Escribe José Castillo

En nuestro país cada vez más personas con trabajo no escapan al flagelo de la pobreza. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA el 29,8% de los ocupados (un tercio) son pobres. En 2017 ese número era el 15,5%. O sea que los ocupados pobres crecieron al doble desde 2017. El gobierno del Frente de Todos no solo no recuperó los salarios hundidos por el macrismo, sino que los empeoró.
Los que tienen un empleo de tiempo completo no escapan a este fenómeno. En 2017 apenas el 4,7% de ellos eran pobres. Hoy, este número asciende al 13,9%. Por supuesto, mucho peor la pasan las y los precarizados: en 2017 ya el 15,5% cobraban salarios que los dejaban debajo de la línea de pobreza. Ahora están en esa situación el 31% (uno de cada tres).

¿Qué reflejan estos números? Que la “recuperación” económica post pandemia de la que se jacta el gobierno del Frente de Todos se hizo a costa de nuevos puestos de trabajo con salarios de miseria. Los miles de puestos de trabajo formales perdidos en 2020 fueron canjeados por puestos super-precarizados, que sumen a las y los trabajadores en la pobreza. Los que están en blanco también caen, reflejando que los aumentos paritarios no llegan ni de lejos a cubrir la pérdida inflacionaria.

Hoy abundan trabajos precarios que pagan 70.000, 60.000 e incluso 50.000 pesos, totalmente por debajo del nivel de indigencia. La media de las y los asalariados no llega a los 150.000 pesos, cuando una familia tipo necesita, según los cálculos de los trabajadores de ATE Indec, al menos 217.000 pesos para vivir.

Esta es la realidad que dejan correr la burocracia sindical de la CGT y las CTA, por medio de su pacto con el gobierno. Las y los trabajadores no pueden ser más la variable de ajuste. Se necesita un aumento de emergencia que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar citada más arriba. Que a partir de allí se reabran todas las paritarias y se otorguen los aumentos proporcionales a cada escala. Y que todo se reajuste mensualmente mientras siga esta inflación desaforada. Hay que exigir un paro general y plan de lucha a las centrales para luchar por estas reivindicaciones y parar el ajuste.

Escribe José Castillo

El acuerdo firmado en marzo con el FMI obligó al gobierno peronista del Frente de Todos a realizar un gran ajuste en este 2022 que está culminando. En concreto, se achicaron todas las partidas (en la inmensa mayoría de los casos por el simple expediente de no indexarlas por la inflación correspondiente) para alcanzar un déficit fiscal de 2,5% del PBI. Lo vienen sufriendo en estos meses todos los trabajadores del estado (sean administrativos, docentes o trabajadores de la salud), así como los que perciben planes sociales y el conjunto del pueblo trabajador que vive cotidianamente el deterioro de los servicios de educación, salud, vivienda, etcétera.

La contrapartida de este ajuste fue que el Fondo envió dinero para cubrir los vencimientos con el propio organismo. El año próximo esto no sucederá: será mucho más lo que hay que pagarle a este organismo que los desembolsos que llegarán. En concreto, tendremos que pagarle en efectivo al FMI 3.500 millones de dólares, que deberán salir de nuestras propias reservas. Al mismo tiempo, el ajuste que se debe realizar, según lo acordado en la firma del acuerdo, será mucho mayor: tendrá que llegar a un déficit fiscal de 1,9% del PBI. En síntesis, más hambre y más entrega. Esa es la perspectiva del acuerdo con el Fondo para el 2023. Motivos más que de sobra para plantear romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa.

Escribe José Castillo

Reafirmando un giro cada vez mayor hacia apoyarse en el imperialismo yanqui, el gobierno del Frente de Todos ha firmado un acuerdo de intercambio de información (Fatca, por sus siglas en inglés) con su homónimo de los Estados Unidos. Tiene como objetivo intercambiar datos sobre cuentas bancarias en ambos países, a los fines de que cada uno de ellos pueda cobrar los impuestos correspondientes. No es el primer acuerdo de este tipo: ya el gobierno de Mauricio Macri había firmado uno, ciertamente que de menor alcance.

En concreto, el gobierno argentino se compromete a informar al norteamericano los datos de todas las cuentas abiertas por ciudadanos de ese país en nuestros bancos. Y los yanquis harán lo mismo con las cuentas abiertas por argentinos en el país del norte. Esto último es lo que se ha venido anunciando con bombos y platillos por parte de Sergio Massa y otros funcionarios del gobierno. Hablan de un número cercano a 100.000 millones de dólares fugados y depositados en bancos yanquis que ahora podrán ser conocidos y a los que se les podrá cobrar impuestos.

Pero a no ilusionarse, el acuerdo que entraría en vigencia el año que viene, solo será para que se informen de cuentas de ciudadanos con domicilio en argentina que abrieron cuentas en Estados Unidos (incluyendo algunos paraísos fiscales, como Delaware y Dakota del Sur, pero dejando afuera a otros como las islas Vírgenes o Puerto Rico). Varios grandes empresarios que fugaron sus capitales, como por ejemplo Marcos Galperín, no serán alcanzado por la norma por el sencillo hecho que fijó su domicilio en Uruguay.

Un nuevo blanqueo

Así y todo, la información que se obtenga podría brindar datos interesantes sobre unos cuantos especuladores que han fugado capitales, nunca comunicaron el origen de los mismos y, por supuesto, no abonaron los impuestos respectivos. La apertura a estos datos se daría al parecer a partir de septiembre del año próximo.

El gobierno del Frente de Todos, dada esta realidad, busca aprovechar para juntar unos pesos con anticipación. Recurre para ello a una vieja herramienta, el blanqueo de capitales. La misma que utilizó Macri durante su mandato. Sencillamente, se les ofrece a aquellos que informen voluntariamente  con anterioridad sus cuentas en el exterior una “amnistía” sobre los delitos cometidos: nadie les preguntará el origen de los fondos, se les perdonarán los impuestos anteriores no pagados y, a cambio de un pago con una tasa especial (menor a la que les correspondería) quedan “blanqueados”, pasan a no deber nada, y pueden usar libremente sus fondos fugados. La alícuota a pagar se irá incrementando (primero se duplicará y luego se cuadruplicará, pero siempre por debajo de lo que deberían pagar por lo que adeudan) a medida que transcurran los meses de 2023. Como una especie de zanahoria para que se decidan rápido, paguen y queden blanqueados antes de que el gobierno yanqui habilite la información en septiembre.

El gobierno peronista aspira así a hacerse de algunos fondos para el momento álgido de la campaña electoral. Pero que nadie se ilusione. En el proyecto de blanqueo que se ingresará al Congreso en los próximos días hay una cláusula taxativa, ya que el 20% de todo lo que se recaude de este blanqueo va directo a un fideicomiso para pagarle al FMI.

En síntesis, si se aprueba en el congreso, este blanqueo, bendecido por los yanquis y por el Fondo solo le servirá a los grandes especuladores y jugadores de divisas y al propio Fondo. Nada muy distinto del que llevó adelante Macri en su mandato.

Escribe Atilio Salusso
 
La condena contra Cristina dio para todo tipo de debates. Larreta, el macrismo y los radicales dijeron que hay una “justicia independiente y republicana”. La vicepresidenta habló de “pelotón de fusilamiento, mafia judicial, estado paralelo”.
 
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por hechos de corrupción bajo su anterior gobierno peronista kirchnerista. Los tres jueces del Tribunal (designados por ella) la declararon culpable por administración fraudulenta con seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los fundamentos del fallo se darán a conocer en marzo de 2023. Luego la sentencia va a ser apelada a la Cámara de Casación y después irá a la Corte, que no tiene plazo para decidir, lo que va a demorar años. Mientras tanto a Cristina Kirchner no le va a pasar nada.

Hasta que el fallo no quede firme (puede que sí, puede que no) no está impedida de ejercer cargos públicos. Y aunque se ratificara la condena no va a ir a la cárcel porque sería beneficiada con prisión domiciliaria al cumplir setenta años en 2023. Es decir, no tiene problemas para ser candidata, aunque dijo que no (hecho que analizamos en el Panorama Político). Esto es por el antecedente que salvó a Carlos Menem, condenado pero nunca preso, porque la Corte dijo que no puede ir a la cárcel hasta que la sentencia no esté firme, algo que no rige para el ciudadano común: el 50% de los presos están sin condena firme. El mismo Menem que a su vez fue amparado por sus fueros como Senador bajo el ala del kirchnerismo que lo protegió. Esto anula el argumento de “Cristina proscripta”.
¿Culpable o inocente?

El debate hay que hacerlo bajo dos preguntas sencillas: ¿hubo o no actos corruptos que involucran a la ex presidenta? Y si los hubo, ¿tiene o no que ser condenada? Desde Izquierda Socialista contestamos a ambas preguntas afirmativamente. Lo hacemos con la coherencia de plantear lo mismo ante el macrismo (ver recuadro en esta página), diciendo a la vez que no confiamos en esta justicia patronal y acomodaticia al servicio de los de arriba (ver “¿Quién pone a los jueces?”).

No hace falta ningún fallo para probar el entramado de negocios corruptos bajo el gobierno peronista kirchnerista. Esto ya llevó a que varios responsables vayan a la cárcel, como Lázaro Báez, De Vido, José López, Schiavi, Jaime.

Lázaro Báez pasó de empleado bancario a ser dueño de Austral Construcciones, monopolizando la obra pública en Santa Cruz, facilitado por el kirchnerismo en el gobierno, con los consabidos retornos para la entonces familia presidencial, lo cual Cristina y su abogado quieren hacer pasar como “negocios privados”.

No solo coimas

La palabra corrupción se asocia equivocadamente a las coimas o sobornos de tal o cual político o funcionario. Pero no es solo eso. La corrupción es inherente a los negocios capitalistas corruptos propios de este sistema, que funciona para acrecentar las ganancias de grandes empresas y multinacionales cobijadas por las leyes y los gobiernos de turno. La obra pública, que debería ser para solucionar el déficit habitacional o construir escuelas y hospitales, es una trama de pactos en su beneficio. A cambio, gran parte de los políticos tradicionales hacen campaña con fondos que le ponen esas empresas (los laboratorios a Cristina, Odebrecht al PRO). Esos favores luego se devuelven adjudicando obras a sobreprecios y otros ilícitos.

Corrupción capitalista que también mata, como ocurrió con la masacre de Once, donde los familiares de las víctimas junto a los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que hacer marchas y presentar pruebas para lograr justicia aunque sea parcialmente. Y si hablamos de corrupción a gran escala tenemos que poner en el tapete a la deuda externa, contraída en dictadura bajo un genocidio y reconocida y pagada por todos los gobiernos posteriores. ¿Hay alguien preso por semejante saqueo corrupto? Nadie.
 
Este capitalismo saqueador y corrupto no va más

Es descabellado decir que la condena “intenta sacar de la cancha a una figura que no se disciplina ante los poderes internacionales y nacionales”, cuando es Cristina quien está apoyando el mayor ajuste de Massa al servicio del FMI y se reunió con el embajador norteamericano.

Cristina dice que los jueces la persiguen. Se olvida cuando hubo otros que la salvaron, como el fallecido Norberto Oyarbide que sobreseyó en tiempo récord a la familia presidencial por una causa de enriquecimiento ilícito. Y cuando denuncia a la mafia de los chats, además de estar involucrados políticos del PRO como el ministro de Seguridad de Larreta, también lo estuvo Julián Leunda, Jefe de Gabinete de Asesores de Alberto Fernández, ex director de C5N y de Ámbito Financiero, quien se comprometió con la mesa judicial de los chats a no ventilar el caso en los medios oficialistas.

Para terminar con este sistema capitalista de saqueo, entrega y corrupción es que luchamos por un gobierno obrero y popular, contra un capitalismo que no va más, y por una Argentina socialista.

Escribe Atilio Salusso

Nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano presentó en el año 2017 un proyecto de ley contra la corrupción (1384-D-2017). El mismo dispone que los responsables políticos y empresariales vayan presos y devuelvan lo que se robaron, invirtiendo la carga de la prueba (los responsables deben demostrar su inocencia), procediéndose a su prisión preventiva y al remate de sus bienes y propiedades para que esa plata vaya a Salud, Educación y Vivienda.

El gobierno de Macri fue corrupto ciento por ciento. Mauricio Macri apareció en los Panamá Papers junto al actual intendente de PRO de Lanús, Néstor Grindetti. Recordemos cuando casi todos sus ministros tenían sus depósitos millonarios en el exterior. De acuerdo a sus balances oficiales, la empresa Caputo S.A., del empresario y amigo del ex presidente, Nicolás Caputo, aumentó 43% sus ganancias en los años de gobierno macrista.

Gustavo Arribas, el jefe de la AFI (agencia de espías de Inteligencia), recibió coimas por 850.000 dólares de la multinacional Odebrecht. En una de las interpelaciones parlamentarias que se le hicieron al Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, Giordano le hizo reconocer que esa empresa corrupta le ponía plata al PRO. Y al ministro Aguad le hizo confesar que Macri estaba al tanto del perdón del 99% que le hizo a la millonaria deuda del Correo Argentino en beneficio de su padre. Atento a ello es que Giordano también presentó un proyecto para anular el mismo y que se le rematen los bienes a las empresas Sideco y Socma del Grupo Macri. También hicimos campaña para que el ex ministro Aranguren vaya preso por los aumentos de las naftas que dispuso en beneficio de Shell, la multinacional de la cual fue presidente y accionista.

Recordemos también que el Grupo Macri (Sevel) se benefició con la estatización de su deuda privada por parte de una disposición de Domingo Cavallo en la dictadura y el gobierno de Cambiemos fue quien nos endeudó por 45.000 millones de dólares en 2018 con el FMI, otro capítulo aberrante del gran saqueo y corrupción con la deuda externa que solo el Frente de Izquierda enfrentó.
Todo esto prueba la consecuencia y coherencia de nuestro partido Izquierda Socialista, que lo que ahora decimos contra Cristina lo sostuvimos contra todos los gobiernos corruptos.