Escribe Claudio Funes

Apoyamos y hacemos nuestro el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por los diputados Romina del Plá (PO) y Nicolás del Caño (PTS), en nombre del Frente de Izquierda Unidad, para que se proceda a la expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del holding y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.

El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece la defensa de la continuidad laboral y el pago integral de los salarios a todos los trabajadores, así como la defensa del convenio colectivo de trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una comisión investigadora –elegida por los trabajadores– para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación de todos los ilícitos y maniobras fraudulentas cometidos por la empresa.

A continuación, resaltamos los artículos más importantes del proyecto:

Artículo 1º.– Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group.

Art. 2°.– Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding [...]  

Art. 3°.– Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de Vicentin S.A.I.C., Vicentin Family Group y firmas dependientes de ambos grupos societarios.

Art. 4°.– La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Art. 6°.– Se constituirá una comisión investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden.

Art. 7°.– Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden.

Escribe Claudio Funes

La intervención estatal al gigante agroexportador Vicentin, así como el posible envío al Congreso de un proyecto para su expropiación por parte de Alberto Fernández, ha desatado los temores de las grandes patronales hasta el límite de la histeria.

A través de la prensa escrita, radio y televisión se han dado oscuras previsiones, debates y comparaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Uno de los que mejor expuso esta preocupación fue Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Macri. Auguró que el país será “como Venezuela, que empezó con un latiguillo, como era la frase tragicómica de Chávez con el ‘exprópiese’”. Estos sectores patronales quieren usar el evidente fracaso del chavismo para cuestionar las estatizaciones.

¿Qué pasó en Venezuela?

El fracaso del chavismo no radica en las estatizaciones. Es lo contrario. El chavismo llegó al poder en 1998 prometiendo justicia social, democracia participativa y anunciando que iba a revertir la entrega de la industria petrolera a capitales transnacionales.

Pasados más de veinte años, el tiempo sobra para hacer un balance. El chavismo realizó una intensa campaña diciendo que bajo su gestión la industria petrolera fue renacionalizada. ¿Esto fue así? La realidad es la opuesta, el chavismo tiene la responsabilidad de haber aumentado la inserción de las transnacionales petroleras.

En 2006, con el nombre “Plena Soberanía Petrolera”, se anunció el plan mediante el cual se podrían asociar a Pdvsa capitales privados. Surgió así el formato de la empresa mixta. Las primeras en firmar fueron Chevron, Repsol, Shell, Total, Petrobras y Exxon Mobil, entre otras. Las empresas mixtas resultaron ser organizaciones totalmente autónomas que declaran las ganancias a sus accionistas. Al mismo tiempo, Chávez rechazó cualquier tipo de gestión o cogestión obrera dando como excusa que el petróleo es una industria estratégica. No podía ser de otra manera. Ya que la otra cara del acuerdo con las saqueadoras fue el compromiso de Chávez para hundir el convenio colectivo de trabajo y las conquistas de los trabajadores petroleros para garantizar más ganancias a las multinacionales.

La realidad fue entonces que, más allá de ciertos roces, Chávez jamás rompió con el imperialismo. Mantuvo la empresa Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de Pdvsa, con 13.500 estaciones de servicio en los Estados Unidos y le continuó enviando miles y miles de barriles al “imperio”.

Lo que fracasó y llevó al colapso a la propia industria petrolera venezolana fue este esquema de empresas mixtas. Las importaciones de derivados del petróleo como la nafta superan las exportaciones, pese a que Venezuela tiene uno de los complejos refinadores más grandes del mundo. Esta es la razón por la que llegan a Venezuela barcos de Irán con combustible. A eso llevó el saqueo.

Por estatizaciones del 100 %

Lo que Chávez nunca quiso hacer es echar a las multinacionales petroleras y que el Estado tome el control de la mayor fuente de riqueza de Venezuela, el petróleo. De hecho, el chavismo planteaba la empresa mixta con una mayoría estatal de 51% y el resto en manos del capital transnacional asociado. El pueblo venezolano y miles de luchadores antiimperialistas del mundo creían que efectivamente Chávez había nacionalizado el petróleo. Por eso fueron justamente nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad (sección venezolana de la UIT-CI), los que se vieron obligados a agregar el número 100% para exigir una verdadera estatización del petróleo. Era la forma de lanzar una consigna contrapuesta al engaño del 51% del chavismo. Así popularizaron “por una Pdvsa 100% estatal dirigida por sus trabajadores” como la única medida que permitiría acabar con el saqueo a un país capitalista y semicolonial. La gestión y el saqueo de esas empresas mixtas fueron justamente los que arrastraron al pueblo venezolano a este presente de ajuste y hambre.

“¡Exprópiese!”, el latiguillo del que habla Etchevehere, fue pronunciado por Chávez en varias ocasiones luego de su reelección en 2006, en especial refiriéndose a algunas empresas industriales. La experiencia fue un fracaso. Las llamadas “expropiaciones” no fueron más que compras a precios siderales que no trajeron ningún beneficio para sus trabajadores ni para el país. En la mayoría de los casos se trató de pura propaganda, y en otros fue la vía libre para el saqueo con el citado esquema de empresas mixtas.

Muchas de estas empresas “expropiadas” hoy están cerradas, semiparalizadas o en crisis terminal. Esto fue consecuencia también de quienes se hicieron cargo de la administración: burócratas, “boliburgueses”, sin ninguna participación ni respeto por los convenios de los propios trabajadores. Nuestra propuesta siempre fue la inversa, que la gestión deben realizarla los propios trabajadores. Ellos son los que tienen los conocimientos y capacidades para ponerlas en marcha. Como ya se había visto en la propia Venezuela en 2003, ante el lockout en la mismísima industria petrolera, fueron sus propios trabajadores, con el fortísimo protagonismo de dirigentes sindicales del PSL, como Orlando Chirino y José Bodas, los que la pusieron en marcha.

¿Y por casa?

En la Argentina, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner se produjo la expropiación parcial de YPF. El proyecto de ley impulsado por el FpV planteaba que la petrolera continuaría siendo una sociedad anónima, que cotizaría en Bolsa y que, por lo tanto, debería atender la orientación exigida por los accionistas privados. La empresa mixta, una vez más, es el artilugio para que el Estado se haga cargo de las pérdidas, y los privados, de las ganancias. Hoy estamos ante el mismo peligro con la propuesta del gobierno peronista de que Vicentin pueda ser una empresa mixta con el 51% estatal.

La gestión del peronismo kirchnerista presentó la “reestatización” de YPF como “la recuperación de la soberanía petrolera”. Repsol recibió 5.000 millones de dólares en bonos y los saqueadores mantuvieron vía libre para seguir haciendo negocios, como quedó demostrado posteriormente con la escandalosa entrega a Chevron.

A partir de su fundación (1922) YPF, a medida que exploraba y encontraba yacimientos, promovía la apertura de escuelas, caminos, hospitales y viviendas. Sus redes de estaciones de servicio cubrían todo el país hasta los rincones más lejanos. En el rubro exploración llegó a tener dos plataformas marítimas de primer nivel mundial. En su momento fue también pionera en la construcción de refinerías. YPF estatal fue un modelo para toda Latinoamérica, con su asesoramiento se fundaron empresas estatales de petróleo en Brasil, Bolivia y Perú. Al igual que el ferrocarril, YPF integraba la nación. Este ejemplo demuestra que la propiedad estatal puede ser eficiente y satisfacer las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista seguiremos reclamando por retomar el control de las riquezas del subsuelo y colocarlas al servicio de los sectores populares con una YPF 100% estatal y dirigida por sus trabajadores.

Lo mismo exigimos para Vicentin y todas las actividades que hoy están en manos del gran capital y las multinacionales, como el comercio internacional de granos y alimentos, la energía eléctrica, la distribución de gas, los ferrocarriles, la educación y la salud, hoy escamoteada en plena pandemia. 

Todas estas actividades esenciales deben estar al servicio de satisfacer las necesidades populares y no ser fuente de ganancias para los capitalistas. Solo con la estatización sin indemnización y el control de los trabajadores alcanzaremos la soberanía política y económica.

Fuente: ¿Por qué fracasó el chavismo? de Simón Rodríguez Porras y Miguel Sorans. Editorial Cehus

Escribe Martín Fú

El gobierno nacional continúa extendiendo el aislamiento social. Pero con cada nuevo plazo se “oxigena” y flexibiliza la cuarentena. Cada vez más actividades se van abriendo y se suman miles de trabajadores a sus puestos de trabajo. La cuarentena, se va “disolviendo” para volver a la producción, junto con la apertura masiva de industrias y comercios. Mientras tanto, y en particular en el AMBA y en el Chaco, los números de contagiados nos indican que todavía no hemos llegado ni siquiera al pico de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández dice estar preocupado y deslizó la posibilidad de volver a la primera fase. Fernández, Larreta y Kicillof se tiran la pelota y hasta culpan a los mismos vecinos de “no cuidarse”. Pero hasta el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se contagió y sonaron las alarmas entre los funcionarios.

Tenemos que ser claros: La cuarentena pierde fuerza por dos motivos. El primero es que, más allá de las conferencias de prensa, el gobierno nacional -primer responsable- y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires (Kicillof) y CABA (Larreta) le ceden todo el tiempo a las presiones de las patronales y autorizan más y más aperturas, obligando en cada caso a miles de trabajadores a movilizarse hacia sus trabajos, con el consiguiente riesgo de contagio también en los medios de transporte.

El segundo motivo es la imperiosa necesidad de salir a “ganarse un peso” de decenas de miles de sectores populares que ya no tienen que comer. Por eso el crecimiento exponencial de los contagios viene teniendo como epicentro a los barrios más humildes y marginados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que nuevamente muestran lo vulnerable que es vivir en la pobreza. En CABA, la Villa 31 de Retiro y los barrios de Flores, Lugano y Villa Soldati están a la cabeza. En la provincia de Buenos Aires Villa Azul e Itatí en Quilmes, y Don Torcuato y Tigre en zona norte, son las que poseen más personas afectadas. El hacinamiento, la falta de agua potable, las carencias históricas en infraestructura, la precariedad e informalidad laboral de sus vecinos hacen que los más humildes sean los principalmente expuestos al contagio del Covid-19. La pobreza, muy a pesar del “olvido” de los gobiernos, es un factor de riesgo del que no quieren hablar.

Los trabajadores de la salud siguen siendo la población laboral con más contagiados, 10% de la masa total. El virus no discrimina entre quienes trabajan en el sistema de salud pública o en el de la privada, ambas denunciadas por los propios trabajadores, quienes siguen reclamando insumos esenciales que, en muchos casos, ellos mismos compran, al no recibir barbijos o desinfectantes de parte de las clínicas, los sanatorios o los hospitales. Los geriátricos siguen siendo el eslabón más débil, donde nuestros viejos se contagian.

El sector industrial, que como dijimos más arriba viene “normalizando la producción”, no es ajeno a los contagios. Las patronales desde marzo vienen presionando para liberar la mayor cantidad de ramas de producción y no han invertido un peso en desarrollar y aplicar un protocolo ante el Covid-19. El Sutna paró por los infectados que hay en FATE y por el incumplimiento del protocolo de seguridad. Mondelez Pacheco tiene al turno noche con una gran cantidad de trabajadores con Covid-19. Los empresarios, ávidos de que todos vuelvan a sus puestos, no garantizan las condiciones mínimas y necesarias de higiene y seguridad, al mismo tiempo que aplican rebajas salariales, mientras la burocracia sindical mira para otro lado a pesar de las denuncias. La amenaza de no pagar el aguinaldo, o de hacerlo en cuotas, es otro de los temas que se viene instalando en los últimos días, como si los trabajadores no tuvieran motivos para preocuparse o acrecentar su bronca ante el riesgo de contagio que involucra tener que viajar en el transporte público en medio de la pandemia, o estar en el lugar de trabajo, donde día a día los casos positivos van creciendo.

El problema central, entonces, no es el running, más allá de lo discutible de la medida tomada por Larreta que provocó que miles salieran a correr por las calles porteñas. O las irresponsabilidades de algunos pocos que rompen la cuarentena sin motivo, hecho que también hay que repudiar.

Seguimos insistiendo: estamos por una cuarentena sin hambre ni despidos. Para poder garantizar esto hace falta más dinero para salud e infraestructura. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad proponemos que sea sobre la base de un fondo de emergencia que proceda de un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales, las multinacionales y el no pago de la deuda externa. Hay que priorizar el presupuesto para salud, con salarios dignos para sus trabajadores y que no falten insumos. Otorgar 30.000 pesos a los que menos ganan, alimentos para quienes los necesiten y condiciones dignas para los barrios más postergados. Prohibir efectivamente despidos y suspensiones y que no se rebajen los salarios. Que la crisis la paguen los patrones, no los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El 10 de junio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que se busca fortalecer el sistema de salud privado para hacer frente al pico de contagios que se espera en julio.

Para ello, el gobierno meterá sus manos en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos bonaerenses. Le robará 400 millones de pesos mensuales para sostener sueldos y gastos del sector de la salud privada. Rescatará a los mismos capitalistas que cobran aranceles por encima del IOMA y que año tras año obtuvieron ganancias millonarias.

Junto con el ministro de Salud Daniel Gollán, Kicillof anunció cínicamente la “integración” de los sistemas de salud público y privado bonaerenses.

“La pandemia golpeó al sector privado y llevó a las empresas a un estado de insostenibilidad”, dijo Kicillof,  y continúo: “No nos podemos dar el lujo de que en medio de una pandemia las empresas empiecen a quebrar”.

Nuevamente el doble discurso para hacer pasar una verdadera estafa a los trabajadores que profundizará el vaciamiento del IOMA.

Con total impunidad, el gobernador se justificó manifestando que el dinero sale del “ahorro” realizado por el instituto. Lo que afirma es una falacia, ya que una obra social no es una empresa, no debe tener superávit, debe mejorar permanentemente sus servicios. No es ahorro, es subejecución del presupuesto.

Es el mismo Kicillof que no tuvo empacho en pagar 250 millones de dólares a los buitres con el dinero de 280.000 docentes, a quienes no les abonaron el porcentaje de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre. 

Según datos oficiales de 2019, el IOMA tiene más de 2.6 millones de afiliados. Con el 4,8% del sueldo que aportan los trabajadores afiliados y otro 4,8% que paga el Estado como empleador, el presupuesto de 2019 superó los 53.000 millones de pesos. Como se puede apreciar, no es dinero del Estado, es de los trabajadores afiliados.

Con tamaño presupuesto, las prestaciones deberían ser de excelencia. Pero no es así, el estado provincial, en vez de actuar como simple agente de retención, dispone del propio dinero de los trabajadores a su arbitrio. 

La obra social viene sufriendo, desde hace años, un  grave deterioro en sus coberturas. Redujo las prestaciones y pone trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. Adeuda pagos a profesionales que, como consecuencia, dejan de atender a los afiliados.

Se demoran las internaciones, se rechazan solicitudes, tardan meses para autorizar tratamientos oncológicos, de diabetes y enfermedades autoinmunes que, en el marco del aislamiento, agravan todas estas situaciones.

El vaciamiento del IOMA no es de ahora, es una política permanente que han llevado adelante todos los gobiernos peronistas de la provincia, incluyendo a Vidal, y ahora a Kicillof.

Se replica la política de Alberto Fernández, les quitan a los trabajadores para subsidiar a los capitalistas.

Esta política vaciadora y criminal que se traduce en la muerte de compañeras y compañeros es acompañada desde hace años por la burocracia traidora del Frente de Unidad Docente Bonaerense y, principalmente, por el Suteba de Roberto Baradel.

Desde Izquierda Socialista reclamamos que los fondos del IOMA estén al servicio de sus afiliados y que cubran todas las prestaciones médicas que hoy se les niegan, y que el instituto sea administrado solo por sus trabajadores y afiliados. 

Oponiéndonos por el vértice a la política de Kicillof, afirmamos que para luchar eficazmente contra la pandemia  es necesaria la creación de un fondo de emergencia que se financie con un impuesto a las grandes empresas, bancos y multinacionales, sumando a esto el no pago de la deuda externa. Junto con esta medida se debe nacionalizar la salud privada para que el Estado pueda integrar y centralizar de verdad todos los recursos disponibles para que no falte una cama ni un respirador.

Escribe Diego Martínez

Mucho se habla en estos días a través de los medios de comunicación de que en el gobierno habría dos alas. Una “moderada”, y otra “radicalizada” representada por los dirigentes más allegados a Cristina Kirchner y a la centroizquierda. Según esta lectura, este  sector “más progresista” sería el que habría propuesto un impuesto a las grandes fortunas, que todavía sigue sin presentarse en el Congreso, y que no se sabe en qué va a terminar.

Pero la realidad es que para el común de los trabajadores no hay “alas” que valgan. Crecen las suspensiones y los despidos, se rebajan los salarios un 25% vía el acuerdo CGT-UIA-gobierno, se anuncia “0%” de aumento para los estatales, los trabajadores de la salud se siguen contagiando mientras continúan sin recibir los insumos básicos, el hambre sigue creciendo en los barrios.

El dirigente de ATE Cachorro Godoy, de esa supuesta ala “progresista”, vinculado a Claudio Lozano, explicó esta situación diciendo que “el gobierno tiene buenas intenciones, pero hay muchos problemas económicos”.

Además de apoyar estas iniciativas, los sectores sindicales vinculados al peronismo kirchnerista (Yasky, Baradel, Catalano de ATE, entre otros) se expresaron en contra del pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno, por el cual se recorta 25% el salario de los trabajadores que están haciendo la cuarentena. Se pronunciaron también, formalmente, a favor de una recomposición salarial. Pero la pregunta es ¿qué están haciendo en concreto estos dirigentes para enfrentar el ajuste en curso? Nada, absolutamente nada.

Los dirigentes sindicales kirchneristas no enfrentan el ajuste

Son los campeones de inventar excusas. A la hora de salir a luchar la respuesta de estos dirigentes es siempre la misma: “No hay condiciones”. Muchos de ellos también nos dicen que movilizar contra este gobierno sería “hacerle el juego a la derecha”. Y ahora le suman “que no hay que romper la cuarentena”.

Comprendemos que haya compañeros que tengan expectativas en el gobierno, pero la verdad es que el motivo de fondo es que ambas supuestas “alas” son parte del gobierno peronista del Frente de Todos, y por ende llevan adelante todas sus políticas. Los dirigentes sindicales del peronismo kirchnerista se pintan “de progres”, pero es parte del doble discurso que aporta a que pase el ajuste.

Así, en la ciudad de Buenos Aires hace algunas semanas Larreta presentó un proyecto en la Legislatura para congelar los salarios y la planta laboral. La “ley de emergencia” abría  además la puerta al pago escalonado de sueldos. Desde el gremio docente Ademys, junto con otros sectores y el acompañamiento de la izquierda, convocamos a movilizarnos. El peronismo kirchnerista no sólo estuvo ausente, sino que además boicoteó esta acción de lucha. La ley de Larreta, lamentablemente, se terminó votando a favor.

El gremio docente de la provincia de Buenos Aires atraviesa distintas problemáticas. Crecen los contagios de Covid-19 entre las maestras por estar expuestas cuando reparten bolsones de comida. Los suplentes no tienen ingresos porque no se realiza ningún acto público en el contexto de la pandemia. Frente a esta situación, desde la oposición de los Suteba multicolores se han realizado distintas acciones de lucha que fueron permanentemente atacadas por Baradel y la Celeste, que no movieron un dedo para solucionar los problemas de las y los docentes.

Algo similar pasó entre los estatales. A un gremio que tiene un gran retraso salarial el gobierno nacional le anunció que se postergan las paritarias por tiempo indefinido, ante lo cual las dos alas burocráticas que conducen ATE (los K de Catalano y los centroizquierdistas de Cachorro Godoy) no hicieron absolutamente nada. 

La nota más saliente la dio un ministro de la Nación, Ginés González García, que atacó la jornada de protesta nacional del pasado 10 de junio de sectores de la salud señalando que “rompe el consenso político de trabajar todos juntos en la pandemia” y “expone a los más vulnerables”. Como bien le respondió nuestro compañero Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, en una carta dirigida a su persona: “Sería bueno que se preocupara por solucionar estos y tantos otros problemas que venimos denunciando. Y si le molestan los reclamos públicos en cuarentena, su gobierno debería entonces destinar plata para la salud, los trabajadores y profesionales de los hospitales, para que haya una cuarentena sin rebajas salariales y jubilatorias”.

Como dijimos más arriba, la excusa favorita de los dirigentes sindicales del peronismo kirchnerista, la CGT y las CTA para no movilizar es que no es viable hacerlo en el marco de la cuarentena. Pero la realidad es que tampoco venían haciéndolo previamente. El año pasado, con Macri todavía en el gobierno, estos mismos sectores enarbolaron la consigna “hay 2019”, boicoteando las luchas y llamando a canalizar la bronca popular creciente por la vía electoral. Tal es así que el día que se votó el presupuesto anual a pedido del FMI, no asistieron a la movilización convocada en el Congreso. Fueron a una misa en Luján junto con Moyano y otros sectores. También en ese entonces dejaron pasar el ajuste, subordinando todo al éxito electoral del peronismo.

Impulsemos la movilización y la organización contra el ajuste

Nuestro planteo es claro: estamos por una cuarentena sin hambre, y no queremos que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Hoy el gobierno está descargando un fuerte ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Con los que “firman” ese pacto, la CGT, y con los que no hacen nada y la dejan pasar, los supuestos “progres” kirchneristas.

La realidad desmiente el planteo de que es inviable luchar en cuarentena. Son miles los trabajadores en el país que pelean contra las rebajas salariales, los despidos, las suspensiones y cierres de fábricas. Lo hacen aún cuando no tengan el acompañamiento de sus conducciones sindicales. Algunos se organizan mediante asambleas y haciendo acciones en sus propios lugares de trabajo o en las zonas aledañas, y otros se movilizan en las calles. La propia realidad y la gravísima crisis social que estamos atravesando los obliga a hacerlo. Para enfrentar el ajuste en curso, lejos de dejar las luchas libradas a su suerte, hay que darles todo el apoyo, fortalecerlas y coordinarlas  para que ganen. Esto es lo que venimos haciendo desde el  Plenario del Sindicalismo Combativo. Por eso nos postulamos como una conducción alternativa para la clase trabajadora: independiente del gobierno, democrática y combativa.

Por eso también decimos que, así como ambas alas peronistas se subordinan a las políticas del gobierno, de subsidiar a las patronales, pagar la deuda y, en definitiva, ajustar a costa del pueblo trabajador, sí hay otra alternativa, la que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad: por una salida de fondo a los problemas del país. No pagar la deuda externa, imponer un verdadero impuesto a la riqueza, como lo expresa el proyecto que presentó el FIT en el Congreso, cuyo tratamiento fue rechazado con el voto de los diputados K incluidos, y que Vicentin sea expropiada sin indemnización y pase a ser 100% estatal y no una empresa mixta como sugiere el ala “izquierda” del gobierno.