Escribe Mercedes Trimarchi

A partir del masivo #Pañuelazo frente al Congreso, que obligó a habilitar el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, esta modalidad de protesta se instaló como forma de visibilizar el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y fue tomada en los lugares de trabajo y estudio como una forma de manifestarse en cada sitio para expresar que las mujeres queremos el aborto legal ya.

El #Pañuelazo del 19F frente al Congreso abrió el camino. El 8M, en el marco del Segundo Paro Internacional de Mujeres, las trabajadoras del Indec y del Mecon abrieron sus pañuelos verdes para exigir que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Lo mismo hicieron las trabajadoras telefónicas. Las estudiantes de distintas facultades de la UBA desde Psicología hasta Ingeniería, montaron enormes pañuelos verdes para también manifestarse a favor.

Al mes del 19F, se organizó un enorme #Pañuelazo frente a la Quinta de Olivos para plantearle al gobierno que las mujeres le decimos basta al aborto clandestino. Lo mismo sucede en todas las universidades y plazas del país. Los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se transformaron en todo un símbolo de protesta y cada vez más se llevan atados en mochilas y bolsos.
Incluso fue noticia la respuesta que dieron los alumnos del Instituto Padre Márquez de Berazategui frente al pedido de las autoridades y directivos del colegio de sumarse a la campaña #TodaVidaVale que impulsa la Iglesia Católica. Los alumnos de cuarto año aparecieron al día siguiente con pañuelos, vinchas y pulseras de color verde para manifestarse en favor de la legalización del aborto.
Llevar el pañuelo verde de la campaña, lejos de ser una moda es un símbolo de protesta y una exigencia para que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó la campaña nacional se apruebe. A su vez, es una forma de dar a conocer la triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir

Escribe José Castillo

El gas aumentó 40%, acumulando 100% de incremento en los últimos seis meses. Pero también abril nos trae el tarifazo en el transporte: los boletos de trenes y colectivos pasan a pegar más aún en nuestro bolsillo. Todo sube menos el salario.

 A partir de ahora, un usuario de Metrogas que cuidaba obsesivamente su consumo y pagaba 500 pesos mensuales, pasará a abonar 670. De ahí para arriba. La factura de gas pesa cada día más, llevándose una auténtica tajada del salario de los trabajadores. Esta vez ni siquiera se disimula con la excusa de que “el que ahorra no tendrá tanto aumento”, ya que el incremento pega directamente sobre la tarifa básica. También aumentaron 16,7% las garrafas, lo que afectará a los sectores más pobres, que normalmente viven en zonas sin acceso a la red de gas. La garrafa de 10 kilos, que normalmente alcanza para medio mes, pasó de 185 pesos a 216. ¡Las familias que viven en viviendas y zonas precarias necesitarán 500 pesos mensuales para acceder a algo tan básico como la calefacción! Y se viene el invierno, por lo que las tarifas serán más altas aun, tal como sucede en verano con la electricidad.

Al mismo tiempo, también aumentó el boleto del colectivo en Capital y Gran Buenos Aires. Un viaje promedio (tres tramos) subió a 9,50 pesos, 11,7% más que los 8,50 pesos que se pagaba hasta marzo y casi 50% más que los 6,50 pesos que valía en enero. También aumentaron los pasajes de los trenes, en porcentajes similares. Como si esto fuera poco, también aumentarán otra vez los peajes de todas las vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Viajar con cualquier medio de transporte se convierte cada vez más en un lujo.

Los tarifazos no terminarán este mes. Para mayo está programado el aumento del servicio de aguas y cloacas, que subirá como mínimo 26%, con el agravante de que se quitará el subsidio a la tarifa social, por lo que para el 30% de los hogares el incremento será 68%. También habrá nuevos aumentos en el transporte. Y en los meses siguientes, los aumentos seguirán la suma del índice de inflación más la devaluación. Así está programado un nuevo incremento en el gas para el mes de octubre.

A todo esto tenemos que agregarle que, como los combustibles tienen “precio liberado” desde octubre pasado, seguramente tendremos en las próximas semanas un nuevo salto en el precio de la nafta. Y, por supuesto, todos estos aumentos serán utilizados por los empresarios para aducir que “les subieron los costos” y así encarecerán los otros bienes.

Como vemos, todo está indexado, todo tiene “cláusula gatillo”. Las empresas de servicios públicos privatizados, las petroleras, las gasíferas, los acreedores de la deuda, las grandes empresas de alimentos o de otros artículos de consumo y las cadenas de supermercados. Todos tienen vía libre para presentar su “nueva lista de precios”, con aumentos astronómicos. Lo único que tiene techo, en contraposición, es el salario. El gobierno, las patronales y las burocracias sindicales siguen firmando convenios con un máximo de 15% y en cómodas cuotas, cuando absolutamente nadie cree que esa será la inflación de este año. Hay que repudiar el tarifazo, exigiendo que se lo retrotraiga, a la vez que seguimos luchando por romper el techo salarial peleando por aumentos para que ningún trabajador gane menos del valor real de la canasta familiar, hoy calculada en 30.000 pesos.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Macri anunció esta semana una noticia cuanto menos sorprendente. La pobreza se habría reducido a fines de 2017 a 25,7% desde el 30,3% de igual período del año anterior. En números esto significaría que la Argentina pasó de 12.300.000 a 10.400.000 pobres. Así, 1,9 millones de personas dejaron de ser pobres y habría 600.000 indigentes menos.

La sorpresa y la indignación fueron generalizadas. ¿Cómo es posible que se sostengan esos valores cuando desde el comienzo del gobierno de Macri se incrementó la desocupación y que los diferentes ajustes pulverizaron salarios y jubilaciones?

Como siempre, con los números se puede demostrar casi cualquier cosa. Veamos: el cálculo de los niveles de pobreza se determina a partir de un valor mínimo de ingresos (17.000 pesos). Toda familia que supere ese valor deja automáticamente de ser considerada “pobre”. Pero cualquier suma mínima de lo que tiene que gastar una familia tipo (dos adultos y dos niños en edad escolar) supera largamente ese valor.

Eso no es lo peor. Desde fines de 2017 se produjo una nueva ola de aumentos (la inflación de los cuatro primeros meses del año orillará el 9%). Tanto los salarios como las jubilaciones perdieron claramente frente a los precios. Por lo que el simple ejercicio de actualizar esa canasta a hoy dejará nuevamente a muchísimas familias otra vez por debajo de esa supuesta línea de pobreza.

Por otra parte, para calcular realmente la pobreza no alcanza simplemente con fijar un nivel mínimo de ingresos. También hay que tener en cuenta el acceso de las familias a las necesidades básicas, como vivienda, salud y educación. ¿O acaso se puede decir que no es pobre una familia que vive en un barrio precario o en un asentamiento sólo por el hecho de que “sume” un poco más de 17.000 pesos de ingresos entre todos sus miembros? ¿Puede considerarse “por encima del nivel de pobreza” a los miles que hacen cola desde la madrugada en los hospitales públicos para conseguir un turno que con suerte es otorgado para seis meses más adelante?

El macrismo se aprovecha de los números truchos del Indec que venía elaborando el kirchnerismo (recordemos que Aníbal Fernández llegó a decir durante su mandato que “teníamos menos pobres que Alemania”, y el ministro Axel Kicillof que “no había que medir la pobreza para no estigmatizar”) para sostener falsamente que “hoy hay menos pobres que en 2003”. La realidad es que todos los informes alternativos, empezando por el del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sostienen que la pobreza en nuestro país sigue por arriba del 30%. Uno de cada tres argentinos es pobre. Peor aún: uno de cada dos niños argentinos es pobre. La pobreza fue una dura realidad durante el kirchnerismo y lo sigue siendo y se profundiza con el macrismo. Es vergonzoso que se trate de jugar electoralmente, al mejor estilo Durán Barba, con esta dolorosa situación. Para luchar verdaderamente contra la pobreza es necesario comenzar por dejar de pagar ya mismo la deuda externa, para volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, educación y salud.

Escribe Marcela Almeida

Han trascendido en estos días diversos “proyectos” del oficialismo para conformar un nuevo “instituto de estadísticas”. Más allá de las opciones que salieron a la luz y fueron publicadas por distintos medios, todas tienen algo en común: buscan hacer depender la planificación de las estadísticas, e incluso la metodología a utilizar, de un “consejo”, colocado por encima del propio instituto, con absoluta mayoría del poder político de turno.

A esto se le agrega que, con el pretexto de “profesionalizar” el futuro instituto de estadísticas, se amenaza con despedir a todos los trabajadores que no tengan título profesional, desconociendo la experiencia adquirida a lo largo de años de actividad.

Los trabajadores del Indec venimos de una larga y durísima lucha contra la intervención en los tiempos del kirchnerismo. Denunciamos y peleamos contra los índices truchos, soportamos las agresiones y aprietes de la patota de Guillermo Moreno, tuvimos compañeros despedidos y muchos fuimos desplazados de nuestras tareas.

No sólo resistimos todos estos años, sino que fuimos definiendo qué tipo de Indec necesitan los trabajadores. Un instituto que produzca estadísticas confiables y sustentables científicamente, con metodologías transparentes y un plan de trabajo que permita conocer todos los números de la realidad social de nuestro país. Con trabajadores que puedan realizar sus tareas libres de presiones políticas, e incorporados a la planta permanente. Y, por sobre todo, con una conducción autónoma del poder político de turno, integrada por los propios trabajadores de la institución, junto con las organizaciones de los trabajadores y de la comunidad científica involucrada.

No es la primera vez que el presidente Macri sale a defender que sus funcionarios tengan cuentas en el exterior, e incluso participen en operaciones de dudosa legalidad, como abrir cuentas offshore. Pero lo del ministro de Energía Juan José Aranguren bate todos los récords. Se justificó por dejar sus millones en el exterior con la excusa de que “no he recuperado todavía la confianza en el país”. El ex CEO de Shell, que desde que asumió le viene garantizando superganancias a las petroleras y gasíferas amigas, se comporta como un auténtico “virrey”, que sus decisiones políticas afecten a la población no le preocupa en lo más mínimo, total su dinero siempre estará a buen recaudo a miles de kilómetros.

Pero lo peor son los dichos de Macri, que justificó y hasta elogió a Aranguren por haber “dejado la actividad privada para ayudar a arreglar el despelote”. La realidad es que el ministro es un hombre de las petroleras, allí hizo su fortuna y ahora les está brindando un buen servicio. Seguramente, cuando deje el cargo de ministro, volverá a alguna de ellas, que le retribuirá los “servicios prestados”. Una auténtica vergüenza a la que cabe una sola respuesta: exigimos la renuncia inmediata de Aranguren.