Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada Provincia Buenos Aires Izquierda Socialista/FIT y dirigente de Isadora

Durante el fin de semana del 7 y 8 de julio, se realizó la plenaria de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito con representantes de todas las provincias. A un mes de la sesión que tratará la ley de interrupción del embarazo que cuenta con media sanción en Diputados, la reunión estuvo cruzada por los debates en torno a cómo garantizar una jornada federal y masiva que logre torcer la voluntad del gobierno y de la Iglesia que no quiere que salga la ley, poniendo todo tipo de maniobras.

La plenaria nacional se realiza todos los años. Es una reunión para coordinar las acciones que en los distintos puntos del país viene realizando la campaña. A un mes del tratamiento en Senadores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la conclusión central de todas las compañeras de las distintas provincias es que debemos seguir en las calles y movilizadas para conquistarla. Todas las acciones federales que salieron de la plenaria para los martes y miércoles “verdes” de julio hasta el 1º de agosto, van en ese sentido. Y deben servir para preparar el terreno para una gran caravana federal que culmine en el Congreso el día de la sesión.

Además de los pañuelazos federales se convocó a un estudiantazo para el 31 de julio con las protagonistas de esta ola verde, las jóvenes secundarias que exigen educación sexual en las escuelas. A su vez, habrá acciones en los puentes interprovinciales e internacionales para visibilizar el reclamo y llamar a las mujeres de otros países a que se concentren en las embajadas argentinas para exigir que se sancione la ley el 8 de agosto.

Si bien en la declaración final no quedó explícita la exigencia a las centrales sindicales para que ese día se convoque a un paro, sí fue algo que varias trabajadoras que estábamos presentes planteamos, porque de esta manera podremos garantizar estar presentes durante toda la vigilia que se hará mientras dure la sesión.

Hay que volver a derrotar a los partidos patronales, a la Iglesia y a los antiderechos

Luego del papelón que hicieron los sectores reaccionarios y antiderechos que no pudieron llenar el lugar que les habían asignado durante la vigilia del 13 y 14J, el Papa Francisco salió a decir que el aborto era como el genocidio nazi. Una verdadera barbaridad, sobre todo porque luego de dos meses de debate, se logró demostrar que es un tema de salud pública, un derecho humano esencial y que en la mayoría de los países del mundo ya fue conquistado. Los sectores antiderechos quedaron expuestos y sin argumentos. Por eso actúan con total desesperación y reaccionaron violentamente.

Así es como salieron a amedrentar a las adolescentes que llevan los pañuelos verdes colgados en sus mochilas. O impulsar la persecución que está sufriendo Fabiana Reina, la médica del Servicio de Ginecología del Hospital Nicolás Avellaneda de Tucumán, por garantizar una interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años que fue violada. No resulta extraño que esto ocurriera mientras Carlos Sánchez, el arzobispo de Tucumán, dijo en la misa del Tedeum del 9 de julio que el “aborto es muerte” frente a la propia vicepresidenta, la antiabortista Gabriela Michetti que se encontraba en la celebración.

Frente a esta reacción desesperada y violenta de los sectores antiderechos, seguimos insistiendo que nuestra lucha es por la vida, la salud y la libertad de las mujeres. Y que tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso insistimos y con más fuerza que nunca, que debemos seguir movilizadas y en las calles hasta #QueSeaLey.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada Provincia Buenos Aires Izquierda Socialista/FIT y dirigente de Isadora

Durante el fin de semana del 7 y 8 de julio, se realizó la plenaria de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito con representantes de todas las provincias. A un mes de la sesión que tratará la ley de interrupción del embarazo que cuenta con media sanción en Diputados, la reunión estuvo cruzada por los debates en torno a cómo garantizar una jornada federal y masiva que logre torcer la voluntad del gobierno y de la Iglesia que no quiere que salga la ley, poniendo todo tipo de maniobras.

La plenaria nacional se realiza todos los años. Es una reunión para coordinar las acciones que en los distintos puntos del país viene realizando la campaña. A un mes del tratamiento en Senadores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la conclusión central de todas las compañeras de las distintas provincias es que debemos seguir en las calles y movilizadas para conquistarla. Todas las acciones federales que salieron de la plenaria para los martes y miércoles “verdes” de julio hasta el 1º de agosto, van en ese sentido. Y deben servir para preparar el terreno para una gran caravana federal que culmine en el Congreso el día de la sesión.

Además de los pañuelazos federales se convocó a un estudiantazo para el 31 de julio con las protagonistas de esta ola verde, las jóvenes secundarias que exigen educación sexual en las escuelas. A su vez, habrá acciones en los puentes interprovinciales e internacionales para visibilizar el reclamo y llamar a las mujeres de otros países a que se concentren en las embajadas argentinas para exigir que se sancione la ley el 8 de agosto.

Si bien en la declaración final no quedó explícita la exigencia a las centrales sindicales para que ese día se convoque a un paro, sí fue algo que varias trabajadoras que estábamos presentes planteamos, porque de esta manera podremos garantizar estar presentes durante toda la vigilia que se hará mientras dure la sesión.

Hay que volver a derrotar a los partidos patronales, a la Iglesia y a los antiderechos

Luego del papelón que hicieron los sectores reaccionarios y antiderechos que no pudieron llenar el lugar que les habían asignado durante la vigilia del 13 y 14J, el Papa Francisco salió a decir que el aborto era como el genocidio nazi. Una verdadera barbaridad, sobre todo porque luego de dos meses de debate, se logró demostrar que es un tema de salud pública, un derecho humano esencial y que en la mayoría de los países del mundo ya fue conquistado. Los sectores antiderechos quedaron expuestos y sin argumentos. Por eso actúan con total desesperación y reaccionaron violentamente.

Así es como salieron a amedrentar a las adolescentes que llevan los pañuelos verdes colgados en sus mochilas. O impulsar la persecución que está sufriendo Fabiana Reina, la médica del Servicio de Ginecología del Hospital Nicolás Avellaneda de Tucumán, por garantizar una interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años que fue violada. No resulta extraño que esto ocurriera mientras Carlos Sánchez, el arzobispo de Tucumán, dijo en la misa del Tedeum del 9 de julio que el “aborto es muerte” frente a la propia vicepresidenta, la antiabortista Gabriela Michetti que se encontraba en la celebración.

Frente a esta reacción desesperada y violenta de los sectores antiderechos, seguimos insistiendo que nuestra lucha es por la vida, la salud y la libertad de las mujeres. Y que tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso insistimos y con más fuerza que nunca, que debemos seguir movilizadas y en las calles hasta #QueSeaLey.

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada de Izquierda Socialista / FIT Dirigente de Isadora

A la par del debate por el derecho al aborto y luego de la media sanción obtenida gracias a la movilización de las mujeres, se está tratando en Diputados un proyecto de ley de “libertad religiosa” que presentó Macri el año pasado. Tiene como finalidad aumentar los privilegios de la Iglesia Católica y las demás religiones, otorgándoles totales garantías y beneficios impositivos para que continúen sus negociados en educación y salud. Y puntualmente, establece la objeción de conciencia institucional para que, de aprobarse la ley por el derecho al aborto, puedan no cumplirla en sus clínicas privadas. Denunciamos este proyecto del gobierno y exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda consideramos que las creencias y las religiones son del ámbito personal y privado de cada persona y, por lo tanto, no deben interferir en los asuntos del gobierno, del Estado, en salud o educación y, mucho menos, deben ser subsidiadas. El sostenimiento a la Iglesia Católica está amparado en el artículo 2° de la Constitución Nacional. En 1966, bajo el gobierno de Onganía, se homologó el Concordato entre la Santa Sede y la Argentina (ley 17.032) en el que se le otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio. También, en el artículo 146 del Código Civil se establece a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, al mismo nivel que el Estado nacional, las provincias y los municipios, demostrando el alto grado de poder y extensión que tiene la Iglesia Católica en nuestro país.

El financiamiento económico con el dinero de los impuestos de los contribuyentes a la Iglesia Católica fue ratificado por las leyes de la última dictadura militar y ningún gobierno posterior, ni peronistas, ni radicales, ni la Alianza, ni el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno, ni ahora Macri y Cambiemos, las derogaron. Todos los partidos patronales que gobernaron están de acuerdo en favorecer y financiar a una institución reaccionaria y ultraconservadora como es la Iglesia Católica, que vive de privilegios y actúa siempre contra los derechos de las mujeres y de los demás sectores oprimidos que se movilizan y salen a luchar.

La Iglesia es parte de la educación

Uno de los negocios que mantiene la Iglesia Católica con los distintos gobiernos patronales de turno es el subsidio a sus escuelas confesionales privadas. Pero su injerencia en la educación no es sólo mediante el financiamiento, sino también en el plano de las creencias y costumbres. En 2006 se sancionó la ley 26.206 de educación nacional que fue una gran concesión a la Iglesia Católica al establecer el carácter integral de la educación, incluida la dimensión religiosa. Esto fue un salto cualitativo sin precedentes que habilitó a que en muchas provincias se enseñe religión en las escuelas estatales. Actualmente, en Salta, Tucumán y Catamarca se contempla la obligatoriedad de la educación religiosa en sus establecimientos. En Santiago del Estero se autorizan de manera optativa las clases de religión en el sistema educativo público. A su vez, Córdoba, La Pampa y San Luis establecen que la enseñanza religiosa debe impartirse con posterioridad al horario de clase.

Con la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) pasó algo similar. Fue el Episcopado quien rápidamente publicó un documento llamado “Educación para el amor” en el cual se establecía cómo dar los contenidos de ESI en las escuelas confesionales. Allí, por ejemplo, se habla solamente de relaciones heterosexuales, del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la condición natural y no social del género, de las relaciones sexuales circunscriptas a la procreación, de la defensa de la vida desde la concepción y se condena la interrupción voluntaria del embarazo y a los métodos anticonceptivos.

Por la inmediata separación de la Iglesia del Estado

La existencia de una cifra enorme de abusos sexuales de niños y niñas por parte de los curas (obispos incluidos) no es una cuestión puntual ni esporádica. Por el contrario, se trata de un sistema muy organizado. El libro “Lujuria” del periodista italiano Emiliano Fittipaldi describe cómo la Iglesia tapa los casos de pederastia y encubre a los violadores. Por ejemplo, en 2013 hubo 1.200 denuncias de acoso a niños y niñas en todo el mundo que fueron llevadas al Vaticano. El papa Francisco los encubrió y recién se reacomodó cuando aparecieron escándalos periodísticos o movilizaciones de masas, como en Chile. Es más, Bergoglio sabía que en el instituto para niños sordos Antonio Próvolo de la Argentina se refugiaron durante muchos años sacerdotes violadores.

Es inadmisible que una institución con este prontuario y que tuvo estrechos vínculos con la última dictadura militar esté hoy a cargo de la educación de miles de niños y niñas en nuestro país. Y que encima sea beneficiada con dinero que sale de nuestros impuestos. Por eso exigimos que el gobierno deje de subsidiarla y que retire el proyecto de libertad religiosa que le otorga más beneficios. Hoy, con la fuerza del movimiento de mujeres que está en las calles, exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.
 

Escribe Anisa Favoretti

En la localidad de Suncho Corral, en Santiago del Estero, los estudiantes de los tres niveles (jardín, primaria y secundaria) del colegio privado católico San Miguel Arcángel, fueron obligados a marchar como militares en un desfile portando el pañuelo celeste de los sectores antiderechos que se oponen a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El acto se llevó a cabo el 9 de julio y, a través de sus redes sociales, el colegio compartió la frase “al cumplirse 202 años de la declaración de independencia de nuestra patria, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural”.

Recordemos que en Santiago del Estero no se cumple con la ESI y los índices de embarazos de niñas y adolescentes suben año a año. Lo mismo ocurre con los abortos clandestinos y las muertes evitables de personas gestantes. Por eso, es indignante ver los videos que subieron desde el colegio en los que exponen a niños, niñas y adolescentes a una situación tan violenta, vulnerando todos sus derechos.

Repudiamos este accionar de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad como la Iglesia Católica que utiliza los recursos estatales para este tipo de manifestaciones totalmente humillantes para los estudiantes. Y, a su vez, denunciamos que esto es solo una muestra de hasta dónde la iglesia es capaz de llegar para impedir que se apruebe el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país.

Fabiana Reina es una médica ginecóloga de la provincia de Tucumán que acaba de ser víctima de un terrible escrache con insultos e intimidaciones por el solo hecho de cumplir con su trabajo y garantizar el aborto no punible de una niña de 11 años víctima de una violación. Su práctica está amparada en el Código Penal de 1921 y en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012 que reafirma que deben garantizarse los abortos en los casos de violación o ante el peligro de salud integral de las personas gestantes.

Nuevamente, los sectores antiderechos que se encuadran en la reaccionaria Iglesia Católica vuelven a demostrar de qué lado están: defienden a los violadores mientras persiguen a los trabajadores que garantizan el derecho a la salud y a las mujeres y niñas que solicitan interrupciones de embarazos producto de situaciones de aberrante violencia. Esa misma Iglesia Católica fue la que impulsó hace pocos años atrás que los médicos denunciaran y encarcelaran a Belén, una joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo en un hospital público de la provincia.

Como en el caso anterior, el apoyo del movimiento de mujeres y los profesionales de la salud no se hizo esperar. Desde la Cicop, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras organizaciones llegaron declaraciones de solidaridad con la médica y se realizó un gran pañuelazo en repudio a los sectores clericales que se oponen a los derechos de las mujeres.