Escribe Mercedes Trimarchi Dirigente de Isadora y diputada de Izquierda Socialista

Diana Sacayán fue una referente de la comunidad travesti a la que mataron de trece puñaladas en su departamento de Flores en octubre de 2015. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos. Tras varias audiencias, el pasado 18 de junio se conoció la sentencia que fue contundente: Gabriel Marino recibió la condena máxima por homicidio agravado por odio de identidad de género, es decir travesticidio. Un fallo histórico y sin precedentes.

Son pocos los casos de asesinatos de travestis que llegan a juicio y solo cuatro han tenido condena, muy bajos en relación con el tipo de crimen. Recordemos que las personas travestis, transexuales y transgéneros son altamente discriminadas y excluidas desde temprana edad de los ámbitos educativos, de salud y luego del trabajo formal. 
Se ven expuestas a muchas formas de violencia: física, simbólica, psicológica, sexual y económica. Esto es lo que lleva a que en la Argentina su esperanza de vida sea de 35 años. Entre las causas principales de muerte están los travesticidios y el sida. A pesar de los últimos avances en materia legal, como la ley de matrimonio igualitario (2010) o la ley de identidad de género (2012), las personas trans siguen siendo altamente estigmatizadas y criminalizadas. Un informe elaborado por el CELS de 2017 señala que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ocho de cada diez travestis están presas sin condena.

Quién era Diana Sacayán 
Diana fue una defensora de los derechos humanos, activista travesti impulsora de las leyes de identidad de género y la del cupo laboral para las personas trans. A sus 39 años, llevaba dos décadas de militancia social. En 2001 creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), una organización dedicada a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas de la diversidad sexogenérica. Nació en Tucumán, de una familia humilde que se trasladó a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, siendo ella todavía muy chica. Orgullosa descendiente del pueblo diaguita, asumió su identidad travesti a los 17 años y desde su adolescencia fue víctima de detenciones y persecuciones policiales por contravenir el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba al travestismo. 
En 2012, Diana se convirtió en la primera travesti en postularse como Defensora del Pueblo por La Matanza, logrando integrar la terna final. Logró ver un mes antes de su asesinato la sanción de la Ley de Cupo Laboral travestitrans en la provincia de Buenos Aires, que al día de hoy sigue sin reglamentarse. 
Desde Izquierda Socialista acompañamos a la familia de Diana durante el juicio y celebramos la condena a cadena perpetua por travesticidio. Fue triunfo de la movilización de las organizaciones sociales, políticas y de la diversidad sexogenérico que, junto al movimiento de mujeres, viene avanzando en su organización y masividad, tal como se vivió el pasado 8M, que se suma al logro que significó la liberación de Higui, el año pasado. Este jueves 28 de junio vamos a participar de la tercera marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios que en Buenos Aires será de Plaza de Mayo a Congreso a las 18. Solo luchando y en las calles lograremos nuestros derechos.

Escribe Malena Zetnik

La histórica vigilia realizada entre el 13 y el 14 de junio en apoyo a la legalización del aborto dejó bien claro que las mujeres estamos dispuestas a conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora viene la pelea para que se apruebe el proyecto en la Cámara de Senadores, que ya fijó fecha de tratamiento para el 8 de agosto, después del receso invernal. Es la pelea que estamos dando con Isadora, Izquierda Socialista y todo el Frente de Izquierda, siendo parte de las actividades convocadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, como el pañuelazo federal del martes pasado que fue coordinado en más de cien ciudades de nuestro país.

Un millón de personas salimos a las calles en todo el país y pasamos la noche reclamando que se le dé media sanción al proyecto de ley originalmente presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que llegó a la Cámara baja con algunas modificaciones, como la inclusión de la figura de objeción de conciencia. El entusiasmo de la movilización trascendió fronteras y hoy se están comenzando a activar campañas por la legalización del aborto en Chile, Brasil, Perú y México, entre otros países de la región.
El tenor de los discursos de los diputados ante la votación dejó bien en claro que la media sanción se conquistó gracias a los años de lucha y a los meses en las calles, escuelas, barrios y lugares de trabajo, en donde la marea de pañuelos verdes fue ganando el debate sobre la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y su maternidad, porque el aborto clandestino solo es más muerte para las mujeres jóvenes y pobres. 
La fuerza de la vigilia frente al Congreso y en muchísimas plazas del país fue el empuje decisivo para que todos los bloques políticos, desde Cambiemos hasta el kirchnerismo, que desde hace años miran para otro lado frente al reclamo de las mujeres y que están en contra de este derecho fundamental como el de decidir sobre el propio cuerpo, comprendieran que no va a ser fácil sacarnos de la calle sin que logremos nuestro propósito. Así llegamos a la media sanción que se peleó codo a codo con las presiones de la Iglesia. Sin embargo, aún la pelea no está ganada, ya que falta la sanción en el Senado. 
Si bien algunos senadores comenzaron a manifestarse a favor de la legalización, lo cierto es que Macri se pronunció “a favor de las dos vidas” o sea a favor del aborto clandestino, al igual que muchos senadores de Cambienos y del PJ y cerca de un 30 por ciento no se han pronunciado y se avizoran varias maniobras desde los diferentes bloques. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, ya ha puesto en marcha un intento de dilación del tratamiento del proyecto al girarlo a cuatro comisiones. A su vez, las clínicas privadas asociadas a la Iglesia Católica, como la de la Universidad Austral, entre otras, ya han solicitado que el proyecto incluya la objeción de conciencia institucional para rechazar los derechos de las mujeres. Cabe señalar que, de aprobarse el proyecto, pero con modificaciones, debería volver nuevamente a Diputados alejando así la posibilidad de que el aborto legal sea ley.
En este marco, tenemos que ser enfáticas: todas las maniobras de Cambiemos, el PJ y demás bloques políticos son intentos claros de cerrar las posibilidades de la legalización. Por eso consideramos que es fundamental seguir en las calles. Ante las presiones del papa Francisco y los sectores privados que solo quieren controlar la vida de las mujeres y lucrar con nuestra salud, debemos responder siendo millares nuevamente en los pañuelazos, debates y vigilias. ¡Queremos el aborto legal ya!

Escribe Malena Zetnik

El pasado martes comenzó en el plenario de comisiones del Senado el debate sobre el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. Frente a las maniobras dilatorias del macrismo, la Iglesia y sus aliados, mantengamos la movilización en las calles para que en la sesión fijada para el 8 de agosto en el Senado se apruebe el aborto legal.

Con un pañuelazo federal realizado en más de ochenta ciudades del país se inició el debate sobre el aborto en el Senado y logró una primera medida importante: se derrotó la maniobra encabezada por la vicepresidenta Michetti y quedó por fuera del plenario de comisiones al que fue girado el proyecto, la de Presupuesto, que es presidida por el antiderechos Bullrich.

Esta semana, el movimiento de mujeres volvió a mostrar su fuerza en las calles dando inicio a un nuevo ciclo de los martes verdes que acompañará con festivales, pañuelazos, charlas debates y otras acciones al debate en la Cámara. Es que la vigilia del 13 de junio le dejó un importante aprendizaje al movimiento de mujeres: solo la presión de la movilización podrá inclinar la balanza y arrancar el aborto legal porque es a lo que le temen el gobierno y todos los partidos políticos patronales. Por eso, la senadora K Cristina Fernández, y el senador Pichetto del PJ, no tardaron ni un día en darse vuelta y salir a apoyar el proyecto de ley olvidándose de los doce años en los que fueron mayoría en ambas Cámaras y se opusieron sistemáticamente a garantizar los derechos de las mujeres, en especial el aborto. Y ni qué hablar del propio gobierno macrista que, en medio de una brutal crisis económica y política, vacila entre darle lugar a los sectores más liberales que aggiornan sus discursos a favor del aborto para morigerar el repudio social y los sectores más clericales como Bullrich, Carrió, Pinedo y la propia Michetti que hasta se atrevió a declarar públicamente que está en contra de la legislación actual que permite el aborto en caso de violación. Ante la pregunta de una periodista de La Nación afirmó “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé” (sic).

Qué se discute en el Senado
Además del proyecto de ley con media sanción de Diputados, en el Senado se presentaron otros proyectos. Uno es el de Federico Pinedo (Cambiemos) que se limita a modificar el Código Penal incluyendo atenuantes de las penas. Otro proyecto, también de Pinedo y de la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino) propone la creación del programa “El Estado se hace cargo y te acompaña” y presenta coincidencias con el de Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) de “Protección de la mujer con embarazo no deseado”. Ambos proponen que las mujeres sigan adelante con los embarazos aunque no sean buscados.
Otra cuestión que se propone en la discusión es modificar el proyecto girado por la Cámara baja en relación con el punto de objeción de conciencia. Tras el dictamen de Diputados, un grupo de clínicas y hospitales privados vinculados a la iglesia exigieron en un documento que se elimine la prohibición de la objeción institucional para ser exceptuadas de la práctica y negarle el derecho a las mujeres. También se discute el alcance del causal salud, la edad para el acceso de las personas gestantes a solicitar la interrupción y la cantidad de semanas de la interrupción voluntaria. Sin embargo, es importante no ser ingenuas en este momento. Después de años de lucha del movimiento de mujeres y luego de 734 especialistas que se pronunciaron en Diputados, cualquier modificación del proyecto en el Senado es solo una maniobra dilatoria de los antiderechos de todos los partidos patronales para que el proyecto vuelva a discutirse en la Cámara baja y no se resuelva. Pero en la calle ya dejamos bien claro que no vamos a aceptarlo. Por eso, desde Isadora-Mujeres en Lucha e Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, impulsamos la movilización de las mujeres en todo el país porque no confiamos nuestros derechos a los mismos diputados y senadores que votan los ajustes y tarifazos. Solo confiamos en nuestra fuerza en la calle para lograr que el aborto legal, por fin, sea ley.

Macri, a favor del aborto clandestino

Escribe Mercedes Trimarchi

Una vez que se aprobó la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, Macri se reunió con los diputados que votaron en contra para ratificar su posición a favor de “las dos vidas”, o sea a favor del aborto clandestino. El objetivo de la reunión fue claramente el de no dejar ninguna duda sobre cuál es la posición del gobierno: siempre estuvo en contra del derecho al aborto. 
Recordemos algunos hechos: siendo jefe de Gobierno Macri vetó una ley de aborto no punible en 2012, una vez que había sido aprobada en la Legislatura porteña. Cuando en febrero de este año “habilita” el debate en Diputados, lo hizo dejando en claro que estaba en contra. En la mañana del 14 de junio más del 61% del bloque de Cambiemos votó en contra. Y ahora, con la media sanción de ley, ratifica su posición a favor del aborto clandestino. Por si a alguien le queda alguna duda, el gobierno opera para que las mujeres no tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. 
Estos dichos son el respaldo para que Federico Pinedo, Esteban Bullrich y Gabriela Michetti operen dentro del Senado para que no salga el derecho al aborto. Por eso, insistimos en que debemos redoblar nuestros esfuerzos y seguir en las calles para derrotar nuevamente las maniobras del gobierno.

Escribe Anisa Favoretti

Las organizaciones del movimiento de mujeres de Santiago del Estero se solidarizaron con nuestra compañera de la agrupación Isadora e Izquierda Socialista, Lucrecia Pereyra, docente de nivel inicial y actriz del grupo performático Las Mariposas, quien recibió ataques en la red social Facebook por ser parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

El pasado 26 de julio, una persona que utiliza el usuario Antho Vera LC en la mencionada red social, hizo un llamado a la comunidad educativa del Jardín Nº 804 Ángel de Luz, en donde Lucrecia trabaja, para repudiarla por su posición a favor del derecho al aborto. Además de acusar a nuestra compañera de inculcar el aborto a niños de 4 años, llamó a los padres de los estudiantes a concurrir el día lunes al establecimiento educativo portando el pañuelo celeste, símbolo de los antiderechos, para exigir a las autoridades del jardín que sancionen a nuestra compañera.

Pero éste no es un hecho aislado. Ante la desesperación por el avance del movimiento de mujeres, los sectores antiderechos vienen atacando a estudiantes y docentes en todo el país porque reclaman el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 con carácter laico, científico y perspectiva de género en todos los niveles educativos y también porque portan el pañuelo verde por propia decisión. Esto les ha costado sanciones a muchos estudiantes y hasta el despido de una docente en una escuela privada católica de Córdoba. Llamamos a la más amplia solidaridad de todas las organizaciones de mujeres, derechos humanos y políticas con nuestra compañera Lucrecia Pereyra y con todas las docentes y estudiantes que garantizan la educación sexual en las escuelas.

Escribe Liliana Olivero

Los tres senadores nacionales han impulsado la “Opción Córdoba” como una maniobra para impedir que el aborto legal seguro y gratuito se pueda implementar plenamente en nuestro país. El senador de Cambiemos (Partido Nuevo) Ernesto Martínez, junto a Laura Rodríguez Machado, de PRO, y Carlos Caserio, de Unión por Córdoba-PJ, representan los intereses de la cúpula de la Iglesia y las corporaciones de la medicina privada.

Carlos Caserio es un viejo dirigente y puntero del gobernador Juan Schiaretti en el Senado, vicepresidente del bloque del PJ Federal quien, junto a Pichetto, negocian con Macri la aplicación del ajuste en las provincias. Anteriormente fue funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería menemista y ministro de Gobierno en la provincia, hoy es el presidente del PJ cordobés. El mismo que atenta contra el derecho de las mujeres, como ya hizo la diputada Alejandra Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, absteniéndose de votar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto el 14 de junio pasado.

Ernesto Martínez es miembro del Frente Cívico de Luis Juez, quien hace días sacó una carta para que su amigo y senador votara en contra de la legalización del aborto diciendo: “Estoy convencido que luchar por las dos vidas es más amplio, más comprometido, más generoso y, por qué no decirlo, más arriesgado que la otra opción”. Martínez fue diputado nacional y votó en contra del matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género. ¡Un troglodita disfrazado de progre en el Senado!

Laura Rodríguez Machado, senadora de PRO y representante directa de Macri en Córdoba, es vicepresidenta del partido y presidenta del bloque de Senadores de Cambiemos. Desde 1991 a 1999 fue Diputada Nacional por la UCD (Unión del Centro Democrático), el partido de Álvaro Alsogaray, y luego secretaria de Economía del ex intendente Kamerath en la ciudad de Córdoba, gestión que incrementó la deuda pública municipal de 61 a 354 millones de pesos. En 1999 fue candidata a vicegobernadora de Córdoba por las listas de Domingo Cavallo. Mediante el decreto 433/05, fue nombrada procuradora fiscal de la provincia por el ex gobernador José Manuel De la Sota. Ya en 2013 compartió las listas de PRO con Néstor Roulet, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, y volvió a ser diputada.

Estos tres espadachines están listos para aplicar todas las maniobras necesarias y poder evitar que en el Senado se apruebe el dictamen obtenido por el triunfo de la lucha de las mujeres en Diputados. Solo reforzando la movilización y nuestra lucha les arrancaremos a estos falsos representantes el aborto legal, seguro y gratuito.