Escribe Pablo Almeida, delegado general ministerio de Economía

El gobierno de Javier Milei viene haciendo del maltrato a las y los trabajadores en general y del Estado en particular una de sus principales banderas. Desde el 10 de diciembre a esta parte ha realizado cerca de veinte mil despidos en distintas dependencias del Estado. Las extendidas modalidades de contratación precarias que dejaron los anteriores gobiernos son el terreno fértil para la discrecionalidad del accionar de la motosierra.

La otra característica del ajuste de puestos de trabajo ejercido por el gobierno ultraderechista de Milei es la tremenda crueldad y el intento permanente de infundir incertidumbre y temor entre las y los trabajadores. Por eso el vocero presidencial Manuel Adorni ha festejado los despidos como si fueran enormes logros y se ha establecido que todos los contratos se renueven trimestralmente cuando la modalidad existente hace décadas daba cuenta de renovaciones anuales.

En este marco, el pasado lunes 1° de julio se vivió otro capítulo del brutal ajuste sobre nuestros puestos de trabajo con más de 2.500 despidos en diversas áreas del Estado nacional. Esta nueva oleada de despidos se sintió con mucha fuerza en el INTI donde hubo una fuerte represión en dos oportunidades, en el prestigioso Hospital Posadas, en el ex ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y en la Subsecretaría de Derechos Humanos.  

Milei y su gabinete ultra derechista lejos de hacer más “eficiente” al Estado como pregonan, llevan adelante un plan  que busca quitar la presencia del Estado en áreas tan importantes como la verificación técnica y los controles que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realiza sobre distintos elementos que utilizamos a diario (balanzas, surtidores de combustibles, juguetes, pinturas y un larguísimo etcétera). Quita el acceso a la salud de importantísimos sectores de la población quitando la capacidad operativa de áreas enteras en un Hospital de excelencia como el Posadas. También intenta eliminar el acceso a derechos básicos (que ya era absolutamente insuficiente) de mujeres y disidencias desmantelando el ex ministerio de Mujeres. Busca asimismo borrar el derecho de las nuevas generaciones de tener acceso a los sitios de la memoria para  que ningún joven sepa qué  fue y qué representó el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar en nuestro país.

En este marco de ataque, con un presidente ultraderechista que dice que ama ser “el topo que va a destruir al Estado desde adentro”, necesitamos en forma urgente un plan de lucha unificado de todas y todos los estatales del país para comenzar a revertir los despidos.  Desde Estatales en Marcha e Izquierda Socialista volvemos a reclamar los espacios democráticos en nuestra ATE como  plenarios de delegados y delegadas con mandatos de base que puedan discutir los pasos a seguir hasta derrotar este brutal ajuste y conseguir la reincorporación de todas y todos los despedidos.

Escribe Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital,  dirigenta de Docentes en Marcha

La docencia neuquina se vuelve a poner en pie de lucha. El gobierno de Rolando Figueroa (Partido Comunidad), con el MPN, radicalismo, PRO, la Libertad Avanza y un sector del kirchnerismo, impuso una nueva versión del presentismo contra el docente que falte más de tres días por trimestre. Un ataque frontal al derecho de huelga, que llega a castigar a la docente que cubre una suplencia y quede embarazada. Hay escuelas sin clases por falta de mantenimiento. Y ataques a las condiciones laborales, con la reforma educativa avalada por la burocracia. Además, Milei retoma el impuesto al salario con la nefasta Ley Bases.

Ya repudiamos estos ataques con un paro de 48 horas y un acto el jueves 27. Allí, con Sonia Alesso (titular de Ctera) presente, le exigimos un plan de lucha nacional contra el ajuste, por salarios, defensa de la escuela pública contra la Ley de educación como “servicio esencial” que ataca el derecho de huelga y el derecho a la educación.

En la asamblea de ATEN Capital, con el secretario general de ATEN Provincial, Marcelo Guagliardo, 2.000 docentes por unanimidad rechazaron el presentismo, al impuesto al salario, exigiendo la renuncia de la ministra de educación (¡que es parte de la misma corriente política de Guagliardo!). Le dimos una paliza política a Guagliardo porque, contra su política y la de ATEN Provincial, se votó continuar la lucha con 48 horas de paro el 22 y 23 de julio, el No Inicio al terminar el receso invernal. Fueron 1.789 votos contra 180 de la burocracia.

Seccionales del interior coincidieron con nuestra propuesta, incluso en seccionales oficialistas como Junín de los Andes, donde los autoconvocados ganaron 86 votos a 3.

Así luchamos contra el gobernador fiel socio de Milei, que coincide con la entrega de los recursos de Vaca Muerta y votó la Ley Bases. Y nos preparamos para enfrentar el proyecto de transformar al sistema educativo en “servicio esencial”. Desde ATEN Capital, además, mostramos cuál debe ser el modelo sindical para luchar y ganar: la asamblea general democrática, donde la docencia debate y decide todo.

La patronal de FATE pidió al ministerio de Trabajo un Preventivo de Crisis (PPC), para justificar 280 despidos nuevos (además de los 97 en curso), quitar los premios por producción y derechos laborales, cambiando el sistema de producción, atacando el Convenio Colectivo, casi implantando un sistema dictatorial dentro de la fábrica. Madanes, el dueño de FATE es del grupo Aluar que ganó miles de millones de dólares en los últimos años. Ahora, con la recesión y caída de ventas, más apertura de importaciones, va a ganar menos, pero quiere que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Por eso no hay que minimizar el acuerdo político de Madanes y Milei, que ya están despidiendo y ajustando. Ni tener expectativas en que Kicillof y su gobierno se pondrán del lado de los trabajadores. El Sutna ya lanzó paros y movilizaciones y llamó a una asamblea general de FATE para enfrentar el ajuste. Como nos dicen los compañeros de la Agrupación Independiente del Neumático, hay que prepararse para una dura pelea contra FATE, seguir la lucha por los 97 despedidos y, si el gobierno avala el PPC, estar listos y organizados para el paro con permanencia y la más amplia solidaridad en puerta de fábrica.

Corresponsal 

Las y los trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial) venimos resistiendo desde hace años los planes de ajuste y despidos en el estado de los distintos gobiernos, como en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner o en 2018 bajo Macri. Destacamos al conjunto de trabajadores del INTI que están dispuestos a luchar contra el plan motosierra, de saqueo y represión del gobierno ultraderechista de Milei, Villarruel y Bullrich.

Esta lucha comienza con la no renovación de 282 trabajadores que figuran como monotributistas, una situación extremadamente precaria mantenida por el estado nacional, con sueldos que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica de pobreza, ya que actualmente cobraban 270.000 pesos. ¡Una miseria y encima los despiden!

Mientras tanto, en el Congreso Nacional se aprueban excenciones impositivas para las grandes fortunas.
La aprobación del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases atenta contra el desarrollo industrial regional, ya que promueve la primarización de la economía en sectores como la minería y la agricultura, desalentando el desarrollo industrial nacional. Esto lleva al cierre de unidades de extensión del INTI en todo el territorio nacional, afectando directamente la generación de riqueza de Argentina al impedir agregar valor a la producción primaria.
La falta de financiamiento y el consecuente vaciamiento institucional del INTI impactan negativamente en el aporte al tejido económico de varias maneras:

La no renovación de contratos y el cierre de unidades de extensión resultan en la pérdida de empleo, no solo para las y los trabajadores del INTI sino también para aquellas industrias que dependen de su soporte técnico. Una clara reducción de competitividad, una desigualdad regional y estancamiento tecnológico, perdiendo la chance de aportar a la cadena de valor de los productos industriales.
Es crucial resaltar cómo estas medidas no solo afectan a las y los trabajadores del INTI, sino que también debilitan el tejido económico de todo el país. Este plan económico de Milei esta hecho a medida del FMI y los Estados Unidos.

Es de destacar que este proceso de organización y medidas de acción directa de las y los trabajadores del INTI se vienen desarrollando desde hace un mes cuando las autoridades del Instituto convocaban a las organizaciones gremiales para informar su política de reducción de un 30% del personal del INTI. En aquella ocasión ante la masividad de la convocatoria de trabajadores, unos 1.200 movilizados, llevo a qué los funcionarios se fueran del Instituto ante la exigencia de explicaciones de semejante vaciamiento institucional. En este contexto la crisis institucional siguió avanzando y llevo a qué el vicepresidente Gustavo Luis Rodríguez, ex funcionario de la gestión del PRO en el municipio de Tres de Febrero, presentará la renuncia que se hará efectiva desde el 1ro de Julio. Asimismo, el gerente de recursos humanos Christian Rasmussen también habría presentado la renuncia pero no se la aceptaron. A esto se suma qué el presidente del Instituto Daniel Afione, desplace a un trabajador del Instituto en una presentación ante organismos en Japón, con el objeto de realizar él, el viaje. Todas estas son las señales que desde el poder ejecutivo y su máximo responsable han venido a destruir el estado en sus funciones más esenciales de garantizar no solo el desarrollo productivo e industrial,  generador de trabajo de calidad, sino también descuidando la Salud, la Educación y la tercera edad. Este viernes 28 de Junio realizamos un paro con una nueva movilización al interior del INTI con 500 trabajadores y cuando cortamos la colectora de la General Paz fuimos desalojados por la represión policial. Este lunes 1 de Julio convocamos a la solidaridad nacional de todas las organizaciones sindicales, populares y políticas para realizar un nuevo paro y movilización que ha convocado nuestro gremio ATE y continuar con un plan de lucha resuelto en asamblea para derrotar los despidos y el nuevo intento de vaciamiento del INTI.

Corresponsal

En el marco de la jornada de “72 hs de visibilización" que votó la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) participamos desde los gremios de APUBA (trabajadores no-docentes) y AGD-UBA (docentes) de la Universidad de Buenos Aires.

Darío Leguiza, Comisión Interna de APUBA-Sociales, y Nicolás Núñez, Lista Fucsia de docentes universitarixs en AGD-UBA, de Izquierda Socialista/FIT-Unidad participaron en el acto realizado frente al Ministerio de Educación en reclamo por deudas y aumento de salario. Lo que se logró arrancar al gobierno con la enorme marcha universitaria del 23 de abril no cubre los salarios de no-docentes y docentes.

En los seis meses del gobierno de Milei los docentes y no-docentes perdieron un 50% del poder adquisitivo, que ya vienen siendo ajustados por los gobiernos anteriores, dejando a una gran parte de los trabajadores de esos sectores bajo la línea de pobreza y, en el caso de lxs contratadxs, están en la indigencia. La universidad no puede funcionar con estos salarios de hambre.

Denunciamos que la ministra Pettovello y el ministro Caputo siguen sin dar una respuesta a los reclamos presentados en las reuniones durante todo este cuatrimestre. Por eso es necesario profundizar el plan de lucha de cara al inicio del segundo cuatrimestre y volver a construir la unidad del 23 de abril. También hay que seguir enfrentando a todo el Plan Motosierra, de saqueo y represión de Milei con un nuevo paro de la CGT y las CTAs, de 36hs con movilización, como reclamamos desde el sindicalismo combativo y la coordinadora de sectores en lucha.