La cancillería israelí consideró “inaceptable” la posición argentina. En Israel citaron al embajador argentino para expresarle el malestar por el voto del gobierno en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de la creación de una comisión para investigar posibles crímenes de guerra en Palestina.

La votación del gobierno en la ONU fue para investigar por igual al Estado de Israel como a Hamas. Es lo que denominamos “la teoría de los dos demonios”, poniendo por igual a los crímenes del Estado sionista con la resistencia palestina, más allá de las diferencias que nos separan de Hamas. A pesar de ello, Israel y la DAIA consideran que no cometieron ningún crimen y que no deben ser investigados, llegando al colmo de cuestionar a la misma ONU.

Frente a todo esto, insistimos en que hay que terminar con el chantaje del sionismo. Se deben investigar y condenar todos los ataques del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y en vez de dar explicaciones a la DAIA en la Casa Rosada, lo que debería hacer el gobierno de Alberto Fernández es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel como parte de la campaña mundial contra el apartheid israelí y la limpieza étnica que sufre el pueblo palestino.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El 31 de mayo la Argentina ocupaba el tercer puesto sudamericano en población vacunada. Detrás de Chile, con 54%, y Uruguay, con 46%, supera apenas a Brasil que inoculó a 20% de su población (Johns Hopkins Resource Center, 31/5/2021). Cerca de nueve millones de habitantes recibieron al menos una dosis, solo 21% de la población.
 
¿Cuántas vacunas faltan?

Salvo el personal de salud, los demás grupos prioritarios están muy lejos todavía de las metas. Solo el 45% de los mayores de 60 años tienen las dosis que les corresponden. El personal estratégico -docentes y no docentes de todos los niveles educativos y efectivos de distintas ramas de seguridad-, 39 por ciento. Finalmente, las personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo alcanzaron recién el 21% de las dosis necesarias (La Nación, 31/5/2021).
Mucho más lejos estamos de obtener el llamado “efecto rebaño”, de inmunidad, en la población general, que requiere vacunar al 70%, a unos 31,5 millones de habitantes. Se necesitan aproximadamente 63 millones de dosis. Se han dado hasta ahora 12 millones de dosis, faltan nada menos que 51 millones. ¿De dónde saldrán?
 
Los planes del gobierno para vacunar

Para enfrentar esta demanda, el gobierno de Alberto Fernández solo cuenta con la llegada en junio de 6 millones de dosis, algo más de 10% de lo que se necesita. Como suele ocurrir en el peronismo, se presenta como un gran logro cuando, en realidad, aún cuando llegaran seguirían faltando 45 millones de dosis. ¿Qué plan tiene el gobierno para paliar este déficit? Lo que se vio, hasta ahora, es a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini realizando un “paseo de compras” farmacéutico por México y Cuba buscando garantizar las vacunas faltantes. En México trataron de conseguir 80 millones de vacunas fabricadas en Garín, retenidas en México y los Estados Unidos. Son bastante más que las 63 millones que se necesitan, pero el resultado es apenas unas cuatro millones, en sus dichos, para estos días. Fueron a Cuba por las vacunas Abdala y Soberana, donde no hubo resultado alguno porque están aún entrando en la fase III.

Para firmar un contrato con Pfizer, el gobierno busca alguna argucia legal que le permita complacer la exigencia de la multinacional que, como puntualizó La Nación (24/5/2021), objeta la ley aprobada el año pasado por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (con el voto en contra del FIT Unidad), hecha expresamente para blindar judicialmente a los monopolios farmacéuticos. Exige que se quite la causal de “negligencia”, que le permitiría a un particular perjudicado por efectos colaterales, o al propio Estado, iniciar un juicio contra el laboratorio.
Mientras tanto, los millonarios amigos del gobierno avanzan con rapidez en sus negocios. Hugo Sigman, sin haber cumplido todavía con los contratos de la vacuna AstraZeneca, se lanza, a través de su laboratorio Elea, a producir la vacuna china Sinopharm en las instalaciones donde elabora desde hace diez años la vacuna antigripal. Y Marcelo Figueiras envasa la Sputnik V en el laboratorio Richmond, y dice que en junio haría una primera entrega.
 
Incautar las vacunas de Garín y desconocer las patentes

Los improvisados negocios privados de los amigos del gobierno y el “paseo de compras” de los funcionarios peronistas es la certificación del fracaso del plan de vacunación del Frente de Todos. Exigimos que el Estado centralice, impulse y controle la producción de las vacunas para inmunizar ya a la población. En nuestro país existe la capacidad instalada de una industria farmacéutica muy desarrollada. La prueba es que dos laboratorios como Richmond y Elea, son capaces de elaborar y envasar vacunas.

El primer paso es incautar la producción de la fábrica de Sigman en Garín para que haya vacunas para todas y todos. No hay que salir a buscarlas. Están acá y además se puede fraccionar y envasar localmente como se pretende hacer con la Sputnik o la Sinopharm. Es imprescindible que el gobierno de Alberto Fernández ponga a trabajar toda la capacidad de la industria farmacéutica en la elaboración de las vacunas.

Es necesaria una decisión política, que además incluya el desconocimiento de las patentes, como en su momento lo hicieron Sudáfrica, Brasil y, aun, Canadá y los Estados Unidos. Esta decisión podemos conseguirla si logramos imponerla con la movilización, como lo están reclamando personalidades de distintos sectores, diversas organizaciones de trabajadores, el Plenario del Sindicalismo Combativo y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha constatado que el 28/5/2021 había 316 pacientes con respiración mecánica fuera de las unidades de terapia intensiva (UTI), ya sea en salas comunes o en la guardia con el consiguiente riesgo de vida para estos pacientes.
El 31/5/2021 se alcanzó el ominoso récord de 7.325 camas ocupadas. En el pico de la primera ola hubo unas 5.119 para luego descender a 3.559 en enero de este año. Se mantuvo en meseta hasta mayo en que trepó vertiginosamente. Recordemos, además, que de cada diez internados en UTI, seis lo están por Covid-19 y cuatro de ellos requieren respirador.

Frente a esta saturación es necesario aumentar el presupuesto en salud, ampliar las instalaciones, los insumos y la cantidad de personal. Además, centralizar lo público y lo privado bajo una administración única estatal que se guíe por criterios sanitarios y no de lucro. Crear un fondo con un impuesto real a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Todo, bajo control de los trabajadores de salud y los usuarios.

Escribe Martín Fú

Asamblea Ciudadana por la Salud Global es un evento en simultáneo que se estuvo llevando a cabo en paralelo a la reunión de Ministros de Sanidad en la 74ª Asamblea Mundial auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 24 de mayo de 2021 hasta el 1° de junio. Atento a ello, el pasado sábado 29 el diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano fue invitado a participar junto a expositores del país y del extranjero, en la mesa “Alternativas de Gobernanza nacional y subnacional para acceder a los mercados internacionales de vacunas Covid-19”. Giordano fue convocado para exponer sobre el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por el Frente de Izquierda Unidad para que se declare de utilidad pública al laboratorio mAbxience del grupo Insud Pharma, de Garín.

El moderador de este evento paralelo fue el Doctor Carlos Ferreyra, prestigioso y reconocido médico epidemiólogo y activista del cambio climático, al cual Giordano agradeció enormemente resaltando su trayectoria. Ferreyra recalcó que si en el próximo trimestre no se ponen a disposición vacunas para el mundo pobre se estará imposibilitando frenar la pandemia.

Ferreyra cuestionó el papel de la OMS, señaló que no estuvo a la altura de las circunstancias para enfrentar la pandemia y denunció el gran “apartheid” en la distribución de la vacuna. “Aquí hay seres humanos de los países pobres que no nos podemos permitir que nuestros pueblos, nuestros padres, madres, hijos, trabajadores, se mueran porque no tienen vacunas”, señaló (Pressenza, 25 de mayo 2021)
Giordano celebró la iniciativa y expuso al principio de su alocución sobre la necesidad de liberar las patentes de vacunas para que haya una producción masiva en el mundo. Y describió el alcance del proyecto para que declare de utilidad pública al laboratorio de Hugo Sigman, se incauten los millones de dosis que se van al exterior, se envasen en nuestro país y se proceda a usar a quienes aún no están vacunados. “No puede ser que el gobierno haya comprado 22 millones de dosis, pagó por adelantado el 60% y nadie aún se haya vacunado en Argentina con esas dosis”.

Escribe Guido Poletti

En apenas 6 meses ya se alcanzará el 29% de inflación presupuestado por el gobierno de Alberto Fernández. Los acuerdos salariales firmados por la burocracia sindical, de alrededor de 35% y en cómodas cuotas, solo garantizan que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo, como viene sucediendo sistemáticamente
desde 2017.

La inflación, en particular en los alimentos, sigue creciendo desaforadamente. Y eso pega día a día sobre el bolsillo del pueblo trabajador.
Desde el año 2017 a esta parte, cada trabajador perdió un poder adquisitivo equivalente en promedio a entre 3 y 7 salarios completos, según el sector (estudio del Iaraf). La inflación interanual de marzo 2020 a marzo 2021 fue de 43%, mientras que los salarios que más crecieron (del sector privado) lo hicieron un 32%. Los trabajadores del sector público perdieron mucho más.
Si tomamos como referencia marzo de 2018, los trabajadores del sector privado perdieron un 15,6% de su poder adquisitivo, los del sector público 20,7% y los trabajadores informales 25,9%.

Los salarios vienen perdiendo….y van a seguir haciéndolo

El presidente Alberto Fernández ascendió al poder planteando “ponerle plata en el bolsillo a la gente”, y “llenar la heladera”. Pero nada de eso sucedió. No sólo no se recuperó la pérdida salarial de la época macrista, sino que la inflación volvió a ganarle a los ingresos de los trabajadores en 2020, ya en plena pandemia.
El Frente de Todos sostuvo que en 2021, “ahora sí”, los salarios recuperarían su poder adquisitivo. Para eso se planteó que las convenciones colectivas debían estar en un 32-35%, que supuestamente le ganaría a una inflación proyectada de 29%.
¿Y qué pasó? Primero y principal, como dijimos más arriba, la suba de precios estará muy lejos de 29%. Este número se lo alcanzará ya a mitad de año. Estaremos terminando 2021 con una inflación entre 45 y 50% y lo que es mucho peor, infinitamente más alta en los productos de la canasta básica.
Pero eso es sólo el primer problema. Porque en las negociaciones colectivas, se terminaron firmando acuerdos de 35% promedio, pero que se va a ir cobrando en cuotas, algunas de las cuáles llegan hasta febrero o marzo del año que viene. Y ni siquiera hay cláusulas gatillos automáticas ante la inflación, sino apenas etéreas fórmulas de revisión que después no se cumplen.

Es necesario un aumento salarial de emergencia

Esto no se puede soportar más. Hay que detener ya mismo la pulverización de los salarios. Tenemos que exigirle a las burocracias de la CGT y las CTA que rompan la tregua con el gobierno y se salga a pelear de verdad para recuperar el poder adquisitivo del salario.
Es necesario un aumento de emergencia que lleve a que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado en 96.800 pesos según los trabajadores de ATE Indec, actualizado mensualmente por inflación. Al mismo tiempo se deben reabrir inmediatamente todas las paritarias, sin techos de ningún tipo.
En lo que hace a la escalada de los precios de los alimentos, es necesario fijar precios máximos de verdad a todos los productos de la canasta familiar, sin excepciones de ningún tipo, y fijando sanciones reales a aquellos que lo violen, tal como fija la ley de abastecimiento, que autoriza a multar, incautar mercadería, clausurar y hasta expropiar a las empresas infractoras.