Escribe Laura Marrone, Legisladora porteña y candidata a diputada nacional

“Tendrán que sacarnos con sangre de las casas que construimos con el sudor de nuestro trabajo durante toda nuestra vida”, así cerró Marta su intervención en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en momentos en que PRO sellaba el acuerdo para vender las tierras del barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31bis) en Retiro, con la excusa de requerir fondos para pagar el faraónico Paseo del Bajo.

Marta y sus hijos son parte de las 15.000 familias que corren peligro de perder sus viviendas a partir de la sanción de la ley, que exigiría el pago de la tierra en el caso de algunas familias, y en otras, como las del Bajo Autopista, su relocalización forzada a nuevas viviendas, precarias, hechas de durlock y chapa. Las familias las rechazan porque deberían hipotecarlas y vivirían es un constante peligro de desalojo si no lo hacen, siendo que construyeron sus actuales viviendas con mejores materiales.

Es indignante este atropello, mientras PRO se la pasa entregando tierras del Estado para empresarios privados, como las 5 hectáreas de los antiguos talleres de la Ciudad en Parque Patricios, o el regalo de terrenos en Barrio Carrillo o Piedra Buena a la Iglesia Católica, de edificios enteros a entidades israelitas en Puerto Madero, o concesionando por décadas 40 hectáreas del Autódromo a empresas multinacionales. Mientras crecen las torres de lujo, 250.000 personas viven en villas en la ciudad y un trabajador debe gastar el 50% de su salario para alquilar.

Con esta ley, Macri y Larreta continúan con la entrega de tierras públicas a la especulación inmobiliaria. Esta cesión de tierras, que deberían ser reservadas para escuelas, hospitales, viviendas sociales, o espacios verdes ha sido posible por la sucesiva complicidad de los distintos bloques que se dicen “opositores”. Proceso que fue respaldado por la creación por parte de Cristina Kirchner de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) que permite entregar tierras públicas sin pasar por el Congreso Nacional. En algunos casos fue el kirchnerismo, votó la privatización de 40 hectáreas del Autódromo de Parque Roca, el corredor gastronómico de plaza Houssey y el Tiro Federal. En esta oportunidad, después del acuerdo electoral con el bloque de los radicales de Lousteau y de Roy Cortina del Partido Socialista, PRO obtuvo los votos necesarios para enajenar estas tierras que habitan desde hace 70 años más de 60.000 personas. Lo que la dictadura militar no logró lo pretenden hacer con esta ley. 

La resistencia es enorme. Las madres, quizá como eco del ascenso de las mujeres, han tomado la delantera y van al frente. Marcharon la semana pasada desde Retiro a Puerto Madero, entrando ahí donde las clases altas atesoran riquezas en barrios de lujo con departamentos vacíos.

El problema de los habitantes de la villa es el de más del 50% de los hogares en la Ciudad que no tienen solución para el problema de la vivienda. El metro cuadrado de construcción ha duplicado su costo y para una vivienda de tres ambientes se requieren 300 salarios o sea treinta años sin comer ni vestirse.

Desde Izquierda Socialista rechazamos la venta de las tierras de la Villa 31 y apoyamos la pelea por una verdadera urbanización. Para solucionar el déficit habitacional hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa y que ese dinero se destine a un plan de viviendas populares, salud y educación.

El gran debate nacional sigue siendo cómo se sale de la brutal crisis que está dejando Macri y qué se va a hacer con el FMI y el sideral endeudamiento. Alberto Fernández y Cristina Kirchner están inventando la teoría de que renegociando con el FMI nos vamos a salvar y que la receta sería “crecer para pagar”. Pero sus economistas ya hablan de poner tope a salarios y jubilaciones y que hay que hacer las reformas antipopulares que reclama el Fondo.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Alberto Fernández y su equipo económico se reunieron con los emisarios del FMI. Fue una reunión “respetuosa”, dijeron. Afirma que les dijo que el FMI tiene que entender que ha cometido un “error” al prestarle dinero a un gobierno para que financie la fuga de divisas. Pero la conclusión de Fernández es que la Argentina ahora tiene que reconocer y pagar ese endeudamiento. Si el propio Fernández admite que gran parte de los 57.000 millones del FMI que ingresaron al país ya se fueron para reponer los dólares que se llevaron los especuladores al exterior, ¿por qué hay que pagar esa deuda que los trabajadores y el pueblo no vieron? ¿Por qué hay que seguir con más ajuste para hacer frente a un endeudamiento contraído a espaldas del pueblo trabajador y que va en contra de sus intereses?
Solo se pagan las deudas legítimas, no este endeudamiento ilegítimo. Hasta Estados Unidos (que dejó de pagar varias veces sus deudas), tiene la teoría de que un país tiene todo el derecho de desconocer una deuda cuando fue contraída en perjuicio de sus pueblos. ¿Por qué no lo hacemos valer nosotros?

Que Alberto y Cristina pidan el voto para “terminar con el caos de Macri” mientras reconocen el acuerdo entreguista que firmó con el FMI, es parte del típico doble discurso al que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo.

Nada de crecimiento, se viene un nuevo ajuste

“Buscamos estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas” esta fue otra de las frases de Alberto Fernández tras la reunión con el FMI. Primero, no dice cómo se va a crecer pagando una deuda millonaria. Segundo, si se supera la recesión y hay crecimiento eso debe ir a salario y trabajo, no a pagar una deuda usurera.
Esto de “crecer para pagar” una deuda ilegítima y fraudulenta es una receta que ya conocemos y nos llevó por mal camino. Fue lo que se hizo durante los doce años de gobierno kirchnerista, que nos dejó una deuda de 200.000 millones de dólares, casi el 30% de pobreza y 40% de trabajadores en negro.

Si se reconoce el acuerdo con el Fondo, lejos de crecimiento, lo que va a haber es un nuevo ajuste y las reformas estructurales que reclama y exige ese organismo.

Ya abren el paraguas

Uno de los economistas de Fernández, el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof en el gobierno anterior, Emmanuel Álvarez Agis, dejó claro cuál va a ser la receta de un posible gobierno peronista kirchnerista. Después de señalar que “el problema no es el FMI, somos nosotros”, dijo en un foro de empresarios que “seguramente tengamos que tratar las tres reformas: fiscal, laboral y previsional”. Y enfatizó que “ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri tendrán mucho margen de maniobra por tener al Fondo de copiloto trabándoles el volante”, aventurando que Fernández no podrá hacer algo muy distinto de que hacía Macri. ¡Lo dicen ellos!

Agis recomienda olvidarse de cualquier redistribución de la riqueza, habla de que hay que planchar salarios y jubilaciones poniéndoles un tope y que no hay que esperar ninguna “magia”.

Por su parte, en una entrevista en el diario La Nación del pasado domingo 30 de junio, Alberto Fernández dijo que no le tiene miedo al superávit fiscal exigido por el FMI “porque fui el único jefe de Gabinete que durante años alcanzó el superávit”. Y ante una pregunta sobre si daría marcha atrás con los aumentos de tarifas, dijo categóricamente: “No, lo que se dio, se dio y está terminado”.

Todos estos argumentos valen para aquellos que tienen la idea de votar a Fernández-Fernández con la ilusión de que algo va a cambiar, o que por lo menos tan mal no vamos a estar. Pero Fernández y sus economistas ya abren el paraguas diciendo desde ahora que no va a haber ninguna recomposición real del salario y de las jubilaciones, se avalarán los tarifazos y que, en todo caso, si hay crecimiento será para pagar la deuda.

Nos preguntamos: ¿qué utilidad tiene entonces votar por Fernández y Cristina si el FMI va a seguir imponiéndonos más ajuste y entrega?

El FIT-Unidad pelea el voto para decirle no al FMI, usar la plata de la deuda para aumentar los salarios, las jubilaciones y las partidas sociales, reestatizar las privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior, medidas indispensables para combatir los males sociales. Lo demás es puro electoralismo.

Escribe Gastón Godoy

El precandidato a presidente por el kirchnerismo admitió que bajo el gobierno de Cristina la pobreza creció. También dijo que el Indec funciona mejor ahora con Macri que con el anterior gobierno.

Es que los datos son objetivos y no pueden negarse. El Indec durante el kirchnerismo estuvo intervenido por la patota de Guillermo Moreno, así arrojaba cifras de inflación irrisorias, poco serias, cuando toda la sociedad veía que esos números eran truchos. Con Cristina el número de pobres creció, ¿por qué esta vez sería diferente?

Alberto busca mostrarse como algo distinto, por eso dice estas cosas para intentar lavarse la cara. Pero el plan de ajuste lo aplicará junto a Cristina y la cantidad de pobres del país, lamentablemente, seguirá creciendo.

Escribe Gastón Godoy

En una exposición que realizó en el Latam Economic Forum, Emmanuel Álvarez Agis dijo que “se habla de dos programas, dependiendo de quién gane las elecciones. En función de las posibilidades que tiene la economía, no son tan distintos”. Toda una definición. Lo que desde la izquierda denunciamos, que seguir con el FMI es sinónimo de ajuste, uno de los voceros de Alberto Fernández lo dijo de forma muy transparente y clara.

Luego, por si fuera poco, le tiró flores al Fondo. “De sus últimas cinco intervenciones, cuatro economías mejoraron, excepto Grecia”, sostuvo en otro pasaje de la conferencia. Falso. Todos los países donde el Fondo ha metido la cola terminaron con más ajuste y empobrecimiento. Porque esa es la tarea del FMI, digitar los ajustes estructurales en los países donde intervienen.

Escribe Gastón Godoy

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, se reunió con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el representante residente en la Argentina, Trevor Alleyn.

También estuvo presente Juan Manuel Urtubey, quien lo acompaña en la fórmula como vice. “Le dijimos a la misión del FMI que el gobierno de Consenso Federal renegociará los plazos del stand-by porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos. ¡Ellos y el gobierno lo saben!”, dijo Lavagna, para luego aclarar que: “Mientras tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de empezar, ya mismo, a solicitar un alargamiento de plazos de los grandes vencimientos que acumuló para 2021 y 2022”.

La diferencia de Lavagna con el resto de la oposición patronal peronista es que él pide que desde ahora se empiece a renegociar el préstamo y quiere que Macri inicie ahora el ajuste contra la clase trabajadora. Por eso exige las reformas que el FMI pretende: laboral, fiscal y previsional. Ninguna de estas reformas pueden ser algo progresivo para el pueblo trabajador.

Solo el Frente de Izquierda-Unidad dice claramente que hay que romper con el FMI como única salida posible para aumentar el nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, parar con el ajuste en curso y eliminar los tarifazos.