Anisa Favoretti, nuestra compañera referente de Isadora en Santiago del Estero, nos envió el 16 de abril el comunicado que redactó la Coordinadora por la Aparición con Vida de Priscila Martínez, integrada por organizaciones de mujeres de la zona. El texto empezaba con el peor anuncio: “Con gran dolor confirmamos la noticia del femicidio de Priscila”. Bronca, mucha bronca y más bronca nos dio porque hacía menos de veinticuatro horas que nos habíamos enterado de otros dos femicidios: el de Camila Tarocco en Moreno, y el de Jésica Minaglia en Santa Cruz. Rápidamente convocamos al #ViernesDeFuria en las redes exigiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya.
Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT
¿Por qué reclamamos esto? Simplemente porque nos están matando y lo hacen a diario. Con la movilización logramos imponer que ya no se hable de “crímenes pasionales” y que se reconozcan como lo que son: femicidios. A pesar de que aún no existe ningún organismo oficial que lleve un registro unificado, distintos observatorios ligados a organizaciones feministas hacen un seguimiento de los casos.
En los últimos años distintos gobiernos provinciales, tomando esos datos como referencia, fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (ley 14.407) y luego se extendió hasta 2016. En Salta se estableció mediante el decreto 2.654 en el año 2014. En Chaco, también por dos años desde junio de 2019, y así en varias provincias más. Pero estos proyectos fracasaron en sus intenciones porque no fueron acompañados con presupuestos acordes para sostener la estructura que se requiere para garantizar los derechos de las víctimas.
Las personas que sufren diferentes formas de violencia necesitan asistencia y acompañamiento por parte del Estado para poder salir de esa situación. Lo primero y básico es garantizar la posibilidad efectiva de denunciar cuando van a la comisaría o al juzgado, ser escuchadas y que se arbitren las medidas necesarias para separar al agresor del lugar donde conviven. Luego, que se le dé prioridad a la causa por su urgencia y se les otorgue patrocinio legal gratuito para que las causas avancen, reclamo que está legislado pero que no se implementa. Recordemos que, en la mayoría de los casos de femicidio, se habían realizado denuncias previas.
Además, es muy importante el acompañamiento psicológico inmediato con perspectiva de género para garantizar la estabilidad y el bienestar emocional de las mujeres y de las demás personas que también fueron víctimas. Los refugios transitorios son necesarios cuando se corre peligro de vida, pero no alcanzan. Es clave garantizar también una vivienda para ellas y sus hijes y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica, pues sin acompañamiento, vivienda y sustento económico es muy difícil salir del círculo de la violencia.
Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El presupuesto actual, heredado de la gestión de Macri, que destina 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género no alcanza. Por eso, insistimos que se necesita declarar la emergencia nacional en violencia de género con una asignación económica acorde. Estas medidas básicas de acompañamiento a las víctimas se pueden garantizar con un impuesto especial a las grandes fortunas, dejando de subsidiar a la Iglesia Católica y no pagando la deuda externa.
