Escribe Alfredo Leytes, concejal electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Después de sus grandes movilizaciones contra el ajuste del intendente Llaryora y el gobernador Schiaretti al comenzar la cuarentena, los municipales de la capital han vuelto a las calles. El reclamo por el que marcharon alrededor de tres mil trabajadores el lunes pasado fue por la libertad de sus detenidos, el salario, congelado durante 2020, y el rechazo al ridículo 20% en cuotas que se completaría en marzo de 2021, cargado de sumas no remunerativas. En un país y una provincia donde la inflación crece y se devalúa la moneda esto significa continuar la rebaja salarial que Llaryora aplica desde que asumió, disminuyendo una hora la jornada laboral y el correspondiente salario, además de quitar horas extras, entre otras medidas de ajuste. Esto le permite ahorrar 350 millones de pesos mensuales.

Pero no es solo ajuste salarial. También pretende reformar el estatuto municipal endureciendo las sanciones, limitando el derecho a la protesta y desarrollando una municipalidad paralela mediante los “servidores urbanos” que hacen el trabajo de los municipales a cambio de un plan social. Por eso avanza con sumarios y pedidos de cesantía. Para este ataque cuenta con el apoyo de Schiaretti, que en la marcha anterior mandó a la policía a reprimir salvajemente, dejando el saldo de ocho detenidos (dos siguen presos) y varios heridos, como la compañera Erika, baleada en un ojo.

La razón de este ataque al bolsillo y a las condiciones de trabajo es el pago de la deuda externa municipal, calculada en 150 millones de dólares. El peronismo cordobés prioriza el pago a los usureros a costa de los trabajadores y de los vecinos. Ataca al único sector que aún conserva salarios dignos, como ya lo hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza y los de UTA.

Pero el gobierno no la tiene fácil. Las movilizaciones multitudinarias de los municipales muestran su predisposición para luchar. Sin embargo, para derrotar este ataque muchos compañeros reclaman pelear todos juntos, ya que salir separados por reparticiones resta contundencia a las medidas. También se acentúa el reclamo de que se consulte a la base para que sea ella quien resuelva cómo continúa el plan de lucha, terminando con las medidas convocadas a última hora con el argumento de que el gobierno no se entere.

Lo que es una verdadera traición es la actitud de las dos CTA y las dos CGT (sobre todo de la Rodríguez Peña, de la que forman parte) que dejan pasar el ajuste de  Llaryora y  Schiaretti. Los municipales en las calles se han ganado el derecho de exigirles que convoquen a medidas de solidaridad con su lucha. Si ganan los municipales ganamos todos.

Tras dieciocho meses sin aumento salarial, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (Stmlm) cerró un acuerdo con el municipio desoyendo el mandato expresado por las bases en distintas asambleas. Reclamábamos un aumento que nos permita alcanzar la canasta básica, pero el sindicato cerró un acuerdo muy por debajo. El sueldo básico de la categoría más baja pasó de 10.000 a 12.500 pesos aproximadamente. Para “votarlo” llamaron a una discusión express, se dio una hora de reloj para que se contemple la propuesta, y  firmaron el acuerdo sin que la mayoría pudiera debatir. La propuesta aceptada incluye un ítem de “ayuda alimentaria extraordinaria”, lo cual da cuenta de que el municipio paga salarios de hambre. Este ítem ni siquiera es remunerativo, por lo cual no lo cobran los compañeros y compañeras de planta transitoria ni los jubilados, que son los que en peor situación se encuentran. Frente a este acuerdo vergonzoso que firmó la conducción gremial, un grupo de delegados, junto con varios trabajadores, se dirigió al sindicato a pedirle explicaciones al secretario general, Daniel Troncoso, quien no solo no dio la cara sino que mandó a reprimir con patotas armadas con palos y cadenas a los trabajadores que se manifestaron, entre los que había varios jubilados. Repudiamos la represión de parte de la conducción del sindicato y le reclamamos a Espinoza el pase a  planta permanente del personal contratado, salarios que alcancen la canasta familiar, condiciones dignas y elementos de trabajo.

El gobierno cerró con los gremios ferroviarios una paritaria de 7% sin retroactivos, logrando de esta forma la rebaja salarial impuesta a todos los trabajadores dependientes del Estado nacional.

Lo firmado, sin hacer ningún tipo de consulta a las bases, por las conducciones de los cuatro gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y Apdfa) es una entrega desvergonzada que nos roba, por un lado, la actualización pendiente del último trimestre de la paritaria 2019-2020, dejándonos 20% por debajo de la inflación del año pasado. Por otro lado, roba la recomposición salarial de marzo a esta parte (período en el que se calcula en un 40% la pérdida del poder adquisitivo, según el Indec), otorgando a partir de octubre 7 por ciento. De bolsillo son 4.900 pesos para la categoría más baja, que es lo que venía pagando el gobierno por ser personal esencial. Además, cambiaron el retroactivo por una suma fija de 10.000 pesos más 4.000 a cuenta de futuros aumentos. Así acumulamos más de 50% de pérdida salarial entre el año pasado y lo que va de este.

Esta rebaja está en sintonía con la reducción del déficit fiscal, de 4,5 %, en el presupuesto 2021, hecho a la medida de las exigencias del FMI, que ya tiene media sanción en el Congreso. Con esto queda demostrado que la fuga de capitales del macrismo la pagará Alberto Fernández a costa de los bolsillos del pueblo trabajador. No le alcanza al gobierno con declararlos esenciales y pedir que le pongan el lomo durante todo este tiempo que lleva el aislamiento social por la pandemia. Ahora pide que comprensión de la difícil situación económica siendo las familias trabajadoras las que más padecemos esta crisis.

Todo este saqueo salarial cuenta con la complicidad de la traidora dirigencia sindical que cierra filas para que pase el ajuste mientras evitan, desvían y revientan cualquier intento de lucha y resistencia a estos planes. 

Como muestra de repudio a esta entrega salarial, desde el cuerpo de delegados de la línea Sarmiento y la Bordó Nacional, convocaron a una concentración en repudio en la base Castelar sin distinción de colores gremiales. Y, además, para coordinar la exigencia de un aumento de salarios de 40%, del pago de los retroactivos adeudados, de paritarios votados por la base y de un plan de lucha de todas las líneas, para diciembre, donde se vuelve a reunir la mesa de negociación paritaria.

Escribe Pablo Montenegro, cuerpo de delegados ferroviarios del Sarmiento

El gobierno cerró con los gremios ferroviarios una paritaria de 7% sin retroactivos, logrando de esta forma la rebaja salarial impuesta a todos los trabajadores dependientes del Estado nacional.

Lo firmado, sin hacer ningún tipo de consulta a las bases, por las conducciones de los cuatro gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y Apdfa) es una entrega desvergonzada que nos roba, por un lado, la actualización pendiente del último trimestre de la paritaria 2019-2020, dejándonos 20% por debajo de la inflación del año pasado. Por otro lado, roba la recomposición salarial de marzo a esta parte (período en el que se calcula en un 40% la pérdida del poder adquisitivo, según el Indec), otorgando a partir de octubre 7 por ciento. De bolsillo son 4.900 pesos para la categoría más baja, que es lo que venía pagando el gobierno por ser personal esencial. Además, cambiaron el retroactivo por una suma fija de 10.000 pesos más 4.000 a cuenta de futuros aumentos. Así acumulamos más de 50% de pérdida salarial entre el año pasado y lo que va de este.

Esta rebaja está en sintonía con la reducción del déficit fiscal, de 4,5 %, en el presupuesto 2021, hecho a la medida de las exigencias del FMI, que ya tiene media sanción en el Congreso. Con esto queda demostrado que la fuga de capitales del macrismo la pagará Alberto Fernández a costa de los bolsillos del pueblo trabajador. No le alcanza al gobierno con declararnos esenciales y pedirnos que le pongamos el lomo durante todo este tiempo que lleva el aislamiento social por la pandemia. Ahora nos pide que seamos comprensivos de la difícil situación económica siendo las familias trabajadoras las que más padecemos esta crisis.

Todo este saqueo salarial cuenta con la complicidad de la traidora dirigencia sindical que cierra filas para que pase el ajuste mientras evitan, desvían y revientan cualquier intento de lucha y resistencia a estos planes. 

Como muestra de repudio a esta entrega salarial, desde el cuerpo de delegados de la línea Sarmiento y la Bordó Nacional, convocamos para el próximo jueves 5 a las 14 a una concentración en repudio en la base Castelar a todos los ferroviarios de las distintas líneas, sin distinción de colores gremiales. Y, además, para coordinar entre todos la exigencia de un aumento de salarios de 40%, el pago de los retroactivos que nos están robando, elección de paritarios votados por la base y un plan de lucha de todas las líneas, de cara a diciembre, donde se vuelve a reunir la mesa de negociación paritaria.

Escribe Marcela Martin

Con 87.000 contagiados y 1.360 muertos en toda la provincia, de los cuales 19 pertenecen al equipo de salud, es lógico que este sector refleje en sus caras y en su ánimo, signos inconfundibles de agotamiento. Sin embargo y a pesar de todo, no abandonan la primera línea. 

El sindicato de empleados públicos de la provincia (SEP), dirigido por el peronista José Pihen, que a su vez es secretario general de la más grande de las dos CGT que existen en la provincia, en un comunicado de mediados de Octubre reconocía que el gobierno peronista de Schiaretti no cubría los planteles de los hospitales y cuando incorporaba algún personal, era en forma precaria. Y que la falta de respeto y el maltrato es moneda corriente por parte de los directivos, y además los elementos de protección son insuficientes, por eso se producían numerosas muertes y contagios entre las filas de este personal que -denunciaba- ganaba muy poco. Todo absolutamente cierto. Tan cierto como que el SEP que él dirige es, junto con el gobierno, responsable de que todo esto suceda, y no solo nunca llamaron a enfrentarlo, sino que acaba de aceptar un aumento paritario hasta enero, del 9% . Esto en realidad es una rebaja salarial, porque en lo que va del año la inflación acumula un 42% y el aumento del salario, para el mismo periodo, ha sido del 32% y de un sueldo que viene perdiendo frente a la inflación desde hace varias paritarias atrás. Por eso los estatales cordobeses tienen un salario promedio por debajo de la línea de pobreza. 

Es por esta razón que el 10 de noviembre los distintos gremios y agrupaciones que representan al sector salud, reunidos en una suerte de multisectorial, convocaron al paro con asistencia a los lugares de trabajo y posterior caravana para recorrer el centro de la ciudad y terminar en un acto frente a la casa de gobierno. El único que no adhiere es el SEP, aunque nuestra Agrupación 15 de Marzo, única oposición a Pihen llama a parar y le exige al SEP sumarse a esta lucha.

Desde nuestra agrupación Salud en Marcha, habíamos propuesto esta medida antes de que se cerrara la paritaria, no fue aceptada por el Concejo Médico y gremios como ATE y UTS, y por eso equivocadamente, se prolongó hasta el 10 de este mes. Aun así es una medida que, no solo llamamos a cumplir con toda contundencia, sino que también es necesario que sea el comienzo de un plan de lucha a resolver democráticamente en la asamblea con las organizaciones convocantes al terminar la caravana. Una  acción aislada no va a doblegar a este gobierno. Será necesaria toda la contundencia de los trabajadores de la salud en la calle y el apoyo de la población.