Escribe Adolfo Santos

El drama de las y los jubilados no es nuevo. Por décadas, los diferentes gobiernos han aplastado el haber jubilatorio a límites insoportables. Siguiendo ese derrotero, el gobierno ultraderechista de Javier Milei redobló la apuesta y profundizó el saqueo previsional para cumplir con las exigencias
del FMI.

Cuando el gobierno de Javier Milei se jacta de haber reducido el déficit fiscal, del otro lado de la ecuación está el brutal ataque a las y los jubilados. En nombre de que el sistema es deficitario, en vez de corregir los defectos, los gobiernos lo utilizan como variable de ajuste. En enero de 2024, frente a una inflación de 20,6%, el Gobierno nacional reconoció apenas el 12,5%. Aunque se reajuste por la inflación, si no se recuperan las pérdidas anteriores, se perpetúa un mecanismo de saqueo eterno de los haberes. Más aún si se complementa con un bono congelado desde hace un año en 70 mil pesos.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ha restringido la gratuidad de medicamentos, eliminó los créditos baratos que otorgaba la Anses y acabó con la moratoria para los que no tienen la cantidad de aportes suficientes. Esta última medida dejará a 240 mil personas sin jubilación. Le cargan a las y los trabajadores la responsabilidad por los aportes no realizados, cuando es conocida la evasión del pago por las patronales o el aumento del trabajo informal. El mismo gobierno que exige 30 años de aportes, mediante la Ley Bases eliminó las multas laborales para el empleo no registrado, alentando la informalidad.

Un problema que viene de lejos

El déficit previsional no es nuevo, y tampoco es responsabilidad de las y los trabajadores. Fueron las políticas previsionales desastrosas de todos los gobiernos las que nos llevaron a esta situación. Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) dice que “en la década de 1950, la acumulación de títulos públicos en las cajas de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Una fortuna que se licuó irresponsablemente al ser colocada en bonos de la Tesorería al 4% anual cuando la inflación llegaba hasta el 25%. Y en 1970 se dispuso el rescate de esos bonos en diez cuotas anuales sin ajuste. Un verdadero robo de las cajas previsionales.

Si le agregamos la permisividad ya citada de los gobiernos con la evasión y el trabajo no registrado, tenemos un combo perfecto para el desastre. “Entre 1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del empleo. En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Y, con el argumento de abaratar la creación de empleo, las constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad”, Clarín 21/03/25.
Otro capítulo de esta historia se escribió en los ‘90 cuando se crearon las AFJP. Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) concluyó que la transferencia de recursos previsionales al sector controlado por el sistema financiero fue en torno a los 8.000 millones de dólares. Lejos de resolver el problema previsional, lo agravó, disminuyendo las coberturas y beneficios. En 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se estatizó el sistema, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los ‘90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Anses el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%, lo que generó fuertes protestas frente al Congreso. En 2021, durante el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina impusieron una nueva fórmula  de movilidad desligada de la inflación, lo que mantuvo las pérdidas frente al altísimo costo de vida.

Hay una deuda ineludible de todos los que gobernaron con las y los jubilados, y que el gobierno de Milei intenta perpetuar. Según datos oficiales, desde septiembre de 2013 a la fecha, las jubilaciones mínimas incluyendo el bono cayeron un 36,3%, mientras el resto se desplomaron un 49%. Para superar este achatamiento, exigimos un haber jubilatorio que cubra el costo de la canasta básica del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, establecido en 1.200.523 pesos para el mes de marzo. Que se restituyan los aportes patronales y el 82% móvil. Repudiamos y combatimos el “ahorro” que se hace ajustando a uno de los sectores más vulnerables para obtener un superávit que irá a parar a los cofres insaciables del FMI.

Escribe María Lorca

La moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 quedó cerrada por orden del Gobierno nacional. Aunque tenía la posibilidad de extenderla por dos años más, el domingo 23 se cerró la ventana de tiempo que había disponible en la Anses para poder jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes, que permitía a adultos mayores acogerse a “comprar”, en cuotas, los años sin aportes. A lo largo de los veinte años de vigencia, la moratoria permitió que millones de adultos se jubilaran, sobre todo a que más de 2 millones y medio de mujeres accedieran a ese derecho, por eso la llamaron la “jubilación de las amas de casa”. Era una medida que reconocía la desigualdad de género, la brecha salarial y las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente en las mujeres. Por realizar estas tareas domésticas que incluyen la crianza de sus hijos e hijas las mujeres tienen menos años de aportes que los varones, con el agravante que son las que están sometidas a trabajos más inestables e informales.

Todo este aporte sustancial de la mujer en la sociedad actual es negado desde que asumió Javier Milei. Por eso en vez de prorrogar la moratoria, la cerró definitivamente, destruyendo este derecho básico. Este cierre impacta directamente ya que sólo el 30 % de los varones y el 10 % de las mujeres en edad jubilatoria podrán acceder a una jubilación sin moratoria. Sino tendrán que acogerse a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que solo se puede tramitar a partir de los 65 años de edad. O sea, las mujeres que hasta ahora se acogían a la moratoria a partir de los 60 años, deberán esperar a cumplir 65 para tramitar la PUAM, cuyo monto asciende en la actualidad a 223.297 pesos, el 80% de la jubilación mínima, una miseria extrema si comparamos con el valor de la Canasta Básica de Jubilados que asciende a 1.200.000 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad. Basta de quitar derechos a nuestros adultos mayores y de reprimirlos cada vez que reclaman por una jubilación digna.

Escribe Andrés Tejada Gómez, delegado de Ademys
 
Este lunes 17 de marzo comenzaron las clases en los Centros de Formación Profesional (CFP) de la ciudad de Buenos Aires. Pero este año con la diferencia que muchos cursos, capacitaciones laborales y trayectos formativos no serán parte de la oferta para estudiantes. Esto se debe a que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió recortar la formación profesional y dejar sin la posibilidad de instruirse a muchos trabajadores que buscan aprender un oficio, o continuar su formación para mejorar sus ingresos.

Este ajuste además es una muestra de la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad, ya que el año pasado gastó millones de pesos en maquinarias e insumos para cursos que ahora decidió cerrar. Esas herramientas ahora están juntando polvo en los depósitos de las escuelas.

El Ministerio de Educación adjudica estos cierres a que hay baja matrícula y que no resulta redituable la inversión. Lo que no dicen, es que tanto el Gobierno como el Ministerio no hacen nada por difundir los CFP a pesar de gastar millones de pesos en publicidad. Si las escuelas tienen poca matrícula es por culpa y desinterés del gobierno que no promueve ni difunde la formación profesional. En un contexto de crisis económica y social, la respuesta no puede ser el cierre de cursos. Denunciamos que, alineado con el Gobierno nacional, el Ministerio de Educación porteño vuelve a tratar la educación pública como un negocio y no como un derecho.

Este 24M, las calles se llenaron en todo el país contra el gobierno negacionista de Milei-Villarruel. En el 49° aniversario del último golpe de Estado que llevó a cabo un genocidio contra las y los luchadores, jóvenes, trabajadores que peleaban por un cambio en el país. No fue un 24M más, tuvimos el enorme desafío junto al movimiento de derechos humanos de decir ¡Ni un paso atrás!

Durante el gobierno de Milei, se avaló la visita de las y los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, se desmanteló la Secretaría de Derechos Humanos y los sitios de la Memoria, y se pretende avanzar en un plan de represión contra la protesta social. No olvidamos ni perdonamos la brutal represión del 12 de marzo en la marcha de las y los jubilados a manos de Patricia Bullrich, que hirió gravemente al reportero gráfico Pablo Grillo.

Recién comenzado el día de la Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno lanzó un video institucional desde la Casa Rosada a manos del reaccionario Agustín Laje, negando el genocidio llevado adelante por el Estado y hablando de una supuesta “verdad histórica”, una típica maniobra para falsear la historia y generar confusión, la misma que utilizan quienes levantan la falsa “teoría de los dos demonios”. Hablan de “guerra”, no de terrorismo de Estado, y niegan el exterminio que, a sangre y fuego, impuso un plan económico de saqueo de la mano del imperialismo norteamericano y el FMI ¡Una verdadera provocación! Pero al gobierno le salió mal. Más de un millón de personas llenaron las calles de todo el país, la Plaza de Mayo rebalsó hasta altas horas de la tarde. También en Rosario, Córdoba, Neuquén y en otras ciudades, miles se hicieron presentes.

Frente a las provocaciones del gobierno somos contundentes: si todavía hay impunidad es responsabilidad de todos los gobiernos que no abrieron los archivos de la última dictadura militar y por el pacto de silencio de los genocidas. La única manera de llegar a la verdad es sabiendo dónde están cada uno de las y los 30.000 desaparecidos, recuperando a los más de 400 infancias apropiadas y que haya cárcel común y perpetua para todos los genocidas y sus cómplices civiles. Cada juicio contra la impunidad, cada paso que dimos fue fruto de la enorme movilización del movimiento de derechos humanos que pelea en las calles junto a la enorme fuerza de las madres y abuelas. Juicios que lograron, por ejemplo, que el expolicia federal “Turco” Julián muriera en una cárcel común, después de haber sido condenado tres veces por delitos de lesa humanidad.

Por eso, esta marcha vale doble. Porque salimos a decir: ¡fuera la represora Patricia Bullrich! y en honor a nuestros jubiladas y jubilados, y más que nunca a enfrentar a un gobierno negacionista, provocador y represor que a 49 años del golpe de Estado busca una nueva estafa con el FMI, para seguir pagando una deuda externa que se inició bajo el terrorismo estatal y que es ilegítima, fraudulenta e ilegal.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad fuimos parte de las movilizaciones en todo el país, para reivindicar a nuestros caídos, desaparecidas y desaparecidos del glorioso PST. En Buenos Aires con una gran columna dijimos con fuerza #NuncaMas. #Son 30.000, fue genocidio. Abajo el nuevo acuerdo con el FMI. Fuera Bullrich. Basta de Milei.
 

El reportero gráfico Pablo Grillo se encuentra en recuperación, luego de que un gendarme le disparara una granada de gas en la represión del 12 de marzo. La enorme bronca se transformó en solidaridad cuando se pedían dadores de sangre. Los carteles de ¡Fuerza Pablo! se vieron en las luchas, en las canchas de fútbol y en las marchas. El material registrado señaló que fue deliberado y quién disparó. Exigimos castigo a los responsables materiales y políticos. ¡Fuera Patricia Bullrich! Mientras llenamos de solidaridad y de fuerza a Pablo y su familia.