Escribe Blanca Lopez, diputada provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
En diciembre de 2017 los obreros de la maderera MAM, en el Parque Industrial de Neuquén, fueron desalojados por la policía. Ocupaban la empresa en defensa de su fuente de trabajo y por la reincorporación de los despedidos. Su lucha es muy recordada por el tiempo que duró, por la firmeza de los obreros y porque las organizaciones de izquierda la acompañamos con todo tipo de acciones. Hasta que el 8 de diciembre del 2017, de madrugada, la policía provincial comenzó con el desalojo. Cuando éste ya estaba consumado y mientras seguía la protesta en la puerta de la empresa, el policía Palomino disparó, a muy corta distancia, contra el cuerpo de Raúl Godoy, diputado del PTS/FIT Unidad.  El juicio duró varios años bajo la carátula de Lesiones agravadas por el uso de armas, además de ser provocadas por un agente policial en abuso de sus funciones.

Se determinó una sentencia de cinco años de prisión. Durante todo el juicio la defensa del policía intentó derribar las pruebas que presentaron los abogados de Godoy. Fueron muy evidentes los videos presentados en la prueba que demostraron la intencionalidad de Palominos cuando realiza el disparo. Tiró a pegar y a cortísima distancia. Es que se estaba juzgando a un policía que había reprimido una ocupación de fábrica. El gobierno y el régimen no querían dejar el antecedente de que los policías que reprimen con balas vayan presos. Finalmente la jueza Raquel Gass dispuso la detención de Sergio Palominos, quien deberá cumplir su pena en una cárcel común, contradiciendo lo solicitado por la defensa que pretendía prisión domiciliaria.

Desde Izquierda Socialista acompañamos el juicio en todas sus instancias y por eso el día de la condena final festejamos en la puerta de los tribunales junto a Raúl, junto a los compañeros y compañeras de las organizaciones presentes.

Escribe Laura Marrone, legisladora -mc- de CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Que el gobierno garantice los derechos de las personas con discapacidades

La población con discapacidades de nuestro país, alrededor del 10%, sufre un nuevo ataque por parte de un gobierno que está empeñado en aplicar un brutal ajuste al pueblo trabajador para cumplir con los dictados del FMI, mientras la CGT y CTA no llama a la lucha para defender a los que reclaman por sus justos derechos.

En esta oportunidad, aquellos que tienen obra social y, por tanto, acceso a prestaciones básicas, ven peligrar la continuidad de las mismas porque los prestadores que la atienden no cobran desde hace seis meses. En general se trata de personas que están tercerizadas con contratos basura vía asociaciones particulares, precarizadas, con salarios inferiores a los nomencladores de sus profesiones, insuficientes, que sostienen sus servicios hasta hoy sin los recursos más elementales para vivir. Por ello están realizando medidas en todas las provincias de visibilización de su realidad para hacerse escuchar (marchas, acampes) donde confluyen trabajadores, familiares y personas con discapacidades. Todas las familias tienen alguna persona en esta situación, viviendo la incertidumbre sobre qué harán mañana.

Tanto el gobierno del Frente de Todos, a través del ministerio de Economía, como las Obras Sociales y todo un entramado burocrático en que ambos se escudan, hacen oídos sordos a este reclamo cuando son los responsables de los fondos para proveer los recursos que sostienen estas prestaciones. Y la situación se agrava día a día. En ese marco, el gobierno prepara un DNU para crear un Fondo Nacional para la cobertura de las prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad, previstas en la Ley 24901, donde se haría cargo de las prestaciones para toda la población, no solo aquellas que no tienen obra social. Aunque la propuesta pareciera responder a una necesidad imperiosa, -que es atender a todas las personas, con y sin obra social-, la propuesta no puede deslindarse del contexto en que se realiza. Los efectos prácticos de este decreto que rechazamos serán que las obras sociales se saquen de encima la responsabilidad de atender a los discapacitados y que el Estado dé unos míseros pesos que no alcancen para cumplir con la atención debida a estos pacientes.

Nosotros proponemos que de los montos para educación y salud, apropiados por el ministerio de Economía por subejecución del presupuesto, salga el dinero para un subsidio de emergencia, que normalice las prestaciones hasta tanto se encare una solución definitiva.  La solución de fondo requiere, no un fondo que luego terceriza servicios, sino la integración de las prestaciones a las personas con discapacidades, con y sin obra social, a un sistema único nacional de salud gratuito y que, además, integre al personal hoy tercerizado al régimen laboral del Estado en igualdad de derecho que el resto del personal de la salud pública, todo bajo control de las asociaciones de familias afectadas. En el camino de esa solución, debemos defender lo que ya tenemos, y es que no se reduzca ni un peso a los fondos que ya existen para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta y cumplir las metas con el FMI, el pago inmediato a todas las personas que prestan servicios a las personas con discapacidades, equiparación salarial a las profesiones de los nomencladores del estado y el cumplimiento de la Ley 24.901.

Escribe Claudio Funes

El Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, a Emilio Pedro Morello.

Al  momento de su arresto, en 2017, dirigía una academia de danzas en Bariloche lo que le permitió durante años mantener interacción con niñas y adolescentes. Tras permanecer detenido en el penal de Ezeiza fue beneficiado con prisión domiciliaria. Siguió su juicio desde su vivienda ubicada en el barrio Nahuel Malal en la zona del kilómetro 13.

Durante el mismo se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra treinta y siete personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

Sus víctimas fueron militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Guevarista.

Señalado por ex conscriptos, como participante en hechos de secuestro y torturas, las acusaciones están probadas.

Morello fue parte del levantamiento carapintada de 1987 y ex diputado nacional por el Modin, el partido de Aldo Rico del que fue su mano derecha.

¡Cárcel efectiva para el asesino Emilio Morello!

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Etchecolatz fue un genocida siniestro. Hasta su propia hija lo describió como "un monstruo" y se cambió de apellido. Murió en la cárcel condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad como parte de un genocidio. Si hubiera justicia, éste tendría que ser el destino de todos estos criminales. Sin embargo muchos están en libertad (7 de cada 10 genocidas condenados gozan de prisiones domiciliarias).

Etchecolaz fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Camps. Fue quien coordinó los “grupos de tareas” fascistas y los centros clandestinos de detención que tenía a su cargo concentraron la mayor parte de las y los detenidos desaparecidos.

Entre los crímenes por los que fue condenado está el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil conocido como la "Noche de los Lápices". Y murió impune por la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006, del cual el actual ministro peronista Aníbal Fernández dijo que “López podría estar tomando mate con su tía”, encubriendo la responsabilidad de las bandas ligadas a Etchecolatz.

Etchecolatz fue beneficiado por la Ley Obediencia Debida del “demócrata” Alfonsín en los años 80´ y luego condenado cuando la misma se anuló por la movilización popular en 2006. En 2017 fue beneficiado con la prisión domiciliaria en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata, repudio popular que logró revocar la sentencia volviendo a la cárcel de Ezeiza. Recordemos la negación de los 30.000 por parte del gobierno macrista o la reivindicación de la dictadura por el neofascista Milei.

Etchecolatz murió a los 93 años en cárcel común. Lo mismo le ocurrió a Jorge Rafael Videla, jefe máximo de la dictadura genocida de 1976. Fruto de la lucha popular, no de los gobiernos de turno. Impunidad de ayer y de hoy por la que cada 24 de marzo marchamos de manera independiente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Seguiremos luchando por cárcel común para todos los genocidas y sus cómplices civiles, grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, la cúpula de la Iglesia que bendecía a los genocidas. Y contra las consecuencias nefastas del plan económico que viene de la dictadura, centralmente con una deuda externa usurera y fraudulenta. Por eso vamos a marchar el próximo 9 de Julio a Plaza de Mayo con el Frente de Izquierda Unidad junto a decenas de organizaciones para repudiar el ajuste del gobierno y el FMI y por la Segunda y definitiva Independencia.

Desde Izquierda Socialista seguiremos ese camino de lucha, convencidos que la salida de fondo para terminar con la impunidad y el saqueo capitalista vendrá de la mano de un gobierno de las y los trabajadores y una Argentina Socialista.