Escribe Fernanda Giriborne Stanley

Jujuy es una de las provincias más pobres del país, y por lo tanto con mayores dificultades para enfrentar la pandemia. Cerca del 50% del empleo es informal, y día a día se suman despidos, suspensiones y rebajas salariales. La situación económica se ha ido agravando y en los barrios crece la incertidumbre, el hambre se hace sentir. A la situación general se suman los efectos de las inundaciones, que ha dejado a miles de evacuados y autoevacuados la semana pasada, y a la epidemia de dengue, que tiene cerca de 900 casos.

En el plano sanitario, el estructural desfinanciamiento de la salud es brutal. Desde mucho antes de la pandemia, los trabajadores del sector denunciaban el desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema de salud pública, la falta de recursos humanos, sobre todo en las especialidades, la tercerización de los empleos y la precariedad laboral. Sin embargo ,el gobernador radical Gerardo Morales, ha decidido suplir la imposibilidad de dar una respuesta sanitaria con encierro y represión.

Ha sido el primer gobernador en declarar la suspensión de las clases, y el aislamiento, incluso antes que el gobierno nacional. Pero junto con esto, el gobierno provincial ha implementado un aceitado sistema para reprimir, ajustar y recaudar. La provincia ha sido conocida por montar “corralitos” en las plazas para aquellos que incumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de un sistema de vallado desmontable para detener personas y dejarlas en un espacio público a la vista de todos, en una superficie donde no es posible mantener el distanciamiento social, ni lavarse las manos, sin agua potable o baño. Gerardo Morales también es conocido por su fuerte operativo fiscal de cobro de multas, sobre todo la que pena las salidas sin autorización o la falta de barbijo que se ha vuelto obligatoria. También como forma de “ahorro” ha rebajado el sueldo de los docentes, a quienes no se abonará el ítem “frente a alumnos” y se les reconocerá solo el 10% del presentismo.

Con el discurso de cuidar a los jujeños no ha evitado tampoco razzias y redadas con balas de goma, detenciones arbitrarias, y la expulsión de personas de la provincia. La deportación de 80 extranjeros que se encontraban ya con la cuarentena cumplida le ha costado al gobernador un pequeño escándalo de alcance internacional. Sin embargo, cuando trabajadores y estudiantes quieren regresar, se topan con las peticiones más absurdas, viéndose obligados a abonar el traslado, hotel (para la cuarentena), comida en los hoteles e incluso ahora se solicita que paguen su propio test. La realidad de los trabajadores “golondrina” jujeños se encuentra muy lejos de la de los repatriados desde Europa que han cumplido su cuarentena en hoteles de categoría, con todo incluido. En las últimas apariciones, el gobernador ha propuesto que quienes den positivo al test se mantendrán en sus casas que serán fajadas para que todos los vecinos conozcan la situación y funcionen como control social.

En nuestra provincia la pandemia no hizo más que dejar al descubierto las condiciones estructurales en la que vivimos los jujeños. En este sentido es urgente que en nuestra provincia cesen las medidas represivas y estigmatizantes, para que a los problemas sanitarios se presenten respuestas en el plano de la salud, comenzando por el aumento del presupuesto.   

Escribe Martín Fú

La semana pasada la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, informó que las fuerzas de seguridad se encontraban implementando el “ciberpatrullaje” que, según la ministra tenía como objetivo medir el “humor social”, todo esto al calor de la cuarentena obligatoria frente a la pandemia del coronavirus y la preocupación del gobierno a la reacción popular ante la emergencia social y sanitaria. Lo de Frederic no es nuevo, es la continuación de las políticas de espionaje y represión de Patricia Bullrich, anterior ministra del gobierno macrista.

Frederic no es una recién llegada a las modernas doctrinas de seguridad interior, fue funcionaria de Defensa entre 2009 y 2011, y de Seguridad entre 2012 y 2014. Ocupó el cargo de asesora en el Ministerio de Seguridad en épocas de la gestión Berni, del Proyecto X y las represiones lanzadas en la Panamericana en los conflictos obreros que se dieron en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ante el intento de embellecer la misma y repudiable tarea que llevan adelante todos los gobiernos patronales, la inteligencia interna y la represión con el rótulo de “ciberpatrullaje”, nuevamente denunciamos cualquier acción de la ministra y el gobierno de meterse en las casas, trabajos, organizaciones sindicales, sociales o cualquier ámbito social para realizar espionaje interno. Partiendo por señalar el caso de un joven de 21 años que después de haber sido rechazado en la inscripción al subsidio de 10.000 pesos que anunció el gobierno, hizo un tweet que incluía la palabra ”saqueo”. El área de Ciberpatrullaje de la Subdirección de Delitos Informáticos y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería intervinieron, y la policía cayó en su casa informando que la había abierto una causa por “intimidación”. Delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Circuló que incluso están evaluando profundizar el patrullaje real sobre las personas que interactuaron con el tweet de este joven en la red social.

En ese sentido, nos sumamos al repudio a la política de ciberpatrullaje expresada en la declaración de las organizaciones que son parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: “la política represiva del Estado que ha sido el denominador común de todos los gobiernos es desplegada ahora con el pretexto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. La reunión de información sin causa ni orden judicial que la disponga es inteligencia ilegal y está vedada a las fuerzas de seguridad, independientemente de que la información sea de libre acceso. Muchos de los informes de los servicios de inteligencia se arman con recortes de diarios”.*

Como firmantes de dicha declaración, le recordamos al gobierno de Alberto Fernández que “ante la emergencia social y sanitaria reclamamos que se respete el derecho al trabajo y a la salud, el acceso al salario íntegro y a la alimentación del conjunto de las y los trabajadores. Basta de medidas represivas. Para enfrentar la pandemia se requiere una cuarentena sin hambre, sin despidos, sin rebajas salariales y sin represión”.

* Ver declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar

Editorial

La pandemia mundial del coronavirus, con sus terribles consecuencias de miles de muertos, hospitales colapsados más la ola de despidos y rebajas salariales para millones de trabajadores en el mundo, es seguida con una enorme preocupación en nuestro país. El cumplimiento del aislamiento ha sido incorporado en la vida de millones de trabajadores y sectores populares como forma de prevenir el contagio para no llegar a las escenas que se viven en Italia, Estados Unidos o Ecuador. Por eso se siguen con atención los consejos de médicos e infectólogos y hay debates sobre si usar o no masivamente los barbijos, mientras se dan peleas todos los días contra las patronales exigiendo insumos básicos para poder prestar servicios esenciales o atender en los hospitales.

En la Argentina estamos en cuarentena y el próximo 13 de abril, el gobierno tiene que decidir cómo continuar. Alberto Fernández ha dicho: “Nunca vamos a terminar la cuarentena, pero podemos flexibilizarla”. Pero detrás de la palabra “flexibilizar” ya se han sumado diez rubros como nuevas actividades “esenciales” a pedido de empresarios y gobernadores. Se llegó al caso de incorporar a la minería como esencial, también a la obra privada de infraestructura energética y al comercio exterior, entre otros. Pero la minería no es esencial, salvo para las ganancias de Barrick y otras multinacionales depredadoras y contaminantes. Tampoco el comercio exterior, seguramente exigido por las grandes exportadoras que hacen negocios en dólares. También se habla de ampliar turnos en las automotrices a pedido de las multinacionales (General Motors, Toyota, Volkswagen, Fiat-Chrysler, Ford, Peugeot-Citröen, Renault). Pero fabricar autos no es ninguna prioridad. Techint, que acaba de ratificar los 1.450 despidos con la complicidad del Ministerio de Trabajo y la conducción burocrática de la Uocra, venía pidiendo que se declaren “esenciales” distintas actividades de su grupo. Está claro que a estos grandes empresarios no les interesa la salud de sus trabajadores ni de la población, sino cómo engordar sus ganancias capitalistas.

El gobierno ha dicho que no van a empezar las clases, ratificando que el pico de la pandemia será en abril o mayo. “No tenemos que echar a perder el esfuerzo que ya se hizo”, señaló. Y puso un ejemplo: “Si a una fábrica entra una persona con coronavirus va a contagiar a todos sus compañeros”. Entonces, si esto es así, debe prorrogar la cuarentena hasta tener la garantía de que el virus no es una amenaza. En Italia hubo huelgas precisamente para que se cierren las fábricas ante la desidia de patronales que obligaban a sus trabajadores a poner en riesgo sus vidas en plena pandemia mortal. Por eso repudiamos que mientras el gobierno dice que “prioriza la salud de los abuelos” haya empujado a un millón de jubiladas y jubilados a romper la cuarentena para poder cobrar.

Sabemos que millones de trabajadores que vienen haciendo un gran esfuerzo por cumplir la cuarentena ante la desesperación de tener que salir a la calle para ganarse el pan o poder pagar la luz o el alquiler, tengan lógicas dudas y se puedan preguntar si no hay que volver a la normalidad. Pero a todos ellos les decimos que es necesario seguir cuidándose. Y, mientras mantenemos el aislamiento, debemos exigirle al gobierno que no ceda a la presión de la gran patronal y que garantice poner toda la plata que haga falta para invertir en salud y los hospitales públicos, haciendo lugar a las innumerables demandas de los profesionales, enfermeras y trabajadores de la salud. También para garantizar la comida (y que no se hagan negociados como acaba de suceder con las compras de fideos y aceite), triplicar los planes sociales, aumentar las jubilaciones, obligar a las empresas a que paguen los salarios y no despidan  y para que se garanticen todos los insumos para seguir ganándole la pelea al coronavirus y enfrentar la crítica situación social.

Izquierda Socialista sostiene que con las medidas del gobierno no alcanza. Por eso hace falta implementar de manera inmediata un fondo de emergencia sobre la base de un fuerte impuesto a los bancos, multinacionales y grandes empresarios y el no pago de la deuda externa. Proponemos, en concreto, un impuesto especial de 10% a la fortuna de los cincuenta millonarios del país (encabezados por Paolo Rocca, de Techint) y a las ganancias de los veinte grupos económicos nacionales y extranjeros (bancos, multinacionales, privatizadas, supermercados, petroleras, laboratorios y exportadoras). Y con la plata del no pago de la deuda se podría duplicar todo lo que dispuso el gobierno para la pandemia y además triplicar los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas, designar los 2.500 profesionales de la salud que pide el gremio Cicop o comprar miles de respiradores y millones de barbijos, entre tantas otras medidas para la emergencia.

Trascendió que diputados nacionales como Máximo Kirchner y Hugo Yasky, de la CTA, estarían estudiando un proyecto de ley para implementar un impuesto a la riqueza de 1,5 por ciento. Nuestra propuesta es de 10% pero, aunque sea de 1,5%, sería un primer paso. Lo fundamental es que estas medidas no deberían demorarse más e implementarse de manera inmediata por decreto de necesidad y urgencia, como se hizo con la prohibición de despidos por sesenta días. El presidente propuso que se debata en el Congreso, que no funciona. Este dinero es urgente. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que hace falta un fondo de emergencia para que, mientras se sigue garantizando la cuarentena para combatir el coronavirus, se destinen los recursos necesarios para combatir las urgentes necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobreprecios. Desopilante.

Al revelarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “cartelización”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente", dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó con los lemas #ConLosJubiladosNo y #OtraVezSeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández, que venía ascendiendo en la aceptación popular, con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.

Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena. Se expresó así un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.

Después de veinte días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto con otros beneficiarios de planes sociales (embarazadas o de la asignación por hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor –incluso muchos obligados a acampar desde la noche anterior– para ganarse un lugar y poder cobrar es directamente triste y lamentable.

Ahora se pasan la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, presidente del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ya había ocurrido en el verano con 40 grados de temperatura para cobrar los bonos de diciembre, y se volvió a ver la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.

Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a pagarles a los jubilados, más allá de que tengan o no cuenta en la entidad? “No todas están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice. Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar, con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortunas, ahora con el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se vienen llevando sus ganancias “en pala”.

Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. Dos millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. Tres millones cobran la mínima de $15.892, mientras la canasta de un jubilado está en 40.000 pesos. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes, culpa de los recortes de todos los gobiernos.

Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con la modificación a la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández el que recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin del año pasado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa. Y este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó u$s250 millones por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.

¡Basta de que sean víctimas nuestros jubilados! ¡Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas! ¡Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria! Exigimos aumento de emergencia sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un fondo de emergencia para combatir de verdad la crisis del coronavirus porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.