Escribe Claudio Funes
El 10 de junio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que se busca fortalecer el sistema de salud privado para hacer frente al pico de contagios que se espera en julio.
Para ello, el gobierno meterá sus manos en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos bonaerenses. Le robará 400 millones de pesos mensuales para sostener sueldos y gastos del sector de la salud privada. Rescatará a los mismos capitalistas que cobran aranceles por encima del IOMA y que año tras año obtuvieron ganancias millonarias.
Junto con el ministro de Salud Daniel Gollán, Kicillof anunció cínicamente la “integración” de los sistemas de salud público y privado bonaerenses.
“La pandemia golpeó al sector privado y llevó a las empresas a un estado de insostenibilidad”, dijo Kicillof, y continúo: “No nos podemos dar el lujo de que en medio de una pandemia las empresas empiecen a quebrar”.
Nuevamente el doble discurso para hacer pasar una verdadera estafa a los trabajadores que profundizará el vaciamiento del IOMA.
Con total impunidad, el gobernador se justificó manifestando que el dinero sale del “ahorro” realizado por el instituto. Lo que afirma es una falacia, ya que una obra social no es una empresa, no debe tener superávit, debe mejorar permanentemente sus servicios. No es ahorro, es subejecución del presupuesto.
Es el mismo Kicillof que no tuvo empacho en pagar 250 millones de dólares a los buitres con el dinero de 280.000 docentes, a quienes no les abonaron el porcentaje de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre.
Según datos oficiales de 2019, el IOMA tiene más de 2.6 millones de afiliados. Con el 4,8% del sueldo que aportan los trabajadores afiliados y otro 4,8% que paga el Estado como empleador, el presupuesto de 2019 superó los 53.000 millones de pesos. Como se puede apreciar, no es dinero del Estado, es de los trabajadores afiliados.
Con tamaño presupuesto, las prestaciones deberían ser de excelencia. Pero no es así, el estado provincial, en vez de actuar como simple agente de retención, dispone del propio dinero de los trabajadores a su arbitrio.
La obra social viene sufriendo, desde hace años, un grave deterioro en sus coberturas. Redujo las prestaciones y pone trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. Adeuda pagos a profesionales que, como consecuencia, dejan de atender a los afiliados.
Se demoran las internaciones, se rechazan solicitudes, tardan meses para autorizar tratamientos oncológicos, de diabetes y enfermedades autoinmunes que, en el marco del aislamiento, agravan todas estas situaciones.
El vaciamiento del IOMA no es de ahora, es una política permanente que han llevado adelante todos los gobiernos peronistas de la provincia, incluyendo a Vidal, y ahora a Kicillof.
Se replica la política de Alberto Fernández, les quitan a los trabajadores para subsidiar a los capitalistas.
Esta política vaciadora y criminal que se traduce en la muerte de compañeras y compañeros es acompañada desde hace años por la burocracia traidora del Frente de Unidad Docente Bonaerense y, principalmente, por el Suteba de Roberto Baradel.
Desde Izquierda Socialista reclamamos que los fondos del IOMA estén al servicio de sus afiliados y que cubran todas las prestaciones médicas que hoy se les niegan, y que el instituto sea administrado solo por sus trabajadores y afiliados.
Oponiéndonos por el vértice a la política de Kicillof, afirmamos que para luchar eficazmente contra la pandemia es necesaria la creación de un fondo de emergencia que se financie con un impuesto a las grandes empresas, bancos y multinacionales, sumando a esto el no pago de la deuda externa. Junto con esta medida se debe nacionalizar la salud privada para que el Estado pueda integrar y centralizar de verdad todos los recursos disponibles para que no falte una cama ni un respirador.
