Escribe Diego Martínez

A través de un decreto presidencial, el gobierno autorizó a nivel nacional el autocultivo de cannabis con fines medicinales y la venta en farmacias de aceites y crema de origen cannábico. Se trata de un triunfo de los usuarios que se vienen organizando hace años para exigir la legalización del uso medicinal del cannabis, pero no resuelve el problema de fondo del narcotráfico y el consumo problemático de drogas, los cuales están directamente relacionados con la legalización y el papel de prevención del Estado.

 La ley 27.350, sancionada en 2017, establecía el uso de cannabis medicinal solo para quienes eran parte de protocolos de investigación en epilepsia refractaria. Con la nueva normativa se prevé la cobertura estatal de obras sociales y de prepagas de derivados de la planta de cannabis y la posibilidad de adquirir preparados cannábicos en farmacias.

Con el decreto establecido la semana pasada se logra evitar la persecución judicial a miles de personas que, frente a la falta de respuesta del Estado, cultivaban marihuana con fines terapéuticos por su propia cuenta o, peor aún, se arriesgaban a la compra del producto de manera clandestina. Fruto de la persistencia de la lucha de muchos, que se organizaron en distintas asociaciones, se logró un marco legal para el uso medicinal del cannabis que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de pacientes en el país sin que los usuarios corran el riesgo de ser judicializados, ni de recibir productos adulterados o de mala calidad.

¿Cómo solucionar el consumo problemático de drogas y combatir el narcotráfico?

El consumo abusivo de sustancias psicoactivas es un flagelo al que se ven arrastradas millones de personas en el mundo debido al sufrimiento, la alienación y la miseria que provoca el sistema capitalista. Desde luego, estamos totalmente a favor de trabajar para resolver el consumo problemático y la adicción a las drogas, sean legales, como el alcohol, el tabaco y distintos fármacos, o ilegales como la cocaína, el “paco” y otras sustancias. Pero somos conscientes de que la drogadicción va a persistir mientras no se erradiquen las profundas causas sociales que la generan.

En el capitalismo todo se convierte en negocio. Es así que las drogas mueven anualmente 600.000 millones de dólares, con márgenes de ganancia cercanos a 3.000 por ciento. En términos de rentabilidad, el negocio de las drogas le disputa el primer puesto al petróleo y el tráfico de armas. El carácter ilegal de la actividad lo hace más provechoso. Los traficantes no pagan impuestos, ocupan a millones de trabajadores en condiciones de esclavitud y pagan con sus multimillonarias ganancias el favor de policías, jueces y políticos patronales. También están involucrados muchos empresarios que “lavan” sus ganancias a través de actividades legales.    

El carácter ilegal de la producción, venta y consumo es lo que provoca que se generen mafias que en algunos países, como México, Colombia o Brasil, alcanzan el rango de organizaciones paramilitares, sembrando el terror, la muerte y la violencia entre la población. Debido a la falta de regulación en la comercialización de drogas los más pobres se exponen a consumir productos adulterados que ponen en riesgo su salud y su vida.

Aunque el consumo en la mayor parte del mundo es ilegal, crece día a día. Lejos están la prohibición y la represión de ser armas efectivas para disminuirlo. Una prueba es lo que sucedió en los Estados Unidos con la “ley seca”, que prohibió el consumo de alcohol en 1919, lo que dio al crecimiento del poder de las mafias del contrabando y la destilación clandestina, y el consumo creció a medida que aumentaba la pobreza en los prolegómenos de la gran crisis del ’30 y posteriormente.

Está demostrado que para lo único que sirve la ilegalidad de las drogas es para mantener las fabulosas ganancias de quienes lucran con la desesperación, la salud y la vida misma de los adictos. La legalización de la producción, la venta y el consumo implicaría que no se persiga y judicialice a los consumidores, a la vez que privaría a los narcos de jugosas ganancias estableciendo precios razonables para su comercialización y desaparecerían las bandas violentas asociadas con el comercio ilegal. Si se legalizara, se deberían imponer fuertes impuestos y retenciones a los productores y comercializadores de las sustancias para utilizar ese dinero en campañas de prevención y concientización sobre los riesgos físicos y psíquicos que implica el consumo de drogas, así como también para ofrecer tratamientos de rehabilitación gratuitos para los que sufren adicciones por consumo problemático, garantizados por el sistema de salud pública, responsabilidad de la que hoy el Estado se deslinda por completo.