Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad

El proyecto establece que el Estado nacional debe reservar 1% de su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. Desde las bancas de Izquierda Socialista/FIT Unidad acompañamos la iniciativa por ser una demanda histórica del colectivo, que nunca abandonó la movilización, pero sin dejar de alertar sobre posibles maniobras.

La exigencia de trabajo formal, estable y con un sueldo digno es uno de los reclamos históricos del colectivo travesti-trans-no binarie en nuestro país. Por eso en cada una de las movilizaciones protagonizadas por la comunidad siempre se levanta la consigna “cupo e inclusión laboral travesti-trans”. Las travestis y personas trans sufren la violencia del sistema capitalista y patriarcal que las rechaza, condena y somete a discriminación y violencia constantes, por identificarse con un género diferente del asignado al nacer.
Así, muches no son reconocides por su familia, son echades de sus casas a corta edad, y también se les expulsa de las escuelas, se ven obligades a buscar trabajos no registrados y muy precarios, changas, o bien entran al circuito de la prostitución con todas las violencias que ello conlleva. El acceso a la salud también resulta transexcluyente, allí reciben todo tipo de maltratos y hasta se les niega atención básica. Sin estudios, sin trabajo y sin salud, hoy la expectativa de vida de travestis y trans en la Argentina es de entre 35 y 40 años, considerándose sobrevivientes a quienes logran superar esa edad.
Un informe, del 19 de junio de 2020, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que durante la pandemia aumentó el hostigamiento policial hacia la población travesti y trans, con denuncias de detenciones por “violación de cuarentena”. Junto a esto, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, 71% de las travestis y mujeres trans no tienen condena y, a pesar de esa irregularidad en este contexto, no accedieron a una prisión domiciliaria.

¿Cuáles son las alertas que señaló la diputada Mónica Schlotthauer en la sesión?

La diputada de Izquierda Socialista, en su intervención, enfatizó sobre la situación de violencia que sufren las personas de la comunidad travestis-trans y denunció que, en la provincia de Buenos Aires, la ley de cupo laboral travesti trans sancionada en 2015 tardó cuatro años en reglamentarse y al día de hoy solo se aplica en la mitad de los municipios. En ese marco, también señaló que Tehuel, joven trans del conurbano bonaerense, lleva tres meses desaparecido luego de salir por una oferta laboral turbia y en condiciones poco claras y seguras, situación de riesgo en la que se ve el colectivo a diario.

También advirtió que esta ley permite el ingreso a la planta laboral del Estado a través de contratos basura, tal como sucede ya con el decreto 721/2020, donde los puestos ocupados son por un año, sin garantizarse la efectividad y con remuneraciones más bajas. Así es el caso de la compañera trans Mia, que ingresó al ferrocarril Sarmiento hace unas semanas. Ella entra a trabajar como parte del cupo laboral, pero con un sueldo de solo el 60% del valor que le corresponde según el convenio colectivo de trabajo y sin garantías de continuidad, ya que su contrato es solo por un año. De esta manera, el Estado ostenta un gran porcentaje de precarizades, lo cual desde ningún punto de vista garantiza la estabilidad laboral y económica necesaria para travestis, trans y no binaries.

Por eso será tarea de las disidencias, y del movimiento feminista en su conjunto, seguir peleando para conquistar la ley en el Senado y luego ir por su real implementación. Y allí nos encontraremos, como siempre, en las calles.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad

El colectivo de Periodistas Argentinas lo presentó junto a un informe en el que se denuncia la vulnerabilidad de derechos y la precarización laboral que sufren las periodistas que trabajan en medios privados y estatales. Situación que se agravó con la pandemia y los más de 4.500 despidos.

En la Ley se establece además del cupo laboral travesti-trans para los medios estatales una serie de requisitos que deben cumplir los mismos para fomentar la equidad entre los géneros. Por ejemplo, capacitaciones de comunicación igualitaria y no discriminatoria; acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado como licencias igualitarias; salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil; promoción del uso de lenguaje inclusivo; protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género, entre otros.

Desde las bancas de Izquierda Socialista/FIT Unidad acompañamos el proyecto pero alertando sobre la futura reglamentación de la misma. Y a la vez, denunciamos que según los datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) el 94% de las periodistas free lance cobran por debajo de la línea de pobreza (31.908,33 pesos) establecida por el Indec.

 “Fotógrafo y Militante no siempre en ese orden” así se definía Nico Avelluto en su cuenta de Instagram. Allí nos dejó su obra y su mirada de cada una de las luchas en las que participó/fotografió sobre todo en la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como integrante de la Campaña. Murió demasiado joven, a sus 28 años. Sin dudas, lo vamos a extrañar.

Próximamente, estará disponible la edición especial de la revista Correspondencia Internacional N° 47 con centro en la lucha de las mujeres que enfrentan la pandemia y la crisis capitalista en todo el mundo. Con notas realizadas por compañeras desde Turquía, el Estado Español, México, Panamá, Chile, Brasil entre otros. Con una entrevista exclusiva a Budoor Hassan, activista feminista palestina y a la docente colombiana, Diana Díaz quien relata sobre el rol de las mujeres en la lucha contra Duque. Costo 200 pesos.

Escribe Rosario K.

El pasado 14 de marzo, se dio inicio a la histórica caminata que movilizó a cientos de mujeres indígenas de las comunidades del Norte al Sur de nuestro país, culminando el 22 de mayo en las puertas del Congreso de la Nación bajo un nuevo grito de lucha parido desde sus entrañas: #BastaDeTerricidio.

Cientos de mujeres autoorganizadas de 36 naciones indígenas, desde los cuatro puntos cardinales del país, caminaron aproximadamente 2.000 km durante más de dos meses con la férrea convicción de instalar al 22 de mayo como el Día Global de Lucha #BastaDeTerricidio, organizando a su paso asambleas, charlas y talleres con la finalidad de extender a todos los rincones del país su lucha contra este sistema capitalista, racista y patriarcal que pone en riesgo la vida del planeta.

Movilizadas por la furia provocada por las llamas que arrasaron pueblos enteros; por la contaminación de las aguas llevada adelante por las megamineras y por el envenenamiento de los pueblos de la mano de los agrotóxicos, las mujeres indígenas denuncian el ecocidio que las grandes empresas extractivistas, en complicidad con el Estado, cometen sobre los pueblos día a día, causando daños irreversibles en los territorios.

El concepto Terricidio sintentiza las formas de genocidio, ecocidio, epistemicidio y feminicidio que sufren históricamente los pueblos originarios, especialmente las mujeres indígenas, y le exigen al gobierno nacional que éste sea considerado un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad, juzgando y condenando a los terricidas en consecuencia.

Los responsables de los crímenes contra la tierra y los cuerpos no son actores individuales, sino que las responsabilidades son de “las empresas, los gobiernos que dan la venia, que ignoran denuncias de organizaciones sociales o que no hacen cumplir las leyes que existen para resguardar los territorios” afirma Neli Curia, mujer mapuche integrante del Movimiento (Página/12 - 28/04/21).

La lucha contra el Terricidio es una lucha antipatriarcal

Las mujeres indígenas emprenden su largo caminar como forma de lucha ante el asesinato organizado, continuo y direccionado contra sus cuerpas-territorio.
Según los datos arrojados por la encuesta realizada en el 2do Parlamento de Mujeres Indígenas en 2018, ocho de cada diez mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia física. A su vez, siete de cada diez lo sufren por parte de policías y fuerzas de seguridad del Estado. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas y, en la mayoría de los casos, son autoridades espirituales. El dato de que siete de cada ocho mujeres no pueden acceder a la justicia, deja en evidencia el régimen de impunidad al que son sometidas.
Su rol histórico como encargadas de sostener la vida familiar, asimismo, generó que sean las más golpeadas por las crisis. Según sus propios testimonios, en la gran mayoría de las comunidades no cuentan siquiera con suministro de agua, generando que tareas domésticas como lavar ropa o cocinar, sean doblemente demandantes.
Esta no fue su primera caminata y tampoco será la última, porque la lucha contra el Terricidio recién comienza. Desde Isadora acompañamos su lucha y gritamos junto a ellas que, si “Sembraron Terricidio, cosecharán rebelión”.