Escribe Martín Fu

Una delegación de los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional Buenos Aires Oeste y referente nacional del sindicalismo combativo, se hizo presente en el corte frente al frigorífico Penta organizado por sus trabajadores. Sobrero, dirigiéndose a los trabajadores, dejó la solidaridad de los ferroviarios poniéndose a disposición para lo que necesiten y colaborando con el fondo de lucha. El Pollo aprovechó la ocasión para repudiar la represión de la policía bonaerense. El dirigente ferroviario llamó a “cerrar filas para que este conflicto triunfe, porque los trabajadores tenemos que estar ahora más unidos que nunca”.  

Denuncia del Sutna

La combativa dirección del Sutna (neumático) ha denunciado a las patronales de Fate y Bridgestone por incumplir las normas exigidas por el protocolo de seguridad ante la pandemia de Covid-19, tras la habilitación del sector para retomar la producción. Los compañeros distribuyeron un comunicado donde aseguran “insistir con la consideración central, ningún trabajador debe volver a producir sin un cuadro de extremos cuidados en las medidas de seguridad y que se le haya dado la información que justifique con claridad que con su trabajo colabora con el conjunto de la población y no de la ganancia patronal”.

Paro de la UTA

La Unión Tranviarios Automotor paró en el interior del país por salarios adeudados desde marzo. La medida de fuerza fue garantizada en todas las provincias, menos en Buenos Aires, que si bien había sido parte inicial de una acción unificada y de alcance federal, por decisión de Roberto Fernández, titular del gremio, rápidamente se desmarcó y así le restó peso. Santa Fe no adhirió por no tener atrasos en los salarios.

Esta situación es más grave en las ciudades del interior, donde las empresas aducen “baja en la recaudación” y así se aprovechan para rebajar o directamente dejar de pagar los salarios de los choferes.

Trabajadores de McDonalds y Burger King avanzan con su lucha

La semana pasada los trabajadores de McDonalds y Burger King dieron un paso adelante en la pelea contra sus patronales. Mediante las acciones que realizaron visibilizando su conflicto en las redes sociales, en la televisión y con el apoyo que recibieron entre jóvenes trabajadores lograron que les reconozcan el pago de la segunda quincena de marzo al 100% con el presentismo incluido. Las empresas les habían pagado tan solo el 30% de su salario por esa quincena y les habían quitado el presentismo. El acuerdo firmado por el sindicato de pasteleros establece que, a partir de ahora y durante el tiempo que dure la cuarentena, las horas para los que trabajen bajo la modalidad de delivery y el servicio de Auto Mac serán también pagadas al 100%, y las horas no trabajadas serán pagadas al 70% pese a que el contrato de trabajo del sector fija que la empresa garantiza el empleo por un mínimo de treinta horas semanales. Este punto del acuerdo se impuso sin el consentimiento de los trabajadores y muestra los límites que tiene la burocracia de pasteleros, que actúa al servicio del ajuste de empresas multinacionales que ganan miles de millones de dólares en todo el mundo y precarizan de forma absoluta a sus empleados. Seguimos apoyando a los trabajadores de comidas rápidas en su lucha por cobrar el 100% de su contrato de trabajo como corresponde.

San Fernando: Bingo King reduce 30% los salarios

Los cuatrocientos trabajadores del Bingo King denunciaron a la patronal por depositar sus salarios de manera tardía y con una reducción unilateral de 30%. El presentismo y la antigüedad no fueron respetados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional y esto significó una reducción sensible en la liquidación de los salarios.

El dueño de la empresa anunció a los empleados que solo pagaría el sueldo básico, decisión que habrían tomado desde la cámara que nuclea a los empresarios del juego.

Tempur-Sealy

El gigante internacional de los colchones y mayor fabricante de su rubro, Tempur-Sealy, ha lanzado una abierta extorsión a sus trabajadores. Intenta flexibilizar reduciendo los salarios 50%, que los trabajadores “devuelvan” las horas de producción de sus compañeros que están afectados a la cuarentena y busca que la planta de Bed Time en Pacheco se achique a la mitad del personal existente y que las futuras indemnizaciones se calcule sobre el 50% del salario básico. La empresa adeuda sueldos y diferencias salariales y solo se compromete a saldarlos si los trabajadores aceptan estas rebajas y la reducción de la planta. Estas propuestas muestran el espíritu negrero y de impunidad de estas patronales. En asamblea de los turnos mañana y tarde se rechazó “la provocación de la empresa”, según un comunicado que difundió la comisión interna.

Anisa Favoretti, nuestra compañera referente de Isadora en Santiago del Estero, nos envió el 16 de abril el comunicado que redactó la Coordinadora por la Aparición con Vida de Priscila Martínez, integrada por organizaciones de mujeres de la zona. El texto empezaba con el peor anuncio: “Con gran dolor confirmamos la noticia del femicidio de Priscila”. Bronca, mucha bronca y más bronca nos dio porque hacía menos de veinticuatro horas que nos habíamos enterado de otros dos femicidios: el de Camila Tarocco en Moreno, y el de Jésica Minaglia en Santa Cruz. Rápidamente convocamos al #ViernesDeFuria en las redes exigiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT

¿Por qué reclamamos esto? Simplemente porque nos están matando y lo hacen a diario. Con la movilización logramos imponer que ya no se hable de “crímenes pasionales” y que se reconozcan como lo que son: femicidios. A pesar de que aún no existe ningún organismo oficial que lleve un registro unificado, distintos observatorios ligados a organizaciones feministas hacen un seguimiento de los casos.

En los últimos años distintos gobiernos provinciales, tomando esos datos como referencia, fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (ley 14.407) y luego se extendió hasta 2016. En Salta se estableció mediante el decreto 2.654 en el año 2014. En Chaco, también por dos años desde junio de 2019, y así en varias provincias más. Pero estos proyectos fracasaron en sus intenciones porque no fueron acompañados con presupuestos acordes para sostener la estructura que se requiere para garantizar los derechos de las víctimas.

Las personas que sufren diferentes formas de violencia necesitan asistencia y acompañamiento por parte del Estado para poder salir de esa situación. Lo primero y básico es garantizar la posibilidad efectiva de denunciar cuando van a la comisaría o al juzgado, ser escuchadas y que se arbitren las medidas necesarias para separar al agresor del lugar donde conviven. Luego, que se le dé prioridad a la causa por su urgencia y se les otorgue patrocinio legal gratuito para que las causas avancen, reclamo que está legislado pero que no se implementa. Recordemos que, en la mayoría de los casos de femicidio, se habían realizado denuncias previas. ­

Además, es muy importante el acompañamiento psicológico inmediato con perspectiva de género para garantizar la estabilidad y el bienestar emocional de las mujeres y de las demás personas que también fueron víctimas. Los refugios transitorios son necesarios cuando se corre peligro de vida, pero no alcanzan. Es clave garantizar también una vivienda para ellas y sus hijes y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica, pues sin acompañamiento, vivienda y sustento económico es muy difícil salir del círculo de la violencia.

Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El presupuesto actual, heredado de la gestión de Macri, que destina 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género no alcanza. Por eso, insistimos que se necesita declarar la emergencia nacional en violencia de género con una asignación económica acorde. Estas medidas básicas de acompañamiento a las víctimas se pueden garantizar con un impuesto especial a las grandes fortunas, dejando de subsidiar a la Iglesia Católica y no pagando la deuda externa.  

Editorial

Ante la nueva prórroga de la cuarentena desde Izquierda Socialista decimos: cuarentena sí, pero el gobierno tiene que poner toda la plata que se necesita y de manera urgente para la salud y los más postergados. Cuarentena sí, pero exigimos que tiene que ser sin despidos, suspensiones, ni rebaja salarial. Lamentablemente no es lo que está ocurriendo.

Los grandes empresarios vienen presionando para flexibilizar la cuarentena reclamando que se abran más actividades a costa de la salud de los trabajadores. Por eso repudiamos que en el medio de la pandemia se ataquen derechos fundamentales de la clase obrera. Esto prueba que no todos estamos en el mismo barco, porque mientras millones cumplen el aislamiento, prestan los servicios esenciales dignamente y los profesionales y trabajadores de la salud salvan vidas a pesar de la falta de insumos, los grandes empresarios despiden, suspenden y rebajan los salarios, y los bancos, multinacionales y millonarios siguen gozando de sus abultadas ganancias capitalistas y altos patrimonios. Por eso desde el principio venimos señalando que la cuarentena es una medida importante, pero solo es la primera medida para combatir el coronavirus. Y que se necesitan medidas de fondo para fortalecer el sistema de salud y evitar profundizar una caída mayor del nivel de vida del pueblo trabajador.

El presidente Alberto Fernández, por sostener la cuarentena, cuenta con un apoyo de amplios sectores populares. Pero desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes y se quedan a mitad de camino. En especial, para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. El presidente, por ejemplo, prohibió los despidos por 60 días. Pero los despidos siguen y no se está haciendo cumplir la prohibición.

Lo que ocurre en la realidad es que el Ministerio de Trabajo convalidó los 1.450 despidos de Techint con la complicidad de la burocracia de la Uocra (“con Techint el tema está superado”, dijo el presidente); se decretó la prohibición de despidos, pero el ministerio los avala si “hay acuerdo entre partes”; se aceptaron las suspensiones con rebaja salarial en Aluar, General Motors, Ford y tantas otras multinacionales automotrices; se le permite a McDonald's, Burger King y Starbucks rebajar masivamente los salarios y el gobernador Kicillof y Berni reprimen salvajemente a los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes en lucha por sus salarios y en defensa del empleo de 250 familias. Existe un doble discurso en el gobierno, que también quedó claro cuando dijeron que se podía intervenir las clínicas privadas para combatir mejor al coronavirus y después retrocedió, a tal punto que acaba de disponer que se subsidie a esos mercaderes privados de la salud eximiéndolos de aportes patronales y otros beneficios. O dejó de hablar de quienes remarcan y aumentan los precios de manera descarada, sin que se tome sanción alguna contra ellos.

El presidente también dijo en estos días “prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos coronavirus”. Esta frase empalma con la gran mayoría de la población que prioriza la salud y por eso cumplen la cuarentena. Pero al dar por seguro que va a haber más pobres está develando lo que venimos diciendo desde la izquierda: que no está dispuesto a imponer una política para evitar más pobreza y combatir a fondo los males sociales. Lo que hay que combatir son los dos males: el virus y la pobreza. Y si hay más pobres es porque se permite que miles pierdan su empleo, se les rebajen los salarios o se suspenda personal. Y porque las medidas del gobierno son completamente insuficientes y no alcanzan. Por ejemplo, se les han otorgado 10.000 pesos (300 pesos por día) a quienes hacen changas, cuando lo que necesita una familia tipo son 45.000 pesos mensuales para no caer en la pobreza. Se han anotado más de once millones de personas para cobrar esa suma, pero más de tres millones de solicitudes fueron rechazadas. Otro tanto pasa con los 5.000 pesos mensuales para los trabajadores de la salud, que aún no se implementaron. Ni qué hablar de que no se hagan más testeos para hacer frente en mejores condiciones a la pandemia.

La clase trabajadora y los demás sectores populares deben exigir al gobierno que tome medidas de fondo para combatir de verdad a la mayor crisis del coronavirus, poniendo todos los fondos suficientes. Por eso son tan valiosos los reclamos y las protestas que se llevan adelante contra los despidos, las rebajas salariales o por mejores condiciones de seguridad, como lo están haciendo los ferroviarios del Sarmiento, los docentes de Tierra del Fuego, los trabajadores de los hospitales, del frigorífico Penta, los choferes de varias provincias a quienes no se les respetan sus derechos, las trabajadoras y trabajadores de Acumar que limpian el Riachuelo, entre tantos reclamos a los que la dirigencia sindical le da la espalda porque sigue como sombra al cuerpo a las grandes patronales y directivas del gobierno.  Este es el camino para defender los derechos de las y los trabajadores.

Para las necesidades del sistema sanitario y afrontar la crisis social es necesario un inmediato Fondo de Emergencia. ¿De dónde hay que sacar la plata? Izquierda Socialista dice que hay que imponer un impuesto especial del 10% a los 50 millonarios más ricos del país, a los 20 grupos económicos que más facturaron y así, junto al no pago de la deuda externa, estarían los fondos para llevarlo a cabo. Esto permitiría como mínimo duplicar los 10.000 millones de dólares que el gobierno anunció al comienzo de la pandemia. Rechazamos por lo tanto que el gobierno en plena pandemia se disponga a hacer una oferta de pago a los bonistas por 70.000 millones de dólares para los próximos años y a sellar un nuevo acuerdo con el FMI.

El Fondo de Emergencia hay que aplicarlo ya. Hace falta decisión política. Se conoce el nombre de los millonarios y las ganancias y facturaciones de sus empresas. Son los que se enriquecieron en todos estos años con todos los gobiernos. Los Techint, laboratorios Roemmers, Pérez Companc, Banco Macro, Santander, Patagonia, HSBC, Edenor, Edesur, Pampa Energía, Arcor, Ford, Toyota, Volkswagen, FIAT, Renault, Wal Mart, Coto, Carrefour, Benetton, los grandes pooles de siembra y los terratenientes, entre una larga lista. 

Diputados del gobierno encabezados por Máximo Kirchner siguen diciendo que están estudiando una ley para implementar un impuesto a la riqueza que permitiría, según las versiones, recaudar entre 1.000 a 3000 millones de dólares. Dicen que sería por única vez y que eso no va a impedir que “los millonarios dejen de serlo”, según el redactor de la ley, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller.

Más allá de cómo termine quedando el proyecto del gobierno decimos que debe pasar del discurso a los hechos e imponer ese impuesto ya mismo. Por su parte, los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda Unidad, han presentado su propio proyecto de ley para gravar considerablemente las grandes fortunas.    

Conclusión: mientras le damos todo nuestro apoyo a los reclamos obreros y populares, llamamos a los trabajadores y demás sectores sociales a exigir al gobierno una cuarentena con fondos para salud y sin despidos, rebaja salarial y sin hambre. Y a que se tomen medidas de fondo como lo es la implementación ya mismo de un urgente fondo de emergencia, para combatir de verdad la mayor crisis del coronavirus.