Escribe Guido Poletti

El gobierno había “calculado” que serían 3,6 millones los que se inscribirían para recibir el monto de emergencia de 10.000 pesos para aquellos que no tienen ingreso alguno o revisten en las categorías más bajas del monotributo. La realidad le explotó en la cara, más de once millones de personas se apresuraron, casi desesperadamente, haciendo colapsar varias veces la página de internet para recibir ese monto que, como cualquiera puede darse cuenta, es absolutamente insuficiente. Y se supone que es “uno por núcleo familiar”. Esto ya obligó al propio gobierno a reconocer hasta el momento a 6 millones de personas como las habilitadas a cobrar los 10.000 pesos.

Nadie debería sorprenderse. Casi en el mismo momento se conoció la última medición de pobreza del Indec. Ahí se verificó que, a fines de 2019, se registraba un 35,5% de pobreza, lo que numéricamente significaba 16,4 millones de pobres. De ellos, 8% son directamente indigentes (3,7 millones). El más doloroso es el caso de los niños y niñas de hasta 14 años, donde el índice de pobreza llegó a 52,3%, ¡más de la mitad de nuestros chicos son pobres! 

Todos estos números sin duda están empeorando en medio de la pandemia. Por eso no resulta sorprendente que se anoten millones para tratar de conseguir un peso más ante la imposibilidad de acceder a comprar los alimentos y medicamentos más básicos.  

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad reclamamos, ante este drama, un ingreso de 30.000 pesos para todos los que lo necesitan. El dinero para financiarlo existe, debe salir de un fondo de emergencia compuesto por un impuesto a las grandes empresas y riquezas y por lo que se ahorre con el cese inmediato del pago de la deuda externa. 

Escuelas cerradas, docentes trabajando, familias preocupadas 

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Con la cuarentena las escuelas se cerraron... pero los docentes seguimos enseñando. Quienes no tienen chicos en edad escolar poco conocen de la trama que estamos viviendo docentes, alumnos y familias en cuarentena. El gobierno, a través del ministro Trotta y los secretarios de Educación, como Soledad Acuña de CABA, dicen que “rápidamente se resolvió el problema de la educación en cuarentena a través de la educación virtual” y que “se demostró que haber capacitado a docentes y montado plataformas virtuales antes” es lo que lo permitió. ¿Cuál es la realidad?

Con la cuarentena los docentes rápidamente organizamos los llamados “planes de contingencia” donde preparamos materiales y textos en papel para que los alumnos puedan ir leyendo y estudiando en sus casas. Pero el gobierno largó una plataforma digital donde docentes debemos presentar nuestros trabajos educativos y los chicos, en sus casas, hacerlos. Además se abrió un sistema de clases virtuales y consultas por mail a los docentes. El gobierno anunció también un sistema de clases por televisión, aunque hasta hoy no funcionó. Este sistema es absolutamente insuficiente, flexibilizador y discriminatorio. Muchos chicos en edad escolar tienen celular, pero solo el 50% tiene internet en su casa, solo el 40% tiene computadora. Y millones viven hacinados. De esta manera quedan fuera de la “educación virtual” los chicos más pobres, extendiendo más la brecha social y la discriminación educativa.

Los docentes debemos subir a las plataformas contenidos educativos (muchos desconocen cómo hacerlo), sufriendo también la insuficiencia de infraestructura virtual, los cortes y floja señal o la falta de wifi en casa, trabajar conviviendo con nuestra familia y debiendo responder a las preguntas de los alumnos o sus familiares a cualquier hora del día. Las madres y padres se quejan porque llega a sus hijos muchísimo material virtual que no entienden y no saben cómo ayudarles.

Por más que la tecnología debe ser utilizada para mejorar la educación, es impensable la educación sin docentes y alumnos interactuando en el aula. Para aprovechar la virtualidad, el gobierno debe garantizar ahora infraestructura para todos, docentes y alumnos, repartir notebooks, garantizar internet, elementos de formación tecnológica. El gobierno hace declaraciones aprovechando esta tremenda crisis sanitaria buscando instalar la virtualidad educativa como sistema permanente. Eso es parte del proyecto de reducir el presupuesto educativo, privatizar más la educación, despedir docentes y reemplazarlos por “plataformas virtuales” con “coordinadores” o “facilitadores” superexplotados. Ya en varias provincias hay “secundarias a distancia” y otras plataformas.

Hoy, en medio de la pandemia, hay que apoyarse en la virtualidad y sus ventajas como una emergencia, respetando el trabajo docente. Pero hay que reclamar también que el gobierno garantice que lleguen los trabajos hechos en papel por los docentes a todas las familias que no tienen acceso a la red.

Escribe Mariano Barba

Al igual que en el país y en el mundo, en Neuquén se están tomando medidas políticas, sanitarias y económicas. Aquí se toman desde el Comité de Emergencia que constituyó el gobierno. Desde el FIT Unidad, nuestros dos diputados provinciales y dos concejalas salieron al cruce de las medidas anunciadas por el gobierno por considerarlas totalmente insuficientes. En los barrios crece la queja por la parálisis de las changas y la falta de alimentos. Ni hablar de los artículos de higiene y prevención. En ese sentido Angélica Lagunas, desde su lugar de concejala, se puso a la cabeza de presentarle al Comité de Emergencia los listados diarios que preparan las docentes desde sus casas con las familias que requieren ayuda alimentaria.

También lo que se sufre en la provincia es el control de la policía, prefectura y gendarmería sobre todo aquel que transita. A tal punto que este lunes fueron detenidos y golpeados varios militantes del Polo Obrero en la ciudad de Zapala por reclamar que se entreguen los módulos de alimento anunciados por el gobierno, entre ellos al Secretario Adjunto de Aten Zapala que acompañó la protesta.

El gobierno, para legalizar su accionar, convocó a sesión extraordinaria en la legislatura y en el concejo deliberante de la capital. En ambas instancias el FIT Unidad denunció que el objetivo central del ejecutivo provincial y del municipal -ambos del MPN- no era presentar un verdadero plan de emergencia sino  hacer votar la autorización para un gran endeudamiento, que llegará a los 140 millones de dólares y con las manos libres para gastarlos a piacere. Con algunos retoques, el Frente de Todos y el Pro, aprobaron el proyecto del oficialismo.

Ante esta maniobra, Angélica Lagunas, nuestra concejala, presentó, junto a Natalia Hormazábal, un proyecto acordado en el FIT Unidad exigiendo medidas concretas y de fondo, como lo son:

- Constituir un fondo de emergencia proveniente de “adelantos de la coparticipación nacional, y de un impuesto extraordinario a la empresas radicada en el parque industrial, que son en su mayoría multinacionales de servicios petroleros,  además de a las cadenas de grandes hoteles y grandes superficies comerciales”.

-  Establecer “un régimen especial para los trabajadores de la salud con todo el equipamiento adecuado para su cuidado para que puedan atender sin contagiarse; y otorgándole un incremento salarial de 30.000 pesos” y no los 5.000 miserables otorgados hasta ahora.

- Prohibición de despidos y suspensiones en todas las empresas radicadas en la provincia.

- Abastecimiento de agua potable y raciones alimenticia para los sectores desprotegidos de los barrios y para las recientes tomas de tierras que suman miles de familias.

-Poner bajo administración estatal todos los recursos de la sanidad privada para integrarlos a la red sanitaria de la ciudad y la provincia.

Escribe: Adolfo “Fito” Columbich, dirigente de Izquierda Socialista Rosario

En estos días cumplimos con nuestra tarea social, igual que los últimos 19 años. Un reparto de mercadería que recibimos de los gobiernos de Javkin(Frente Progresista) y Perotti(Peronismo), para un grupo de 200 familias, distribuidas en barrios de diversas zonas (oeste, noroeste, suroeste, VGG). En esta ocasión atravesados por la pandemia y la cuarentena. Lo que nos obligó a tomar medidas extras de precaución para poder reorganizar la distribución.

Los ingresos de compañeros/as, que ya eran totalmente insuficientes e informales -más allá de la AUH-, se esfumaron. Se terminaron las changas, las obras, la recolección de residuos (aunque varios se arriesgan igual por las necesidades urgentes). Ya no hay cómo “ganarse el mango”. Las compañeras que hacen limpieza de casas perdieron su trabajo, y muchas perdieron las esperanzas de recuperarlo. Así de complejo es el capitalismo en el que vivimos.

Por supuesto se superponen las preocupaciones, todos/as nos cuidamos como podemos del virus. La mayoría tenemos espacios reducidos y una familia numerosa, y recibimos las acusaciones injusta y estigmatizantes de “romper la cuarentena” por salir a la puerta a respirar o distraer a nuestros hijos. Pero tenemos claro que debemos cuidarnos más que cualquiera, porque sabemos cómo funciona la salud pública, dada la continua quita de recursos y privatización que sufre. Sumemos a esto que las condiciones sanitarias de muchas de nuestras viviendas, están lejos de contar con las condiciones sanitarias adecuadas.

Como si no sobraran preocupaciones, están las fuerzas de seguridad persiguiendo a compañeros y compañeras. El comentario de muchas compañeras que se repite es: “Los hombres no salen, sino los levantan”. Compañeros que vendían verduras han perdido su mercadería porque “no están autorizados”. Tuvieron que dejar pudrirla ya que conocemos casos que han secuestrado la mercadería y los encarcelaron 2 días. Incluso tenemos conocidos presos por salir a trabajar. ¿Con que derecho sumar el terror de circular para sobrevivir? Una vez más el Estado al servicio de los empresarios persiguiendo al pueblo pobre.

Los funcionarios de los gobiernos de Fernandez, Perotti o Javkin no paran de repetir que reforzaron las partidas de comedores escolares y sociales en los medios. ¡Mentira! Nos cansamos de reclamar que nos convoquen para que escuchen nuestras demandas para sobrevivir ante esta crisis.
Dejamos bien claro que los $10 mil para trabajadores informales, luego de un mes de dejar de trabajar para una familia es totalmente insuficiente, y nos condena a la miseria.  Los funcionarios de los gobiernos se llenan la boca diciendo que “existen comedores”. ¿Tienen dimensión de la calidad y cantidad de recursos con los que cuentan?

No vemos a los distintos gobiernos controlando los aumentos descontrolados de alimentos y productos de limpieza. Estamos muy preocupados por nuestra alimentación, cada día de peor calidad nutricional (en los bolsones no hay verduras, carnes, frutas).   No somos números, y el gobierno sólo quiere vernos “en casa” pero no garantiza nuestros derechos.

Tenemos derecho a un ingreso digno, poder alimentar a nuestros hijos/as con orgullo sin tener que mendigar un plato de comida, reclamamos $30 mil pesos para trabajadores informales o desocupados. En base a suspender los pagos de la deuda externa y fuertes impuestos a los grandes exportadores que siguen facturando sin ser actividades esenciales.