojo y represión y busque una solución consensuada y definitiva. El peronismo ha gobernado la provincia 28 de los 32 últimos años y conoce perfectamente la gravedad de este problema, por eso no puede seguir dilatando con propuestas insuficientes. No son más importantes dos supuestos propietarios, “flojos de papeles”, que más de mil familias trabajadoras castigadas por una crisis económica que no provocaron. Tenemos que seguir apoyando lo que decidan las asambleas de los vecinos. A la vez que, desde el conjunto de las organizaciones populares, continuamos aportando a la campaña de solidaridad, mientras  exigimos una solución definitiva. A eso nos comprometemos desde Izquierda Socialista.

Izquierda Socialista / FIT Unidad viene realizando una campaña de apoyo y solidaridad con las familias de Guernica. En todo este tiempo, dirigentes y militantes de nuestro partido han realizado colectas en barrios y lugares de trabajo solicitando colaboraciones para la toma. Las que entregamos en diferentes oportunidades, principalmente alimentos, para ayudar a que resistan.

Además de la presencia permanente de nuestros compañeros de la zona sur, organizamos visitas de delegaciones de nuestras compañeras de Isadora, encabezada por la diputada (mc) Mercedes Trimarchi. Quienes produjeron un video en homenaje a la lucha de las madres de Guernica.

Como lo hicimos desde el primer día, Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo continuarán brindando su apoyo y solidaridad a las familias. Ya se hicieron presentes los diputados nacionales electos Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer. Lo mismo sucede con el sindicalismo combativo: visitaron Guernica miembros del cuerpo de delegados del Sarmiento, de la directiva de Ademys y del Suteba La Matanza, entre otros. Hay que rodear de solidaridad a Guernica para que la lucha  triunfe.

Desde Izquierda Socialista te invitamos a sumarte a esta campaña. Podés efectuar depósitos en la cuenta CBU 2850326240094614046868, o llamar al 54 9 11 6258-8523 para coordinar.

Escribe Claudio Funes

El pasado martes 20 de octubre se cumplieron diez años del asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, a manos de una patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, quien pretendía silenciar una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca que pedían ser incorporados a la planta permanente. Un reclamo que afectaba el “negocio” de la Unión Cooperativa Mercosur, cuyo titular era el propio Pedraza, mediante el cual la burocracia sindical administraba la contratación de trabajadores tercerizados con el aval de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe).

El desguace del ferrocarril, avalado por el gobierno de Cristina, permitía todo tipo de negociados. La burocracia peronista de la Unión Ferroviaria era parte de ellos. Le facturaba con sobreprecios al Estado, mientras explotaba trabajadores en condiciones de precariedad absoluta, demostrando la “lealtad” de la burocracia sindical para con los trabajadores que dice representar.

Conocido el asesinato de Mariano, el repudio se expresó de inmediato. La Unión Ferroviaria de Haedo y el cuerpo de delegados del Sarmiento, encabezado por el Pollo Sobrero, convocó inmediatamente al paro. Hubo grandes movilizaciones de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos pidiendo cárcel para Pedraza y los patoteros asesinos. Hasta último momento, tanto Cristina Kirchner como su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, evitaban responsabilizar a Pedraza, apuntaban a los tercerizados de utilizar el asesinato para victimizarse. Incluso, luego de que varios medios publicaron que el propio Pedraza no descartó que gente de su gremio haya disparado.

Sin embargo, con tantas evidencias, Cristina Kirchner trató de despegarse del hecho y llegó a decir que Máximo había afirmado que la bala que mató a Mariano Ferreyra habría “rozado el corazón de Néstor”. No era para menos, el gobierno “nacional y popular” cargaba con el peso del asesinato de un joven activista de izquierda cometido por uno de sus principales aliados.

El 25 de febrero de 2011, en “solidaridad con nuestros compañeros y en defensa de la Unión Ferroviaria”, la burocracia anunció un paro entre la cero y las 12 para repudiar la prisión del asesino Pedraza. La Seccional Haedo y el cuerpo de delegados combativo del Sarmiento fueron los únicos que repudiaron el paro y convocaron a los trabajadores a no acatarlo. Comenzaba una pulseada entre las patotas de la burocracia sindical y sectores antiburocráticos del movimiento obrero que luchaban por justicia.

La movilización por fin se impuso y consiguió encarcelar a los asesinos. El 6 de agosto de 2012 comenzó el juicio. José Pedraza fue condenado a 15 años de prisión, murió en su casa en 2018 mientras cumplía la condena en su domicilio. Cristian Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, uno de los señalados como autor material del crimen, junto con otros cinco, fue condenado a 18 años de prisión.

A diez años del tremendo asesinato el Partido Obrero convocó en Barracas a un emotivo acto en el horario y en el lugar donde fue atacada la movilización de la que participaba Mariano hace diez años. Junto con otras organizaciones y el sindicalismo combativo, Izquierda Socialista estuvo presente con una delegación encabezada por nuestra legisladora porteña (mc) Laura Marrone. El asesinato de Mariano Ferreyra es la expresión más brutal de hasta dónde puede llegar la podrida burocracia sindical peronista para defender sus prebendas y negocios sucios.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El aborto y su próximo debate en el Congreso volvió a ser noticia porque a fines de noviembre pierde estado parlamentario nuestro proyecto de ley. ¿Qué significa esto? Que una vez más, lxs legisladorxs de todos los partidos patronales (peronistas, kirchneristas, radicales y macristas) se niegan a tratar y aprobar el derecho al aborto. Desde hace quince años con la Campaña nacional por el derecho al aborto, y por octava vez, venimos presentando un mismo proyecto que dice que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida y que ese derecho debe ser respetado. Sin embargo, una y otra vez, lxs legisladorxs están a favor de la clandestinidad del aborto y dejan caer el proyecto.

El proyecto de Fernández: una trampa que nadie conoce

Alberto Fernández en campaña electoral dijo que estaba a favor y que iba a ser su compromiso. Luego dijo que estaba esperando el momento indicado y que tenía un proyecto propio, restándole importancia al hecho de que ya hay uno presentado y construido por el movimiento feminista. Como viene haciendo en muchos temas fundamentales para lxs trabajadorxs, se excusó diciendo que el aborto “no era la prioridad ante la pandemia”. Y mientras se jacta de “cuidar la salud de los argentinos”, en realidad en este tema garantiza el aborto clandestino, la muerte de mujeres por esta causa y las complicaciones provocadas por prácticas inseguras que terminan derivadas en los hospitales.

Ahora, frente al hecho de que se vencen los plazos legislativos para que se trate este año, a través de Dora Barrancos –que junto a Vilma Ibarra y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Goméz Alcorta, serían las tres únicas mujeres que conocen el proyecto del Ejecutivo– dijo que esta semana presentaría su proyecto, que iría acompañado con otro, el de los mil días, para supuestamente “proteger” a las embarazadas, en claro acuerdo con las iglesias reaccionarias que se oponen a nuestro derecho a decidir. Sin embargo, ningún funcionario del gobierno salió a respaldar la noticia. Es decir, seguimos en la misma. Al gobierno y a todas sus funcionarias le decimos que dejen de jugar con nuestros derechos y que dejen de ser tan hipócritas porque dicen que están a favor de la legalización, pero no están haciendo nada al respecto. O mejor dicho, sí están haciendo algo y es garantizar que cientos de miles de personas que abortan al año lo hagan clandestinamente. Y, como consecuencia, que decenas de miles lleguen con complicaciones graves de salud a los hospitales.

Es urgente que se trate y apruebe el proyecto de la Campaña

Lamentablemente, las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto han logrado imponer su política de no movilizar en todo el año, dejando correr el discurso del gobierno, de que por la pandemia no se podía tratar el tema. Desde Isadora debatimos contra esa política desmovilizadora e incluso hemos sido parte junto a otras organizaciones feministas y de izquierda de una importante acción frente al Congreso el 28S, día de acción de lucha por el aborto legal en América latina y el Caribe.

Ahora, frente al alarmante hecho de que se cae nuestro proyecto en pocas semanas, consultada por Página/12, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir y referente de la Campaña, dijo: “Vamos a tener que salir a las calles también nosotras, con cuidado. No nos queda otra”. Claro que sí, es lo que hay que hacer y es también lo que habría que haber hecho, todo el año para evitar llegar a esta situación, de que en unas pocas semanas (por los tiempos legislativos y sobre todo por la falta de voluntad política) se estaría cayendo la posibilidad de tener el #aborto2020.

La movilización es nuestro único camino, salgamos a las calles a conquistar el #aborto2020

Está claro que el gobierno no apoya el proyecto de la #MareaVerde que es el proyecto de la Campaña, el que ganó las calles en 2018. Pero lejos de lo que piensan algunas referentes feministas afines al gobierno peronista, no está todo perdido. Desde Isadora sostenemos que son semanas claves para presionar para que traten y aprueben nuestro proyecto. Si el gobierno no quiere presentar el suyo, que no lo haga. Pero las feministas sí tenemos nuestro proyecto y debemos hacer que se apruebe, antes de que caiga. Tal como lo hemos planteado todo el año, dentro de los espacios de debate de la Campaña y también en nuestras publicaciones, la única manera que tenemos de conquistar este derecho es con la movilización. Es estar en las calles, con distanciamiento y barbijos, pero siendo miles. Esa marcha se tiene que convocar ya mismo, no podemos esperar más. Estamos en la cuenta regresiva y caerá nuestro proyecto, no dejemos que eso pase. Y queremos ser claras en algo, si el proyecto cae es responsabilidad del gobierno de Fernández. Salgamos a conquistar este derecho fundamental. Es urgente, es prioridad, tiene que ser ley.