Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista /FIT Unidad

El presidente Alberto Fernández dijo haber escuchado “el mensaje de las urnas”, y que se iba a hacer todo lo necesario para poner plata en los bolsillos populares y así reactivar la economía. Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas no mueven el amperímetro. Son apenas migajas que no modifican la realidad: los salarios y las jubilaciones siguen pulverizadas por la inflación.

Un salario mínimo que no es ni “vital” ni “móvil”

Leamos la ley de contrato de trabajo. Su definición de lo que es el salario mínimo parece una burla frente a la realidad actual. Establece que este “es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida”.

El “gran anuncio del gobierno” es subirlo de 29.000 a 32.000 pesos a diciembre. Por lo que seguirá estando lejísimo de alcanzar la línea de pobreza, y apenas superando el límite de indigencia. Ni que hablar de garantizar los rubros que establece la ley que citamos en el párrafo anterior. Recordemos que la canasta de pobreza oficial está en 68.359 pesos. Y los trabajadores de ATE Indec la calculan en 108.660 pesos. A años luz del valor del valor del actual incremento.
Y en cuanto a “ajustarse periódicamente”, basta decir que en los últimos seis años, aún después de este aumento, el salario mínimo lleva perdido el 30% de su valor frente a la inflación. Si simplemente se hubiera ajustado el salario mínimo de 2015 (que ya era bajo) por la inflación hasta hoy, debería estar en 44.700 pesos.

Los jubilados siguen siendo el pato de la boda

Estaría “en estudio” un posible nuevo bono a los jubilados que cobran la mínima, de alrededor de 6.000 pesos. Nuevamente, ni con eso se cubrirá el escandaloso robo jubilatorio que se viene llevando adelante desde fines de 2019, cuando se eliminó la anterior movilidad jubilatoria. Los haberes previsionales siguen acumulando pérdidas comparados con la inflación y lo que cobran el 90% de los jubilados está en la mitad de la canasta de la Tercera Edad.
La continuidad del impuesto al salario

El gobierno del Frente de Todos también anunció un incremento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Lo dijimos una y mil veces: el salario no es ganancia, y por lo tanto no debe pagar ese impuesto. El promocionado aumento del mínimo no imponible es una medida que ya se anunció varias veces, pero que se pospuso en su aplicación, haciendo que cada vez más categorías de trabajadores queden alcanzados por dicho tributo. De hecho, al no habérselo reglamentado hasta ahora, hace que los trabajadores seguirán teniendo descuentos hasta el mes de noviembre. O sea, por el simple hecho de posponer el aumento, el gobierno ya le robó 10 meses de enormes descuentos sobre los salarios en este concepto.

Hace falta un verdadero plan de emergencia

Así no se resuelve absolutamente nada. Empezar a atacar la pobreza, el desempleo y la marginación social, requiere de otras medidas: otorgar un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy en 108.000 pesos; aumentar las jubilaciones hasta llegar a la canasta de la tercera edad (62.000 pesos) y desde ahí aplicar el 82% móvil;  implementar un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite; y poner en marcha un plan de construcción de viviendas populares para crear trabajo genuino. Todo financiado con los fondos que se ahorrarían de suspender el pago de la deuda externa y romper con el FMI. Esta es la propuesta del Frente de Izquierda Unidad.