Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista, FIT-Unidad
Las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries sufrimos todo tipo de maltrato y discriminación. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país desde el 20 de marzo la violencia de género aumentó. Tanto es así que las llamadas a la línea 144 que atiende las denuncias aumentaron casi 40%, según lo reconoció Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ONU ya había recomendado a los distintos mandatarios que tomen medidas especiales para contener y acompañar a las víctimas durante la pandemia, ya que en contextos de aislamiento y encierro la violencia recrudece.
En la Argentina las cifras de femicidios y transtravesticidios se mantienen altas. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio, según el Observatorio de la Casa del Encuentro se registraron sesenta y siete femicidios. De hecho, durante la cuarentena bajaron todos los delitos menos la violencia de género. Pese a esto, el ministerio no ha tenido una política pública que revierta esta situación. A seis meses de la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández y con una situación de emergencia sanitaria y social sin precedentes, las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries continuamos sin respuestas.
Un informe publicado el 24 de junio en el portal lavaca.org revela que solamente se ejecutó 26,48% del presupuesto asignado para ese ministerio. Es sorprendente, ya que a esta altura del año debería acercarse al 50%, más si se tiene en cuenta que el presupuesto total es miserable e insuficiente y por el aumento de la violencia machista. El riesgo de la subejecución del presupuesto reside en que se reasignen partidas de dinero que no se usaron a otros sectores. Así lo plantea la normativa vigente, trimestralmente se deben rendir cuentas sobre lo que se gastó y, en el caso de que no se haya gastado todo lo asignado para ese período, el Poder Ejecutivo puede destinar las partidas no utilizadas a otros sectores. De concretarse, es sumamente peligroso, ya que reduciría aún más el escaso presupuesto.
Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hacemos un llamado de atención frente a esta subejecución. Pero sobre todo decimos que es inadmisible que se destinen solo $11 por mujer por año para combatir la violencia de género, lo mismo que ya había designado Macri en 2019. Contar con un presupuesto acorde para atender esta problemática, que es de vida o muerte para las mujeres e identidades no hegemónicas, es fundamental. Exigimos aumento del presupuesto para construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen, junto con una política integral de atención a las víctimas. Exigimos acompañamiento psicológico con perspectiva de género y patrocinio legal gratuito, una vivienda para quienes se vean obligadas a irse de la casa en la que se encuentra el violento y un subsidio económico que cubra la canasta básica. Estas medidas son urgentes. Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género con un presupuesto acorde, a partir del no pago de la deuda externa, la quita de subsidios a la Iglesia Católica y un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis no la paguemos las mujeres trabajadoras y los sectores populares.
