El pasado martes 8 de septiembre, la policía colombiana mató en Bogotá, con descargas de una pistola Taser, a Javier Ordóñez, abogado de 46 años. Al día siguiente se generó una ola de fuertes protestas en la capital colombiana, que luego se extendieron a otras ciudades, como Cali, Medellín, Popayán, Pereira y Manizales.

Por las redes sociales circularon los videos cuando los policías sometían a Ordóñez, colocándole sus rodillas sobre el cuello, y por lo menos durante dos minutos le daban choques eléctricos con la pistola. En los videos se puede oír cuando el abogado les decía a los policías: “Ya, por favor, ya, no más. Por favor, no”, y a las personas que filmaban exigirles a los policías que lo dejaran tranquilo, que estaba pidiendo “por favor” que no continuaran con las descargas eléctricas.

Se repetían así, con mucho parecido, las imágenes del asesinato en los Estados Unidos de George Floyd a manos de la policía. Un nuevo caso de brutalidad policial que se repite una y otra vez en el marco capitalista.

Al día siguiente del asesinato, la indignación causada por estas imágenes estalló en todo el país. Miles de manifestantes arremetieron contra patrullas de la policía y los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI), módulos de la policía ubicados en distintos lugares de la ciudad. Hasta ahora ya han sido asesinadas unas trece personas por las fuerzas de seguridad del Estado y habría más de doscientos heridos como consecuencia de la represión del gobierno de Iván Duque.

Este asesinato fue precedido de cincuenta y cinco masacres de jóvenes en distintas partes del país en las que han muerto 228 personas, todo con la complicidad del uribismo y el gobierno de Duque, que trató de minimizar estos hechos diciendo que no eran masacres sino homicidios colectivos.

En Colombia es habitual la violencia policial y militar, situación que se ha agravado en el marco de la cuarentena establecida para evitar los contagios del Covid-19.

El pasado año, en el marco del paro nacional de noviembre, fue asesinado el joven Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad de elite de la policía que reprimió brutalmente las protestas, lo que llevó a que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaran la eliminación del Esmad. En mayo también fue asesinado por la policía Anderson Arboleda, joven afrodescendiente.

Detrás de las protestas que se desataron contra la violencia policial y en repudio al asesinato de Ordóñez está el fantasma de la desigualdad y la pobreza que crecen en Colombia, agravadas por los efectos del coronavirus en la economía. No es casual que los manifestantes hayan arremetido contra las sedes bancarias, a las que muchos colombianos hacen responsables de la situación social del país, junto al gobierno uribista de Iván Duque, cada vez más desprestigiado y sumido en una profunda crisis política.

La movilización popular fue de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a pedir perdón a los familiares de Ordóñez. Sin embargo, buscan minimizar el hecho diciendo que se trata de hechos aislados, de “manzanas podridas” que habría en la policía, cuando en realidad se trata de un aparato represivo que, mediante la violencia, intenta frenar el gran descontento popular que se viene acumulando en Colombia y que se puso de manifiesto en 2019 con el masivo paro nacional de noviembre. A este aparato represivo se suman los cuerpos paramilitares, amparados por el Estado, responsables de las masacres que han recrudecido en los últimos meses.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), repudiamos el asesinato de Ordóñez, exigimos juicio y castigo para los policías responsables del asesinato y llamamos a impulsar una amplia y unitaria solidaridad internacional con el pueblo y los trabajadores colombianos. En tal sentido, nos sumamos a través de nuestros compañeros de Colectivos Unidos a las marchas del próximo lunes 13 en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades, convocadas por el Bloque por el Paro Indefinido, la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular y otras organizaciones, en el marco de la conmemoración del paro nacional del 14 de septiembre de 1977.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

12 de septiembre de 2020

Francia. Otra vez los “chalecos amarillos”

Los “chalecos amarillos” retomaron sus protestas en Francia. Casi dos años después de sus primeras movilizaciones, salieron a las calles este sábado con acciones en París y ciudades como Marsella, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Niza, Burdeos o Estrasburgo. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y detuvieron a doscientos. La policía publicó fotografías en redes sociales de cuchillos, máscaras y un arco incautados durante los enfrentamientos. Entre las actuales demandas reclaman un aumento del salario mínimo y la rebaja de impuestos a los jubilados, confrontando, en general, contra el plan económico del primer ministro Macron. 

Perú. ¡Fuera Vizcarra! ¡Fuera el modelo corrupto, antiobrero y explotador!

El Congreso peruano resolvió iniciar un proceso al presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción por la contratación de un cantante. El proceso podría culminar en destitución la semana próxima si logra una mayoría de ochenta y siete votos. Como denuncia Uníos (UIT-CI): “El caso es una gota en el océano de la corrupción capitalista […] se escandalizan por S/. 175 mil que recibió el impresentable ‘Richard Swing’ pero esconden los S/. 23,297 millones que el corrupto modelo se robó solo en 2019 entre los gobiernos y empresas contratistas que negocian las obras públicas”.

La crisis y el proceso expresan una pelea entre fracciones capitalistas corruptas. Por eso, Uníos en el Frente Amplio, llama a “unificar las luchas por un plan económico alternativo” […] por una salida anticapitalista contra el gobierno de Vizcarra y las maniobras del Congreso”.

Ver declaración completa de Unios en https://www.facebook.com/847627571980059/posts/3291946724214786/

Estado español. Médicos anuncian paros por sobrecarga de trabajo

Los médicos convocan a una huelga indefinida en los centros de salud de Madrid, a partir del 28 de septiembre, ante el “límite inasumible” de trabajo. En las próximas semanas se irán sumando anuncios de paros en el resto de los sectores sanitarios.

“No podemos seguir trabajando en estas condiciones precarias. Somos médicos y nos debemos a nuestros pacientes, ya que somos los principales garantes de su seguridad y salud. Los ciudadanos merecen una atención sanitaria digna y de calidad que en estas circunstancias no les podemos prestar”, subrayan desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), de Madrid.

Por todo ello, Amyts requiere el “dimensionamiento de las plantillas en base a las necesidades reales” y cobertura inmediata con interinidades de médicos de las vacantes estructurales y del 100% de las bajas. Asimismo, reclaman que se pueda garantizar un mínimo de diez minutos por paciente, con un máximo treinta pacientes al día, para la medicina familiar, y de veintiuno en pediatría, “tal y como marca la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid”.

Colombia. Dos semanas de huelga de los mineros

En el complejo minero de Cerrejón, en La Guajira colombiana, los mineros de Sintracarbón están en huelga por la negativa patronal a negociar la convención colectiva de trabajo. El sindicato denunció que la empresa se niega a negociar los turnos de trabajo que están perjudicando a los trabajadores y que intenta eliminar 1.250 empleos directos. Denuncian también que la patronal “chantajeaba con quitarle las ayudas humanitarias, y en particular el derecho al agua que reparte a los vecinos”.

Por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos

Participarán:

Mónica Méndez, dirigenta de la Cicop, y Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, de la Argentina; Amado Quispe, trabajador de la salud pública de Sucre, ex dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud de Chuquisaca, Bolivia; Zila Camarão, técnica de Enfermería del Hospital Universitario João Barros Barreto de Belem, Pará, Brasil; Priscilla Vázquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social de Panamá; Angela Liliana Maihuasca, dirigenta en el Sindicato de Técnicos Asistenciales de Perú; Red de Trabajadoras y Trabajadores en Defensa de los Derechos y la Salud de México, y representantes de Chile y Venezuela, entre otros.

La actual pandemia generada por el nuevo coronavirus Covid19 ha producido centenares de miles de muertes en todo el mundo y millones de contagios. La clase trabajadora ha sido duramente castigada y los números así lo demuestran en regiones industriales como Lombardía y Wuhan y los barrios obreros y populares de grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Río de Janeiro, Buenos Aires y Guayaquil, entre otras. Como ocurre con todos los padecimientos que afectan a la sociedad, el pueblo trabajador los sufre con mayor extensión y también con mayor intensidad.

La pandemia ha puesto a la vista el deterioro del sistema de salud en todo el mundo, aun en los países más desarrollados. Esto fue provocado por el accionar de los gobiernos capitalistas y sus multinacionales. El drama humanitario que significó el colapso de las terapias intensivas en España, Italia, los Estados Unidos, y ahora en Latinoamérica, muestra las políticas ajustadoras de los gobiernos en materia de salud pública estatal para favorecer las ganancias del negocio de la salud privada.

Los trabajadores de la salud somos el sector de la clase trabajadora más afectado por la enfermedad y también hemos sido hasta ahora el más combativo a la hora de defender nuestra salud y nuestras vidas, amenazadas por la voracidad patronal. Así lo demuestran las manifestaciones de enfermeros/as, médicas/os y demás integrantes de equipos de salud en el mundo.

Para pensar colectivamente cómo desarrollar estas luchas por la salud integral de nuestros pueblos, por nuestra protección, contra la sobrecarga laboral y los bajos salarios; para luchar por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos; para construir campañas internacionales y acciones unitarias, es que convocamos a esta reunión internacional abierta.

Para participar este sábado 12 de septiembre del encuentro inscribirse en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A las 15 en México, Colombia, Perú y Panamá.

A las 16 en Bolivia, Chile, República Dominicana, Venezuela y New York (Estados Unidos)

A las 17 en Argentina, Bolivia y Brasil.

A las 22 en el Estado Español, Italia y Francia.

Convoca Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

Recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro, en negociaciones con sectores de la oposición patronal encabezada por Enrique Capriles, liberó a 110 perseguidos políticos. Sin embargo, continúan presos Rodney Alvarez y muchos otros trabajadores encarcelados por luchar. A continuación reproducimos un extracto de una nota del Partido Socialismo y Libertad (PSL), UIT-CI.

Estas negociaciones contaron con la intermediación del reaccionario presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, en coordinación con la Unión Europea y el conocimiento de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, evidenciándose una vez más los lazos del imperialismo, tanto europeo como estadounidense, con los referentes de la oposición patronal venezolana, interfiriendo en los asuntos internos.

En principio, celebramos la liberación de todas estas personas porque estamos por la defensa de las libertades democráticas, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, independientemente de las preferencias políticas y religiosas de los afectados.

Entre los liberados se encuentran varios trabajadores, médicos y profesores universitarios. Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, quien había sido sentenciado a más de cinco años de cárcel por un tribunal militar […] Nicmer Evans, profesor universitario y comunicador, fue detenido luego de criticar al gobierno […], entre otros.

También fueron liberados diputados, líderes políticos y activistas de los partidos patronales, por los cuales reclamó Capriles.

Estas liberaciones constituyen una cortina de humo ante los graves problemas de hambre, miseria y salud que aquejan al pueblo venezolano. El gobierno se presenta como “benefactor” de una acción de libertad que utilizará a favor del fraude electoral anunciado para el 6 de diciembre en acuerdo con sectores de la oposición patronal. Esta liberación no es gratuita.

Pero también demuestra el terror que la oposición y el gobierno sienten ante la acción autónoma e independiente de sectores sociales organizados y movilizados que puedan asumir no solo en la exigencia de libertad de los presos, sino también por protestar en plena cuarentena contra los salarios de hambre […] y la falta de atención para los trabajadores y sus familias […] en la pandemia, la falta de servicios: gas, agua potable, gasolina, cortes de electricidad, malos servicios telefónicos y de internet y la exigencia de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Además de que existe un amplio sentimiento de desconfianza por parte del pueblo ante las muestras del fraude electoral en proceso fraguado desde el gobierno.

Pero entre los liberados no se menciona a trabajadores como Rodney Álvarez, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, entre otros –son muchos más– por quienes un amplio número de organizaciones políticas, sindicales, populares hemos hecho campaña y acciones de calle y por las redes sociales exigiendo su libertad […]

El PSL denuncia que a todos se les violó el debido proceso, se les forjaron y amañaron expedientes, culpándolos y criminalizándolos, a razón de las necesidades políticas y económicas del gobierno.

El sistema de justicia en Venezuela está podrido. Se restringen las libertades democráticas, incluso los derechos establecidos en la Constitución. Por eso asumimos la exigencia de libertad de todos los presos políticos y especialmente de los trabajadores, dirigentes campesinos y populares que no tienen voz, cuya defensa no es asumida por las centrales sindicales ni los partidos patronales.

Hacemos un llamado amplio e incluyente a los sindicatos de base, las organizaciones de derechos humanos, al activismo de género, a las corrientes y grupo sindicales y de trabajadores, a las organizaciones gremiales, movimientos de jubilados, a multiplicar los esfuerzos por la exigencia de libertad de los trabajadores presos […] Las organizaciones y dirigentes sindicales deben pronunciarse por la libertad de los trabajadores presos, sin distingos políticos o ideológicos. Se trata de defender a los presos que son nuestros, porque son trabajadores o dirigentes populares. Nosotros debemos romper el silencio por ellos y evidenciar con nuestra lucha que podemos arrancarlos del secuestro al que los han sometido el gobierno y los partidos patronales al guardar silencio. Ahora se hace más visible el cerco que ha tendido este gobierno antiobrero e impopular.

Exigimos la libertad de todos los presos políticos.

Exigimos la libertad de todos los trabajadores presos.

Exigimos la libertad de Rodney Álvarez, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, los trabajadores de la salud y demás detenidos.

Por la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

Nicaragua enfrenta una agobiante crisis social y económica, en cuyo marco la lucha por la liberación de los presos políticos y la denuncia del continuo hostigamiento a los luchadores sociales y sus familiares es de enorme importancia. Al 5 de agosto se contabilizaban noventa y nueve presos políticos, de los cuales diez se encuentran encarcelados desde antes de la rebelión de 2018.

A pesar de que en junio de 2019 se emitió una amnistía, que redujo el número de presos políticos… las agrupaciones de defensa de los presos políticos describen la continuidad de la persecución. La amnistía también tuvo un gran repudio popular por estar diseñada para dejar en la impunidad los crímenes represivos del propio orteguismo, que asesinó a más de cuatrocientas personas. La persecución contra toda forma de disidencia obrera, estudiantil y popular ha continuado con expulsiones masivas de estudiantes en las universidades públicas y la realización de numerosos montajes judiciales.

Entre los presos hay personas que no han sido acusadas, o que han sido absueltas de los falsos crímenes imputados, pero se las retiene arbitrariamente. Uno de los métodos preferidos por los policías orteguistas es fabricar acusaciones de posesión de drogas para encarcelar a activistas opositores y luchadores sociales e imponerles largas condenas de prisión. El estudiante Kevin Solís fue condenado a diez años de prisión, sometido a confinamiento solitario y torturas luego de que un simpatizante de Ortega lo acusara de haberle robado el equivalente a 15 dólares.

La salud de decenas de presos se ha deteriorado como consecuencia de las pésimas condiciones sanitarias de las cárceles. Más de cuarenta detenidos denunciaron haberse contagiado de Covid-19.

Varios presos políticos y sus familiares acusan a los partidos de la oposición tradicional y el empresariado, que han pactado en numerosas ocasiones con Ortega desde que volvió al poder en 2007, porque hacen muy poco por lograr su libertad.

Apoyamos los intentos de sectores de la juventud y el pueblo trabajador nicaragüense para constituir una alternativa política para luchar consecuentemente por las libertades democráticas y contra el capitalismo explotador y saqueador en Nicaragua. Llamamos a las organizaciones obreras y populares latinoamericanas y del mundo a solidarizarse con la exigencia de libertad para todas las personas presas por razones políticas en Nicaragua.

Petitorio para sumar firmas a esta campaña

Nosotros y nosotras, activistas e integrantes de organizaciones políticas, sindicales, campesinas, de mujeres, estudiantiles y populares, exigimos al gobierno de Nicaragua la inmediata e incondicional liberación de todas las presas y los presos políticos.

Firmas: 

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