Escribe Isadora Tucumán

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, expresó Lucía, una nena de 11 años, al ingresar el 23 de enero al sistema público de salud con 16 semanas de gestación, solicitando que le practiquen una interrupción legal del embarazo (ILE).

La niña, la menor de tres hermanas, fue violada y quedó embarazada por la pareja de su abuela, que tenía su guarda. La mamá la había perdido cuando un novio suyo abusó de sus dos hermanas mayores.

“El 31 de enero la derivaron al Hospital Eva Perón. Ingresó por ‘autolesiones’: tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de la violencia sufrida (Página 12, 21/2/19)”. La historia de Lucía es la que viven muchas niñas de zonas rurales y villas de emergencia en Tucumán.

A partir de allí el caso se hace público y, ante la presión del movimiento feminista, el secretario de Salud Vigliocco declaró que el ministerio le había pedido a la Justicia la autorización para la ILE. Claramente una mentira: el ministerio tiene la competencia de practicar el protocolo de aborto no punible sin pedir autorización a ningún organismo. Este protocolo establece los lineamientos del “fallo Fal”, es decir, el derecho de interrumpir el embarazo en casos de violación o cuando corra riesgo la vida de la gestante sin autorización judicial.

Las maniobras y dilaciones del Ministerio de Salud y la intromisión judicial, con la presión de la Iglesia Católica y el gobernador peronista Manzur, provocaron que el embarazo llegue a la semana 23, cuando se le terminó practicando a la niña una cesárea, marcándola de por vida. La intervención médica la realiza el marido de una reconocida ginecóloga del ámbito privado que se declaró a favor del aborto y por eso recibió amenazas de todo tipo. Públicamente expuso la violencia institucional que la niña sufrió: estaba presa en el hospital, como un envase sin derechos.

Tucumán es la provincia de Marita Verón, de Paulina Lebbos, que hace poco llegó a juicio luego de trece años de impunidad. La provincia de Belén, presa por un aborto espontáneo. La provincia “pro-vida” que Francisco premió, condecorando al arzobispo Carlos Sánchez, el mismo que reveló la identidad de Lucía y llamó a movilizarse para “salvar las dos vidas”.

Desde Isadora e Izquierda Socialista nos solidarizamos con Lucía y su familia. Exigimos la renuncia de Manzur, de la ministra de Salud, el secretario y de la directora del hospital por violar la ley. Este 8M seguimos en las calles gritando más fuerte que nunca educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

¿Quién es Manzur?

El gobernador de la provincia de Tucumán, el peronista Manzur, fue ministro de Salud durante el gobierno de Cristina Fernández. Es un declarado antiderechos de las mujeres. Nunca estuvo a favor del derecho a la salud de las mujeres y está en contra de la legalización del aborto. Tucumán sigue siendo la única provincia que no adhirió al programa de salud sexual y procreación responsable. Y siguiendo la línea del Vaticano y del papa Francisco, declaró a la provincia como “provida”. Es el responsable número uno de torturar a Lucía, niña de 11 años violada, a la que le negó su derecho a la interrupción legal del embarazo. Por este prontuario, decimos con fuerza ¡fuera Manzur!