Escribe Adolfo Santos

La revista Forbes publica todos los años el ranking de los multimillonarios del mundo. En la tabla de posiciones argentina, los cinco primeros megamillonarios suman ellos solos una fortuna de 12.100 millones de dólares.

La lista está encabezada por Paolo Rocca, con una fortuna personal de 3.300 millones de dólares. Rocca es dueño del Grupo Techint, que con sus empresas Tenaris, Ternium y Tecpetrol es el principal holding de la industria argentina. Semanas pasadas, ya en medio de la pandemia, despidió con la complicidad con la nefasta burocracia sindical de la Uocra a 1.450 obreros de la construcción.

El segundo es Alejandro Bulgheroni, dueño de 2.700 millones de dólares, con inversiones en hidrocarburos y en el agronegocio. Su empresa insignia es Panamerican Energy, que, en asociación con multinacionales británicas y chinas, está a la cabeza del saqueo de nuestro gas y petróleo.

Le sigue, en el tercer lugar Marcos Galperin, amigo de Macri y dueño de Mercado Libre con 2.400 millones de dólares. Es el que, aun en medio de la crisis de 2019, más acrecentó su fortuna y quién se la pasa haciendo gala de la necesidad de avanzar en una super-flexibilización laboral.

Cuarto está Alberto Roemmers, dueño de los laboratorios del mismo nombre, con 2.300 millones de dólares. En medio de la crisis sanitaria, es escandaloso que una de las mayores fortunas argentinas esté en manos de alguien que lucra con la industria de la salud.

Finalmente, el quinto es Gregorio Pérez Companc, con 1.700 millones de dólares, el actual dueño de Molinos Río de la Plata, uno de los monopolios alimenticios más importantes de la Argentina.

Acá, en estos cinco nombres, está una parte importante de la plata que debe financiar un fondo de emergencia para atender la pandemia. Es urgente imponerles un fuerte impuesto que permite que al menos el 10% de esa riqueza acumulada pase a resolver las urgentes necesidades planteadas al pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Los bancos privados que actúan en nuestro país, nacionales y extranjeros, son el prototipo de los capitalistas chupasangre que “se la llevan en pala”. No importa que la economía de conjunto crezca o esté en recesión. No importa que haya inflación, devaluaciones, que crezca el desempleo o la pobreza. Los bancos siempre ganan. Más aún: son los que más ganan. El año pasado, sin más, sus ganancias superaron los 300.000 millones de dólares. 

La contrapartida son los abusos sobre los trabajadores y demás sectores populares. Mientras todos los trabajadores en blanco somos “cautivos” de algún banco en el que nos acreditan el sueldo, este nos cobra intereses abusivos por tarjetas de crédito, préstamos, comisiones y “servicios” (la inmensa mayoría invisibles). 

En estos días nos ofrecen “correr” los vencimientos de las tarjetas de crédito (que gran parte del pueblo trabajador tuvo que “reventar” para comprar alimentos, artículos de limpieza o medicamentos) a cambio de pagar un interés superior al 40%: ¡el más alto del mundo! Mientras tanto, a los que viven de changas, tienen un quiosco o un remis les niegan un préstamo mínimo para seguir tirando, les rechazan cheques o les cobran intereses astronómicos por descubierto. 

La semana pasada vimos las largas y criminales colas de los jubilados. Obviamente, el responsable es el gobierno. Pero sus cómplices son los bancos privados que, en su inmensa mayoría, hace años que se vienen negando a pagar jubilaciones y AUH, ya que eso “no les da ganancias”. 

Los bancos siguen ganando durante la pandemia, ya que la mayoría de su trabajo es online. Ahora, que es más necesario que nunca la implementación de un fondo de emergencia para afrontar la pandemia, los bancos como tales, con sus ganancias, y los banqueros con sus fortunas individuales, deben estar entre los primeros que paguen un impuesto especial para financiar ese fondo.  

Escribe Martín Fú

Javier Madanes Quintanilla es uno de los empresarios más ricos del país por lo cual figura en la revista Forbes. Dueño de un conglomerado de empresas de las que se destacan Aluar (aluminio y derivados) y Fate (neumáticos) entre otras, Madanes Quintanilla salió rápidamente a aclarar que “el capital productivo”, como se define él con sus empresas, no tiene que ser tocado o alcanzado por ningún impuesto especial, ya que eso afectaría la “inversión”. Aluar, para tomar como ejemplo, es una de las empresas que mejor cotizan en bolsa. El consorcio de empresas de la familia Madanes y su desarrollo están indisolublemente ligado a todas las dictaduras militares desde Ongania en adelante y hasta el gobierno de Perón, cuyo ministro de Economía Ber Gelbard, fue socio en Aluar en los ´70. Madanes quiere que la crisis la paguen los trabajadores

El Socialista entrevistó al “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria de la Seccional Gran Buenos Aires Oeste, dirigente de Izquierda Socialista y referente nacional del sindicalismo combativo.

¿Qué es lo primero que nos querés decir?

–Antes que todo quiero hacer llegar la solidaridad de mis compañeros ferroviarios del Sarmiento a los trabajadores despedidos del frigorífico Penta. Repudiamos la represión. Además, le decimos al presidente Alberto Fernández que deje las palabras y pase a los hechos con este tipo de empresarios negreros, como Ricardo Bruzzese dueño de Penta, si no da marcha atrás y cede a los reclamos de los trabajadores se estatice el frigorífico, para que todos vean que lo que dice va en serio. 

El presidente anunció la extensión de la cuarentena, ¿qué opinión te merece?

–Estamos de acuerdo con la cuarentena tomando en cuenta todos los recaudos necesarios. Fernández planteó una cuarentena más larga y con más controles pero es evidente que empezó una flexibilización parcial cuando incorpora nuevas actividades a las ya permitidas. La cuarentena, tiene que ser sin hambre, despidos, ni rebaja salarial y que haya plata para que los millones de trabajadores y sectores populares que la están cumpliendo masivamente la hagan sin apremios. Hay que priorizar la vida sobre las ganancias de las patronales.

¿Qué pensás de la posición de la CGT?

–La CGT tiene la misma posición que las grandes patronales, que vuelvan todos a trabajar como sea, sin importarles que nos den insumos para evitar los contagios. Están a favor de pactar con las patronales recortes salariales y despidos, con la excusa de la crisis económica provocada por la pandemia. La burocracia sindical no pelea por defender la salud de los trabajadores, está aliada a las grandes empresarios y defender sus ganancias. Por eso no dice nada de todos los canallas cuando despiden, como Techint o el frigorífico Penta.

Uno de los sectores más expuestos es el de los trabajadores del transporte

–Obvio, a nosotros nos entregaron en los primeros días de la cuarentena elementos de higiene y seguridad vencidos, lo cual rechazamos y nos negamos a realizar tareas sino teníamos protección ante el coronavirus. Ridículo, estamos hablando de una empresa del Estado. Ahora nos amenazan con descuentos de horas y días porque peleamos contra la patronal y la burocracia de la Verde para garantizar el servicio de trenes con cronogramas de guardias mínimas, de acuerdo a lo que decía el decreto presidencial, y le exigimos a la empresa que cumpla con los protocolos de seguridad para protegernos de la pandemia.

¿Cómo están saliendo los trenes? 

–Si los trenes no están perfectamente desinfectados no van a salir, se enoje quien se enoje, aunque esto nos lleve a un conflicto con la empresa. En el tren viajan trabajadores, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. No viajan los Grobocopatel ni los Rocca.

¿La patronal junto a la Verde de Sasia pretenden romper la cuarentena?

–Sí, muchos compañeros han recibido citaciones por parte de la empresa, informales, vía whatsapp el fin de semana pasado. Nos oponemos a cualquier decisión de Trenes Argentinos junto a la burocracia de la Verde que obligue a la presencia masiva de trabajadores para la prestación de los servicios, rompiendo la cuarentena. No nos oponemos a que circulen más trenes, sino que pueden circular más formaciones con una dotación de trabajadores donde los que no estén afectados al servicio cumplan la cuarentena. No queremos convertirnos en agentes de transmisión del coronavirus. Es una pelea en curso que estamos dando, nuevamente con la Verde del lado de la patronal, desde el cuerpo de delegados junto a los ferroviarios para que se cumplan los diagramas de emergencia que hemos acordado con la empresa. Hemos podido avanzar en algunos servicios y en otros seguimos dando pelea. 

Una última reflexión Pollo

-Como te decía, se habla mucho de la pandemia, de que debemos cuidarnos, pero es de la boca para afuera. Esto que quiere hacer la empresa lo demuestra. Proceden igual que cualquier empresario que despide, recorta salarios o flexibiliza aprovechándose de la crisis. No se derrota al coronavirus con más miseria. Acá tenemos una pandemia, lo más importante es la vida del pueblo trabajador. 

Hay que destinar más fondos para combatirla en forma integral. Ese dinero debe salir de impuestos a los grandes empresarios, a las multinacionales y del no pago de la deuda externa.  

Escribe Diego Martínez

La semana pasada surgió un nuevo episodio de sobreprecios de parte del gobierno. Se trató de la compra de alcohol en gel. Unos 1.500 envases de este producto fueron comprados a 1.086 pesos la unidad, cuando su precio máximo es de 500 pesos. Consultada por este hecho, la titular de Pami Luana Volnovich declaró: "Cuando vas a comprar insumos de salud te das cuenta que son carísimos y decís 'se están haciendo los vivos`”. Además aclaró que "cada compra de insumos es una guerra", y precisó que de los catorce proveedores que convocamos para la compra de alcohol en gel "solo se presentó uno" (Télam, 8/4/2020). Más allá del manto de sospechas que inevitablemente cae sobre Volnovich y las autoridades de Pami cabe preguntarse: ¿no tiene el Estado herramientas para enfrentar a los monopolios formadores de precios, los famosos “vivos”? Sí las tiene. ¿Por qué no las usa?

Los precios no paran de subir

La suba de precios es imparable. Se da particularmente entre los artículos de primera necesidad, productos de limpieza, alcohol en gel, barbijos y en los alimentos. La inflación en los precios de los alimentos no es nueva. En 2019 hubo una suba en el rubro de 56,8%, la más alta de los últimos treinta años (datos Indec, diciembre 2019) y entre enero y marzo de este año la inflación en los alimentos fue de 10,9% (Infobae, 3/4/2020). Desde que comenzó la cuarentena los precios se fueron a las nubes, particularmente en la carne y en las verduras, que no están alcanzadas por la lista de precios máximos que dispuso el gobierno. Según la consultora Seido, el precio de la carne aumentó entre 10% y 15% solo en la última semana de marzo (Clarín, 31/3/2020). Se calcula que desde que empezó la cuarentena el consumo de carnes, frutas y verduras aumentó en promedio 50% en todo el país (encuesta mensual de consumo, ONG Defendamos Buenos Aires). Una suba similar se dio en la demanda de productos de limpieza. Los grandes productores especulan con el aumento de la demanda, e incluso la escasez, como ocurre con la papa y la cebolla, para poner precios muy por encima de su valor. ¿Cómo se puede frenar esta situación?

Que el gobierno controle los precios 

El gobierno dispuso un programa de precios máximos, pero no se lleva a la práctica. Para avanzar en el control de esta situación Fernández delegó en los intendentes la facultad de multar y cerrar pequeños comercios que pongan precios por encima de lo debido. ¿Por qué en lugar de perseguir a los pequeños comerciantes que pagan precios altísimos a los distribuidores no aprieta a los grandes productores agropecuarios, las cadenas de supermercados y los fabricantes y distribuidores de productos de  alimentación y limpieza, que son los que forman los precios?   

El gobierno cuenta con una herramienta para frenar la inflación que es la Ley de Abastecimiento (20.680) sancionada en 1974. Esta norma le permite fijar multas de hasta 10.000 millones de pesos, la clausura y la suspensión como proveedor del Estado para aquellas empresas que incrementen precios de una manera “artificial”, así como también para aquellos que acaparen mercaderías, como hizo Farmacity recientemente, que tenía escondidas 9.000 botellas de alcohol en gel y 20.000 cajas de paracetamol. Si el gobierno realmente pretende “cuidar a todos los argentinos” en esta crisis como declara, debe aplicar de inmediato esta ley para cuidar el bolsillo del  pueblo trabajador.