Escribe Claudio Funes

Ciertos sectores de la sociedad reclaman con razón que los políticos se bajen sus altos ingresos para que ese dinero vaya a fortalecer la lucha contra la pandemia. Es notorio el contraste entre la vida de un político y un trabajador, más si este se encuentra desocupado o suspendido como consecuencia de la actual crisis. 

Que los políticos no deben ganar esas sumas siempre ha sido denunciado por la izquierda revolucionaria. Nuestros diputados y legisladores siempre han propuesto que un político gane lo mismo que un trabajador. Aunque nunca haya sido votado, igual siempre se han apegado a ese principio. Cobran el salario de un trabajador, el resto lo aportan a las luchas obreras y populares y a fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como ocurre con Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Ahora, para reubicarse, distintos políticos patronales han decidido bajarse una parte de sus abultados sueldos. Sergio Massa anunció un recorte de 40% en la dieta de los diputados. En Santa Fe, los diputados y senadores provinciales donarán 50% de su dieta a “instituciones de bien común del sistema sanitario de cada departamento”. Intendentes de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, entre otras, han hecho lo mismo para decir que “aportan con su sacrificio” al esfuerzo colectivo para combatir la crisis. Lo que nadie dice es que la izquierda siempre propuso que todo diputado, senador, juez y funcionarios ejecutivos deben ganar como un trabajador. Y que, como eso nunca se aprueba, es solo la izquierda quien lo cumple.

No debemos olvidar un antecedente. En 2017, en pleno ajuste macrista, estos “sacrificados hombres y mujeres” de PRO-UCR-ARI (Cambiemos), del Frente para la Victoria de entonces (con Héctor Recalde como presidente de bloque) y del Movimiento Evita, entre otros, solicitaron un aumento en sus dietas porque decían que no podían vivir con 150.000 pesos mensuales. El único bloque que denunció eso y rechazó el aumento fue el del FIT, entre ellos nuestro diputado Juan Carlos Giordano.

Hoy esos mismos diputados y senadores que posan de solidarios son los que aprobaron la ley de emergencia que les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados en diciembre de 2019 y aprobaron la ley de renegociación de la deuda externa en enero de 2020. Por eso denunciamos su demagogia y marketing político. Para combatir la pandemia no alcanza con estos “gestos”, sino implementar un impuesto a los de arriba y dejar de pagar la deuda, algo que estos políticos tradicionales no hacen.

El gobierno continúa adelante la renegociación de la deuda con los pulpos acreedores. Lo hace mientras el país y el mundo se derrumban en medio de la crisis del coronavirus. Entre los usureros privados y el FMI están en juego 150.000 millones de dólares que vencen entre este año y los dos siguientes. La alternativa es de hierro: la plata va a los usureros o a la emergencia sanitaria. 

Escribe José Castillo

El presidente Alberto Fernández ha dicho en estos días que “no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo”. Sin embargo, casi al mismo tiempo, su ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa adelante con el “cronograma” de renegociación con los acreedores extranjeros. 

Ahora se ha “reprogramado” hasta 2021 los vencimientos de bonos de deuda sometidos a legislación local. Pero el corazón de la deuda externa son los bonos en dólares con legislación extranjera. Y ahí se sigue en infinitas consultas con los propios pulpos privados internacionales que dejaron trascender que “no aceptan” los plazos que plantea el gobierno para correr los vencimientos (se habla de tres años) y exigen mayores pagos por intereses. Y, por supuesto, prosigue el tironeo por el monto de la quita. Digámoslo claramente, aunque se llegara a negociar una supuesta quita de 50%, igual los especuladores internacionales ganarían, ya que actualmente los bonos argentinos cotizan por debajo de 30%, con lo que se llevarían una ganancia sin mover un peso de 20%, hoy imposible de alcanzar en cualquier otra operación financiera del mundo.  

Como si todo esto fuera poco, desde el propio Ministerio de Economía se dejó saber que el gobierno de Fernández estaría dispuesto a “mejorar la oferta” por medio de los llamados “cupones PBI”. Algo que se inventó y está vigente para los bonos que se canjearon durante el kirchnerismo en 2005 y 2010. Se trata de un “extra” que se les ofrece a los acreedores, cada vez que el país crece 3% se genera automáticamente una deuda extra con los acreedores, de pago inmediato. Una auténtica estafa.  

Lo increíble es que estemos discutiendo todo esto en medio de la crisis del coronavirus.  

Los propios economistas del establishment reconocen que se están rompiendo todas las “cadenas de pago” del mundo. Esto quiere decir que los propios capitalistas están dejándose de pagar las deudas entre ellos. 

Todo es tan ridículo que cada vez surgen más voces de economistas y periodistas con simpatías con el propio gobierno que empiezan a hacer su oír su voz planteando que no hay que seguir negociando y suspender los pagos. Incluso economistas del establishment local y extranjero reconocen que, en estas condiciones, lo mejor que puede hacer la Argentina es dejarse caer en default, por lo menos hasta que pase lo peor de la crisis. 

Lo más grave de todo es que no se trata solamente de una “negociación” que se extiende en el tiempo en el que nuestro país lleva todas las de perder. Mientras tanto se siguen pagando religiosamente los vencimientos con los acreedores extranjeros. Apenas asumió, Alberto Fernández mandó apartar, de las escasísimas reservas internacionales disponibles, 4.500 millones de dólares para atender esos vencimientos, que se están utilizando desde entonces (de hecho, los montos son tan elevados que en mayo ese mismo pozo de dinero se terminará agotando). La semana pasada, ya en medio de la cuarentena, el gobierno pagó en efectivo 250 millones de dólares. Hay otro vencimiento dentro de diez días por 500 millones.  

Lo venimos repitiendo desde hace años. Lo volvimos a decir apenas asumió Alberto Fernández. Ahora el planteo ya adquiere una urgencia extrema, tenemos que dejar ya mismo de pagar la inmoral, ilegal y usuraria deuda externa y volcar todos esos recursos a un fondo de emergencia para financiar la crisis sanitaria, comprando respiradores, millones de barbijos, montando hospitales, contratando y pagándole salarios dignos a todo el personal de salud necesario, y también para resolver las consecuencias económicas de la crisis que hoy pegan sobre el pueblo trabajador con comida, trabajo y salario para todos.  

Escribe Guido Poletti

En estos días trascendió que el gobierno de Alberto Fernández tomaría un nuevo préstamo del FMI. Se trataría de alrededor de 3.000 millones de dólares que están a disposición de nuestro país en forma casi automática, según las propias regulaciones del Fondo.  

La excusa es, obviamente, la crisis del coronavirus. Pero ya sabemos cómo van a terminar utilizándose, con ellos se quieren pagar los próximos vencimientos de deuda a los acreedores privados, que solo en mayo ascienden más o menos a la misma suma. Vemos, entonces, que no entrará un peso para la emergencia, no se comprará ni un barbijo. Solo se “canjeará” deuda de los pulpos privados por deuda con el pulpo mayor: el propio FMI. 

Se sumarán así a los 49.000 millones que ya reclama el organismo: 44.000 que le otorgaron a Macri (y que, como sabemos, se fugaron en su totalidad), 5.000 de intereses, y ahora 3.000 más si se efectiviza este nuevo préstamo. Deberemos 52.000 millones de dólares, que el Fondo nos hará pagar centavo por centavo (la propia Kristalina Georgieva, titular del organismo y de la que el gobierno se jacta de que es “su amiga”, aclaró que acá no corre ninguna “quita”). Y será la excusa para nuevos, y más duros, planes de ajuste contra el pueblo trabajador.  

Escribe José Castillo

Se está dando una fortísima suba de los precios de los alimentos desde que empezó la cuarentena. Los cortes populares de carne y las frutas y verduras más necesarias están registrando aumentos que en muchos comercios llegan a 100 por ciento. También subieron los del resto de los productos de la canasta básica. Un cálculo conservador, realizado por consultoras privadas, registra incrementos de 40,2% en la zanahoria, 29,3% en legumbres secas, 20,3% en el azúcar, 20,6% la polenta, 15,7% la sal fina y 8% la carne picada. 

El gobierno fijó precios máximos para muchos productos retrotrayendo los valores a principios de marzo. Pero, sea porque “casualmente” frutas, verduras y carne no están fuera de esa lista, porque muchos que figuran en esa lista o en precios cuidados “desaparecieron” de las góndolas, o porque muchos comercios directamente violan la disposición, lo concreto es que muchos solo se consiguen a precios muy elevados. A esto sumémosle la especulación que se está produciendo con el alcohol en gel, los barbijos y los productos de limpieza. 

Se han dado varios casos, como en Coto o Farmacity, donde las grandes cadenas son las que “lideran” la violación a las disposiciones. 

Evidentemente, así no hay bolsillo que aguante. Hay que hacer respetar los precios máximos y extenderlos a la fruta, la verdura y la carne y también a los medicamentos. Y, en los evidentes y masivos casos que se están dando de violación a esta disposición, proceder a aplicar la Ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que aumenten o acaparen estos productos.