Nov 15, 2024 Last Updated 9:46 PM, Nov 14, 2024

Foto de portada: Festival en plaza de Mayo y Daniela Calarco, única mujer que permanece detenida

Escribe Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en audiencia el accionar del Ministerio de Seguridad de Bullrich por la escalada represiva y las detenciones ilegales durante las manifestaciones del 12 de junio contra la Ley Bases. Repudiamos esta política represiva con que el gobierno pretende amedrentar a los que luchan.

Correctamente, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el protocolo antipiquete y expresaron que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y atacaron el argumento oficial, usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”. De la misma forma se había expresado el CELS: “Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta”.

A un mes de cumplirse las injustas detenciones por la movilización de la Ley Bases, gracias a la lucha colectiva, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones decidió por mayoría ordenar la liberación de Cristian Valiente y David Sica, aunque siguen procesados. Sica, que vive en situación de calle, ni siquiera había ido a la manifestación, ya que quedó en medio de un cruce policial mientras cruzaba la calle para ir a una iglesia a buscar comida.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, que integran la Sala, coincidieron en desechar la acusación por “intimidación pública”. Sin embargo, fallaron de manera distinta. Trascendental fue el voto en disidencia de Boico, donde el juez señaló que debía ordenarse la libertad de todxs los detenidxs, argumentando que hubo una clara persecución y criminalización contra los manifestantes: “Es indudable que resulta difícil precisar límites jurídicos estandarizados de las prácticas sociales de protesta, pero lo claro es que el ‘manifestante’, a secas y en contexto pacífico, no puede categorizarse como un ‘enemigo’, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democrático”.

Sin embargo, la cacería represiva orquestada por el gobierno nacional, las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia con sus infiltrados que le permitió “armar” las causas al fiscal Stornelli, hace que aún siguen detenidxs Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez en cárceles de máxima seguridad. Desde Fadhus, como defensa técnica de Daniela, vamos a ir hasta Casación apelando por la inmediata libertad. Junto a la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs por Luchar, que organizó un masivo festival en Plaza Mayo del cual Izquierda Socialista es parte, seguiremos impulsando apelaciones, acciones y campañas por la libertad de los dos detenidos que quedan, y el cierre de todas las causas.


 

Por falta total de garantías el 21 de mayo la defensa de Laura Villalba reclamó la suspensión del juicio por el que se la acusa de terrorismo. Laura está presa en Asunción del Paraguay desde 2020. Luego de no haber aceptado los testigos presentados por la defensa y de haberle realizado a la acusada la toma compulsiva de un mechón de cabellos para un estudio de ADN en su celda, sin mediar la información previa a sus defensores ni su consentimiento, violando toda la legislación vigente, la jueza María Luz Martinez, titular del tribunal pretendió dar comienzo al juicio. La verdadera causa de su encarcelamiento es que es testigo del secuestro de su hija y sobrina de 11 años en ese país por las fuerzas militares de Paraguay que aparecieron luego asesinadas. Además, su detención se produjo cuando buscaba a su sobrina Lichita de 14 años que está desaparecida desde ese mismo año.

El gobierno de Milei y la justicia argentina se han involucrado en esta aberrante persecusión a la familia Villalba cuando recientemente en un operativo violatorio de toda la legislación vigente en relación a la institución internacional de refugio de perseguidos políticos, la ministra Mondino dio curso al pedido de extradicción de Paraguay en lugar de rechazarlo, la justicia ordenó el allanamiento a la madrugada de las casas donde habitaban la madre de Laura, dos de sus hermanas y sus sobrinos, todos menores, para su supuesta extradicción a Paraguay. La actuación del ejecutivo, la justicia y la policía argentina mereció la condena de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lo que motivó que no fueran extraditadas y se respetara su condición de refugiados. La persecusión a la familia Villalba es una represalia contra miembros de su familia que pertenecen a organizaciones armadas que reivindican derechos de campesinos que están siendo expulsados de sus tierras por el avance de empresas agrícolas.

Ante la negativa de la jueza de suspender el juicio, Salvador Sanchez, el abogado defensor recursó al tribunal. Desde Argentina, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA autónoma en Buenos Aires, una serie de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, Ademys y del Partido Obrero e Izquierda Socialista, reclamaron por la libertad de Laura Villalba y de Carmen Villalba, (esta última permanece presa luego de haber cumplido una condena de 20 años), justicia para las niñas asesinadas y aparición con vida de Lichita.

Corresponsal

Escribe Adolfo Santos

El lunes 13, por “denuncias anónimas” que tomó Patricia Bullrich, se realizaron una treintena de violentos allanamientos en locales y domicilios particulares contra el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie. La policía secuestró los ingresos y magros ahorros de las y los compañeros. Y, en algunos casos, sumas de dinero que estaban destinadas a los comedores de los barrios.

Ante esta situación apremiante, se realizó una conferencia de prensa de las organizaciones afectadas frente al Congreso, participaron el Frente de Lucha Piquetero, la UTEP, CTA Autónoma y dirigentes del PO, PTS, MST y por Izquierda Socialista llevó la solidaridad el diputado Giordano, quien señaló que “los que deberían estar presos son aquellos que blanquean capitales. ¿Acaso hacen allanamientos por las denuncias contra los grandes empresarios saqueadores? No, todo lo contrario. Como las leyes que se están votando en el Congreso”; haciendo referencia a la Ley Bases y el paquete económico que contó en Diputados con el apoyo de PRO, la UCR y un sector del peronismo.

La dirigencia de las organizaciones sociales respondió a la criminalización señalando que cobijan a miles de jóvenes que de otra forma estarían a merced de los narcos, que no son ellos los que dan bajas ni altas de programas sociales y que quien extorsiona es el gobierno con la amenaza de quitar la asistencia a quienes se manifiestan en reclamo de alimentos para los comedores o por aumentos de los montos percibidos. “Quieren terminar con nuestras organizaciones”, denuncian.

El gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich, tiene una permanente campaña de criminalizar la protesta y perseguir a las organizaciones sociales. Hasta instalaron una línea de denuncias con el argumento (mentiroso) de que había coerción para marchar.

Al mismo tiempo castiga a las miles de familias de desocupados con la “licuadora”, incrementando las asignaciones (27,18% para la Asignación Universal por Hijo -AUH- en marzo) muy por detrás de los 65% de inflación en el primer cuatrimestre y desfinanciando los comedores populares.

Las y los compañeros del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) denuncian y rechazan en absoluto al proyecto de la ministra de Seguridad (Bullrich), quien quiere instaurar la “zona sujeta a investigación especial”, carente de garantías constitucionales, similar a un estado policial o de sitio de hecho.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos solidarizamos con las organizaciones sociales y rechazamos la persecución política del gobierno de Milei. A su vez, reclamamos un aumento en las asignaciones y fondos para comedores inmediatos, y la creación de empleo genuino. Plata hay, es la que el gobierno ultraderechista destina al pago de la deuda externa, que puede ser utilizada para construir viviendas populares y obra pública, generando miles de puestos de trabajo genuino.    

Los días Martes 23 y Miércoles 24 nuestro compañero Víctor Reyes, abogado de FADHUS y delegado de Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) junto con Mariana Scayola, secretaría general de Ademys, gremio docente de CABA y Pablo Almeida delegado general de ATE Ministerio de Economía, legislador porteño electo de Izquierda Socialista-FITU, declararon como querellantes en la Procuraduría de violencia institucional (PROCUVIN) por la denuncia que realizamos junto a la Red Federal en Defensa de la Democracia y los DD. HH contra el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, por el uso del “nuevo” gas lacrimógeno utilizado en las jornadas de protestas contra la votación de la Ley ómnibus.

“Lo que tenemos que destacar de la denuncia es que por los efectos que tiene el nuevo gas que hasta ahora no conocíamos, por efecto residual que tiene, sigue doliendo y quemando hasta 24hs o 48hs más, consideramos que configura un elemento de tortura, entendida en los estándares de Tratados de Derechos Humanos que nuestro país adhirió: como trato cruel, inhumano, o degradante por un agente estatal. Consideramos en la denuncia que las fuerzas Federales utilizaron el gas como elemento de tortura, ya totalmente despegado de cualquier fin disuasivo, algo que te hace efecto 24 y hasta 48hs después ya no tiene fin disuasivo que puede llegar a tener su aplicación en una manifestación. Obviamente, fue usado en un momento donde estábamos protestando pacíficamente, inclusive sin violar el protocolo inconstitucional del Ministerio” expresa Víctor respecto de su declaración testimonial.

Como sostenemos desde que asumió Milei, la escala represiva anti derechos viene acrecentándose con un protocolo inconstitucional violatorio de tratados y declaraciones de DD. HH. Los mega operativos que usa Bullrich con miles de policías federales, infantería, gendarmes y hasta escuadrones de Prefectura Naval Argentina para violentar, perseguir, y criminalizar la protesta social pone en escenario que plata hay, pero no para las necesidades más urgentes. Mientras se utilizan hidratantes, balas de goma y este “nuevo” gas que se desconoce su componente de alta toxicidad en las calles y hasta arriba de la Plaza con escuadrones de motos que se lanzan contra jubilados, periodistas, trabajadores de medios, la cultura, comedores populares, y transeúntes. Desde las jornadas de protestas que comenzaron en Diciembre, ya hay dos personas con pérdida de visión en un ojo, un numeroso listado de detenciones ilegales y arbitrarias, por ello se han realizado distintas denuncias penales contra el Ministerio de Seguridad.

Desde FADHUS entendemos la relevancia de esta presentación legal junto a la Red, con el compromiso de defender nuestros derechos en las calles y dentro de los Tribunales. Denunciamos a Patricia Bullrich y su protocolo represivo, vamos a seguir movilizándonos, haciendo responsable a la ministra de las consecuencias de los operativos que viene llevando adelante. Porque el terrible ajuste, el intento de reforma laboral de Milei no pasan sin represión. No lo vamos a permitir y no lo lograrán como ha quedado demostrado el 8 y 24 de Marzo, y la reciente masiva marcha federal educativa del 23 de Abril.
 
¡No al protocolo represivo de Bullrich!
¡Basta de persecución y criminalización de la protesta social!
¡Abajo el plan motosierra de Milei!

 

Escribe Juliana García, militante de Derechos Humanos y de Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos días de la masiva movilización del 24M finalizó el juicio por crímenes de Lesa Humanidad a los responsables en las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. El juicio había comenzado en octubre del 2020 y a pesar del tiempo transcurrido y de que algunos genocidas acusados murieron sin recibir condena, la noticia fue recibida como un alivio sobre todo en un contexto en el que desde el gobierno se promueve el negacionismo.

El Tribunal Oral Federal (TOC) N°1 de La Plata condenó a diez genocidas[1] a cadena perpetua, uno[2] a 25 años de prisión y dejó absuelto a Enrique Augusto Barre, defendido por el estudio del actual Ministro Cuneo Libarona. A excepción de Di Pasquale, que está detenido en la Unidad N°34 de Campo de Mayo, los demás represores están todos en prisión domiciliaria. A partir de esta condena se revisará dicho beneficio para que puedan cumplir la pena en prisión común. Es el anhelo de quienes luchamos contra el genocidio de la última dictadura civico-eclesiastico-militar y sobre todo de las 600 víctimas que pasaron por estos cuatro centros de tortura. Como los estudiantes que peleaban por el boleto estudiantil y que fueron secuestrados en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976 en la denominada Noche de los Lápices.

La lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente. Cientos de miles en las calles el pasado 24M lo demuestra. Gritamos bien fuerte que son 30mil y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos para saber qué hicieron con cada uno de los desaparecidos y a quienes entregaron los bebés apropiados. Seguiremos peleando por cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas. Al terrorismo de Estado le decimos Nunca Más.

 

-----------------------------------------
[1]
Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada. Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601. Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata. Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata. Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura. Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana. Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de bebés. Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en el Pozo de Banfield.
[2] Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata.

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

Es una herramienta fundamental para fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

La suscripción del periódico impreso nos permite también seguir editándolo, ya que nos financiamos con nuestros propios aportes y del de los suscriptos.

 

Suscribite a la versión Impresa

Más Leídos

A cincuenta años del asesinato de César Robles

A cincuenta años del asesinato de …

31 Oct 2024 El Socialista 593

Vamos por la Marcha Federal Universitaria el 12 de noviembre

Vamos por la Marcha Federal Univers…

31 Oct 2024 El Socialista 593

CGT ¿Para cuándo el paro?

CGT ¿Para cuándo el paro?

31 Oct 2024 El Socialista 593