Escribe José Castillo

Guillermo Nielsen se presentó públicamente como el principal economista de Alberto Fernández. Lo hizo ante empresarios de las multinacionales petroleras que operan en Vaca Muerta participando de un panel junto al secretario de Energía de Macri, Gustavo Lopetegui, y al burócrata sindical responsable de haber firmado el convenio ultraflexibilizado de los trabajadores del sector, Guillermo Pereyra.

La reunión fue organizada por el Precoloquio de IDEA, la organización empresarial que concentra a las firmas más importantes de la Argentina y es un auténtico foro del pensamiento proimperialista. En la misma mesa de debate estuvieron el CEO de Panamerican Energy Marcos Bulgheroni, y Carlos Ormachea, presidente de Tecpetrol (petrolera del Grupo Techint).

Nielsen, que viene de declarar que la Argentina “necesita ocho años más de FMI”, se pronunció claramente a favor de la explotación petrolera y gasífera no convencional realizada por estas empresas que no solo están saqueando nuestros recursos no renovables, sino que ponen en riesgo el medio ambiente y no respetan a los territorios de los pueblos originarios. La posición del kirchnerismo a favor del fracking realizado por las transnacionales no es novedad. Cristina Kirchner defendió ese accionar en su reciente libro, así como el acuerdo secreto de YPF con Chevron, que consagró el saqueo. De hecho, el peronismo kirchnerista acusa a Cambiemos de “apropiarse” de Vaca Muerta, cuando la iniciativa había surgido del propio seno del entonces gobierno K.

Guillermo Nielsen ratificó que, si gana el peronismo kirchnerista, los pulpos petroleros tendrán garantizada la continuidad de sus ganancias. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda seguiremos denunciando el saqueo y reclamando la rescisión de las concesiones y la reestatización de todo el complejo gasífero petrolero creando empresas del Estado (YPF y Gas del Estado) bajo gestión de sus propios trabajadores.

Finalmente el peronista Miguel Ángel Pichetto acompañará como vice a Mauricio Macri en la fórmula. Todo mientras Cambiemos sigue retrocediendo y en crisis, producto de la bronca popular creciente frente al ajuste, la recesión y la miseria.

Escribe Guido Poletti

La noticia que aportó la semana es que quien hasta ayer nomás era uno de los principales líderes de Alternativa Federal terminó como compañero de fórmula de Macri. Pichetto, con un “currículum” donde fue primero menemista, luego duhaldista, más tarde jefe del bloque de senadores de Néstor y Cristina Kirchner, hace cuatro años viene siendo el principal operador para garantizarle al gobierno de Macri los votos peronistas para que se aprueben las leyes más importantes del ajuste. Así, fue el principal justificador en el Senado del pago a los fondos buitres, posteriormente del robo a los jubilados en diciembre de 2017 y, más recientemente, de la aprobación del presupuesto de déficit cero exigido por el FMI, que sellaba el superajuste.

El gobierno pretende así amortiguar su crisis con una maniobra que busca tender un puente intentando conseguir algunos votos provenientes de sectores peronistas anti-kirchneristas. Una maniobra de bajo vuelo y dudoso resultado (más allá que efectivamente aporta a achicar hasta su mínima expresión al “tercer espacio” del peronismo federal). Es que, lo que verdaderamente define la actual debilidad del gobierno es la bronca creciente: aquellas franjas de trabajadores que lo habían votado –equivocadamente– hace cuatro y dos años ya han roto definitivamente con Cambiemos. Incluso cada día vemos cómo más sectores de clase media, del electorado más “propio”, también lo abandonan.

Las elecciones provinciales vienen siendo un muestrario de todo esto. Con la excepción de Jujuy y Mendoza (en este caso en las Paso), los candidatos del gobierno vienen perdiendo por paliza en todos los lugares donde se presentaron. En las cuatro provincias donde la semana pasada se eligió gobernador (Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Chubut), Cambiemos perdió casi el 30% de los votos que había cosechado en 2015. En Jujuy, pese a su triunfo, el gobernador radical Gerardo Morales retrocedió de 227.000 votos en 2015 a apenas 173.000 el domingo pasado.

Todo esto es producto del desbarranque económico generado por el ajuste. Todos los días salen datos nuevos que ilustran la realidad que se palpa en las calles. La industria retrocedió 12% con respecto a 2018, con todos sus sectores en baja y 220.000 despidos en el último año. Salarios y jubilaciones han sido virtualmente pulverizados, con caídas superiores a 12% en 2018 y con nuevas pérdidas de poder adquisitivo en lo que va de 2019.

Mientras tanto lo que sí obtiene el gobierno es una colección de apoyos del imperialismo y de los gobernantes más reaccionarios de la región. Ya Trump viene demostrando su apoyo irrestricto a “su amigo Macri” (así lo llama). La semana pasada, la titular del FMI Christine Lagarde volvió a alabar al gobierno argentino y su ajuste, ratificando que se habilitarán las nuevas cuotas del préstamo con el Fondo. También el ultrarreaccionario presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el presidente colombiano Iván Duque, de visita por Argentina, plantearon que “la reelección de Macri es fundamental para América latina” (La Nación, 11 de junio).

Macri-Pichetto será entonces la fórmula del oficialismo. La de la continuidad del gobierno que aumentó la deuda en 150.000 millones de dólares y nos llevó al FMI. El de los tarifazos, la inflación récord y el robo a los jubilados. Busca, con el apoyo del imperialismo y el visto bueno del establishment económico internacional, cuatro años más de “gobierno de los Ceo”. Marcha a las elecciones envuelto en el repudio del pueblo trabajador que, cada día, se reafirma en que Macri y su ajuste no van más.

Escribe José Castillo

Se acaba de dictar un vergonzoso fallo contra la Argentina. El Ciadi condenó la estatización de Aerolíneas Argentinas producida en 2008, obligándonos a pagar la suma de 320 millones de dólares en concepto de indemnización. Los considerandos no toman en cuenta el fenomenal proceso de vaciamiento llevado adelante por los anteriores dueños españoles, tanto durante la gestión de Iberia como la posterior del Grupo Marsans. El escándalo es mayor si le agregamos que quien cobrará no será Marsans (hoy preso en el Estado Español por malversación de fondos), sino el estudio de abogados “buitre” Burford Capital, que “compró” la causa por apenas 12,4 millones de dólares.

No es el primer juicio que perdemos en el Ciadi. Ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se abonaron 5.427 millones de dólares por fallos adversos ante ese tribunal, entre ellos los 5.000 millones abonados a Repsol. Durante la gestión de Macri siguieron los fallos adversos, sumando otros 1.036 millones de dólares. A esto hay que agregar las sentencias aún no pagadas, como la citada de Aerolíneas y otras por más de 500 millones de dólares.

El hecho de que el Ciadi falle sistemáticamente contra el estado argentino envalentona a nuevos buitres. Así, ya hay presentada otra serie de demandas por 3.207 millones de dólares, destacándose las del mismo estudio Burford Capital por YPF (1.637 millones) y las de Orígenes y Metlife por la estatización de las AFJP (por casi 1.000 millones de dólares). De hecho, la Argentina es el país del mundo que enfrenta más denuncias en su contra en el Ciadi, con 51 reclamos.

La pregunta es por qué todos esos litigios terminan en dicho tribunal. Esto sucede porque la Argentina firmó entre 1992 y 2000 58 tratados bilaterales de inversión (TBI) con diferentes países, que establecen todos ellos que en caso de controversias se debe recurrir a este centro.

No es “obligatorio” para todos los países terminar en el Ciadi. Nosotros caemos en ese tribunal porque así lo firmamos en los citados TBI, que nunca fueron derogados por los gobiernos posteriores. La propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, llegó a decir que dichos tratados “eran expoliatorios”, pero aun así los dejó vigentes. Por contraposición, Brasil no está en el Ciadi y Bolivia se negó a aceptar el arbitraje de dicho tribunal a partir del año 2007. Los propios Estados Unidos, a través de la llamada Trade Promotion Act de 2002, establecieron la supremacía de su propia legislación local en todo lo relativo a inversiones extranjeras, negándose de hecho a aceptar al Ciadi como tribunal en el hipotético caso de que fuera denunciado por alguna empresa de otro país. Por citar un ejemplo, hoy Huawei no podría recurrir al Ciadi para solicitar un fallo ante el conflicto desatado por el presidente Trump contra la empresa china.

El Ciadi se nos plantea así como un auténtico chantaje para impedirnos reestatizar las privatizadas, ya que inmediatamente lloverán juicios en nuestra contra. Por eso tenemos que romper inmediatamente con este auténtico tribunal proimperialista, suspendiendo los TBI que nos obligan a terminar en dicha jurisdicción. Y, a la vez, declarar de nulidad absoluta de sus fallos y repudiar el pago de los montos pendientes. Junto con romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, son pasos absolutamente necesarios para recuperar nuestra independencia perdida frente al imperialismo.

¿Qué es el Ciadi?

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es un tribunal que funciona en el seno del Banco Mundial para resolver controversias presentadas por empresas transnacionales contra estados nacionales. Solo puede actuar si el estado respectivo da el consentimiento explícito a través de un tratado bilateral de inversión (TBI) o un tratado de libre comercio (TLC). Ante cada caso se constituye un “jurado” de tres miembros, cuya decisión es inapelable. Como vemos, los fallos del Ciadi dan menos garantía al “acusado” (por ejemplo, el estado argentino) que nuestra propia justicia local.
Los fallos del Ciadi han sido sistemáticamente a favor de las empresas transnacionales, que siempre acusan a los estados de los países semicoloniales de “violar la seguridad jurídica de sus inversiones”.

La Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Glaciares contra una causa iniciada en 2011 por la minera Barrick Gold, que quería que se declare ilegal porque limita la actividad de la empresa. La decisión del tribunal es un triunfo de los pueblos y las organizaciones ambientalistas que vienen resistiendo las explotaciones mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.

Escribe Gabriel Massa

La Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la cordillera y 890 en las islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

La ley que protege los glaciares y las zonas que los rodean (periglaciares) fue votada por el Congreso en 2008. Aunque el gobierno de Cristina Kirchner la vetó (ver recuadro) a los tres años el Congreso logró ratificarla e inmediatamente, en 2011 Barrick Gold inició la causa en contra de la norma. Según la empresa –que cuenta con el apoyo tanto del kirchnerismo como del gobierno de Macri– la ley, al proteger los glaciares y prohibir la actividad minera que podría afectarlos, está impidiendo inversiones que calculan en 18.000 millones de dólares en 44 proyectos en seis provincias (Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca).

El gobierno de Macri impulsó en 2017 un acuerdo federal minero que establece que las empresas solo deberán pagar 3% de sus ingresos a las provincias en regalías y 1,5% más a Nación por impuestos. De esta forma se pretende autorizar la actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la ley.

Esto que sucede en las “alturas” del gobierno, el Congreso y la Justicia, tiene su contraparte en una batalla que se ha vuelto permanente entre los pueblos que defienden su geografía y su agua, por un lado, y las mineras por el otro que, con apoyo no solo de Macri y el kirchnerismo, sino de los gobernadores involucrados, pretenden imponer su negocio a sangre y fuego.

En toda América latina se han producido más de 120 conflictos entre mineras multinacionales y las poblaciones locales que defienden el ambiente. En nuestro país se dan desde los tiempos de Menem, cuando se impulsaron con una ley de 1993 los primeros proyectos de entrega de las riquezas del suelo, pasando por los Kirchner, estrechamente vinculados a los contratos con las mineras desde sus tiempos en la gobernación de Santa Cruz, hasta la actualidad con Cambiemos.

Una de las luchas con más repercusión fue la del pueblo de Famatina, en La Rioja en 2012 contra la explotación de la mina. Las movilizaciones y bloqueos de rutas contra los camiones de la minera se extendieron a las provincias circundantes.

Otro caso fundamental es el de la mina de oro Pascua Lama, en San Juan, cercana al río Jáchal. Los continuos derrames de agua con cianuro –que la empresa y el gobierno del gobernador peronista Gioja intentaron ocultar–, se convirtieron en un desastre ecológico y un grave peligro para la población de la provincia. La movilización de la población fue duramente reprimida pero logró paralizar la actividad por el momento.

La decisión de la Corte de sostener la vigencia de la Ley de Glaciares es un avance y un triunfo para la lucha contra la explotación de las riquezas del país por las mineras y contra la destrucción del medio ambiente. Para seguir avanzando es necesario unificar esa lucha levantando un programa con medidas de fondo como las que plantea el Frente de Izquierda: nacionalización de los recursos naturales, estatización de su conservación y explotación bajo control de los trabajadores y los pueblos de los territorios involucrados, expropiación sin indemnización de todos los recursos y activos de las mineras que saquean el país y prohibición de la megaminería contaminante.

Ver: http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-427/8998-proyecto-de-ley-de-juan-carlos-giordano-por-la-expropiacion-de-barrick-gold

Cristina vetó la ley

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se le hicieron todo tipo de favores a la Barrick Gold: no solo se vetó la Ley de Glaciares, proponiendo otra que facilitaba la actividad de la minería a cielo abierto, sino que se firmaron decretos secretos que daban exenciones impositivas a la empresa. La propia Cristina se reunió en Canadá con el entonces CEO de la Barrick, Peter Munk, al que trataba cariñosamente como Peter.

El diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista/FIT, presentó en 2017 un proyecto de ley que en sus fundamentos decía: “El pasado 28 de marzo se produjo el tercer derrame en un año y medio de la mina Veladero, propiedad de la multinacional Barrick Gold. Frente a este nuevo episodio, las asambleas de vecinos de la provincia siguen exigiendo el inmediato cierre de la planta y la remediación de los daños ambientales ocasionados por dicha empresa”.

Y en los artículos del proyecto proponía:
Art. 2°: Procédase a expropiar todos los activos económicos y financieros de Barrick Gold Corporation (la cual ha vendido el 50% de sus acciones en Argentina a la compañía de origen chino Shandong Gold) para que con esos fondos se inicie la remediación ambiental del daño que la multinacional ocasionó.

Art. 3°: La quita de la concesión se llevará a cabo sin pago de indemnización alguna por parte del Estado nacional y provincial argentino, quienes procederán de manera inmediata a embargar e incautar todos los activos de las empresas a fin de reparar el daño causado.

Art. 4°: Créase una empresa 100% estatal a los fines de que se encargue del cierre de Veladero y de la remediación efectiva de los daños económicos y ambientales ocasionados por Barrick Gold, la cual será controlada, administrada y gestionada por los actuales trabajadores de la empresa juntamente con técnicos especializados y las asambleas de vecinos de las localidades afectadas. Los actuales operarios de Barrick Gold pasarán a prestar servicios en la nueva empresa con todos los derechos y salarios actuales, eliminando los contratos y cláusulas de precarización y flexibilización laboral que hubiere en contra de los mismos.

Ver http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-427/8996-la-corte-suprema-declaro-constitucional-la-ley-de-glaciares-un-paso-adelante-contra-la-megamineria