Escribe Malena Lenta
Desde 2015, con la irrupción de una nueva oleada de luchas del movimiento feminista, la pelea por terminar con la violencia machista y la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito fueron los principales reclamos que encolumnaron la lucha de miles de mujeres y disidencias. Las multitudinarias asambleas que en los últimos años habían sido una marca distintiva permitieron elaborar documentos en donde todos estos reclamos buscaban una salida mediante la exigencia y la denuncia al gobierno de turno, ya sea el kirchnerismo como el macrismo. Se reclamaba presupuesto para las políticas de género sobre la base del no pago de la deuda externa y se llamaba a convocar un movimiento feminista antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista e internacionalista.
Este 2021, organizaciones afines al gobierno nacional como el colectivo de periodistas denominado Ni Una Menos, Mala Junta-Patria Grande, Movimiento Evita, PCR, el grupo de mujeres sindicalistas de las CTA y la CGT, entre otras, que durante el macrismo fueron impulsoras de la unidad y firmantes de todos los documentos conjuntos de los #8M, no solo convocaron a reuniones secretas para no abrir el debate político de cara a los problemas y reclamos actuales de las mujeres y disidencias, sino que pretendieron imponer una convocatoria en donde las denuncias sobre las condiciones de vida de las mujeres y las disidencias trabajadoras duramente afectadas por la pandemia caigan en saco roto. En su pliego de reivindicaciones no aparece una sola denuncia al gobierno nacional o a los gobiernos provinciales que imponen el ajuste mediante la inflación, con paritarias a la baja y sin garantizar un ingreso básico para sobrevivir ante la desocupación y la precarización de la vida. Mucho menos se dice sobre el problema de los femicidios, que se acrecientan de la mano de las fuerzas represivas del Estado que son responsables de uno de cada cinco femicidios. Tampoco dicen nada sobre los problemas en la implementación del aborto legal y de la necesidad de separar a la Iglesia del Estado para que no sigan frenando nuestro derecho a decidir. Solo se dedican a exigir el cumplimiento de la ley Micaela para capacitar al Poder Judicial como eje de la mentada reforma judicial feminista y nada dicen de las luchas en curso.
No solo la Justicia, el Estado burgués también es patriarcal. Y cada gobierno de turno, por más discurso sobre el fin del patriarcado que pueda realizar, reproduce con sus actos la violencia capitalista y patriarcal. Por eso no hay presupuesto para las políticas de género, pero sí para pagar la deuda externa. Por eso nos siguen superexplotando, mientras subsidian a las multinacionales durante las crisis económicas. Por eso se subvenciona a la Iglesia mientras nos obstruyen el derecho al aborto conquistado en las calles.
Tenemos dos estrategias. Mientras ellas confían en este gobierno de doble discurso y bajan las banderas, nosotras, desde Isadora-Mujeres en Lucha, seguimos en las calles y luchando por un movimiento feminista, de mujeres y disidencias, independiente de los gobiernos de turno. Tenemos que impulsar la máxima unidad de las luchadoras de la Argentina y el mundo y seguir en la pelea hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.
