Por Miguel Angel Hernández (dirigente de la UIT-CI)

En la reunión del consejo general de la Organización Mundial de Comercio, celebrada entre el 5 y el 6 de mayo, Estados Unidos anunció su decisión de apoyar la renuncia a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la Covid-19. En concreto, la administración de Biden se sumaría a los países que han planteado la suspensión temporal de las patentes de dichas vacunas, que hoy están en manos de las grandes transnacionales farmacéuticas.

Estados Unidos junto a la Unión Europea, Inglaterra, Noruega, Suiza, Canadá, Australia, Japón, Chile, Colombia y Brasil, en su mayoría productores de la vacuna, se habían negado insistentemente a liberar o suspender las patentes. Fueron los principales defensores de los intereses de las transnacionales farmacéuticas en el seno de la OMC.

¿Por qué EE.UU. cambió de posición?

Sin lugar a dudas, este cambio se debe a la creciente presión internacional por la debacle social que significa la pandemia. Esa presión se ha venido generando desde el mes de octubre del año pasado cuando India y Sudáfrica liderizaron una iniciativa que agrupaba a unos 99 países que solicitaron ante la OMC que se liberaran temporalmente las patentes de las vacunas.

Desde entonces el clamor mundial en ese sentido ha crecido. Hoy más de 100 países acompañan a India y Suráfrica. A este movimiento mundial creciente se unen unas 170 personalidades mundiales como los expresidentes del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, y reconocidas organizaciones internacionales como Médicos sin Fronteras, Oxfam, Amnesty International, Frontline Aids y Global Justice Now. Recientemente se hizo pública una iniciativa por una “Vacuna del Pueblo” encabezada por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, secundada por otros premios Nobel, a la que se han sumado más de 2 millones de firmas, entre las que destacan los actores George Clooney y Forest Whitaker, y la actriz Sharon Stone. Desde la UIT-CI hemos venido impulsando desde hace meses una campaña que se suma a la presión mundial por la eliminación de las patentes de las vacunas del Covid-19.

La nueva posición adoptada por Biden está determinada también por la situación social en los propios Estados Unidos. Donde todavía hay unos 10 millones de desempleados y con una economía que tuvo una contracción de 3,5% del PBI en el 2020, la peor desde la segunda postguerra.

El descontento social se ha expresado en las huelgas de los maestros en Oklahoma, Kentucky, Virginia Occidental, Los Angeles y Chicago; las protestas de enfermeras y médicos en el marco de la pandemia en distintas ciudades; la huelga de General Motors, así como el poderoso levantamiento popular antiracista en el 2020 por el asesinato de George Floyd, son las razones internas que explican este cambio en la posición del gobierno yanki respecto a las vacunas y las patentes.

Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos después de la derrota del gobierno ultraderechista y reaccionario de Trump, precisamente como consecuencia de este levantamiento. La administración demócrata sabe que está montada en un polvorín, en un país donde el descontento social se ha venido incrementando en los últimos años.

No todo lo que brilla es oro

La representante comercial de Estados Unidos se apresuró a decir que el gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual. Que no quede lugar a dudas que el gobierno norteamericano defiende los intereses de las farmacéuticas. Y agregó que “el proceso será lento”, que las negociaciones en la OMC llevarán tiempo. Es decir, que no hay que hacerse muchas ilusiones con una liberación rápida de las patentes que hoy siguen controlando las grandes transnacionales farmacéuticas.

Ya la multinacional Pfizer salió a oponerse al anuncio de Biden. Lo mismo hizo Angela Merkel, premier de Alemania, defendiendo los intereses del laboratorio alemán BioNTech, socio de Pfizer.

El gobierno de Biden dice estar de acuerdo con suspender las patentes. Si fuera consecuente con esto podría liberar las patentes en su propio país, específicamente con las vacunas de Pfizer y Moderna, laboratorios con sede en ese país.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 87% de las dosis de vacunas administradas globalmente, hasta principios de abril, se inyectaron en los países más ricos, mientras que los países de ingresos bajos sólo recibieron un 0,2% de las vacunas producidas hasta ahora contra el coronavirus. La Universidad de Duke, calcula que en Estados Unidos hay 300 millones de dosis de vacunas sobrantes, sin embargo, el gobierno de Biden no dona a los países más pobres los millones de vacunas que adquirieron y ahora les sobran.

Por otra parte, el cambio de posición de Estados Unidos en momentos que hay un nuevo rebrote de la pandemia a escala mundial, es un reconocimiento tácito al hecho de que las patentes son un obstáculo para el acceso a las vacunas, y una camisa de fuerza a la producción mundial de las mismas. Lo que impide una distribución más equitativa de las vacunas entre todos los países.

El otro elemento es que Estados Unidos necesita que su economía se recupere a los niveles previos a la pandemia, así como en general, requiere que la economía capitalista mundial salga de la crisis económica más profunda experimentada desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional decimos que el anuncio del gobierno de Biden sobre las patentes no es ninguna garantía de que estas efectivamente sean liberadas. Hoy más que nunca hay que arreciar la campaña mundial que desarrollan distintas organizaciones exigiendo que se eliminen o suspendan las patentes para procurar en el marco de la emergencia, que todos los laboratorios del mundo estatales y privados produzcan a máxima capacidad, única forma de lograr una vacunación masiva en todo el mundo.

Por nuestra parte seguiremos impulsando la campaña que desarrollamos desde hace ya varios meses, haciendo unidad de acción con otras organizaciones, sumando médicos, especialistas, enfermeras y trabajadores de la salud en todos los países donde tenemos presencia. Sólo con la movilización mundial de las trabajadoras y trabajadores, y los pueblos, lograremos eliminar o suspender las patentes de las vacunas del Covid-19.

7/5/2021

✊Con @miguelsorans dirigente de la UIT @uit_ci (Unidad Internacional de las trabajadoras y trabajadores- Cuarta Internacional) e @izqsocialista sección argentina de la UIT-CI

?HOY viernes 7/5 - 20hs
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?FUERA DUQUE
?BASTA DE REPRESIÓN

#colombia #fueraduque #bastaderepresion

Desde el 28 de abril Colombia está viviendo intensas jornadas de lucha contra el gobierno del derechista Iván Duque con paros nacionales y movilizaciones masivas. Decenas de miles han copado las calles de Bogotá, Cali, Medellín y cada rincón del país. Jóvenes, trabajadores, pueblos originarios, campesinos se enfrentan a la brutal represión militarizada del gobierno de Duque. Las bandas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asesinan, golpean y abusan con total impunidad. Detrás de este accionar brutal de las fuerzas de seguridad está el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Duque, representante de la narcopolítica y el terrorismo estatal y paraestatal.

Ese miércoles 28 el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes), convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.

Pero tal era la bronca que el paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. Un verdadero levantamiento popular en todo Colombia.

La reacción de las clases dominantes y su Estado no se hizo esperar. Al menos 30 manifestantes fueron asesinados por la policía, hay centenares de heridos y detenidos, decenas de desaparecidos y diversos organismos de derechos humanos denuncian distintos tipos de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas represivas.

De manera demagógica, hasta el gobierno de Joe Biden ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos. Hipocresía total por parte del mismo imperialismo norteamericano que ha financiado la guerra sucia contra las FARC con el “plan Colombia”, permitido la masacre sistemática de dirigentes sindicales y sociales (solo en el 2020 se acusa de 320 asesinatos por fuerzas paramilitares) y que hoy ve peligrar a uno de sus principales aliados en su patio trasero. Lo mismo vale para los gobiernos derechistas de America Latina  nucleadas en el bloque de  Lima. Denunciamos, asimismo   el silencio cómplice del gobierno argentino de Alberto Fernández  y  mexicano  de López Obrador enrolados en el grupo Puebla  frente a  esta masacre.

Colombia viene atravesando una profunda crisis sanitaria, económica y social, profundizada por la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos y se cobra la vida de unos 500 colombianos por día.

La situación es catastrófica para el pueblo trabajador. El desempleo se ubica en el 17%, crece la precarización y el trabajo informal y el acceso a la salud es un privilegio para unos pocos. En el segundo año de la pandemia, la pobreza ya alcanza el 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos/as no pueden cubrir sus necesidades básicas.

A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales.

La gota que colmó el vaso e hizo estallar la bronca y el descontento que se venían acumulando fue la reforma impositiva que intentó imponer Duque para hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen los costos de la crisis y preservar las ganancias de los grandes empresarios. Con esta reforma tributaria, conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, el gobierno neoliberal de Duque pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado y mantener la calificación crediticia de las agencias de calificación de riesgo internacional. El 73% de ese dinero iba a salir de un impuesto a la renta de las personas que ganen 633 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, y de un  aumento del IVA. Un ataque en regla contra los y las trabajadores, sectores populares y las clases medias empobrecidas.

Las multitudinarias movilizaciones que pusieron al gobierno contra las cuerdas, obligaron a Duque a retroceder. El 2 de mayo, anunció el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para descomprimir. Esa primera victoria de la rebelión popular ha tonificado la lucha que no se ha detenido, pese a brutal represión.

El Comité Nacional del Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) y la Fecode (federación de educadores) mantuvo el llamado al paro nacional del 5 de mayo y otras acciones presionados por la enorme disposición a la lucha de sus bases. Sin embargo, hasta ahora su política es convocar a acciones de un día y no preparar y organizar una verdadera huelga general que tire al gobierno de Duque. Pero la realidad es que desde el 28 de abril hay una huelga de hecho, con millones en las calles, con cientos de bloqueos de rutas y calles y marchas masivas en todo el país.

Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo procesos de “dialogo” con el Gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención.

Ante la agudización de la situación, el gobierno lanzó la propuesta de un “diálogo social y político”, una trampa para dividir a las masas en lucha, salvar al gobierno y al régimen que la oposición de centro izquierda nucleada en la Coalición Esperanza y el “Pacto Histórico” de Gustavo Petro ven con simpatía. Solo están esperando el momento oportuno para entregar la movilización.

La política del régimen es doble: la trampa del diálogo y la represión contra los sectores de vanguardia, a los que Uribe acusa de “saqueadores”, “vándalos” y “narcos”. De esta manera buscan aislar a los sectores más combativos con la campaña en contra de la “violencia” poniendo un signo igual entre la represión de la policía y la justa resistencia obrera y popular.

La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que alentaría las luchas obreras y populares contra los planes fondomonetaristas y de “ajuste” en toda Latinoamérica y modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Es necesario desarrollar las asambleas de trabajadores y sectores populares y otras instancias de organización democrática que están surgiendo al calor del proceso  e impulsar la  convocatoria  a un Congreso o Encuentro Nacional de trabajadores  para llevar la rebelión en curso  a la  victoria y discutir una salida de la clase obrera frente a la crisis nacional.

Defendemos el justo derecho de los trabajadores y sectores populares a organizar su autodefensa para enfrentar la brutal represión de los escuadrones de la muerte de la policía militarizada.

Es necesario con la fuerza de la movilización poner en pie Comités de huelga en cada fábrica, colegio, localidad para extender la huelga general hasta que caiga el gobierno de Duque.. Contra las trampas del régimen ya sea de la extrema derecha uribista o de la centroizquierda, que intenta contener y desviar el proceso con las elecciones del año próximo para salvar al conjunto del régimen y estado burgués, luchamos por el desarrollo de la huelga general para sacar a Duque e imponer un gobierno de la clase trabajadora. Que reorganizase el país sin paquetazos de ajuste, sin represión heredada del Plan Colombia y con una economía obrera y popular que rompa la subordinación del país al imperialismo y a las multinacionales, comenzando por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda y la implementación de un fuerte impuesto a todas las grandes fortunas, para atender las demandas sociales.

Quienes integramos el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con el levantamiento del pueblo colombiano contra sus explotadores y opresores. Y llamamos a la más amplia movilización latinoamericana e internacional contra la brutal represión del gobierno de Duque.

EL triunfo de los/as trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los pueblos originarios de Colombia será un triunfo para todos los explotados de América Latina.

Viva el levantamiento del pueblo de Colombia

Abajo el paquetazo contra el pueblo

Abajo el gobierno de Duque

Basta de represión. Castigo a los responsables de los asesinatos de manifestantes

Abajo el “plan Colombia”. Fuera el imperialismo de Colombia y América Latina. Por la Unidad Socialista de Latinoamérica.

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U)
5/5/21

Declaración de la UIT-CI. 4/5/2021

Desde el pasado 28 de abril se ha iniciado una rebelión popular, de centenares de miles de la clase trabajadora, indígenas, campesinos, afros, jóvenes y mujeres, contra una reforma tributaria y paquetazo económico antipopular. El gobierno de Duque se vió obligado a “retirar” la anunciada reforma. Después de ese primer triunfo, organizaciones convocantes anunciaron que el paro continúa por el retiro de todo el paquetazo, contra la represión y por fuera Duque.

El 28 de abril el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes), convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.

El paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. El martes 4 continuaban las movilizaciones, paros y bloqueos de calles y rutas en Cali, Bogotá y en las principales ciudades.

Ante la gigantesca movilización el gobierno derechista de Iván Duque intentó primero aplastarla con una violenta intervención militar, en especial en la ciudad de Cali, en donde organizaciones denunciaron el asesinato de 30 manifestantes, y hay centenares de heridos y presos. Sin embargo, no pudo sacar a los manifestantes de las calles ni en Cali ni en otras ciudades.
Y después de 4 días de protesta masiva, el gobierno tuvo que retroceder y solicitó al Parlamento no votar por el proyecto de ley de reforma tributaria que presentó hace pocos días atrás.

Paquetazo hambreador

El paquetazo económico hambreador, para hacer pagar al pueblo la crisis económica y la deuda externa, incluía una reforma tributaria o fiscal con aumento de impuestos al pequeño comercio y campesinos, impuestos al servicio de agua, electricidad y hasta funerarios de un 19%, impuesto (IVA) a productos de la canasta familiar, también una reforma laboral facilitando la tercerización y precarización laboral, una reforma de salud con más privatización de la salud y una reforma jubilatoria. El mismo gobierno de Duque hizo público que el 73% de las recaudaciones vendrían de las personas naturales y sólo el 27% de las empresas, en un país donde el sector financiero en el año 2020 sólo pagó por impuestos el 1,9% de sus millonarias utilidades.

Ahora el gobierno, afirma que se retira la reforma tributaria, que era la principal demanda, aunque no la única, del paro. Luego renunció su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Todo esto es un triunfo directo de la inmensa movilización popular.

Por otra parte, desde hace años el, gobierno de Duque ha continuado la expropiación a sangre y fuego de las tierras de los campesinos e indígenas, entregando tierras a terratenientes y fuentes hídricas y los recursos naturales y mineros a las multinacionales imperialistas.

Duque es el hombre de Alvaro Uribe (presidente desde el 2002 al 2010), que encabezó la más fuerte represión ilegal paramilitar.
Ya en el 2019 hubo grandes protestas contra la política económica pro empresarial y proimperialista del gobierno de Duque y de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

La movilización debilitó a Duque

La organización Colectivos Unidos, simpatizante de la UIT-CI en Colombia, impulsó y es parte de esta gran movilización popular. En reciente declaración señala:
“El Presidente Duque y todos sus funcionarios que hasta la semana hablaban fuerte por radio y televisión, hoy esconden sus caras para no exponerse al escarnio público”.

Partidos capitalistas y reformistas parlamentarios, como el antiguo partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical, señalaron su oposición a ciertos aspectos del proyecto de reforma tributaria. Mientras que la Iglesia y gremios económicos patronales ofrecieron sus “buenos oficios” para promover un “diálogo nacional” con las “fuerzas vivas”. Aunque en el fondo apoyaron el ajuste antipopular, ahora tratan evidentemente de frenar la movilización popular con el “diálogo”.

La lucha continúa y enfrenta a la brutal represión

Pese al retiro de la reforma tributaria por el gobierno, gran parte del pueblo trabajador y la juventud no cree ni en Duque ni en los partidos del Parlamento y por eso vuelven a salir a las calles después de la anuncia del retiro de la reforma tributaria.  El triunfo ha tonificado la rebelión y enfrenta a las fuerzas represivas de Duque en las calles. El plan de militarización está fracasando y la movilización popular no se ha detenido, pese a esa represión criminal.

El domingo 2 de mayo se difundió esta declaración en Cali: “Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, indígenas, populares, de mujeres, barriales… que estamos promoviendo… el paro nacional en Cali y el Valle del Cauca… reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisión del gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero NO hemos ganado la lucha, hasta que no se retire TODO el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas… y sobre todo hasta que Duque no renuncie, no cesará el PARO sobre Cali y el Valle del Cauca”

El Comando Nacional de Paro (CUT, CTC, CGT y Fecode), por su parte, después del retiro de la reforma tributaria, declaró: “Con este anuncio del gobierno no se desactiva la movilización, la gente en las calles está pidiendo mucho más que este anuncio de retiro”. Y convocan a nuevo paro y gran movilización desde el miércoles 5 de mayo.
Para la continuidad de la lucha, son necesarias tanto las Asambleas Populares a las que convocan en Cali, como un Encuentro Nacional con participación democrática de todas las organizaciones en lucha, representantes de bloqueos y de las asambleas populares, para discutir el pliego de demandas y las medidas de lucha para derrotar al gobierno y su paquetazo. 

Lo importante es que la lucha sigue en todo el país. ahora planteándose la eliminación de todo el paquetazo económico y que se vaya Duque. También se reclama basta de represión, fuera la militarización de las ciudades, por la disolución de la odiada policía antidisturbios, el Esmad, libertad a los detenidos y castigo a los responsables de los crímenes represivos.

Desde la UIT-CI nos solidarizamos con el pueblo colombiano y llamamos a la más amplia unidad de acción internacional, con protestas frente a las embajadas y consulados del mundo. Desde la UIT-CI llamamos al apoyo y solidaridad internacional para que triunfe la gran rebelión popular del pueblo colombiano.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
4 de mayo de 2021

Sumate a la campaña nacional e internacional para que liberen las patentes de las vacunas contra el covid19! Sólo así se podrá lograr una vacunación masiva que le ponga fin a la pandemia y evitar que continúen muriendo de a miles en todo el mundo. En nuestro país además, el laboratorio mAbxience del empresario Sigman, produce 20 millones de dosis por mes de la vacuna AstraZeneca en Garín y ni una sola queda aquí. Mientras el gobierno ya pagó el 60% por adelantado para una partida de 22 millones de dosis. No al lucro de los laboratorios mientras millones mueren! abajo las patentes! Que se incauten las vacunas de Garin!