Escribe José "Pepe" Benegas, concejal de Izquierda Socialista/FIT Unidad

La provincia de Neuquén se ve conmovida por la separación transitoria de la Vicegobernadora Gloria Ruiz acusada de actos de corrupción junto a varios de sus familiares, que utilizaron sus puestos en la Legislatura para obtener beneficios personales y también enriquecerse. El gobernador Rolando Figueroa, del partido Comunidad, la eligió como compañera de fórmula para las elecciones del año pasado cuando triunfaron.

La denuncia contra Gloria Ruiz es por el desvió de fondos a cuentas personales vía su hermano, y haber ingresado a la legislatura a más de una decena de familiares directos. El hecho político que dispara el enfrentamiento entre distintos sectores del gobierno fue el destino a darle a los 6.700 millones de pesos que se reintegraban a la legislatura en el nuevo presupuesto. La vicegobernadora quería el uso discrecional de esos fondos y otro sector de diputados buscaban otro destino. En cualquiera de esas dos propuestas, esos fondos no iban a cubrir las necesidades más acuciantes de los trabajadores y sectores populares de la provincia.

Este hecho de corrupción no es un caso aislado, quienes hoy se rasgan las vestiduras para denunciar corrupción formaron parte de gobiernos que fueron absolutamente corruptos. Hace unos años tuvimos al ex gobernador Jorge Sapag que se llevó 5 millones de dólares a Andorra, sospechado de ser dinero proveniente de las petroleras para favorecerlas en diferentes concesiones. Pero más cercanos en el tiempo tenemos la estafa de los planes sociales, con diferentes funcionarios del MPN denunciados por robarle a quienes más lo necesitan. Todos a nivel provincial.

A nivel nacional tenemos ejemplos de todos los colores, los Macri con el Correo o los Panamá Papers, los Kirchner con sus hoteles, los bolsos de López o la causa cuadernos, y quienes hoy están con Milei como Caputo con la estafa de la deuda externa, o Petovello que se robó la comida de las organizaciones sociales y la dejo pudrirse en galpones. Por eso es hipócrita que dirigentes y diputados que integran espacios políticos involucrados en todos hechos de corrupción, ahora se arroguen superioridad moral para juzgar hechos similares que en otro momento callaron.

No solo en el ámbito político se da la corrupción, bien sabemos que mes a mes, empresas multinacionales pagan su cuota para asegurarse futuros negocios y que nadie vigile lo que extraen y lo que declaran saqueando nuestras riquezas de gas y petróleo; los narcos hacen lo mismo con policías, jueces y políticos. La corrupción es transversal a todos estos políticos patronales cuando se trata de hacer negocios capitalistas, porque el sistema es corrupto desde el momento en que fomenta el despojo, la explotación y el robo descarado. Estos casos no son investigados ni sancionados en esta provincia.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos tenido la misma posición con quienes son acusados de corrupción, que se invierta la carga de la prueba, que demuestren su inocencia y que en caso de culpabilidad vayan a la cárcel y devuelvan lo robado. Lo mismo proponemos para este caso que alcanza al ejecutivo provincial. Por eso desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda no vamos respaldar ninguna de las posiciones que se expresaron en la legislatura porque no convalidamos que entre ellos mismo se juzguen en un recinto donde todos votan en conjunto los planes de ajuste en la provincia. Es un choque entre distintos sectores que integran la coalición de gobierno y no vamos a involucrarnos en esa interna, por eso reclamamos que se constituya una comisión investigadora independiente.

Este lunes 2/12 desde las 9hs concentramos en Plaza Once para marchar a la sede nacional de la UTA (Moreno 2969,  CABA).

Nos movilizamos por:
- Aumento salarial básico inicial.
- Cabinas blindadas.
- Obra social digna para todos.
- Misma remuneración para todos los trabajadores de pasajeros de corta, media y larga distancia, turismo, oferta y charter.
- Regulación laboral de turismo y charter.
- Bono extraordinario de 500.000$.
- Reincorporación inmediata de trabajadores injustamente despedidos por persecusión sindico gremial.
- Ni Fernández, ni Bustinduy, por una nueva dirección combativa y democrática en la UTA.

A LUCHAR
Corriente por la Unidad del Sindicalismo Combativo y Democrático

Diputada Mónica Schlotthauer junto a la bancada del Frente de Izquierda - Unidad

Proyecto de ley

Art 1: Dispóngase de manera inmediata la reapertura completa de PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A., la que deberá ser puesta a funcionar junto a todo el personal actuante anterior al 9 de octubre del presente año, fecha en que la empresa decretó un lockout patronal provocando los despidos ilegales, perjudicando a decenas de familias trabajadoras.

Art. 2: Reincorpórese a los 125 trabajadores injustamente cesanteados por las medidas arbitrarias tomadas por la patronal PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. De la misma manera se procederá con las 60 desvinculaciones de la UOCRA como consecuencia de aquellas medidas, como así también de los 60 retiros voluntarios de Fabricaciones Militares.

Art. 3: En caso de que la empresa PETROQUIMICA RIO S.A. continué en su proceder ilícito y no cumpla con la presente ley, procédase a la estatización de la misma, poniéndose a producir con todo su personal reincorporado, bajo control obrero.

Art. 4: Dispóngase la nulidad de la Resolución 1130/2024 del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la Nación emitida con fecha 1 de noviembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre de este año, atento a que elimina ciertas restricciones antidumping para la importación del insumo Diisocianato de Tolueno.

Art. 5: De forma.

FUNDAMENTOS

El pasado miércoles 9 de octubre de 2024 la patronal PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. anunció públicamente el cierre de su planta de hidrocarburos de producción de TDI (Diisocianato de tolueno), ubicada en Río Tercero, provincia de Córdoba. Desde esa fecha los trabajadores químicos y petroquímicos nucleados en el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero están junto a sus familias en las puertas del establecimiento llevando adelante un justo reclamo, exigiendo recuperar sus fuentes de trabajo.

Petroquímica Rio Tercero posee la única planta de TDI de Latinoamérica, materia prima principal para la industria automotriz y colchoneras, entre otras. La empresa empezó a funcionar en 1981 y es parte del grupo económico Piero.

La planta de Petroquímica Río III ha producido TDI de manera ininterrumpida durante más de 40 años. En los últimos años, la planta ha mantenido una producción de 1.500 toneladas mensuales, cercana a su capacidad total de 2.000 toneladas mensuales, sin perder ni un solo mercado de consumo ni afectar la calidad o cantidad de la producción en el país.

Es importante destacar que el mercado nacional para este insumo no se ha perdido, y la mayor parte de la producción se destina a la fabricación de colchones, con la propia empresa como principal compradora. Esta situación evidencia que, de seguir adelante con esta medida de cierre, no solo se reemplazaría el insumo local por importaciones, sino que también se incentivaría la importación de productos terminados, destruyendo una cadena de valor que ha sustentado a la región y al país por décadas.

La decisión unilateral de la empresa, tomada sin previo aviso, no solo implica la pérdida de 125 puestos de trabajo, sino también un grave impacto en las industrias del polo químico al que pertenece, como Fabricaciones Militares y Atanor. Existe una amplia gama de prestadores de servicios que dependen de la actividad de esta empresa, viéndose afectados compañeros de la UOCRA con 60 cesantías y Fabricaciones Militares, proveedor directo de Petroquímica, ya anunció 60 retiros “in-voluntarios”.

Las razones que aduce la empresa para el cierre de la planta se vincula, según dice, con “la falta de competitividad”, debido a la indiscriminada apertura de importaciones, a los elevados costos operativos relacionados a los servicios y cargas impositivas. Todos argumentos que solo hace valer para atacar a sus trabajadores ya que, es fundamental subrayar, que la empresa no ha alegado pérdidas financieras ni sobrecostos que comprometan la continuidad de las operaciones. Por eso es que a su vez repudiamos la Resolución emitida por el Ministerio de Economía de la Nación, que hace referencia el artículo 4 de la presente ley, la cual ante un pedido de la patronal Petroquímica Río Tercero S.A. dispuso “la revisión por cambio de circunstancias de la medida antidumping establecida por Resolución Nº 526 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de fecha 6 de septiembre de 2021” en relación a la exportación hacia la República Argentina de Diisocianato de Tolueno 80:20, originarias de los Estados Unidos de América. Es decir, en abril de 2024 la empresa suspendió la producción de TDI y a mediados de octubre anunció el cierre de su planta y a que actualmente el negocio es inviable, conforme desarrolló en sus argumentaciones, con lo cual a la empresa le resulta más beneficioso traer ese insumo de Asia que producir en Argentina. Toda una maniobra para importar en vez de producir, con el único fin de abaratar costos, perjudicando a sus trabajadores.

La ciudad de Rio Tercero hoy está transitando tal vez la crisis laboral económica y social más fuerte que solo se puede comparar con aquella sucedida posterior al 3 de noviembre de 1995 (explosiones Fabricaciones Militares de Rio Tercero). Desde hace más de 70 años, con la llegada del polo químico, Río Tercero tuvo un gran crecimiento a nivel económico y educativo, incorporando escuelas técnicas para la formación y desarrollo de la juventud riotercerense, que luego formó parte de estas industrias, lo cual hoy se encuentra en peligro.

En relación a lo ambiental, el abrupto cierre de la planta de TDI genera un riesgo alarmante. En estos momentos la empresa dejó la planta en manos de personal no idóneo, lo que conlleva a un serio riesgo para la población.

Ya el 28 de octubre de 2024 el Ministerio de Trabajo de Córdoba intimó “a la empresa Petroquímica Río Tercero SA para que disponga el cese inmediato de los despidos, motivo por el cual debía restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales en un plazo de 48 hs., intimando también a la empresa para que proceda acompañar los últimos 3 balances, informe económico financiero y en caso de contar con subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier especie otorgados por organismos del estado nacional, provincial o municipal, debía acompañar copia certificadas de los mismos”. En distintos tramos la resolución ministerial señala: “se advierte mala fe negocial por parte de la empresa”, “conducta desleal”, “falta de transparencia”, “ocultamiento de información”, etcétera. Disposiciones que la empresa ha desoído sistemáticamente.

El sindicato y sus representados han presentado múltiples propuestas para mantener la actividad productiva, tanto ante el Ministerio de Trabajo de la provincia como en la Secretaría de la Gobernación, sin que hayan sido consideradas ni abordadas por la empresa. Atento a ello es que, desde el Frente de Izquierda Unidad, haciéndonos eco del pedido del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero, presentamos el presente proyecto.

Por todas estas razones expuestas y en función de la necesaria preservación de las fuentes de trabajo es que solicitamos a las y los diputados aprobar el presente proyecto de ley.

Escribe Prensa UIT-CI

26/11/2024. Entre el 12 y el 13 de octubre se llevó a cabo en Bogotá un plenario nacional de la Unidad de Izquierda Revolucionaria (Unir-Colombia), en la cual además de discutir la situación nacional y adoptar una política y orientación para intervenir en la realidad política de se país, se resolvió solicitar a la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), su incorporación a nuestra corriente como sección oficial.

Unir se había constituido formalmente el pasado año en una conferencia celebrada en Cali, en la cual participó el compañero Miguel Ángel Hernández a nombre del secretariado de la UIT-CI. Con dicha organización se había conformado junto a la UIT-CI un comité paritario en el cual se discutió el documento de situación mundial aprobado en el VIII congreso mundial de la UIT, celebrado en diciembre del 2023, avanzando de esta forma en acuerdos programáticos. La resolución adoptada en el plenario realizado el pasado mes de octubre, fue el corolario de ese proceso de discusión política entre ambas organizaciones.

Unir es una organización con implantación nacional, con núcleos militantes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Popayán. Constituida por antiguos militantes de tradición morenista y jóvenes activistas insertados en el movimiento sindical, estudiantil y popular.

En la resolución donde solicitan su incorporación a la UIT-CI, los camaradas de Unir ratifican su compromiso con la defensa de los derechos de la clase obrera, en la perspectiva de la lucha por el socialismo tanto en Colombia como a escala internacional. Por otra parte plantean que “reconocemos la importancia de la organización y la unidad internacional de los movimientos revolucionarios y socialistas para enfrentar los desafíos globales que afectan a la clase trabajadora y a los sectores populares”.

Con la integración de Unir, precedida recientemente de la incorporación del MAS de Portugal y la Liga Marxista Revolucionaria de Italia, continuamos avanzando en la construcción de nuestra corriente internacional y en el proceso de unir a los revolucionarios en la perspectiva estratégica de refundar la Cuarta Internacional.

Diputados nacionales y provinciales del Frente de Izquierda Unidad; Vilca Alejandro (PTS) Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista), Natalia Morales y Gastón Remy (PTS), junto con los abogados del Ceprodh, defensores del profesor Iván Blacutt, procesado por manifestarse en las jornadas de rechazo a la Reforma Constitucional de Gerardo Morales, se reunieron en la legislatura.  

El motivo del encuentro fue concordar las estrategias para denunciar una nueva irregularidad en la causa: el Tribunal de Control resolvió contra todas las normativas legales, autorizar el reingreso de la querella representante del ex Gobernador Morales, lo que pone de manifiesto los tentáculos del verdadero armador de esta causa el "emperador" . El organizador de la violencia que, en un nuevo capítulo de la criminalización de la protesta en Jujuy, eleva a juicio a 19 dirigentes por manifestarse junto con decenas de trabajadores e integrantes de las comunidades, en contra de la reforma antiderechos sociales, laborales , democráticos y territoriales.

La reunión ratificó la necesidad de defender la libertad de expresión y el derecho democratico a la protesta, cada vez más necesarios en un país donde las políticas económicas de Milei y los empresarios y gobernadores cómplices nos empujan a la pobreza e indigencia.

En esta reunión se resolvió nacionalizar la denuncia con presentaciones en el Congreso Nacional, y la convocatoria a una Audiencia Pública desde la comisión de Derechos Humanos, la presentación en medios nacionales entre otros.
Luchar no es delito! Basta de causas armadas! Basta de criminalizar la protesta. Sumate a la campaña por el Desprocesamiento de todos los luchadores.