Escribe José Castillo

El ministro Aranguren afirmó que el tarifazo es “necesario” para mejorar el servicio, porque de otro modo no se podrían realizar las “inversiones necesarias”. Pero él mismo terminó desmin- tiendo esta afirmación al anticiparnos que este verano otra vez habrá cortes (“programados” y de los otros) “si sube la temperatura”. ¡Obvio que va a hacer calor en verano! La realidad es que no se hizo ninguna inversión y ni siquiera mantenimiento después de los desastres anteriores.

Los empresarios del sector también empiezan a cubrirse. El pasado viernes 9 de septiembre, La Nación puso en tapa una nota donde dice textualmente que “el presidente de una de las mayores generadoras del país, que pidió reserva de su nombre, lo explicó en estos términos: este verano las máquinas estarán en una situación similar a 2015 (cuando se les hizo poco mantenimiento por las dificultades económicas del sector), pero con un año de uso más encima.”

Privatización: historia de un desastre

La historia del sistema eléctrico argentino tuvo varios escándalos históricos en su haber, como las coimas por extensión de la concesión de la CHADE (Compañía Hispano Americana de Electricidad de capitales españoles) en 1935 (con las que los radicales construyeron su aún existente Comité de la Capital) y su estatización trucha posterior, en 1979 (ya bajo el nombre Italo), cuando Martínez de Hoz le pasa todas sus deudas a la estatal Segba. Pero mientras se sucedían estos desfalcos, el sistema eléctrico argentino crecía y se desarrollaba exclusivamente a través de las inversiones realizadas por el estado. A mediados del siglo XX, cuando se expande el sistema, se apoyaba en las empresas estatales Agua y Energía (que prestaba servicios de generación y distribución a nivel nacional), SEGBA (que lo hacía en el área metropolitana) e Hidronor (que gestionaba el polo de generación hidroeléctrica que se había construido en el Comahue). Con la entrada en servicio de Salto Grande (en la Mesopotamia), se llega a comienzos de los ‘80 a que el 50% de la generación sea hidroeléctrica, existiendo además una pequeña porción de energía nuclear (Atucha I y Embalse), con lo que la generación por centrales térmicas (mucho más cara -ya que consume combustible, gas o petróleo- y contaminante) era porcentualmente cada vez menor. Ese enorme crecimiento en el potencial eléctrico, de un 107% entre las décadas del ‘70 y ‘80, se reduce en los años siguientes: la desinversión hace que en la segunda mitad de los ‘80 se desencadene la primera crisis energética, con los apagones del final del gobierno de Alfonsín.

Pero el desastre llegó con la privatización de los ‘90, que descuartizó el sistema dividiéndolo en generación, transporte y distribución, operados todos ellos por empresas privadas. A partir de allí los apagones pasaron a ser cosa cotidiana. El kirchnerismo no tocó el esquema. En generación actualmente el 57% se realiza con centrales térmicas, caras, mal mantenidas y contaminantes, que funcionan mayoritariamente a gas y son propiedad de los grandes pulpos transnacionales energéticos. La generación hidroeléctrica ha retrocedido a apenas el 35% del total (algunas de ellas privatizadas, y otras como Salto Grande y Yacyretá en manos del estado) y cuenta con muchas obras pendientes, en particular las que exigen aumentar las cotas de los embalses para no estar dependiendo tanto de las lluvias de cada temporada. La generación por energía nuclear y las de fuentes alternativas (eólica y solar) siguen ocupando un porcentaje muy pequeño.

El segmento del transporte (transmisión) está en manos de una sola empresa privada: la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener), propiedad mayoritaria de Pampa Energía del empresario argentino Marcelo Midlin.

Finalmente, en la distribución, el 75% está en manos de tres empresas (Edenor -propiedad de Pampa Energía-, Edesur -de la italiana Enel- y Edelap -controlada por Disvol Investment, propiedad del ex presidente de Edenor Alejandro Macfarlane). Estas tres firmas, con su falta de mantenimiento e inversiones, son las que tienen el récord de cortes. El resto del país cuenta con dos empresas estatales de distribución (EPEC, en Córdoba y EPE, en Santa Fe) y varias empresas regionales privadas.

Generadoras, transportadoras y distribuidoras son quienes se quedan con las millonadas de los subsidios. Así, hoy tenemos una capacidad “teórica” de producir 33.000 megavatios por día pero debido a la desinversión y la falta de mantenimiento apenas se logran 22.000, cuando la demanda en los días de verano llega a 25.000. ¡A esto nos han llevado estos pulpos privatizados! Mientras seguimos peleando por rechazar el tarifazo, tenemos que plantear la única salida de fondo: rescindir todos estos contratos y proceder a reestatizar el servicio eléctrico volviendo a integrarlo verticalmente en todas las fases, creando una gran empresa estatal de generación, transporte y distribución gestionada por sus propios trabajadores y organizaciones de usuarios.

Edenor, Edesur: ¿Pierden plata?

Las dos empresas líderes de la distribución eléctrica en la Argentina afirman que sin el tarifazo no podrán “cumplir su plan de inversiones”. Cabría tildarlas de caraduras: nunca lo cumplieron. Esto ya se vio por primera vez en 1999, todavía durante el gobierno de Menem, cuando mientras cobraban la tarifa plena y dolarizada dejaron sin luz durante 15 días a media Ciudad de Buenos Aires. Este hecho se repetirá hasta el hartazgo en los años siguientes.

Las dos empresas “muestran” balances con pérdidas: en el primer semestre de 2016 Edenor acumuló quebrantos por 1.200 millones de pesos. Edesur también acusa pérdidas en idéntico período por 94,8 millones. Además, Edenor adeudaría 2.930 millones de pesos y Edesur 2.262 millones a Cammesa (la empresa mayorista que le “compra” energía a las generadoras y se la “vende” a las distribuidoras). Claro que esto último es una deuda teórica, ya que Cammesa es una empresa mixta formada por el estado y los propios distribuidores, generadores y grandes industrias, que le compran electricidad directamente a las propias generadoras. O sea que “se deben” a sí mismas.

Estas pérdidas contables son luego más que compensadas con los subsidios que les pasa el gobierno. ¿Cómo se explica sino que Pampa Energía, la propietaria de Edenor, siga viento en popa y comprando nuevas empresas, como acaba de hacer nada más ni nada menos que con todos los activos de Petrobrás en nuestro país? Enel, la propietaria de Edesur, también sigue expandiendo sus negocios por el mundo.

No hay que dejarse engañar. No “invierten” en Edenor y Edesur porque prefieren dedicar sus ganancias a acumular en otro lugar, no porque estén perdiendo. Parasitan con un servicio básico y esencial como es la electricidad, otra razón para reestatizarlas.

J.C.