Escribe Claudio Funes

El decreto de necesidad y urgencia 329/2020 del 1° abril prohíbe los despidos sin causa, por fuerza mayor o disminución del trabajo. 

Desde el momento que el “miserable” Paolo Rocca, con el consentimiento de la Uocra, decidió despedir a 1.450 trabajadores y el ministerio de Trabajo lo homologó, el decreto pasó a ser solo un papel  mojado, ya que permite despedir por acuerdo entre las partes.

Estos despidos fueron emblemáticos. Comenzaba la ofensiva patronal para descargar la crisis del coronavirus sobre el pueblo trabajador. Al grito de guerra de Techint, al que Fernández se refirió como “tema superado”, se sumaron la mayoría de las grandes patronales que comenzaron a despedir, junto con otras menores como el frigorífico Penta, Mirgor y Garbarino. En la provincia de Catamarca despidieron a cuatrocientos trabajadores de la construcción mediante mensajes de texto a sus celulares. Los capitalistas pretenden que no se afecten en nada sus fabulosas ganancias en medio de la pandemia.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el 15 de marzo y el 15 de abril se relevaron 5.386 despidos, la gran mayoría luego de la firma del decreto presidencial.  

La burocracia sindical, siempre haciendo juego de equipo con la patronal, ignora los despidos y repite, una y otra vez, que ante la crisis del coronavirus lo más importante es preservar el empleo. ¡Son unos auténticos canallas!

Con esta excusa (o extorsión a los trabajadores) negocian con las patronales flexibilización, suspensiones y rebajas salariales. A las suspensiones masivas en la industria automotriz, pactadas con el Smata, se sumaron, en acuerdo con la UOM, las 10.000 suspensiones de Ternium–Siderar del Grupo Techint y las de Aluar en Puerto Madryn. La patronal de Acindar hace lo propio en su planta de La Tablada.

Con estos hechos consumados en su haber, los empresarios presionan al gobierno para salir de la cuarentena. La Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina le hicieron conocer sus exigencias para volver a la normalidad económica y continuar lucrando. De esta puja nace lo que Fernández denomina “cuarentena administrada”, con algunas excepciones. Se sumaron (y se sumarán) actividades a partir del 13 de abril. Madanes Quintanilla fue uno de los grandes ganadores: el dueño de Fate logró que la producción de neumáticos fuera considerada “esencial”. 

La avidez de la patronal siempre cuenta con la vocación traidora de la burocracia sindical peronista: “Necesitamos oxígeno, no va más esto del aislamiento generalizado”. “Pedimos que se reactiven gradualmente ciertas actividades porque a nosotros nadie nos da garantías de que no habrá despidos y de que cobremos el sueldo”, hablan los burócratas como si todo eso ya no estuviese sucediendo ante su propia complicidad. 

Las patronales están rompiendo la cuarentena, es un hecho. El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero declaró que en el ferrocarril Sarmiento viajan un 34% más de personas que al comienzo. Las consecuencias que esto podría acarrear a la salud del pueblo trabajador es responsabilidad del gobierno nacional, más allá de sus declaraciones de la importancia que tiene la cuarentena, que cede ante la embestida bicéfala de patrones y burócratas. Por esto el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, expresó: “La administración de la cuarentena está en manos de las provincias”. Esto es lavarse las manos.

La cuarentena debe continuar, pero se debe terminar con las suspensiones y despidos y todos los trabajadores que fueron echados deben ser reincorporados. Toda empresa que suspenda, eche o cierre con la excusa de la crisis del coronavirus debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores.